Derecho general

Introducción a la prisión permanente revisable

1.- Introducción.
El objeto principal de este objeto es hacer una pequeña introducción a la prisión permanente revisable, introducida en el Código penal en el año 2015.

En primer lugar, se hará referencia a la base constitucional de la prisión permanente revisable, como castigo para aquellas actuaciones de los particulares que provoquen hechos susceptibles de castigo.

En segundo lugar, se hará referencia al concepto de prisión permanente revisable. En este punto, se tratará de desgranar las diversas características de esta pena que resulten de aplicación.

En tercer lugar, se realizará un estudio de la naturaleza de la prisión permanente revisable.

En cuarto lugar, se realizará una comparativa entre la prisión permanente en España y la misma pena en otros países.

En quinto y último lugar, se harán unas conclusiones sobre el conjunto del trabajo.

2.- Base constitucional de la prisión permanente revisable.

Hay que tener en cuenta que el límite de las penas de prisión en el Código penal tenía un máximo de 20 años.

En primer lugar, hay que señalar que “El carácter inhumano o degradante de una pena… “depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que esta revista”, según tiene declarado el Tribunal Constitucional al analizar el art.15 de la Norma Suprema del ordenamiento que, como sabemos, proscribe las penas inhumanas y degradantes.

Además, de esa misma interpretación jurisprudencial del precepto se deduce que, pena “inhumana” es la que, por su propia naturaleza, acarrea sufrimientos de especial intensidad, y pena “degradante” la que provoca una “humillación o sensación de envilecimiento que alcanza un nivel, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena”.

La pena de prisión, no es por tanto inhumana… ni su permanencia, sometida a revocación en el curso de la ejecución, es degradante.

Si comienzo estas líneas con la cita anterior, es para evitar el riesgo cierto del discurso vehemente, que suele ser frecuente cuando se emiten opiniones sobre cuestiones de política criminal como la que nos ocupa, y porque lo cierto es que -por formación o deformación profesional- los jueces, somos poco dados a ello.

El recurso a valorar circunstancias tales como la crueldad o difícil resocialización de violadores, asesinos de niñas, terroristas o genocidas… sin duda expresivos, puede quedar enfrentado a otros -quizá igualmente efectivos, pero de sentido contrario- de manera que, desbordado el análisis estrictamente jurídico, por no atenerse al significado técnico de los términos legales y a su interpretación por el máximo intérprete de la Constitución, no sirva para dejar bien asentada mi opinión, que sostiene la poco discutible constitucionalidad de la prisión permanente revisable.

En efecto, desechada desde ya la vulneración de la PPR del art.15 CE, idéntica suerte debe seguir la constitucionalidad cuestionada de la PPR, por la posible infracción del art.25.2 que establece que “las penas y medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la resocialización”.

Reiteradamente tiene declarado el único Tribunal intérprete de la Constitución, que dicho artículo no establece ni un derecho subjetivo, ni un derecho fundamental…Tan solo un mandato al legislador, para que oriente su política criminal, penal y penitenciaria, hacia ambas finalidades que, desde luego –huelga abundar en esto- no son las únicas finalidades de la pena…

Para ilustrar lo dicho, las innumerables resoluciones del Tribunal Constitucional -siguiendo la doctrina del TEDH en su interpretación del art. 3 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos- con ocasión de supuestos de extradición de nacionales de países de irreprochable realidad democrática (Alemania, EEUU, Italia…) que acogen figuras similares a la PPR”[1].

Por lo que respecta a este epígrafe, hay que seguir afirmando que,  “ante la creciente polémica en el ámbito judicial y de la sociedad civil relativa a la necesidad de configurar una represión más dura de los delitos más graves, se ha puesto precisamente en duda la constitucionalidad de uno de esos medios de represión: la prisión permanente revisable. Configurada como una versión atenuada de la cadena perpetua, podemos resaltar las siguientes características de la misma:

  • Como su propia denominación indica, es una pena de prisión permanente (es decir, por tiempo indefinido), sujeta a revisiones en los términos establecidos en los artículos 36, 78 bis y 92 del Código Penal. La propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el Código, establece en su considerando segundo que está “sujeta a un régimen de revisión tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado”, con la posibilidad de que el penado obtenga la libertad condicional sujeta a la verificación de una serie de exigencias, como el compromiso de no reiteración delictiva o la acreditación de rehabilitación social.
  • La prisión permanente revisable podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad -asesinatos especialmente graves (140 CP), homicidio del Jefe del Estado o de su heredero (485.1 CP), de Jefes de Estado extranjeros (605.1 CP) y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad (607.1.1º Y 2º; y 607 bis.2.1º) – si bien es cierto que se intentó la ampliación de su aplicación a otros tipos delictivos, aunque sin éxito.
  • La revisión se producirá, como se ha señalado antes y de conformidad con los artículos 36 y 92 del Código:

a)       Respecto del artículo 78 bis, para clasificar al penado en tercer grado cuando haya cometido dos o más delitos se requerirá de un mínimo de cumplimiento entre 18 y 22 años y ello en conexión con el artículo 36 que dispone que no podrá clasificarse a tercer grado en ningún caso hasta que no se hayan cumplido un mínimo de 15 o 20 años según los casos.

b)      Respecto del artículo 92, se acordará la suspensión de la ejecución de la pena (i) cuando el penado haya cumplido veinticinco años, (ii) que se encuentre clasificado en tercer grado (de acuerdo con los artículos 36 y 78 bis CP) y (iii) atendidas las circunstancias del penado y del caso se desprenda un pronóstico favorable de reinserción.

Una vez establecido el concepto, estructura, ejecución y requisitos de la prisión permanente revisable, no cabe sino la afirmación de que la misma es perfectamente constitucional:

1º) No es una cadena perpetua: la prisión o cadena perpetua implica el cumplimiento indefinido de una pena privativa de libertad, con o sin posibilidad de libertad condicional, como se configura en el ordenamiento criminal francés o en el estadounidense. En los precitados artículos de nuestro Código Penal no se impone una privación indefinida de libertad, sino que se encuentra acotada en intervalos de tiempo en función del grado penitenciario en que se encuentre el penado.

