Derecho penal, Proceso penal, Protección a la víctima del delito, Tribunales

Introducción a la protección de la víctima del delito

En los últimos años se han dado pasos agigantados en la protección de las víctimas del delito mediante la aprobación a nivel comunitario y español de normas para dar una mayor garantía de protección de las víctimas del delito.

Para entrar en contexto, y en cuanto a los antecedentes de esta regulación de la protección a las víctimas de delitos, se ha de señalar que “el precedente primero del “Estatuto de la Víctima” lo constituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, que reconoce un conjunto de derechos de las víctimas en ese ámbito.

Este primer proyecto, que pretendía lograr un reconocimiento homogéneo de la víctima en el ámbito de la Unión Europea, no fue desarrollado por los países de la Unión, si bien algunos publicaron su normativa específica que no respondía del todo a ese espíritu uniformador de la Decisión.

En España se publicaron normas de ámbito y alcance diferentes, que atendían –a demanda de cada situación- a colectivos de víctimas distintos sin dar una respuesta conjunta a la situación de la víctima en general y, ante el proceso penal en particular. Así nacieron la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (desarrollada por el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo); la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; y, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del

Terrorismo”.

Y todo ello por la complicada situación en que quedan las víctimas tras el ataque al bien jurídico lesionado que les pertenece. Y no sólo se habla de las víctimas directas, sino también de las indirectas.

En este punto, hay que decir que la normativa de la Union europea surge para normalizar y tener una misma regulación en toda la Unión, ya que “la posición de las víctimas en los procesos penales y en la legislación pertinente de los Estados miembros varía considerablemente de un Estado miembro a otro. Para asegurarles un nivel mínimo de derechos en todos los Estados miembros, la UE ha adoptado una serie de instrumentos legales de la UE que
establecen disposiciones comunes para dispensar protección y asistencia a las víctimas de delitos: instrumentos transversales relativos a los derechos de las víctimas en general, instrumentos más específicos sobre medidas de protección e indemnización de las víctimas de los delitos e instrumentos de derecho sustantivo sobre la trata de personas y la explotación sexual de los menores”.

En cuanto al ámbito español, se ha de reseñar que “la ley pretende ofrecer a las víctimas y a sus familiares desde los
poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica, sino también social, a todos los problemas que se les puedan plantear con independencia de si están personados en un proceso judicial o no.

Concepto de víctima y protocolos

Se reducen los trámites innecesarios que supongan una segunda victimización (por ejemplo, eliminando declaraciones que puedan ser prescindibles y que puedan producirle algún trauma) y otorgándole
información y orientación sobre los derechos y servicios que le corresponden.

Para hacer efectivas estas actuaciones, siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y un trato individualizado de toda víctima, es imprescindible la máxima colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, el Poder Judicial, los colectivos de víctimas, los profesionales que las atienden
y el conjunto de la sociedad a través de protocolos de actuación, como, por ejemplo, los firmados la semana pasada sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) o el de Desplazamientos de víctimas de violencia de género y sus hijos entre casas de acogida. El proyecto de ley prevé que “toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención [… desde su primer contacto con la autoridad […, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión”. Por eso también se promoverán las Oficinas de Asistencia a las Víctimas,
tanto del Ministerio como de las Comunidades Autónomas, a las que
tendrán que ser derivadas las víctimas que lo necesiten en función de la gravedad del delito o cuando lo soliciten.

El artículo 10 del proyecto de ley incluye también una importante novedad que consiste en que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de
asistencia y protección que las víctimas de estos delitos.

Derechos de la víctima

El nuevo Estatuto atribuye una serie de derechos a las víctimas estén o no
personadas en el proceso penal. Así, todas ellas tendrán derecho a que se les proporcione información en un lenguaje comprensible sobre cómo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y cómo pueden acceder a medidas de protección y a asesoramiento legal, así como a la traducción de las resoluciones que se produzcan.

Se reconoce el derecho de la víctima a estar acompañada por la persona que
designe y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió aunque no esté personada. Se le informará de cuándo se celebrará el juicio, se le notificarán las sentencias y los
sobreseimientos, así como la adopción de medidas cautelares y de libertad del encausado y las resoluciones de las autoridades judiciales o penitenciarias que puedan poner en riesgo la seguridad de la víctima (permisos de salida, por ejemplo), siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro. En el caso de víctimas de violencia de género, estas serán informadas de la situación en la que
se encuentre el encausado (puesta en libertad, fuga o medidas cautelares) incluso sin que lo hayan solicitado, salvo que manifiesten su voluntad expresa de no ser notificadas.

En los casos de grandes catástrofes, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que no haya
transcurrido un mes desde el suceso. Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

En el proceso penal

Es en el capítulo dedicado a los derechos de las víctimas en la participación del proceso penal donde aparecen las novedades más
relevantes.

Podrán recurrir los sobreseimientos (una
de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas) en los 20 días siguientes. Este plazo es muy superior al actualmente establecido de tres, que suponía que en la práctica se dificultaran
extraordinariamente estas impugnaciones porque era prácticamente imposible personarse e interponer el recurso en tan poco tiempo. El Estatuto garantiza la posibilidad de recurrir también a aquellos que no se hayan personado anteriormente en el proceso.

Igualmente, las víctimas de delitos de homicidio, de terrorismo, de tortura y contra la integridad moral, lesiones, robo cometido con violencia o intimidación,
delitos contra la libertad e indemnidad sexual y delitos de trata de seres humanos podrán recurrir la libertad condicional del penado, siempre y cuando, las penas de prisión sean superiores a cinco años.
También podrán impugnar las resoluciones por las que el juez autorice la posible clasificación del tercer grado antes del cumplimento de la mitad de la condena, así como los beneficios penitenciarios autorizados cuando estos se hayan acordado en función del límite de cumplimiento de
condena y no de la suma de las penas impuestas.

Se reconoce expresamente la legitimación de la víctima para dirigirse al tribunal y solicitar que imponga al liberado condicional las medidas de control necesarias para garantizar su seguridad”.

En cuanto a medios materiales y humanos, se han de destacar las Oficinas de Atención a las Víctimas, así como del ofrecimiento de cursos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder detectar la vulneración de los derechos de las víctimas y poder actuar antes de que ocurran hechos más graves. Pero hace falta una mayor conciencia sobre esto para actuar en profundidad. A ello se hará referencia en futuros artículos sobre el tema.

FUENTES:

  1. El Estatuto de la Víctima: ¿Solución o problema? Confilegal (https://confilegal.com/20170215-estatuto-la-victima-solucion-problema/).
  2. Víctimas del delito en los procesos penales. E-justice (https://e-justice.europa.eu/content_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-66-es.do).
  3. El nuevo Estatuto de la Víctima del Delito reforzará los derechos y garantías procesales de todas las víctimas. LEFEVRE-EL DERECHO (https://elderecho.com/el-nuevo-estatuto-de-la-victima-del-delito-reforzara-los-derechos-y-garantias-procesales-de-todas-las-victimas).

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s