Derecho penal, Literatura jurídica

El sistema procesal penal español

En primer lugar, cabe señalar que “el derecho penal está constituido por el conjunto de normas que vienen configuradas como límites en relación con las posibilidades de actuación que tienen los sujetos en una determinada sociedad; desde este punto de vista, las conductas tipificadas en el código penal vienen establecidas con el fin de fijar unos estándares mínimos de moralidad que una comunidad considera imprescindibles para la pacífica convivencia; por ello, la infracción de las reglas en esta materia da lugar a la posibilidad de que la sociedad reaccione con mucha más intensidad de lo que lo hace ante el incumplimiento de las normas del derecho privado, persiguiendo el delito e imponiendo una pena al infractor, que es la sanción jurídica que por lo general el ordenamiento jurídico de un país contempla para el supuesto de contravención de la ley penal.

Eso no quiere decir que no haya quien considere que existan conductas, que debiendo estar sancionadas penalmente, no lo están; y, por lo mismo, puede que haya quien opine que hay conductas que aunque se encuentren tipificadas penalmente, no debieran estarlo. Pero este tipo de especulaciones, siendo socialmente valiosas, entran dentro del ámbito del deber ser. En cambio, el ámbito del derecho penal se mueve por lo general en el terreno del derecho que es, el cual a veces no se corresponde con el derecho que debe ser; de ahí que sea al poder legislativo a quien le corresponda en las sociedades democráticas decidir cuáles han de ser tales conductas punibles.

Desde este punto de vista de su incardinación en el sistema judicial, estas normas tienen la consideración de normas de carácter sustantivo ya que son las que definen el supuesto de hecho que da lugar a la consecuencia de que debe ser aplicada en el proceso penal ya que como sabemos, la norma penal sólo es capaz de enunciar una regla general y abstracta.

El derecho a imponer una pena recibe el nombre de ius puniendi, cuya titularidad por tanto no pertenece privativamente a ningún miembro de la colectividad sino a toda ella; esto es, al Estado, quien ha asumido el ejercicio de este derecho para evitar los efectos que un uso desmedido y revanchista de este derecho pudiera provocar en la sociedad si el castigo quedara en manos de los particulares, a quienes les está vedado el derecho a imponer pena alguna; eso supondría tanto como reconocerles la facultad de ser jueces de sus propias causas y atribuirles el derecho a tomarse la justicia por su mano.

Precisamente, según la magistral intuición de John Locke expresado en su «Ensayo sobre el gobierno civil», ese es uno de los propósitos esenciales del gran pacto que da lugar a la sociedad civil, donde cada uno transfiere su derecho a perseguir los atropellos causados en sus propias personas y bienes en favor del Estado renunciando con ello al empleo de la fuerza. Por eso, el proceso de tipo acusatorio es el mejor antídoto contra las devastadoras consecuencias que el rencor y la venganza ocasionan a la hora de responder al mal. En este sentido, aunque un sector de la doctrina haya subrayado que la función del proceso penal no debe quedar reducida exclusivamente a la aplicación de una pena, pues junto a esta finalidad esencial coexisten otras como es la de garantizar la de proteger a las víctimas de los delitos, lo cierto es que su fin principal es asegurar que la condena es llevada a cabo a través de un juicio justo y con todas las garantías.

El hecho de que el Estado confíe al juez la facultad de actuar el derecho de penar, no quiere decir que le corresponda imponer la pena como quien aplica una penitencia. Aunque el Estado se haya reservado la potestad de actuar, sancionando con una pena la comisión de un delito, eso no quiere decir que pueda actuar el ius puniendi de cualquier manera.

De conformidad con los postulados del Estado de Derecho, la única forma posible de imponer una pena como consecuencia de la comisión de un delito es mediante el proceso penal: de aquí se infiere el carácter instrumental que se le asigna respecto del derecho penal sustantivo. No hay pena sin proceso ya que el proceso es lo que condiciona la pena («nulla poena sine iudicio»). La imposición de una pena no puede realizarse al margen del proceso y sin una previa declaración de la responsabilidad criminal.