2º) La finalidad primordial de toda pena es la represión del delito: bien es cierto que toda pena ha de estar orientada a la reducación y a la reinserción social del penado, como pone de manifiesto el artículo 25.2 de la Constitución, pero no puede obviarse el hecho que la finalidad esencial de toda pena es la represión del delito. El delito se define como “acción u omisión típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena”, y, con ello, dicha pena se orienta de un lado a una finalidad preventiva especial (evitar que el individuo reincida) y de otro lado a una finalidad preventivo general (la amenaza al conjunto de la sociedad de la imposición de una pena).

Como señalan Enrique LÓPEZ LÓPEZ y Eduardo PERDIGUERO BAUTISTA, con la prevención general se pretende que la pena “sirva de ejemplo a los demás, una advertencia al resto de la sociedad de que a quien realice un acto delictivo se le sancionará privándole de algún bien; la prevención especial actúa directamente sobre el delincuente, con la privación de su libertad“. Igualmente, y como señalan ambos Magistrados, se ejerce “un poder de intimidación por el que se advierte al delincuente que si, realiza otra conducta delictiva, se le impondrá una nueva sanción“. La manera de conseguir esa reinserción no es otra que a través de la prevención especial y la prevención general. Por tanto, deben conjugarse ambas finalidades preventivo-represivas con la reducación, pero sin perder de vista que la pena persigue el castigo de una acción u omisión típica, antijurídica y culpable.

Nuestro Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en este respecto, afirmando que las “finalidades preventivas especiales mencionadas en el artículo 25.2 CE pueden ser alcanzadas con mayores garantías […], sin que ello vaya en detrimento de los fines preventivos generales que también han de cumplir las penas” (STC núm. 251/2005, Pleno, de 10 de octubre, Ponente Gay Montalvo), incluso señalando que “el artículo 25.2 no establece que la reeducación y la reinserción social sean la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad” (SSTC 167/2003, de 29 de septiembre y 299/2005, de 21 de noviembre). Por último, debemos destacar la STC núm. 40/2012 de 29 de marzo, Ponente Gay Montalvo señala que “[…] la reeducación y la reinserción social en él contenidas son mandatos al legislador, no derechos fundamentales, y además no es la única finalidad de las penas privativas de libertad, ni siquiera puede entenderse que este precepto le atribuya una primacía incondicionada sobre otras“.

3º) La reinserción social de las penas no está reñida con la prisión permanente revisable: Dadas las redacciones de los artículos 36, 78 bis y 92 del Código Penal, aun tratándose de una pena grave (art. 33.2 a) CP), se contempla como no puede ser de otra forma el tratamiento penitenciario durante la misma, pues es requisito para la suspensión de la ejecución de la misma la existencia de un pronóstico favorable de reinserción. A tal fin, debe recordarse el artículo primero de la LO 1/79, General Penitenciaria: “Las Instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados”.

4º) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la prisión permanente revisable: el TEDH en su sentencia en el asunto Bodein vs. Francia, considerando 61, señaló que la existencia de medios para la revisión de la duración de la pena de prisión implica que dicha pena no puede considerarse contraria ni al artículo tercero ni sexto del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En términos literales, “la existencia de medios procesales de rexamen de la reclusión a perpetuidad es suficiente para considerar que la pena es admisible respecto de los artículos tercero y sexto”. Si alguien alegara en contrario respecto de la ejecutividad d las decisiones del Alto Tribunal Europeo, debe recordársele el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se establece que las Partes Contratantes del Convenio (entre las que se encuentra España) se obligan a ejecutar las sentencias”[2].

Por último, para terminar con este apartado, hay que señalar que “Los tiempos del racionalismo y humanitarismo penitenciario han retrocedido hasta etapas que nos sitúan en estadios previos a las reflexiones de Cesare Beccaria, allá por el año 1764. No es el momento de lamentaciones sino de afrontar dialéctica y serenamente la avalancha de propuestas en pro del endurecimiento permanente de las penas de prisión.
Un buen método para rebatir la regresión pasa por recordar los fundamentos de la justificación de la pena en una sociedad democrática que predica la justicia y la igualdad como valores superiores del ordenamiento jurídico. La proporcionalidad, la racionalidad y la equidad son los pilares básicos que sustentan el sistema punitivo. Son muchos los sectores que admiten la duración ilimitada o desmesurada de las penas de prisión, esgrimiendo como argumento el dolor de las víctimas o la repulsa instintiva que provocan determinados crímenes que impactan en la sensibilidad social. Ya nos advertía  Claus Roxin que no se puede dejar en manos de los políticos las ponderaciones y delimitaciones de las penas, sino que debe reconocerse que estas son tareas de primer rango de la ciencia del derecho y de las ciencias sociales.
Nuestro sistema punitivo, siempre se caracterizó por una dureza excesiva no sólo en cuanto a la duración de las penas sino también en cuanto a los sistemas  de cumplimiento y los regímenes penitenciarios. Con la aparición de las declaraciones universales de derechos humanos y de los pactos internacionales que los precisan y desarrollan se instauró, en las sociedades democráticas, un debate sobre la legitimidad y justificación de la respuesta punitiva del Estado frente a hechos delictivos. Esta reflexión lleva a un cambio total de enfoque penitenciario buscando sobre todo la individualización de las penas, el acortamiento de las mismas, la posibilidad de utilizar opciones alternativas a la pena, centros especiales de rehabilitación y reinserción y sobre todo erradicar, por imperativo de la propia coherencia democrática y de los compromisos internacionales contraídos, cualquier vestigio de penas inhumanas crueles o degradantes. El limite máximo de duración de la pena privativa de libertad marca la frontera infranqueable entre la venganza, repudiada por la Constitución y los valores democráticos. Todos los expertos coinciden en que una estancia continuada en la cárcel por más de 15 o 20 años, anula la personalidad del condenado.
España, inmersa en una larga Dictadura y ajena a cualquier  veleidad con los derechos humanos y las libertades fundamentales, basó todo su sistema punitivo en los juicios sumarísimos de la jurisdicción militar con frecuente imposición de la pena de muerte  o su conmutación por la de 30 años de reclusión mayor y con una jurisdicción ordinaria  que manejaba un Código Penal de 1944, modificado ampliamente en 1973, en el que la desproporción de las penas era notoria.

Promulgada la Constitución de 1978 había que adaptar el sistema punitivo a las previsiones constitucionales y a los compromisos internacionales contraídos por España. La resocialización y reinserción es un objetivo irrenunciable y la prohibición de los tratos inhumanos crueles o degradantes un imperativo constitucional.

