Derecho, Política

Las lenguas cooficiales de España Parte II. Análisis artículo 3 de la Constitución española.

En un artículo anteior de este blog ya se afrontó el tema de las lenguas oficiales en España. Vamos a poner fin a este artículo.

Hay que destacar que hay un problema en este uso, porque en aquellas Comunidades Autónomas con lengua oficial propia se está dando prioridad a la lengua propia en vez de al castellano, lengua común en todo el territorio nacional y de acercamiento.

Cabe señalar que “el líder del PP, Pablo Casado, aprovechó una visita reciente a Barcelona para presentar su propuesta de ley de la lengua. Esta plantea que conocer los idiomas cooficiales sea “un mérito, pero no un requisito para el acceso a plazas públicas”; que los actos administrativos sean “siempre en castellano, además de la otra lengua cooficial” o que nadie pueda ser sancionado si no se le comunica en castellano. El proyecto establece, además: “La lengua vehicular ordinaria de la enseñanza es el castellano y en las comunidades autónomas en las que existan lenguas cooficiales, estas podrán ser previstas también como vehiculares”. El PP también quiere que señales, paneles y placas sean “al menos en castellano”. Lo que sigue es una descripción del sistema actual.

Acceso a plazas de empleo público. En Cataluña, los funcionarios deben acreditar un nivel de catalán que varía según la categoría. Las enfermeras, por ejemplo, necesitan el C (el nivel más bajo es el A, el mayor el D) para acceder a una plaza pública. La Escuela de Administración Pública da cursos a los empleados que se incorporen a la Generalitat por traslado.

En Baleares, saber catalán es un requisito para ocupar puestos de funcionario de la Administración General y Especial de la comunidad. El nivel de conocimiento exigido va desde el A-2 (básico) al C-1 (dominio funcional efectivo). En total existen seis certificados de conocimiento de catalán. De estas exigencias está excluido el personal del Servicio de Salud y de los hospitales. Para ellos, el título de catalán no es necesario para obtener una plaza pública, aunque los profesionales que no acrediten su conocimiento en dos años tienen vetado el cobro de pluses de carrera profesional y el acceso a los concursos de traslado. Hay cursos gratuitos de catalán para los trabajadores.

En el País Vasco, hay zonas de mayoría vascohablante y de mayoría castellanohablante, y en cada una de ellas se fijan los requisitos de euskera para el acceso a la administración con un mayor o menor número de plazas en las que un determinado nivel de conocimiento es exigible. El PSE pidió en 2016 una revisión de los requisitos y de las plazas a las que se había asignado un determinado nivel de euskera obligatorio, y esa revisión se está materializando en la actualidad. “Se trata”, explica el diputado socialista Eneko Andueza “de que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades”. Este año el Parlamento vasco va a aprobar una ley que garantizará el aprendizaje gratuito del euskera a todos los ciudadanos”.

Hay que señalar, en relación a lo anterior, que “cooficial significa que es tan oficial como las otras lenguas. España se caracteriza por ser un país muy diverso, por su origen histórico, ya que se formó por la unión de diferentes reinos. Las Comunidades Autónomas con lenguas propias son Galicia, el País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Desde la Constitución Española de 1978 estas lenguas son cooficiales. Durante la dictadura de Franco el uso de estas lenguas fue perseguido por el régimen franquista, por esta razón ahora se intentan proteger mucho más.  Las lenguas cooficiales se estudian en los centros educativos de estas comunidades obligatoriamente  y la administración debe ofrecer la documentación en estas lenguas también. Gracias a esto, el bilingüismo es frecuente en muchas zonas de España.

lenguas


El catalán (català) es la segunda lengua más hablada en España después del castellano. El catalán, igual que el español proviene del latín. Se habla en Cataluña, en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde se le llama valenciano (valencià). En las Islas Baleares el dialecto se llama mallorquín (mallorquí), menorquín (menorquí) o ibicenco (ibicenc) dependiendo de la isla. También se habla en la zona del Alguer en Italia, el Rosellón en Francia y es la lengua oficial del Principado de Andorra.  Este idioma cuenta con 11,5 millones de hablantes según las estadísticas. Existe una fuerte polémica sobre si el catalán y el valenciano son la misma lengua, la mayoría de los lingüistas coinciden en que el valenciano es un dialecto del catalán y que las polémicas sobre si son lenguas diferentes tienen un origen político. El catalán y el valenciano comparten la misma gramática y son totalmente inteligibles.  Es una realidad que la comunicación entre los hablantes del dialecto valenciano y de los otros dialectos del catalán no presenta ningún problema.

Algunas palabras de origen catalán en español son: ajoaceite (allioli) una deliciosa salsa con ajo y aceite, orgullo (orgull)   y capicúa (capicua) en inglés palindrome..