El proceso penal no es un instrumento para la persecución, sino una garantía frente a ella; un instrumento dispuesto en beneficio del ciudadano y no en contra de él; no es para castigar sino para saber si se debe o no se debe castigar. Su objeto es determinar si el hecho enjuiciado tiene encaje o se encuentra bajo los dominios de código penal y, por lo tanto, la función del juez penal es verificar si, a la vista de una conducta dada, el hecho forma parte de alguna de las infracciones que vienen tipificadas en la ley penal.

Los procesalistas solemos decir que el objeto del proceso no está constituido por la acción en cuanto existente sino en cuanto es afirmada: El juez no puede saber «a priori» quien merece que se le imponga una pena. Esto corresponde decidirlo a un juez tras la sustanciación de un proceso. Es el tribunal sentenciador quien, una vez que la acción penal ha sido afirmada, puede tras el juicio imponer la pena en caso de que la tenga como existente. El juicio oral no es una garantía formal llamada a dar cobertura a la actividad investigadora del Estado; no es un simple ornamento que dé lustre al proceso penal”.

Por otro lado, cabe señalar que “la excesiva duración de los procedimientos es uno de los defectos fundamentales sobre los que se construye la opinión adversa que los ciudadanos tienen de la Administración de Justicia y que les genera un sentimiento de resignación, de frustración y- lo que es nefasto- de desconfianza en el funcionamiento de las Instituciones.

La preocupación por una Administración de Justicia rápida representa una constante histórica. Ya la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción originaria (hace más de 120 años) integraba preceptos que incorporaban mecanismos jurídicos de aceleración encaminado a impedir la injustificada lentitud de los procedimientos. Y en el año 1989 se produce, junto a la creación del procedimiento abreviado, el fomento de la conformidad como instrumento del proceso penal por el que la parte acusada por su propia voluntad, o bien todas las partes de común acuerdo, ponen fin al proceso de forma anticipada. De esta forma, el legislador español muestra su orientación hacia la aplicación del principio de oportunidad y de fórmulas consensuadas de resolución de las controversias penales. Posteriormente la reforma introducida por la L 38/2002 -EDL 2002/41133- y la LO 8/2002, ambas de 24 de octubre -EDL 2002/41130-, hizo suyo el objetivo de modernizar las leyes procesales, situando entre sus fines la agilización de los procedimientos y el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y flagrantes y aconsejaba también favorecer aquellas salidas anticipadas del proceso que, sin menoscabo de ningún derecho, y dentro del estricto marco de legalidad que la Constitución impone, facilitasen una resolución más rápida, menos traumática y, en suma, menos costosa en todos los sentidos del conflicto penal, incorporando la posibilidad de conformidad del acusado, que, en sus diversas modalidades, permitía evitar la celebración del juicio oral y aun la propia instrucción, generalmente con la contrapartida de una modificación a la baja de la pretensión punitiva. Las cifras de conformidades alcanzadas, crecientes año tras año, constituyen uno de los pulmones de oxígeno que explican y permiten la supervivencia de nuestra ley procesal decimonónica. Chozas Alonso, afirma que la conformidad española está influida por el patteggiamento italiano, hecho que viene a corroborarse en la propuesta fallida del Código Procesal Penal y en la conformidad actual.

Sin embargo algunas conductas instaladas en la práctica forense impiden un aprovechamiento plenamente satisfactorio de herramienta tan útil desde el punto de vista procesal. El hecho de que en la gran mayoría de los casos se produzca la negociación momentos antes de comenzar la vista oral resta a la conformidad de buena parte de su potencial eficacia, y además desvirtúa en alguna medida su esencia acusatoria. ¿Qué sentido tiene alcanzar un precipitado acuerdo en este momento procesal si, verdaderamente el objetivo esencial de la herramienta de la conformidad consiste precisamente en evitar el coste, en términos de trabajo y de tiempo para los diferentes sujetos implicados en el proceso, que puede suponer el cumplimentar todas las actuaciones conducentes a la celebración del juicio? Desde el punto de vista de la eficacia concretada en una Justicia más ágil, la conformidad tiene verdadero sentido en la medida en que no sólo sirve para evitar el innecesario enjuiciamiento del acusado que se confiesa culpable, sino en evitar el perjuicio que se causa a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, forenses, peritos y técnicos que les obligan a desplazarse a la sede judicial, a los testigos, víctimas y perjudicados convocados a la vista que tras haber comparecido a la llamada judicial, conocen la noticia de la conformidad del acusado regresando a sus domicilios con sensación de fiasco.