“No es el momento de lamentaciones sino de afrontar dialéctica y serenamente la avalancha de propuestas en pro del endurecimiento permanente de las penas de prisión”

La escueta Exposición de Motivos del Código de 1995 propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización y reinserción que la Constitución le asigna. Manteniendo el principio del cumplimiento sucesivo de las penas que correspondan a las diversas infracciones que pueden ser imputadas a una persona establece, en el artículo 76.1, que el máximo del cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. Dicho máximo con carácter general no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente el límite se podía extender hasta los 25 o 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de penas de hasta o superiores a 20 años”[3].

Y a continuación, hay que señalar que “El legislador no puede ignorar que al mantener reiteradamente la extinción de las restantes, las hace desaparecer ya que extinción, en su auténtico significado, supone tanto como matar, aniquilar,  liquidar e incluso fundir. La regla general, en su interpretación gramatical, literal y verdadera mantiene el criterio que la jurisprudencia ha sustentado invariablemente a lo largo de los tiempos, ajustándose al texto inalterado  de nuestro tradicional y actual artículo 76. Su contenido es inequívoco, ordena sumar, comprobar si se llega al tope y una vez alcanzado declarar extinguidas o desaparecidas las demás. Ello equivale a considerar, como ha sido tradicional, que la pena resultante es una nueva pena. Esto nunca ha sido modificado.

Por tanto, resultan incompatibles con lo dispuesto en el artículo 76, las previsiones y contenido de los nuevos y sucesivos retoques del artículo 78. Si las penas que excedan de los topes máximos han sido declaradas extinguidas por imperativo del precepto general (artículo 76) no se pueden resucitar aquellas que han sido declaradas muertas y extinguidas sin caer en incongruencia y contradicción. Es necesario, antes de inclinarse por la interpretación más gravosa, que el legislador elimine la declaración terminante de extinción de las restantes haciendo una salvedad expresa o modificando la redacción del artículo 76. Es decir que para conseguir el cumplimiento íntegro no se pueden resucitar las penas extinguidas, solo se pueden utilizar las que han servido para llegar a los topes legales.

El debate sobre la denominada doctrina Parot parece que va perdiendo virulencia por lo que creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre los límites constitucionales de la pena de prisión. Para ello lo mejor es volver a los clásicos. Uno de los personajes a los que la humanidad debe agradecimiento imperecedero es, Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria. Recomiendo la lectura de su obra “De los delitos y las penas”. Podrán valorar la racionalidad de sus planteamientos y la facilidad de su prosa para transmitir ideas profundas sin necesidad de caer en el oscurantismo conceptual o en la evasión filosófica.

De forma sencilla sostiene que el fin de la pena no es otro que corregir al criminal y reconducirlo al buen camino garantizando, al mismo tiempo, la seguridad de la sociedad. A continuación, con lógica abrumadora añade que la pena de muerte no puede corregir a nadie porque elimina al criminal.
Afirmar esto en 1763, cuando tenía solo 25 años, fue considerado como blasfemo y contrario a las doctrinas de la Iglesia, que incluyó este manual, demoledor con las prácticas de la Inquisición, en el famoso Índice de libros prohibidos.

“La respuesta está en las leyes y nunca estas deben perder su legitimidad de origen y su justificación racional, ajustándose a la proporcionalidad en la respuesta punitiva frente a los hechos delictivos, aunque estos conculquen, de manera grave, los derechos de las víctimas y perturben y alteren gravemente la convivencia social”

En los tiempos en que vivimos los herejes gozan de buena salud, pero los terroristas no han querido adaptarse a los métodos del debate democrático y prefieren la violencia homicida a cualquier otra alternativa más civilizada y racional.

La respuesta está en las leyes y nunca estas deben perder su legitimidad de origen y su justificación racional, ajustándose a la proporcionalidad en la respuesta punitiva frente a los hechos delictivos, aunque estos conculquen, de manera grave, los derechos de las víctimas y perturben y alteren gravemente la convivencia social. Legislar en el contexto de situaciones de tensión, agudizan las contradicciones con los principios de una política criminal democrática. La única respuesta de una sociedad fuerte, madura y equilibrada, consiste en mantener la vigencia del Estado de Derecho, sin volver la vista atrás y sin propugnar medidas que ya han sido ensayadas a lo largo de la historia y que nunca han producido efectos positivos”[4].

Por último, hay que señalar que, “en cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha considerado suficiente para defender la constitucionalidad de penas como la introducida, la previsión de la revisión judicial periódica de la situación personal del penado, aunque la libertad no llegue a alcanzarse nunca, y ha calificado dicha posibilidad de idónea para garantizar el cumplimiento de los artículos 10, 15 y 25.2 de la CE, negando la calificación de pena inhumana que impida al penado conseguir su libertad. Así se desprende de sentencias tales como las nº65/1986, de 22 de mayo o número 91/2000, de 30 de marzo, en las cuales el Tribunal Constitucional afirma que el carácter inhumano o degradante de una pena no depende exclusivamente de su duración, sino de su ejecución y, concretamente, de que en la misma se articulen o no posibilidades de alcanzar la libertad anticipada. Lo anterior indiscutiblemente permite la novedad introducida por la Ley Orgánica 1/2015, al ofrecer al condenado dicha posibilidad previa comprobación de una serie de requisitos, permitiéndole mantener unas expectativas sólidas de libertad para el futuro. Ello, desde la perspectiva, impediría calificarla pena novedosa de inhumana y degradante. Sin embargo, todo lo anterior puede ser objeto de un debate profuso y abierto a opiniones divergentes, que solo el Tribunal Constitucional, esperemos que pronto, podrá zanjar en cuanto a la reforma aquí analizada”[5].

3.- Concepto y características de la prisión permanente revisable.

En primer lugar, hay que destacar que “la prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los únicos votos a favor del Partido Popular.

Como su propio nombre indica, la prisión permanente revisable es una pena de cárcel, en principio por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. El objetivo de esta pena es impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad, poniendo en peligro la seguridad de las personas”[6].

