Derecho, Moral y ética, Protección de datos

La cláusula de conciencia de los profesionales del periodismo

En cuanto al concepto, hay que destacar que, “de acuerdo con José María Desantes Guanter, la cláusula de conciencia consiste en “una cláusula legal, implícita en el contrato de trabajo periodístico, según la cual, en determinados supuestos que la ley tipifica en relación con la conciencia del informador, los efectos económicos de la extinción de la relación laboral periodística producida por la voluntad unilateral del trabajador, equivalen a los del despido por voluntad del empleador”.

Es decir, la cláusula de conciencia es la vía legal por la cual el periodista puede abandonar en forma voluntaria la empresa periodística en la que trabaja, percibiendo igual indemnización que si hubiera sido despedido injustamente.

En otras palabras, la cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempleo de su función profesional. La cláusula protege la integridad deontológica del periodista frente a hechos producidos en el seno de la empresa periodística que la cuestionen.

El reconocimiento de la cláusula al periodista en el ejercicio de su libertad de información no puede entenderse exclusivamente como un derecho particular de aquél, sino, también, como garantía de que a través suyo se preserva igualmente la satisfacción del carácter objetivo de dicha libertad, de su papel como pieza básica en el sistema democrático y de su finalidad como derecho a transmitir y recibir una información libre y plural.

En otras palabras, la cláusula posee un fundamento ético, del cual surge el pleno respeto a la identidad del periodista en el ejercicio de su profesión. En tanto y en cuanto el periodista reconozca al público como titular del derecho a la información y a la información como un producto intelectual con función social, la cláusula de conciencia es imprescindible para garantizar la independencia de criterio del profesional en el seguimiento, obtención y tratamiento de la información.

En síntesis, la cláusula de conciencia es un derecho del periodista y una garantía de la información libre y plural“.

En segundo lugar, cabe relacionar ma clausula de conciencia con la objeción de conciencia. Hay que decir aquí que “la cláusula de conciencia no debe confundirse con la objeción de conciencia, pues, aunque ambos conceptos se originan en el aspecto íntimo y
subjetivo de las personas -la conciencia-, su expresión, sin embargo, produce efectos jurídicos que sobrepasan a la persona. En otras palabras, ambas refieren a dos derechos diferentes.

De acuerdo con Marina Gascón Abellán, la objeción de conciencia constituye “un
derecho subjetivo que tiene por objeto lograr la dispensa de un deber jurídico o la exención de responsabilidad cuando el incumplimiento de ese deber se ha consumado”, alegando la existencia de una conciencia contraria a la conducta que constituye el contenido del deber y, todo ello, sin sufrir la reacción que el ordenamiento prevé para el incumplimiento de aquella obligación.

En este sentido, siguiendo a José María Desantes Guanter, la objeción de conciencia es la protección legal que se concede a los ciudadanos para eludir el cumplimiento de una obligación o la orden de una autoridad cuando éstas violentan su conciencia.

La objeción de conciencia encuentra, así, un fundamento general en la libertad ideológica que tiene cualquier ciudadano. De acuerdo con Rafael Díaz Arias, “cuando los mandatos del Estado, las normas o las obligaciones generales que afectan a todos los ciudadanos chocan con la conciencia particular y este conflicto es serio y crea en el individuo un legítimo desasosiego
al sentirse amputado de sus principios u obligado a llevar a cabo una acción que éticamente o religiosamente le repugna, tal conducta legítimamente debida puede quedar en suspenso para aquellos que profesan tales principios, siempre que ponderado ese derecho a la libertad de conciencia con el derecho o bien sacrificado éste no resulte más íntimamente vinculado con el núcleo esencial de la dignidad humana (por ejemplo, el derecho a la vida no puede quedar en suspenso ante la libertad ideológica). Estamos ante un típico conflicto de mandatos: el mandato externo y general (jurídico) y el mandato particular e interno (moral). El deber general no se deroga sino que queda en suspenso por la preferencia de la conciencia en el sistema de derechos fundamentales, siempre que ese deber de conciencia se encuentre en sintonía con el propio sistema de valores que subyace en los derechos reconocidos. Podemos englobar a todos estos supuestos en los que los mandatos generales decaen ante la libertad ideológica bajo la denominación genérica de objeción de conciencia”.

A diferencia de la objeción de conciencia, la cláusula de conciencia busca establecer de manera legal o por convenciones de los contratos laborales del trabajo de la información, la protección del periodista cuando una empresa o un medio cambian su orientación informativa o su ideología.nDe este modo, la cláusula de conciencia se da, exclusivamente, en las actividades y profesiones informativas, afectando no a los deberes, sino a las obligaciones contractuales”.