El Protocolo de actuación para juicios de conformidad suscrito en el año 2009 entre el Consejo General de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado buscó precisamente facilitar el contacto directo entre el Abogado y el Fiscal encargado de negociar la conformidad, y al menos en teoría se asegura de manera coordinada e inmediata la comunicación con los Letrados a los efectos de este Protocolo, así como la negociación y, producido en su caso el acuerdo, la efectiva realización de éste por los procedimientos establecidos en la ley. Se pone sencillamente a disposición de unos y otros un mecanismo de localización y enlace”.

También dentro de esta introducción cabe señalar que “el actual proceso penal español es, lógicamente, fruto de una evolución histórica, desde los primeros sistemas de reacción social mediante la venganza frente al delito cometido, pasando por los duelos judiciales y las ordalías, hasta posteriores sistemas más perfeccionados del proceso como las denominadas “quaestiones” del proceso penal romano reservadas a las atribuciones judiciales de los Senadores en el enjuiciamiento de delitos políticos, cuyo procedimiento se extendería posteriormente a los delitos comunes, o el previsto en el Fuero Juzgo, que estableció el talión y una regulación del sistema de composición propio del derecho germánico.

Posteriormente con el robustecimiento del poder estatal se promulgaron las recopilaciones legislativas, caracterizadas por el arbitrio judicial, destacando más tarde la aparición de la Inquisición, así como la ordenación de los procesos penales con un rechazo al arbitrio judicial con la aparición del movimiento de la Ilustración. Más tarde destaca la aparición de la idea codificadora de la Constitución de Cádiz de 1812, y finalmente la Ley provisional para la organización del Poder Judicial de 1870 que mandó al Gobierno proceder a la reforma del proceso penal con la inclusión del juicio por Jurado, la Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872, y finalmente la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.

En el proceso penal español, se distinguen dos fases diferenciadas, una denominada fase de instrucción o sumario, que tiende a la investigación de los hechos, a la averiguación de los culpables, y en definitiva, a la preparación del juicio oral (artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y otra de juicio oral propiamente dicho, las cuales para garantizar al máximo su imparcialidad, se desarrollan ante autoridades judiciales distintas, la sumarial ante un Juez de Instrucción, y la de juicio oral, ante un órgano de enjuiciamiento, que normalmente será, salvo supuestos de aforamientos de algunas autoridades a ciertos Tribunales o excepto respecto de algunos delitos especiales, ante el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial.

Aunque éstas son las dos fases principales del proceso penal, cabe subdistinguir también una fase denominada intermedia, entre la de instrucción y la de juicio oral, destinada a valorar si es correcta la conclusión del sumario o si procede acordar nuevas diligencias, así como si procede el sobreseimiento o la apertura de juicio oral”.

A continuación, habría que destacar lo siguiente:

«Los españoles cada vez confían menos en el sistema político y judicial», según el INE. Esta noticia abría el telediario de RTVE el día 06/07/2014. La fecha es real, pero podría extrapolarse sin género de duda a unos años anteriores e incluso a la fecha en que hoy se escriben estas líneas. La excesiva duración de los procedimientos es uno de los defectos fundamentales sobre los que se construye la opinión adversa que los ciudadanos tienen de la Administración de Justicia y que les genera un sentimiento de resignación, de frustración y- lo que es nefasto- de desconfianza en el funcionamiento de las Instituciones.