Continuando con el concepto y características de la prisión permanente revisable, hay que destacar que, “atendiendo a su gravedad, la pena de prisión permanente revisable únicamente cabe en determinados delitos cuando se cumplan una serie de características que se explican a continuación:

  1. En el artículo 140 del Código Penal se establece que cabe la prisión permanente revisable cuando el delito cometido sea el de asesinato (139 “el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1ª con alevosía. 2ª por precio, recompensa o promesa. 3ª con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido»), y cuando:
    1. La víctima sea menor de dieciséis años o se trate de una persona que sea especialmente vulnerable debido a su enfermedad, edad, o discapacidad;
    1. Cuando el delito de asesinato sea subsiguiente al de libertad sexual sobre la misma víctima;
    1. Cuando el sujeto que cometa el delito de asesinato pertenezca a alguna organización o grupo criminal;
    1. Cuando el sujeto sea condenador por la muerte de más de dos personas.
  2. En el artículo 485.1 del Código Penal se establece que cabe la prisión permanente revisable cuando el delito consista en matar al Rey o a la Reina, al Príncipe o Princesa de Asturias.
  3. En el artículo 607 del Código Penal se establece que cabe la prisión permanente revisable cuando el delito sea el de genocidio: si se agrediese sexualmente, si se causase lesiones, o si se matare a alguno de los miembros de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes.
  4. En el artículo 607 bis del Código Penal se establece que cabe la prisión permanente revisable cuando el delito sea el de lesa humanidad: si se causase la muerte, tras un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra parte de ella, de alguna de estas personas.

Cabe mencionar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha demostrado en diversas Sentencias relativas a la prisión permanente revisable, tras la aplicación de esta medida en países de nuestro entorno como es por ejemplo Alemania, su aceptación siempre que se aplique por el Tribunal competente cuando el mismo aprecie su necesidad, atendiendo al delito cometido y analizando los motivos y las posibilidades de reinserción social del sujeto.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía, así como el Pleno del Consejo General del Poder Judicial manifiestan su disconformidad con esta medida al considerarla inconstitucional al no considerar un límite de cumplimiento de la pena de prisión”[7].

Por último, en cuanto al concepto, y antes de entrar en las características de esta pena, se debe señalar que “es un tipo de pena, grave (artículo 33.1 del código penal) y privativa de libertad (artículo 35 del código penal) que tiene un carácter indefinido en cuanto a su duración y es de aplicación a los delitos de carácter grave que atentan contra la vida de las personas, en forma de asesinato u homicidio según el caso.

Esto podría ser un concepto o definición de la prisión permanente revisable. Pues el código penal proporciona las características de esta pena, en qué casos de aplica, el acceso a tercer grado de los condenados por esta pena, la concesión de permisos a estos condenados y la libertad condicional de los condenados a prisión permanente revisable. Pero no da un concepto de prisión permanente”[8].

Por lo que respecta a las características de este tipo de castigo, se pueden señalar los siguientes:

  1. Condenas máximas y posterior revisión. El texto especifica que, después de cumplida la condena máxima regular de entre 25 y 35 años, el Tribunal podrá revisar de oficio si se renueva dicho plazo por dos años más. Se dará en el caso de que no se cumplan ciertos requisitos que tienen que ver, por ejemplo, con la reinserción del penado. En ese caso, se mantendría la pena por dicho periodo. También se contemplan casos en los que el propio condenado lo solicite. Si fueran rechazadas las peticiones, dará un año de plazo para nuevas solicitudes.
  2. Sobre los permisos. Para el caso de penados regulares, podrán disfrutar de permisos tras 8 años de condena: en el caso de penados por delitos de terrorismo dicho plazo se aumenta a los 12 años.
  3. Para casos especialmente graves. La prisión permanente revisable solo está destinada a asesinatos en los que haya circunstancias especialmente agravantes. Los delitos a los que se aplica son:
    1. Asesinatos múltiples.
    1. Crímenes cometidos por organizaciones.
    1. Asesinatos cuando la víctima es menor de 16 años o es especialmente vulnerable.
    1. Vulnerar la inmunidad o matar a un jefe de Estado extranjero.
    1. Delitos contra la Corona, incluidos el Rey cualquiera de sus ascendientes, descendientes o Reina consorte entre otros.
    1. Asesinatos posteriores a agresión sexual.
    1. Delitos de lesa humanidad.
    1. Genocidio.
    1. Violaciones en serie.
    1. Violaciones a menores después de torturarles o privarles de su libertad.
    1. Asesinato después de secuestro.
    1. Obstrucción en la recuperación de un cadáver.
    1. Muertes por daños en incendios e infraestructuras críticas
  4. No es una cadena perpetua. Como consecuencia de que se trata de la máxima pena posible tal y como estaba prescrita antes del año 2015 a la que posteriormente se añade una cláusula para poder revisar el estado del penado cada dos años, la prisión permanente revisable no es cadena perpetua.
  5. Supuestos excepcionales. La prisión permanente revisable contempla dos supuestos excepcionales:
    1. Enfermedad grave con tratamiento incurable. Se apela a los principios de humanidad y dignidad y la escasa peligrosidad de un penado con salud muy deteriorada. En dichos casos el juez o sentenciador puede conceder el tercer grado al reo. Lo hará después de escuchar al Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. En dicho caso no se exigirán los requisitos del periodo mínimo de cumplimiento.
    1. Septuagenarios: casos en los que por edad ha habido un gran deterioro físico de una persona en edad avanzada. Esto supone igualmente escasa peligrosidad y los trámites serán los mismos que en el caso anterior”[9].
4.- Naturaleza de la prisión permanente revisable.

Hay que comenzar este epígrafe diciendo que “la pena se debe cumplir bajo la íntegra privación de libertad durante un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, el Código Penal indica que dicha pena podrá ser revisable y se establece un doble régimen:

  1. Cuando haya sido cumplida una parte de la condena de prisión efectiva el tribunal podrá revisar de oficio cada dos años la aplicación del tercer grado.
  2. Además, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de 8 años de prisión, momento en el que podrá solicitarlos. Tras la desestimación de una petición se podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes.
  3. Para poder permitir la puesta en libertad del condenado, este debe de haber cumplido los requisitos expuestos en el artículo 92, apartados 1 y 2. Dichos requisitos son que el penado haya cumplido un determinado plazo de condena y que haya disfrutado de permisos penitenciarios, así como que se le haya clasificado en tercer grado. Además, el condenado deberá haber tenido una buena conducta durante el cumplimiento de la condena, así como sus circunstancias personales y familiares.