De acuerdo con este enfoque, se categoriza a la cláusula de conciencia como una forma de objeción de conciencia, iluminándose sólo una de las dimensiones de la misma: la que se corresponde con su perfil subjetivo individual. En este sentido restrictivo, la cláusula tendría
Ñ por objeto salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la conciencia profesional del periodista.

Sin embargo, puesta en la perspectiva de un Estado social y democrático de Derecho, la cláusula de conciencia se convierte en un mecanismo, entre otros, que garantiza la eficacia del derecho fundamental a comunicar y recibir información; un derecho que tiene por titular a la persona individual, pero con repercusión en el conjunto del cuerpo social.

En resumen, la llamada cláusula de conciencia de los informadores encuentra fundamento genérico en la libertad ideológica. Cuando la conciencia del informador prevalece o se armoniza con las órdenes del empresario, aquél está ejerciendo su libertad de pensamiento como, en principio, podría hacerlo cualquier trabajador. Pero si la cláusula de conciencia se ha destacado como una institución diferenciada de la general objeción de conciencia es porque encuentra su fundamento específico en el derecho a la libre expresión e información”.

Una vez se ha llegado aquí, cabe señalar que “el reconocimiento de la cláusula de conciencia contemplada desde hace años en las legislaciones de la mayoría de los países europeos, aunque no en las leyes constitucionales, supone el derecho del profesional a la rescisión unilateral de su contrato que le une con la empresa en caso de modificación radical de la línea política, filosófica o religiosa del medio informativo en el que trabaja, y el derecho de éste a reclamar una indemnización, como si se tratara de un despido improcedente.

Las últimas corrientes de interpretación del fenómeno de la cláusula de conciencia, sobre todo por parte de los profesionales y estudiosos franceses, admiten un doble sentido de interpretación de este fenómeno: por un parte está el derecho del profesional y, por la otra, el derecho de la empresa cuando cambia la línea ideológica del colectivo de redacción y varían o contradicen los principios inspiradores del periódico en cuestión.

Entre las ventajas que se han señalado como más importantes de la admisión y práctica de la cláusula de conciencia figuran las derivadas del fortalecimiento del propio trabajo diario, ya que el periodista no tendría que someterse de modo inapelable a los dictados cambiantes de los propietarios de las empresas periodísticas en el intento de controlar las noticias y orientarlas en propio beneficio ideológico o económico. En este sentido la cláusula de conciencia supondría un arma legal para oponerse a la manipulación de las noticias y para defender, según su conciencia y sus creencias, la objetividad posible. Desde otro punto de vista más global la cláusula de conciencia establece el equilibrio entre los dos factores más importantes de la empresa: redacción y capital. El primero como creador intelectual y el segundo como soporte económico y social”.

Por otro lado, debe reseñarse que “la Constitución enmarca el secreto profesional en el ámbito del derecho fundamental a comunicar informacióncomo parte integrante del mismo, cuyo objeto radica en la garantía del periodista a no desvelar la identidad de sus fuentes; pero no por ello su ejercicio está sometido a ciertos límites, aunque éstos sólo sean implícitos.

El secreto no podrá ser invocado ante un juez si el informador resulta imputado en una causa de la que pueda resultar declarado culpable.

No cabe apelar a él cuando se trate de cumplir con el deber de impedir la comisión de un delito.

No es posible enarbolarlo al declarar ante el juez contribuyendo a crear confusión o engaño al desvirtuar la verdad de los hechos.

Tampoco es posible invocar el secreto si está en juego la protección de la seguridad exterior del Estado, así como la vida privada de las personas”.

A continuación, se debe decir que “la constitucionalización de la cláusula de conciencia convierte a este derecho en una cláusula tácita, que no es necesario que se refleje en texto literal de un contrato. Es una cláusula por tanto, sobreentendida en todos los contratos laborales entre la empresa informativa y un periodista, y consiste, en definitiva, en la posibilidad que tiene éste de poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo liga a la empresa, percibiendo la indemnización que le correspondería por despido improcedente, cuando la línea editorial o la orientación ideológica del medio de comunicación haya cambiado notoriamente, de forma tal que el periodista se considere afectado negativamente en su ideología o en su dignidad profesional.

En cumplimiento del mandato constitucional se promulgó la Ley Orgánica 2/1997, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional y en cuya virtud tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabajen cuando en el medio en el que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica, o cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador. El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la Ley para el despido improcedente. Por último, la Ley señala que los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.