Atención: en este artículo no se evalúa si el nombre de la lengua debería ser catalán o valenciano u otro, pero sí se defiende que son la misma lengua. Os recomiendo la bibliografía al final del artículo si queréis profundizar o rebatir los argumentos de este artículo, basados en el libro de los lingüistas María Teresa Echenique y Juan Sánchez Méndez. 

El gallego 
En Galicia el gallego (galego) es la lengua autonómica, es una lengua romance que proviene del latín y está estrechamente emparentada con el portugués. El gallego tiene unos dos millones de hablantes. Algunas palabras españolas que vienen del gallego son cariño y morriña. Cariño es un tipo de amor (affection, care) y también como expresión cariñosa para la pareja o los niños, sería un equivalente a “darling”. Morriña significa añoranza (homesickeness). El gallego cuenta con 2 millones de hablantes, se estudia en las escuelas y aunque tradicionalmente se ha usado más en el ámbito rural cada vez tiene más peso en las ciudades.

El vasco o el euskera

El vasco o euskera es el único idioma que se habla en España que no proviene del latín. Se habla en el País Vasco y en algunas zonas de Navarra y del sur de Francia. El origen del vasco sigue siendo un enigma, ya que se trata de una lengua no indoeuropea. Se considera por tanto una lengua aislada. Es un idioma muy difícil de aprender ya que no está emparentado con otros idiomas. Influyó en el sistema consonántico del español, que es igual al del vasco.  El euskera es hablado por más de un millón de hablantes, pero hay menos hablantes bilingües que en otras comunidades autónomas. Algunas palabras que provienen del vasco son izquierda (left) o chabola (shack, cabin). Tradicionalmente el vasco se enseñaba en las ikastolas, pero ahora forma parte del sistema educativo. Actualmente los padres pueden elegir entre tres modelos de enseñanza, el modelo A donde el español es la lengua vehicular y también se estudia euskera. El modelo B donde se reparte la enseñanza en ambos idiomas y el modelo D se estudia todo en vasco, excepto la lengua española.

El aranés

El aranés ha sido la última incorporación a las lenguas cooficiales de Cataluña. El aranés se habla en el Valle de Arán en la provincia de Lérida (Lleida) y desde 2006 es una lengua cooficial en toda Cataluña, aunque de uso preferente en esta región. Es una lengua minoritaria que cuenta con alrededor de 3000 hablantes.

Además de las lenguas cooficiales, tenemos otras que no tienen un carácter oficial como el asturiano, asturleonés o bable que se habla en Asturias, León y Portugal.

Esperamos que os hayan gustado aprender un poco más de la realidad lingüística española. Os animamos a compartir este artículo en las redes sociales.

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Por último, cabe señalar que “el aspecto más polémico en la aplicación de este precepto se refiere al alcance de las lenguas cooficiales en los territorios de las Comunidades Autónomas. Nos limitaremos, a continuación a mostrar las principales líneas de la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia:

     -“Es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados” (SSTC 82/1986 y 46/1991).
     -“El castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del Estado español” (SSTC 82/1986 y 46/1991).
     -“Sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen” (SSTC 82/86 y 84/86).
     -“El deber de los españoles de conocer el castellano hace suponer que ese conocimiento existe en la realidad, pero tal presunción puede quedar desvirtuada cuando el detenido o preso alega verosímilmente su ignorancia o conocimiento insuficiente o esta circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de las actuaciones policiales. Consecuencia de lo expuesto es que el derecho de toda persona, extranjera o española, que desconozca el castellano, a usar intérprete en sus declaraciones ante la policía, deriva, como se ha dicho, directamente de la Constitución y no exige para su ejercicio una configuración legislativa, aunque esta pueda ser conveniente para su mayor eficacia (STC 74/1987).
     -“La cooficialidad de las demás lenguas españolas lo es con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración Central y de otras instituciones estatales en sentido estricto”. “En los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística el uso de los particulares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y el respectivo Estatuto de Autonomía” (SSTC 82/1986 y 123/1988).
     -“No existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua cooficial” (STC 84/1986).
     -“La instauración por el art. 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas en determinadas Comunidades Autónomas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas Comunidades, y en primer término el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la Comunidad respectiva con plena eficacia jurídica” (STC 82/1986).
     -“Nada se opone a que los poderes públicos prescriban, en el ámbito de sus respectivas competencias, el conocimiento de ambas lenguas para acceder a determinadas plazas de funcionario o que, en general, se considere como un mérito entre otros el nivel de conocimiento de las mismas” (STC 82/86).
     -“La exigencia del bilingüismo ha de llevarse a cabo con un criterio de racionalidad y proporcionalidad, desde la perspectiva de lo dispuesto en los artículos 23.1, 139.1 y 149.1.1º de la Constitución” (STC 82/86).
     -“El régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales” “Los poderes públicos deben garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia el derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma” (STC 337/1994).
     -“Corresponde a los poderes públicos competentes, en atención a los objetivos de la normalización lingüística y a los propios objetivos de la educación, organizar la enseñanza que debe recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades” (STC 337/1994)”.