No obstante, la decisión de castigar con pena permanente revisable no se hará de manera arbitraria, sino que se llevará a cabo tras un procedimiento judicial que contará con la intervención del Ministerio Fiscal y del letrado de la defensa”[10].

Una vez dicho esto, también hay que decir que caben dos tipos de agravantes en la determinación y aplicación de esta pena, y que son las siguientes:

  1. Abuso de confianza: Obrar con abuso de confianza, según recoge el artículo 22 del Código Penal, provoca un escenario que aumenta la pena cuando, aprovechando una relación de confianza entre el autor y la víctima, se realiza un comportamiento delictivo. Ya que es precisamente esta relación de confianza lo que facilita al ofensor la comisión del delito, rompiendo el teórico deber de lealtad que origina esa relación de cercanía entre ambos. 
  2. Agravante mixta de parentesco: El artículo 23 del Código Penal habla de la circunstancia mixta de parentesco como un supuesto que puede agravar o atenuar la pena en cada caso concreto: “es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente”. 

Afirma la Sentencia del Tribunal Supremo 370/2003, de 13 de marzo, “cuando se trata de delitos entre parientes ésta relación implica un agravamiento en la medida que concurre un doble injusto, el propio del tipo delictivo de que se trate (matar, lesionar, amenazar……) y otro añadido constituido precisamente por la relación de parentesco existente entre el sujeto activo y pasivo, y ello es consecuencia de la existencia de determinados deberes morales que la convivencia familiar de los parientes determina y precisamente por ello los ataques o agresiones dentro del círculo de personas incluidas el artículo 23 del Código Penal merecen socialmente un mayor reproche del injusto…””[11].

En cuanto a esta naturaleza, hay que destacar que está prevista “para los asesinatos más graves. Esto es; cuando la víctima sea menor de 16 años o sea especialmente vulnerable, cuando al asesinato le preceda un delito contra la libertad sexual (abusos, violación…), cuando el culpable haya asesinado a dos o más personas, cuando éste pertenezca a una organización criminal o terrorista, cuando al asesinato le preceda un secuestro, cuando existiera obstrucción a la recuperación del cadáver, etc. También está prevista para delitos sexuales como las violaciones en serie, o en caso de violación a un menor tras privarlo de su libertad o torturarlo. Por último, también se prevé para los casos de genocidio o delitos de lesa humanidad, o ciertos delitos contra la Corona o un Jefe de Estado extranjero.

El artículo 25 de la Constitución Española dispone que “las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Los contrarios a esta pena afirman que la Prisión Permanente Revisable incumple este precepto, pues de facto no cabría reinsertar o reeducar a una persona condenada al cumplimiento de esta pena.

Sin embargo, los partidarios defienden que en ningún modo es una pena “definitiva” en la que el Estado se desentienda del penado, pues la propia revisión tendría como objetivo la verificación del nivel de reeducación y reinserción del penado. Además, casi todos los países de nuestro entorno (entre ellos Francia, Alemania o Italia) reconocen penas análogas y, en varias ocasiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado a favor de reconocer la compatibilidad de esta pena con la Convención Europea de Derechos Humanos”[12].

5.- Comparativa de la perspectiva de la prisión permanente en España respecto a otros países.

En primer lugar, se puede afirmar que en casi toda Europa hay prisión permanente revisable, con la excepción de Croacia y Portugal. Cabe señalar lo que se exponía en una noticia de la Cadena Ser de marzo de 2018, según la cual “cualquiera que haya vivido el debate social de los últimos días sobre las penas de prisión en España podría pensar que este país tiene un sistema especialmente laxo condenando delitos. Sin embargo, el informe anual del Consejo de Europa de ‘Estadísticas Penitenciarias’ muestra más bien lo contrario: la media de tiempo que los presos españoles pasan en la cárcel está entre las mayores del continente. Más del 22% están sirviendo condenas de más de 10 años, mientras que el promedio es del 15%. De hecho, en los países de nuestro entorno sólo Italia nos supera.

Por primera vez en varios años, la población penitenciaria a nivel continental (el Consejo de Europa abarca a los 50 países del continente) ha aumentado, tras años de descenso. Sin embargo, España ha mantenido una notable tendencia a la baja, que ha llevado a que en una década se haya pasado de cárceles desbordadas a casi un preso por celda (1.1 es la media estadística), con una reducción del 8.9%.

La trampa de las medidas alternativas

Desde hace décadas los sistemas judiciales europeos han impulsado medidas alternativas a las penas de prisión, con el objetivo de reducir la superpoblación carcelaria y evitar una restricción de libertad que más que ayudar a la reinserción en muchas ocasiones la destruye. Pero el número tan alto de personas cumpliendo en este momento penas alternativas es motivo de preocupación para los expertos del Consejo de Europa. “En España hay 60.000 personas en prisión y 65.000 bajo penas alternativas -explica Marcelo Aebi-. Es decir, hay más personas bajo control directo del estado fuera de prisión que dentro”. 

Y esto es indicio de que más que como penas alternativas, se han convertido en penas suplementarias, explica este profesor universitario. Es decir, han dejado de ser una manera de evitar que gente que podría ir a la cárcel vaya, para ser una manera de castigo para delitos menores que en ningún caso conllevarían penas de cárcel. “Tenemos que tener cuidado con que esto no haga que nuestras sociedades sean mucho más punitivas” según Aebi, ayudados por la facilidad que da la tecnología para controlar a los individuos. “No digo que estemos en un 1984 de Orwell, pero vamos hacia un modelo de control constante”. 

Pero la aplicación de penas más duras cambiaría inevitablemente esta tendencia. “Las penas actualmente en España son ya relativamente duras -dice a La SER el autor del informe Marcelo Aebi-, así que parece contradictorio querer aumentarlas más”. Y hacerlo va a tener inevitablemente una consecuencia muy negativa: aumentar la población carcelaria, que está ya entre las más altas del continente. “Es inevitable, añade Aebi, porque la población penitenciaria está muy influida por quienes están mucho tiempo en prisión”.