Desde la promulgación de dicha Ley, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en dos ocasiones sobre la cláusula de conciencia. La primera, en la STC 199/1999, si bien el recurso de amparo se presentó ante el Tribunal el 31 de julio de 1995, es decir, dos años antes de la promulgación de la L.O. 2/1997, Sentencia que es sumamente clarificadora sobre el sujeto, el objeto y el verdadero significado del derecho que se contempla; la segunda, en la STC 225/2002, en la que se concede el amparo a un redactor del diario YA que, pocos días después de haber aceptado el nombramiento de subdirector con la nueva propiedad del periódico, resolvió unilateralmente el contrato de trabajo por el cambio radical operado en la orientación de aquél. Ya en octubre, interpuso demanda reclamando la resolución del contrato y amparándose en su derecho a la cláusula de conciencia.

El Juzgado de lo Social de Madrid reconoció el derecho del periodista trabajador a invocar la cláusula de conciencia, pero desestimó la demanda porque la acción se ejercitó una vez extinguido el contrato de trabajo que le unía con la empresa periodística, y entiende el juzgador que «es constante la doctrina jurisprudencial que determina que el ejercicio de la acción va unido necesariamente a que la relación laboral esté viva y vigente, no sólo en el momento de la solicitud, sino también mientras dure el proceso hasta que recaiga sentencia, salvo supuestos de grave atentado a la integridad física del trabajador o vejaciones de tal entidad contra su dignidad personal que hagan necesaria la inmediata cesación de la actividad laboral». Por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reiteró los criterios anteriores.

Para la STC 225/2002, la «interpretación literal» que hacen del caso las dos Sentencias impugnadas «es un mero punto de partida». Dicho en otros términos, «la duda interpretativa respecto del procedimiento de ejercicio del derecho no puede desembocar en limitaciones que lo hagan impracticable, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección», y «no es sólo una cuestión procedimental o accesoria sino que afecta decisivamente al ejercicio del derecho».

El Tribunal Constitucional rechaza, además, la decisión de los anteriores órganos judiciales «justificándolo en una determinada jurisprudencia» (como si la del Tribunal Supremo fuera humo de pajas) y concluye que, «desde la perspectiva constitucional, en cambio, la única
realidad relevante, que debe encontrar acomodo y debida integración, radica en que no podía padecer el derecho fundamental del artículo 20.1.d) CE».

En consecuencia, la Sentencia concluye que «el periodista tiene derecho a preservar su independencia ante situaciones de mutación deológica desde el momento en que la considere realmente amenazada, evitando conflictos con la empresa de comunicación (que legítimamente puede alterar su línea ideológica) y riesgos de incumplimiento que, de permanecer en ella, pudieran darse y provocarle perjuicios por razón de su legítima discrepancia ideológica con la nueva tendencia editorial».

La idea y el loable objetivo que persigue la Sentencia en cuanto a la protección del derecho de los periodistas a la cláusula de conciencia es, sin duda, compartida por todos. Pero aún «desde la perspectiva constitucional» y, cabalmente, más aún desde ella, no puede minimizarse
el cumplimiento de otras normas que se amparan, precisamente, en la seguridad que otorgan los principios constitucionales y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Habría que traer aquí el recuerdo al maestro Savigny y sus clásicos modos de interpretación de la Ley (literal, histórica, lógica y sistemática) para no forzar la interpretación de la norma sometiéndola a la finalidad deseada, por noble que sea ésta, y prescindiendo de lo querido en la propia Ley. Si ésta no se adapta a lo deseado por el intérprete, provéase el cambio o modificación de la norma, pero no se viole la misma para acceder a la pretensión del juzgador, porque la seguridad jurídica queda en entredicho”.

También cabe señalar en cuanto a su regulación constitucional (artículo 20 CE), se debe reseñar que “especial incidencia cuenta la formulación de las libertades de expresión e información (párrafo 1, apartados a) y d), respectivamente), libertades no siempre fácilmente distinguibles, pero que es necesario matizar para hacer plenamente operativos los mandatos constitucionales; de esta forma, la libertad de expresión hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio de difusión ya sea de carácter general o más restringido  (pasquines…), aunque se garantice una especial protección en el primer caso. Por su parte, la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general, esto es la libertad de expresión conlleva un matiz subjetivo, mientras
que libertad de la información contiene un significado que pretende ser objetivo. Evidentemente expresión e información con frecuencia no se dan separados, sino, por el contrario, unidos puesto que con las noticias es frecuente intercalar opiniones propias del informador. De esta forma se considerará que nos enfrentamos a una manifestación de la libertad de expresión o, por el contrario, de la de información de acuerdo con el carácter predominante del mensaje (STC160/2003, 9/2007, 29/2009).

El precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles (SSTC, entre otras, 6/1988, de 21 de enero, 240/1992, de 21 de diciembre; 47/2002, de 25 de febrero; 75/2002, de 8 de abril), puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información.