Por último, cabe reseñar que “

teniendo en cuenta que ningún derecho es absoluto y, por lo tanto, debe ser sopesado con el resto de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce. Aspecto muy importante a tener en cuenta ya que en el supuesto que se aborda, son varios los artículos de la Constitución que se ven afectados, y que como ha recordado el Tribunal Constitucional, (STC 82/1986, de 26 de junio) “en ámbitos específicos, como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la indefensión, las leyes y los tratados internacionales permitan también la utilización de lenguas no oficiales por los que desconozcan las oficiales”.

En concreto, en las relaciones de los ciudadanos con la Administración de Justicia, o mejor dicho, con el Poder Judicial (muy diferente un ámbito del otro), cabe mencionar tres artículos de la Constitución: el artículo 3, que consagra el uso del castellano y de las diversas lenguas españolas; el artículo 24 que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva; y el artículo 149 que atribuye con competencia exclusiva al Estado la regulación de las condiciones básicas de la Administración de Justicia.

Estos tres principios, en el uso del castellano así como del resto de lenguas oficiales, son los que han configurado el actual artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De su redacción hay que destacar:

Y, relacionado con esta materia, son dos las sentencias, ambas del Tribunal Constitucional, dignas de mención que han establecido las bases en la aplicación de este conglomerado de artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, de 26 de junio y la Sentencia, del mismo Tribunal, 31/2010, de 28 de junio de 2010.

De la primera hay que destacar, por un lado, que definió lo que se entiende por lengua oficial, y por otro, estableció el alcance de la obligación que tiene el Estado de conocer tanto el castellano como el resto de lenguas oficiales para la comunicación con los ciudadanos.

En primer lugar, en el Fundamento Jurídico 2 (STC 82/1986) estableció que “la regulación que (la Constitución) hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos.”

Y continúa afirmando “el castellano es la lengua española oficial del estado, y entendiéndose obviamente aquí por <Estado> el conjunto de los poderes públicos españoles, con inclusión de los autónomos y locales. Ello implica que el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del estado español.”

Es decir, la comunicación en castellano es suficiente para que surta al 100% sus efectos por parte de una administración pública.

Y continúa en el Fundamento Jurídico tercero estableciendo que el castellano es la única lengua que hay obligación de conocer no siendo obligatorio el conocimiento de las otras en sus relaciones con los poderes públicos: “En directa conexión con el carácter del castellano como lengua oficial común del estado español en su conjunto, está la obligación que tienen todos los españoles de conocerlo, que lo distingue de las otras lenguas españolas que con él, son cooficiales en las respectivas comunidades autónomas, pero respecto a las cuales no se prescribe constitucionalmente tal obligación.”

De la segunda Sentencia del Tribunal Constitucional, la31/2010 que viene a desarrollar el significado jurídico y su relevancia dentro del ordenamiento jurídico de los concepto de “uso normal” y “preferente” de una lengua oficial al abordar un supuesto problema de inconstitucionalidad del artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el fundamento jurídico 14 aclara que mientras que la mención a uso normal del catalán como lengua propia de Cataluña no entraña ningún viso de inconstitucionalidad por cuanto esta lengua es la normal y habitual en Cataluña, sí que tiene ese problema la mención a un uso preferente del catalán en las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. Y aclara “a diferencia de la noción de normalidad, el concepto de preferencia, por su propio tener, trasciende de la mera descripción de una realidad lingüística e implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de una Comunidad Autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el castellano”. Y finaliza más adelante afirmando que “no admitiendo, por tanto, el inciso y preferente del art6.1 EAC una interpretación conforme con la Constitución, ha de ser declarado inconstitucional y nulo.

En conclusión, en las relaciones de los ciudadanos con el Poder Judicial, si bien cabe la posibilidad de dirigirse por parte del primero a los Tribunales de Justicia en castellano o en otras lenguas oficialmente reconocidas por los estatutos de autonomía, la única lengua que puede ser exigible de ser usada es el castellano. Sólo la excepción de que alguna parte alegue indefensión podrá dirigirse en alguna de las lenguas oficiales, diferente al castellano, reconocida en un estatuto de autonomía, sin que eso suponga que el proceso deba ser llevado en dicha lengua. En ese caso se debe proceder a la traducción de oficio, siguiendo lo marcado en el artículo 231 de la LOPJ”.