Y masificar las prisiones tiene otro efecto perverso, que es el de hacer más difícil la reinserción. “La cárcel no sirve para neutralizar personas, para quitarlas de la sociedad, sino para reinsertarlas, se queja Aebi, y a medida que se masifican es más difícil encargarse de los internos, ofrecerles posibilidades de trabajo para el futuro… si no hacemos un buen trabajo de reinserción eso tendrá consecuencias muy negativas más adelante[13].

Por otro lado, se ha de señalar que ya en el año 2013, se criticaba desde el informativo Te interesa que, “según explica el catedrático de Derecho Penal Josep M. Tamarit Sumalla, en su estudio comparativo sobre modelos penitenciarios en Europa, la mayoría de los países europeos han recurrido a la prisión permanente como fórmula de “respeto al principio de resocialización”, ya que una pena de duración indeterminada se revisa y se dará una respuesta al recluso en función de su comportamiento.

Hay diferencias en Europa sobre el grado de aplicación y la mayor o menor severidad de esta pena. Por un lado, figura el grupo de Suecia, Finlandia, Alemania, Holanda o Austria, donde el límite máximo para revisar la pena oscila entre los 10 y los 15 años. Por otro, el Reino Unido, Francia y Bélgica, donde el tope se sitúa hasta los 30 años.

La reforma del Código Penal que promueve el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, establece la prisión permanente revisable con un límite de 25 años. Es decir, que un condenado con esta pena pasará como mínimo 25 años entre rejas antes de que se revise su condena.

En la actualidad, para los condenados con posterioridad al año 2003, el tiempo máximo de estancia en la cárcel son 40 años, fundamentalmente por terrorismo. El problema para los terroristas condenados con el antiguo Código Penal, del 1973, es que el periodo máximo de estancia en la cárcel era de 30 años y los beneficios penitenciarios se computaban en función del tiempo máximo en la prisión. Para alargar la estancia en la cárcel de terroristas con múltiples penas y delincuentes peligrosos, el Supremo cambió el sistema de redención de condenas en la llamada doctrina Parot, que ahora ha anulado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Con respecto a los otros dos países que no aplican la prisión permanente revisable, Portugal destaca por estar a la cabeza en cuanto al tiempo de estancia en la cárcel, con una media de 26,4 meses; mientras Noruega tiene una tasa de reincidencia por debajo del 16%, la menor de Europa. En el país luso, el máximo periodo que un reo puede estar encarcelado por su condena son 25 años. En Noruega, son 21 años el tope máximo, el tiempo que previsiblemente estará Anders Breivik, el terrorista de Oslo”[14]

Y como ejemplos se pueden poner los siguientes:

  1. “FRANCIA La condena más dura del Código Penal francés es la “reclusión criminal a perpetuidad”, que entró en vigor a partir de 1994 tras la violación y el asesinato de una niña que conmocionó a la opinión pública del país galo. La medida se reserva para asesinatos con premeditación, crímenes “acompañados de torturas o de actos de barbarie” y para actos terroristas. En estos casos, el condenado puede solicitar la libertad condicional a partir de los 30 años de condena.
  2. ITALIA. La pena máxima de prisión prevista en Italia es la cadena perpetua o “ergastolo”, que en 1944 sustituyó a la pena de muerte. Esta condena se impone a criminales considerados extremadamente peligrosos como jefes de la mafia o responsables directos de asesinatos que, tras 20 años en prisión, pueden solicitar beneficios penitenciarios y, cumplidos al menos 26 de la pena impuesta, pueden optar a la libertad condicional.
  3. PORTUGAL. La condena máxima que recoge la actual legislación de Portugal es de 25 años de cárcel para casos de extrema gravedad o para la acumulación de varios delitos y no puede superar dicho límite en ningún caso. El país vecino mantiene esta tradición jurídica desde la aprobación de la reforma penal de Sampaio e Melo en 1884, que le convirtió en el primer Estado del mundo en abolir la cadena perpetua.
  4. REINO UNIDO La legislación de Inglaterra y Gales estipula que cualquier asesinato conlleva la cadena perpetua, si bien el condenado puede optar a la libertad condicional tras cumplir un período de tiempo en prisión fijado por el juez. En casos excepcionales, como por ejemplo los asesinatos múltiples o con agravantes de terrorismo o abuso sexual, el magistrado puede declarar un “encierro de por vida”. Por su parte, Escocia no contempla la cadena perpetua, y en Irlanda del Norte está sometida a revisión.
  5. ESTADOS UNIDOS El asesinato, la violación, el espionaje o la traición son algunos de los supuestos castigados con cadena perpetua en Estados Unidos, en algunos de cuyos estados también se contempla la pena de muerte para delitos de especial gravedad. Del mismo modo, la posibilidad de revisar una cadena perpetua depende de la legislación de cada estado, por lo que el convicto puede solicitar la libertad condicional después de 10, de 15 o de 25 años, o bien enfrentarse a una “cadena perpetua indeterminada”.
  6. JAPÓN La cadena perpetua es uno de los castigos más severos en Japón, donde también existe la pena de muerte. Un prisionero condenado a cadena perpetua debe pasar al menos 10 años en la cárcel antes de poder solicitar la libertad condicional si demuestra una “reforma sustancial” ante una agencia gubernamental. No obstante, el Código Penal nipón permite revocar la libertad condicional del reo si éste vuelve a cometer algún delito”[15].

Y otros ejemplos son:

  1. “Noruega y Dinamarca. Existe la figura de la “custodia” (forvaring), una especie de cadena perpetua revisable para personas que han cometido crímenes especialmente graves y cuando existe riesgo de que puedan repetirlos.
  2. Bélgica. Su aplicación es poco frecuente y el preso tiene la posibilidad de solicitar la libertad condicional transcurridos quince años desde su entrada en la cárcel. No obstante, en función de la gravedad de sus antecedentes y las condenas previas, puede verse obligado a permanecer hasta 23 años en prisión antes de poder pedir la salida.
  3. Holanda. La prisión permanente es estricta, con posibilidad de revisión solo tras cumplirse 27 años de la pena y ante las sospechas de que se haya producido una injusticia por parte del tribunal.
  4. Otros. Con diferentes matices, existen condenas equivalentes a la cadena perpetua por delitos de extrema gravedad en varios países; se revisan después de al menos 15 años de prisión (o hasta 40 en el caso húngaro). Hablamos de Polonia, Austria, Rumanía, Hungría, Croacia o Eslovenia”[16].
6.- Conclusiones.