La preocupación por una Administración de Justicia rápida representa una constante histórica. Ya la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción originaria (hace más de 120 años) integraba preceptos que incorporaban mecanismos jurídicos de aceleración encaminado a impedir la injustificada lentitud de los procedimientos. Y en el año 1989 se produce, junto a la creación del procedimiento abreviado, el fomento de la conformidad como instrumento del proceso penal por el que la parte acusada por su propia voluntad, o bien todas las partes de común acuerdo, ponen fin al proceso de forma anticipada. De esta forma, el legislador español muestra su orientación hacia la aplicación del principio de oportunidad y de fórmulas consensuadas de resolución de las controversias penales. Posteriormente la reforma introducida por la L 38/2002 -EDL 2002/41133- y la LO 8/2002, ambas de 24 de octubre -EDL 2002/41130-, hizo suyo el objetivo de modernizar las leyes procesales, situando entre sus fines la agilización de los procedimientos y el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y flagrantes y aconsejaba también favorecer aquellas salidas anticipadas del proceso que, sin menoscabo de ningún derecho, y dentro del estricto marco de legalidad que la Constitución impone, facilitasen una resolución más rápida, menos traumática y, en suma, menos costosa en todos los sentidos del conflicto penal, incorporando la posibilidad de conformidad del acusado, que, en sus diversas modalidades, permitía evitar la celebración del juicio oral y aun la propia instrucción, generalmente con la contrapartida de una modificación a la baja de la pretensión punitiva. Las cifras de conformidades alcanzadas, crecientes año tras año, constituyen uno de los pulmones de oxígeno que explican y permiten la supervivencia de nuestra ley procesal decimonónica. Chozas Alonso, afirma que la conformidad española está influida por el patteggiamento italiano, hecho que viene a corroborarse en la propuesta fallida del Código Procesal Penal y en la conformidad actual.

Sin embargo algunas conductas instaladas en la práctica forense impiden un aprovechamiento plenamente satisfactorio de herramienta tan útil desde el punto de vista procesal. El hecho de que en la gran mayoría de los casos se produzca la negociación momentos antes de comenzar la vista oral resta a la conformidad de buena parte de su potencial eficacia, y además desvirtúa en alguna medida su esencia acusatoria. ¿Qué sentido tiene alcanzar un precipitado acuerdo en este momento procesal si, verdaderamente el objetivo esencial de la herramienta de la conformidad consiste precisamente en evitar el coste, en términos de trabajo y de tiempo para los diferentes sujetos implicados en el proceso, que puede suponer el cumplimentar todas las actuaciones conducentes a la celebración del juicio? Desde el punto de vista de la eficacia concretada en una Justicia más ágil, la conformidad tiene verdadero sentido en la medida en que no sólo sirve para evitar el innecesario enjuiciamiento del acusado que se confiesa culpable, sino en evitar el perjuicio que se causa a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, forenses, peritos y técnicos que les obligan a desplazarse a la sede judicial, a los testigos, víctimas y perjudicados convocados a la vista que tras haber comparecido a la llamada judicial, conocen la noticia de la conformidad del acusado regresando a sus domicilios con sensación de fiasco.

El Protocolo de actuación para juicios de conformidad suscrito en el año 2009 entre el Consejo General de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado buscó precisamente facilitar el contacto directo entre el Abogado y el Fiscal encargado de negociar la conformidad, y al menos en teoría se asegura de manera coordinada e inmediata la comunicación con los Letrados a los efectos de este Protocolo, así como la negociación y, producido en su caso el acuerdo, la efectiva realización de éste por los procedimientos establecidos en la ley. Se pone sencillamente a disposición de unos y otros un mecanismo de localización y enlace”.

Por otro lado, cabe señalar que “

En la actualidad, el sistema procesal penal español se articula sobre dos procedimientos esenciales, cuales son el sumario ordinario por delitos graves y el denominado procedimiento abreviado, a los que deben agregarse el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, el procedimiento ante el Jurado y el juicio por delitos leves. Las profundas diferencias existentes entre unos y otros hacen sumamente difícil hablar de un “proceso penal tipo”, si bien es posible hallar semejanzas sustanciales cuanto menos entre los seguidos ante jueces técnicos. Dejaremos de lado tanto el procedimiento ante el Jurado -cuyas peculiaridades y restringido ámbito de aplicación aconsejan su estudio separado- y el juicio por delitos leves, que por su especial naturaleza, derivada del tipo de infracciones a cuyo enjuiciamiento atiende, no responde a un posible esquema al carecer de fases tan significativas como la instrucción o investigación oficial.

