Derecho penal

La próxima reforma del Código penal de 2020

Desde el Gobierrno central en España se está barajando para hacer una reforma del Código penal.

En primer lugar, cabe señalar que “el Gobierno está estudiando una vía para reformar el Código Penal y beneficiar a los presos del ‘procés’ que sortea al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado. La opción que estudia Moncloa es que la rebaja de los delitos de sedición, lo que beneficiaría inmediatamente al líder de ERC, Oriol Junqueras, se presente directamente en el Congreso como proposición de ley, informan fuentes cercanas al Ejecutivo. Al entrar directamente en el Congreso a través de un grupo parlamentario, y no por un proyecto de ley, evitaría el informe de los organismos consultivos.

El derecho penal tiene un principio básico de que hay que aplicar la pena más favorable al reo incluso si se hace retroactivamente. El artículo 2 del Código Penal establece que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. La opción de la proposición de ley ofrece a Pedro Sánchez una vía mucho más rápida para introducir esta reforma.

En noviembre de 2018, casi un año antes de la sentencia del ‘procés’, el independentismo ya hizo llegar a Moncloa que una reforma del Código Penal rebajando las penas por sedición sería la solución para la legislatura. Entonces, la respuesta de Moncloa fue que la rebaja de la acusación de la Abogacía del Estado era lo que podía ofrecer. Entonces, la reforma del Código Penal era para el Gobierno de Pedro Sánchez una renuncia inasumible.

Después de año y medio, una sentencia que condenó a 13 años a Oriol Junqueras y dos elecciones generales, el Gobierno admite abiertamente que se plantea esa reforma. El Gobierno ha pactado una mesa de negociación con el Gobierno catalán pero, como adelantó este diario, allí no estará la reforma la Código Penal sino que se tratará en el Congreso. La reforma, en cualquier caso, puede llevar una de cal y otra de arena. Se baraja un incremento de la pena por otro delito, el de rebelión, que no sería del agrado ni de ERC ni de JxCAT.

Negociarlo en el Congreso abre al Ejecutivo una opción que acorta los tiempos y los trámites. Una reforma del Código Penal, una ley orgánica, se suele hacer con un proyecto de ley del Gobierno. Pero en ese caso, el texto pasa por distintos órganos que emiten su opinión no vinculante. Entre ellos, están el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y se puede decidir enviarlo al Consejo de Estado. El CGPJ acaba de evidenciar su discrepancia con decisiones como la propuesta de colocar en la Fiscalía General del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado, cuya idoneidad levantó votos en contra de la mitad de sus vocales”.

Por otro lado, cabe señalar que “la anunciada pretensión de reformar el Código Penal para rebajar las penas por delitos de sedición y elevar las de delitos de rebelión constituye la vía con menos costes políticos para el actual Gobierno de coalición enfrascado en una nueva etapa de diálogo y solución del conflicto catalán. El peaje político de tener que llevar a cabo una desjudicialización y satisfacer la exigencia del Govern independentista de “acabar con la represión” sería mayor si el debate se moviera en torno al indulto. Con un proyecto de ley del Gobierno, el Ejecutivo comparte la responsabilidad de la convalidación con el resto de grupos parlamentarios, mientras que con la aplicación de indultos, la titularidad de la decisión cae en exclusiva en el Gobierno y se arriesgaría a sufrir el azote de un Poder Judicial aún por renovarse.

Lo que está claro es que, en el caso de acometerse una reforma de la esta ley Orgánica, los dirigentes independentistas acusados por delitos de sedición, rebelión y malversación en la causa del procés, se verían beneficiados; tanto los que han sido condenados ya y cumplen su pena privativa de libertad, como los que están por juzgarse y viven en el “exilio”. Así lo fija el propio Código Penal en su artículo 2.

El artículo 2 del Código Penal señala que debe aplicarse las leyes penales que favorezcan al reo, aunque entren en vigor cuando ya haya sentencia firme

“Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”, apunta el punto 2 de dicho artículo. De esta forma, siempre le será aplicable al reo las leyes penales que más le favorezcan, aunque entren en vigor después de que se haya decretado una sentencia firme y estuviese cumpliendo condena, como es el caso de los presos independentistas. Esto quiere decir que si hay una reforma del Código Penal beneficiosa para ellos, se aplicará el efecto retroactivo y también se les podrá adaptar la previsible rebaja en el tiempo de condena establecido por el Tribunal Supremo.