Como primera conclusión, se puede señalar una cierta incompatibilidad de la prisión permanente revisable con el artículo 25 de la Constitución, como se ha señalado más arriba, pues la intención de la pena, según este artículo, y el Código penal actual en España, la intención de la pena es la resocialización del individuo. Aunque se puede matizar esto, pues la resocialización del preso o delincuente es muy difícil, sobre todo por el mero hecho de que siempre acaba delinquiendo otra vez.

En segundo lugar, este tipo de pena, para los delitos en que está prevista, entre ellos el asesinato, o incluso la violencia de género, está bien planteado, pues las medidas de prevención en estos delitos no son suficientes para garantizar la seguridad de la víctima, y la prisión permanente sí que garantizaría la protección de la víctima y de las personas que de ella dependan.

En tercer lugar, se debe señalar, en cuanto a su derogación, que es lo que piden algunas voces desde la doctrina o la jurisprudencia, que “En Derecho no existen respuestas absolutas, y tienen cabida numerosas argumentaciones que pueden ser igual de válidas.

Quién iba a pensar que la pareja del padre de Gabriel, pudo cometer este atroz asesinato y cuáles han sido circunstancias la motivaron a ejecutarlo. Eso sólo lo sabe ella, pero ¿Cuál debe ser el reproche penal derivado del presunto delito que ha cometido?

En mi opinión, tanto en el supuesto en el que se mantenga la prisión permanente, o se derogue la misma, no se va a evitar que lamentablemente, se sigan cometiendo estos graves delitos, dado que, en la mayoría de los casos, las circunstancias derivadas de los mismos y los motivos que mueven a sus autores a ejecutarlos, se escapan de la esfera jurídica”[17].

En cuarto lugar, como fundamento de la prevención del delito que tiene la pena, cabe señalar que “este argumento que tampoco es nuevo, ni en España ni en otros ordenamientos jurídicos europeos y no europeos, asigna a la Prisión Permanente Revisable una supuesta función preventiva con una eficacia que ponen en duda los resultados que se han obtenido con su implantación en distintos países, que son ejemplos de esta medida. Esta postura doctrinaria es muy difícil de sostener a la luz de los resultados que las políticas de “Mano Dura” arrojan allí donde se han aplicado.

Sin embargo, el profesor de Derecho Procesal Penal de la UCM Jesús Zarzalejos, consultado sobre si la Prisión Permanente Revisable reducirá el número de delitos, matiza esta cuestión y nos aporta claridad en cuanto a donde actúa la Prisión Permanente Revisable en materia de prevención, al considerar que: «…no creo en los efectos mágicos de las condenas, cuando una persona comete un asesinato…o un delito terrorista, no está haciendo una evaluación de los años de cárcel, por lo que no hay que ser en esto ingenuo. Lo que si puede establecer un sistema de Prisión Permanente Revisable es un mensaje de disuasión, al que se está planteando el incorporarse a un grupo terrorista, o a quién se está planteando la violación de un menor, en la que el asesinato posterior forma parte de la conducta habitual…».

La Criminóloga, Marta Pellón Pérez, entiende que no es correcto sostener que la amenaza de una pena mayor conlleve una reducción en la tasa de criminalidad, siendo un claro ejemplo de esto el sistema Estadounidense, por lo que es claro porque nos referimos a su «supuesta eficacia», ya que al comprobar el funcionamiento de penas similares en otros lugares y sus efectos, los índices de criminalidad no disminuyen en esos lugares, y lo que es más, en algunos incluso aumentan.

Abonando la idea de la eficacia o no en otros sistemas jurídicos, citando a Helmut Kury y a Martin Brandenstein, Cuerda Riezu constata en su obra que “tanto las experiencias de EEUU como las de países europeos (como Finlandia o incluso Alemania) muestran que aumentar el número de reclusiones penitenciarias, y sobre todo la duración de las mismas, especialmente de personas que han cometido delitos graves, no influyen apenas en los índices de delincuencia. Tal política sancionadora (añaden) es extremadamente cara.”

De todas formas la prevención debe ser analizada también desde otros puntos de vista, y con otra o mayor profundidad ya que como sabemos debemos distinguir dos tipos: La prevención especial y la prevención general. La prevención especial, es aquella en la que lo que pretende es que la persona que ha cometido un delito, no reitere dichas acciones u omisiones. Roxín sostiene que consiste en “hacer desistir al autor de delitos futuros”. La prevención general es aquella en la que lo que se pretende es prevenir la comisión de delitos por la sociedad en general, y citando una vez más a Roxín, este nos dice que “mediante las amenazas penales y la ejecución de la pena (la comunidad) debe ser instruida sobre las prohibiciones legales y apartada de su violación”.

Finalmente, todo esto nos lleva con claridad a lo afirmado por Vilaplana Ruiz, cuando afirma que “mayores —y más duras— penas no suponen necesariamente menor índice de delincuencia”[18].

Como última conclusión, se puede señalar que “la PPR utiliza como base el sistema anteriormente descrito para prolongar la situación de prisión sine die (permanentemente), en los supuestos que no se observen signos de rehabilitación/reinserción en la conducta del condenado. Con ello se intenta evitar precisamente que aquellos penados no rehabilitados, con un pronóstico muy elevado de reincidencia, queden en libertad, como no puede ser de otra manera, al cumplir la totalidad de su condena. Pensemos en aquellos presos que incluso reconocen que cometerán más hechos una vez salgan de prisión, y que han cumplido la totalidad de su condena, y por tanto, han de ser puestos en libertad.

En este sentido, se establece que hasta el cumplimiento de 25 años de prisión (o 30 en algunos supuestos de mayor gravedad) no es posible la “revisión” de la condena, momento en el que se decidirá: si se mantiene de forma permanente (hasta posteriores revisiones); o se le otorga la libertad condicional, la cual se extenderá entre 5 o 10 años, periodo en que le podrá ser revocada. En concreto, para realizar el PRONÓSTICO FAVORABLE (O DESFAVORABLE) DE REINSERCIÓN se establecen los siguientes parámetros (art. 92.1.c CP):

  • La propia personalidad del penado y sus antecedentes penales
  • Sus circunstancias familiares y sociales
  • Las circunstancias del delito cometido y la gravedad de los bienes/derechos afectados
  • Conducta durante el cumplimiento de la pena”[19]
7.- Referencias.