Presupuesto lo anterior, las fases del proceso penal son las siguientes:

  1. La instrucción preliminar, la cual responde a aquel conjunto de actuaciones de carácter jurisdiccional desencadenadas a raíz de la toma de conocimiento de la comisión de un delito (o notitia criminis), que tienen por objeto tanto el aseguramiento de posibles elementos de prueba y adopción de medidas cautelares como la preparación del ulterior juicio oral. Recibe el nombre de “sumario” en el proceso ordinario, y el de “diligencias previas” en el procedimiento abreviado. Su objeto lo constituye un conjunto heterogéneo de actuaciones, que van desde la pura investigación (entrada y registro en lugar cerrado, detención y apertura de correspondencia) hasta el aseguramiento de eventuales responsabilidades civiles (fianzas, embargos), pasando por el aseguramiento de la persona del delincuente (detención, prisión provisional). En su tramitación predomina la forma escrita y el secreto: así, expresamente dispone la L.E.Cr. que “Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley” (artículo 301). Las diligencias practicadas durante la fase instructora carecen del valor de pruebas en sentido estricto, y no poseen por tanto aptitud para desvirtuar la presunción de inocencia; se exceptúan aquellos contados casos en que, por no poder ser reproducidos en el acto de la vista oral, adquieren, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, el carácter de pruebas anticipadas.
  2. La fase intermedia se sitúa entre la conclusión de la instrucción y la celebración del juicio oral, y tiene un doble objeto: de una parte, la verificación de la corrección y completud de la fase instructora; de otra, la determinación de la procedencia de la apertura del juicio oral (o, caso contrario, del sobreseimiento de la causa). En el sumario ordinario comienza a raíz de la firmeza del auto de conclusión del sumario dictado por el Juez instructor, en tanto que en el procedimiento abreviado se sitúa en el dictado del auto previsto en el artículo 780.1º. Cabe señalar que en el procedimiento ordinario la tramitación de la fase intermedia compete al mismo Tribunal ante el que se celebrará el juicio oral, en tanto que en el procedimiento abreviado incumbe al órgano instructor.
  3. El juicio oral, constituye la verdadera esencia del proceso penal, pues en él se ventilarán las pretensiones de las partes (acusación y defensa) a través de la práctica de las correspondientes pruebas, y concluirá con el dictado de la sentencia en la que el órgano decisor resolverá sobre la culpabilidad o inocencia del acusado y sobre otras pretensiones asociadas. Frente al sumario, se caracteriza por las notas de oralidad y publicidad, junto a principios como los de contradicción, audiencia, inmediación e igualdad de partes.
  4. La impugnación de la sentencia difiere según el órgano que la dicte, pues si contra las sentencias de los jueces de lo penal cabe el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, no cabe decir otro tanto de las dictadas por ésta en primera instancia, susceptibles sólo de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
  5. Por último, la fase de ejecución tiene por objeto el efectivo cumplimiento de la sentencia firme dictada; fase que en nuestro sistema, y por lo que atañe a las penas privativas de libertad, posee un carácter mixto judicial-administrativo, con intervención, a veces no siempre bien delimitada, de los órganos sentenciadores, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y los organismos e instituciones de carácter penitenciario.

Finalmente, y para concluir este apartado, debemos hacer una mención al carácter supletorio del procedimiento ordinario por delitos graves, plasmado expresamente en el artículo 758 de la L.E.Cr. a cuyo tenor: “El enjuiciamiento de los delitos enumerados en el artículo anterior –es decir, los correspondientes al procedimiento abreviado se acomodará a las normas comunes de esta Ley, con las modificaciones consignadas en el presente Título”. Sin embargo, este principio, que parece no ofrecer dudas en lo que respecta a la relación entre el procedimiento ordinario y el abreviado, no aparece tan claro en lo que toca a la regulación de otros procedimientos especiales recogidos en la L.E.Cr. (así, por ejemplo el procedimiento por injurias y calumnias contra particulares o el seguido contra Diputados y Senadores). Estos últimos se caracterizan, en efecto, por constar de unas pocas peculiaridades procesales, debiendo complementarse casi en bloque con algún otro de los procedimientos contenidos en la propia Ley; las dudas surgen a la hora de determinar cuál haya de ser ese procedimiento supletorio: si el ordinario, a lo que parece apuntar el espíritu de la ley procesal o el abreviado, siempre, claro está, que la pena correspondiente al delito de que se trate entre dentro del ámbito de aplicación de este último conforme a las previsiones del artículo 757 (como, por lo demás, sucederá en la mayor parte de los casos).