Por tanto, sí que se puede destacar cierta supremacía del castellano respecto del resto de lenguas españolas, por el hecho de que se puede utilizar sin condición en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de las demás lenguas oficiales, y también por el hecho de que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a hablarla.

FUENTES:

  • SINOPSIS ARTÍCULO 3:

teniendo en cuenta que ningún derecho es absoluto y, por lo tanto, debe ser sopesado con el resto de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce. Aspecto muy importante a tener en cuenta ya que en el supuesto que se aborda, son varios los artículos de la Constitución que se ven afectados, y que como ha recordado el Tribunal Constitucional, (STC 82/1986, de 26 de junio) “en ámbitos específicos, como el procesal, y a efectos concretos, como evitar la indefensión, las leyes y los tratados internacionales permitan también la utilización de lenguas no oficiales por los que desconozcan las oficiales”.

En concreto, en las relaciones de los ciudadanos con la Administración de Justicia, o mejor dicho, con el Poder Judicial (muy diferente un ámbito del otro), cabe mencionar tres artículos de la Constitución: el artículo 3, que consagra el uso del castellano y de las diversas lenguas españolas; el artículo 24 que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva; y el artículo 149 que atribuye con competencia exclusiva al Estado la regulación de las condiciones básicas de la Administración de Justicia.

Estos tres principios, en el uso del castellano así como del resto de lenguas oficiales, son los que han configurado el actual artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De su redacción hay que destacar:

Y, relacionado con esta materia, son dos las sentencias, ambas del Tribunal Constitucional, dignas de mención que han establecido las bases en la aplicación de este conglomerado de artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la Sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986, de 26 de junio y la Sentencia, del mismo Tribunal, 31/2010, de 28 de junio de 2010.

De la primera hay que destacar, por un lado, que definió lo que se entiende por lengua oficial, y por otro, estableció el alcance de la obligación que tiene el Estado de conocer tanto el castellano como el resto de lenguas oficiales para la comunicación con los ciudadanos.

En primer lugar, en el Fundamento Jurídico 2 (STC 82/1986) estableció que “la regulación que (la Constitución) hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos.”

Y continúa afirmando “el castellano es la lengua española oficial del estado, y entendiéndose obviamente aquí por <Estado> el conjunto de los poderes públicos españoles, con inclusión de los autónomos y locales. Ello implica que el castellano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en el conjunto del estado español.”

Es decir, la comunicación en castellano es suficiente para que surta al 100% sus efectos por parte de una administración pública.

Y continúa en el Fundamento Jurídico tercero estableciendo que el castellano es la única lengua que hay obligación de conocer no siendo obligatorio el conocimiento de las otras en sus relaciones con los poderes públicos: “En directa conexión con el carácter del castellano como lengua oficial común del estado español en su conjunto, está la obligación que tienen todos los españoles de conocerlo, que lo distingue de las otras lenguas españolas que con él, son cooficiales en las respectivas comunidades autónomas, pero respecto a las cuales no se prescribe constitucionalmente tal obligación.”

De la segunda Sentencia del Tribunal Constitucional, la31/2010 que viene a desarrollar el significado jurídico y su relevancia dentro del ordenamiento jurídico de los concepto de “uso normal” y “preferente” de una lengua oficial al abordar un supuesto problema de inconstitucionalidad del artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el fundamento jurídico 14 aclara que mientras que la mención a uso normal del catalán como lengua propia de Cataluña no entraña ningún viso de inconstitucionalidad por cuanto esta lengua es la normal y habitual en Cataluña, sí que tiene ese problema la mención a un uso preferente del catalán en las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. Y aclara “a diferencia de la noción de normalidad, el concepto de preferencia, por su propio tener, trasciende de la mera descripción de una realidad lingüística e implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de una Comunidad Autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el castellano”. Y finaliza más adelante afirmando que “no admitiendo, por tanto, el inciso y preferente del art6.1 EAC una interpretación conforme con la Constitución, ha de ser declarado inconstitucional y nulo.

En conclusión, en las relaciones de los ciudadanos con el Poder Judicial, si bien cabe la posibilidad de dirigirse por parte del primero a los Tribunales de Justicia en castellano o en otras lenguas oficialmente reconocidas por los estatutos de autonomía, la única lengua que puede ser exigible de ser usada es el castellano. Sólo la excepción de que alguna parte alegue indefensión podrá dirigirse en alguna de las lenguas oficiales, diferente al castellano, reconocida en un estatuto de autonomía, sin que eso suponga que el proceso deba ser llevado en dicha lengua. En ese caso se debe proceder a la traducción de oficio, siguiendo lo marcado en el artículo 231 de la LOPJ.

FUENTES:

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