20 minutos. (18 de Marzo de 2018). La prisión permanente revisable en el resto de países europeos. Obtenido de Periódico 20 minutos: https://www.20minutos.es/noticia/3254417/0/prision-permanente-revisable-en-europa/

Actualidad Legálitas. (9 de Septiembre de 2019). ¿Qué conlleva la pena de prisión permanente revisable? Obtenido de Legálitas: https://www.legalitas.com/actualidad/Que-conlleva-la-pena-de-prision-permanente-revisable

Estado, L. P.-A.-A. (s.f.). LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: ALGUNAS NOTAS. Obtenido de EPRINTS: https://eprints.ucm.es/34696/1/La%20prisi%C3%B3n%20permanente%20revisable.Algunas%20notas.%20The%20conviction%20of%20revisable%20imprisonment.Notes.pdf

Europapress . (17 de Diciembre de 2019). ¿Qué es la prisión permanente revisable y en qué casos se puede aplicar? Obtenido de Europapress Nacional: https://www.europapress.es/nacional/noticia-prision-permanente-revisable-casos-puede-aplicar-20180209134256.html

Europapress. (14 de Marzo de 2018). Así es la prisión permanente revisable en otros países. Obtenido de Europapress: https://www.europapress.es/internacional/noticia-asi-prision-permanente-revisable-otros-paises-20180314131922.html

Gallego, G. (31 de Octubre de 2013). Prisión permanente revisable: constitucional, seguro. Obtenido de LEFEBRE EL DERECHO: https://elderecho.com/prision-permanente-revisable-constitucional-seguro

Le Morne Despacho de abogados. (5 de Marzo de 2019). La prisión permanente revisable y sus características. Obtenido de Le Morne Abogados: https://lemornebrabant.com/prision-permanente-revisable-y-sus-caracteristicas/

Orozco, F. (19 de Marzo de 2018). Lo que deberías saber sobre la Prisión Permanente Revisable. Obtenido de Legal Today: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/lo-que-deberias-saber-sobre-la-prision-permanente-revisable

Palladino Pellón & Asociados. (21 de Diciembre de 2016). Doctrina: Argumentos a Favor de la Prisión Permanente Revisable. Obtenido de Palladino Pellón & Asociados: https://www.palladinopellonabogados.com/argumentos-a-favor-de-la-prision-permanente-revisable/

Pallín, J. A. (Noviembre-Diciembre de 2013). La prisión tiene un límite. Obtenido de El notario: http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-52/3593-la-prision-tiene-un-limite

R.Rivera. (29 de Octubre de 2013). España, Noruega y Portugal, los países europeos sin la prisión permanente revisable. Obtenido de Te interesa: http://www.teinteresa.es/espana/Espana-Noruega-Portugal-permanente-revisable_0_1019299771.html

revisable, R. s. (25 de Abril de 2018). Sergio Nebril. Obtenido de Legal Today: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/reflexiones-sobre-la-prision-permanente-revisable-debe-derogarse

Sáez, K. Á. (17 de Enero de 2019). Prisión permanente revisable. Obtenido de Digestum Legal. Defensa Jurídica integral: https://digestum.es/prision-permanente-revisable/

Vacchiano, J. V. (23 de Mayo de 2018). La constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Obtenido de LegalToday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/lex-et-societas/la-constitucionalidad-de-la-prision-permanente-revisable#

Zamarreño, Á. (20 de Marzo de 2018). España está entre los países de Europa con penas de cárcel más largas. Obtenido de Cadena SEr: https://cadenaser.com/ser/2018/03/20/internacional/1521550606_061622.html


[1] Prisión permanente revisable: constitucional, seguro. Elderecho.com: https://elderecho.com/prision-permanente-revisable-constitucional-seguro

[2] Legal Today. La constitucionalidad de la prisión permanente revisable: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/lex-et-societas/la-constitucionalidad-de-la-prision-permanente-revisable

[3] Revista el Notario: http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-52/3593-la-prision-tiene-un-limite.

[4] La prisión tiene un límite. El Notario: http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-52/3593-la-prision-tiene-un-limite

[5] LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: ALGUNAS NOTAS. DAVID FRANCISCO BLANCO. Abogado del Estado. MARCOS CABRERA GALEANO.-Abogado del Estado.

[6] ¿Qué es la prisión permanente revisable y en qué casos se puede aplicar? Europapress: https://www.europapress.es/nacional/noticia-prision-permanente-revisable-casos-puede-aplicar-20180209134256.html

[7] Chavaneix Abogados penalistas: https://chabaneixabogadospenalistas.es/la-prision-permanente-revisable/

[8] Prisión permanente revisable artículo explicativo. Ius cogens: https://ius-cogens.com/penal/prision-permanente-revisable/

[9] La prisión permanente revisable y sus características: https://lemornebrabant.com/prision-permanente-revisable-y-sus-caracteristicas/

[10] Actualidad Legálitas: ¿Qué conlleva la pena de prisión permanente revisable?: https://www.legalitas.com/actualidad/Que-conlleva-la-pena-de-prision-permanente-revisable

[11] Ver pie de página anterior.

[12] Legal Today: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/lo-que-deberias-saber-sobre-la-prision-permanente-revisable

[13] Cadena Ser: España está entre los países de Europa con penas de cárcel más largas: https://cadenaser.com/ser/2018/03/20/internacional/1521550606_061622.html
[14] España, Noruega y Portugal, los países europeos sin la prisión permanente revisable. TE INTERESA:
[15] Así es la prisión permanente revisable en otros países. Europapress: https://www.europapress.es/internacional/noticia-asi-prision-permanente-revisable-otros-paises-20180314131922.html
[16] La prisión permanente revisable en el resto de países europeos. 20 minutos: https://www.20minutos.es/noticia/3254417/0/prision-permanente-revisable-en-europa/
[17] Reflexiones sobre la prisión permanente revisable
¿Debe derogarse? Legal Today: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/reflexiones-sobre-la-prision-permanente-revisable-debe-derogarse
[18] Doctrina: Argumentos a Favor de la Prisión Permanente Revisable: https://www.palladinopellonabogados.com/argumentos-a-favor-de-la-prision-permanente-revisable/
[19] Digestum Legal. Defensa jurídica integral. Prisión permanente revisable: https://digestum.es/prision-permanente-revisable/

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