La cuestión, nada pacífica, fue resuelta por el Tribunal Supremo en el sentido de determinar el procedimiento aplicable en atención a la entidad de la pena correspondiente al delito, lo que en la práctica ha venido a convertir el llamado procedimiento abreviado en supletorio de los restantes procedimientos especiales recogidos en la L.E.Cr. sin perjucio, claro es, de la integración del mismo, en aquellos extremos carentes de una regulación específica, a partir de las normas de carácter común propias del procedimiento ordinario (así, Sentencias de 24 de enero y 16 de julio de 1994).

Por último, cabe señalar que “

El hecho de que el ofendido o perjudicado por un delito pueda ejercitar la acción penal en el procedimiento penal español es de gran importancia, principalmente cuando se trata de infracciones penales contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en los que con la acción penal se pretende la defensa de los derechos económicos de las víctimas de estos delitos.

Ello es así porque en el procedimiento penal también se ejerce la acción civil ex delicto, a menos que se haya hecho expresa reserva de tal acción o se haya renunciado a la misma. El que es ofendido o víctima del delito puede intervenir en el procedimiento penal sólo como actor civil, sin ejercitar la acción penal y sin actuar como parte acusadora, pero no hay que olvidar que para que haya lugar a la responsabilidad civil (reparación del daño e indemnización de los perjuicios) es necesario que antes quede probada la comisión del delito y la autoría del mismo (art. 109 del Código Penal).

Las actuaciones judiciales, desde el inicio del procedimiento penal, han de estar dirigidas a la averiguación del delito y sus circunstancias, a la determinación de los responsables del mismo y aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias. Todo ello se puede dejar en manos del Juez instructor y del Ministerio Fiscal, quienes deben investigar los hechos delictivos y el patrimonio del infractor y su entorno. Pero es de sobras conocida la lentitud de la administración de justicia y su falta de medios materiales y humanos, a lo que en ocasiones hay que añadir la falta de preparación para afrontar la investigación de tipos delictivos técnicamente complejos.

Por ello, desde un punto de vista eminentemente práctico, es recomendable que el perjudicado por un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico (ya sea particular o empresa) intervenga en el procedimiento penal desde el inicio como parte acusadora, ya que de esta manera puede:

  • Por medio de su abogado, intervenir en todas las diligencias de investigación que se practiquen, proponer las que considere oportunas e impulsar el procedimiento penal, exasperadamente lento en términos generales en caso contrario.
  • Solicitar medidas de aseguramiento, tanto personales (prisión provisional del imputado), como materiales (aseguramiento de la responsabilidad civil mediante fianzas o embargos).
  • Solicitar la apertura del juicio oral y formular escrito de acusación contra los responsables penales y civiles.
  • Intervenir en el juicio oral.
  • Intervenir en la fase de ejecución de la sentencia, si la misma es condenatoria.
  • En caso de sentencia absolutoria, recurrir contra la misma”.

Fuentes:

  1. Guías jurídicas Wolters Kluwer: https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjc0tDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAf1UAwzUAAAA=WKE
  2. Algunas cuestiones acerca de la conformidad en el sistema procesal actual. LEFEVRE ELDERECHO: https://elderecho.com/algunas-cuestiones-acerca-de-la-conformidad-en-el-sistema-procesal-actual
  3. EL PROCESO PENAL TIPO; SUS FASES; CARÁCTER SUPLETORIO DE SU REGULACIÓN. Alma Abogados: https://almaabogados.com/el-proceso-penal-tipo-sus-fases-caracter-supletorio-de-su-regulacion
  4. El Estado de Derecho y las garantías del proceso penal en España son indiscutibles a día de hoy. CONFILEGAL: https://confilegal.com/20190211-el-estado-de-derecho-y-las-garantias-del-proceso-penal-en-espana-son-indiscutibles-a-dia-de-hoy/
  5. El ejercicio de la acción penal en el proceso penal español. AGM ABOGADOs: https://www.agmabogados.com/el-ejercicio-de-la-accion-penal-en-el-proceso-penal-espanol/