Este principio avalado por el Código Penal en su ordenamiento se sustenta en que la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de sanciones o medidas restrictivas, pero sitúa por encima de todo la reinserción del reo y que la aplicación de la norma penal más favorable para él. La excepción a la irretroactividad que recoge el Código Penal en el artículo 2.2 se ha mantenido en los códigos penales de nuestro país desde 1848. Entre los argumentos a favor se encuentra la lógica jurídica y las razones humanitarias que se derivan al considerar que la nueva norma es la más justa y que la anterior ha dejado de serlo”.

Esta reforma, con lo expuesto hasta aquí, tiene un claro contenido político, con tal de que los cómplices golpistas del actual gobierno de España apoyen la actual legislatura y hagan posible la permanencia de Pedeo Sánchez en el poder. Lo que deberían hacer los ciudadanos de a pie serían manifestaciones en contra de esta reforma.

Por último, cabe señalar que “

Es cierto que a los legisladores en su conjunto y a lo largo del tiempo no les ha gustado legislar, y han preferido ante una modificación legislativa utilizar el «parche» y según las circunstancias y las situaciones han parcheado a conveniencia, pero temas de tanta transcendencia como la adecuación de nuestro ordenamiento penal a los tiempos actuales necesita estudio, tranquilidad y consenso.

Al parecer, el actual Gobierno tiene mucha prisa en la modificación de nuestro Código Penal, y en concreto determinadas materias e ilícitos penales para adecuarlas según dicen a niveles europeos, incluso dice la portavoz del Partido Socialista «homologar nuestro Código Penal a los códigos penales europeos» y nos cuestionamos, como pregunta, cuál de los 27 códigos, 26 en breve, sería el modelo a seguir, por ejemplo el de Estonia o el de Malta, por lo que todo ello no deja de ser una excusa para ocultar determinados pactos clandestinos que dieron lugar a la culminación de la investidura del presidente, señor Sánchez.

No dudo de que nuestro Código Penal necesite una o varias reformas, véase la reciente Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo y otras complementarias, pero camuflar la situación de futuro de los condenados en el procés no creo que sea el camino correcto y ajustado en Derecho.

La situación penal de dichos condenados en teoría tendría diversas salidas:

Una amnistía, un indulto o, incluso, a través de la reforma del Código Penal de los artículos tan controvertidos como lo son el de rebelión y el de sedición, y tantos otros que no entro a valorar ya que recientemente el señor Torra hace caso omiso a la última resolución del TS, incumpliendo la misma, su conducta estaría incardinada en el delito de desobediencia del artículo 410 del CP, y zanjaríamos el tema como ilícito penal eliminando en la reforma dicho artículo.

Si así fuese la reforma, no habría inconveniente en mantener el artículo 2, apartado 2 del citado Código, con meridiana claridad dice que «el efecto retroactivo de aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque entraran en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Y todo ello da la impresión de que la futura reforma estaba pactada y para mayor rapidez la propuesta viene por el grupo socialista del Parlamento y no por el Gobierno progresista.

Tarde o temprano todas estas cuestiones nos van llevando poco a poco a desvelar el famoso concepto de la «desjudicialización» que al parecer es «sacar lo estrictamente político de la justicia» con gran enfrentamiento entre los poderes del Estado y manipulando las líneas divisorias de ambos y ahí sí que tendríamos que echar un vistazo a la memoria histórica de este país”.

FUENTES:

  1. El País: https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1581704814_345657.html
  2. El País 2: https://elpais.com/politica/2020/01/21/actualidad/1579596514_221447.html
  3. El Confidencial: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-01-23/gobierno-via-excluye-poder-judicial-reforma-penal-proces-sedicion_2422655/
  4. Diario Información: https://www.diarioinformacion.com/opinion/2020/01/25/reforma-expres-codigo-penal/2227736.html
  5. Faro de Vigo: https://www.farodevigo.es/espana/2020/01/22/casado-reforma-codigo-penal-indulto/2234787.html

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