Ambas libertades, expresión e información, podrán ser ejercidas por cualquier persona (STC 6/1981, de 16 de marzo), sin perjuicio de que, al menos la segunda, habitualmente sea ejercida por los profesionales de la información, lo cual conducirá a que éstos cuenten con garantías específicas como son la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional. Por otra
parte, el ejercicio de la libertad de expresión puede verse restringido o matizado para determinados colectivos como funcionarios o fuerzas armadas (SSTC 241/1999; de 20 de diciembre; 102/2001, de 23 de abril) o como consecuencia de una relación laboral (SSTC 186/1996, de 25 de noviembre; 90/1999, de 26 de mayo).

La cláusula de conciencia ha sido desarrollada por la L.O. 2/1997, de 19 de junio, de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, por la que se permite la rescisión del contrato laboral a esos profesionales cuando el medio de comunicación cambie
sustancialmente su línea ideológica u orientación informativa. Por otra parte admite la negativa motivada por parte de los profesionales de la información para ‘la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la información’ (art. 3). La finalidad de la ley es ‘garantizar la independencia’ en el ejercicio de sus funciones (art. 1). Quedan fuera del marco de protección otros trabajadores de empresas informativas (STC199/1999, de 18 de noviembre).

El secreto profesional de los profesionales de la información no se ha regulado aun, por lo cual se plantean dudas en torno a su alcance, lo que ha conducido, por ejemplo, a que no se considerara suficientemente contrastada una información de la que no se quiso revelar la fuente (STC 21/2000, de 31 de enero).

Por su parte, los afectados por el ejercicio de la libertad de información, tanto personas físicas como jurídicas, cuentan con el derecho de rectificación cuando consideren las informaciones difundidas inexactas y cuya divulgación pueda causarles perjuicios. Este derecho ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo, reguladora del derecho de rectificación, y según el Tribunal Constitucional en SSTC 35/1983, 6/1988 y 51/2007, se configura como un derecho de configuración legal, subjetivo e instrumental, que se agota con la rectificación de la información publicada. La rectificación debe ceñirse a hechos y el director deberá publicarla con
relevancia semejante a la que tuvo la información en el plazo de tres días siguientes a la recepción, salvo que la publicación o difusión tenga otra periodicidad, en cuyo caso se hará en el número siguiente. De no respetarse los plazos o no difundirse la rectificación el perjudicado podrá ejercitar al correspondiente acción ante el Juez.

Las libertades de expresión e información con frecuencia entran en colisión con los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen, que aparecen como límite expresamente reconocido en
el precepto constitucional. En caso de conflicto deberá llevarse a cabo la correspondiente ponderación de bienes, teniendo que analizar cada una de las circunstancias concurrentes, de forma tal que cada caso necesitará de un examen particularizado sin que quepa la aplicación
automática de reglas generales. No obstante, existen unas pautas, puestas de relieve en especial por la jurisprudencia, que será necesario tener presentes a la hora de analizar cualquier conflicto entre los derechos del artículo 18.1 y los del artículo 20: a) En ningún caso resultará admisible el insulto o las calificaciones claramente difamatorias (SSTC 204/2001, de 15 de octubre; 20/2002,
de 28 de enero; STC 181/2006; STC 9/2007); b) El cargo u ocupación de la persona afectada será un factor a analizar, teniendo en cuenta que los cargos públicos o las personas que por su profesión se ven expuestas al público tendrán que soportar un grado mayor de crítica o de
afectación a su intimidad que las personas que no cuenten con esa exposición al público (STC 101/2003, de 2 de junio); c) Las expresiones o informaciones habrán de contrastarse con los usos sociales, de forma tal que, por ejemplo, expresiones en el pasado consideradas injuriosas pueden haber perdido ese carácter o determinadas informaciones que antes pudieran haberse considerado atentatorias del honor o la intimidad ahora resultan inocuas; d) No se desvelarán innecesariamente aspectos de la vida privada o de la intimidad que no resulten relevantes para la información (STC 185/2002, de 14 de octubre; 127/2003, de 30 de junio). Sin embargo, más allá de estos aspectos de carácter subjetivo el Tribunal Constitucional ha destacado el carácter prevalente o preferente de la libertad de información por su capacidad para formar una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático (STC 21/2000, de 31 de enero; SSTC 9 y 235/2007). No obstante es necesario tener presente que esa prevalencia no juega de forma automática sino sólo en supuestos en los que no concurran otros factores, como pueda ser la presunción de inocencia (STC 219/1992, de 3 de diciembre), en los que la ponderación lleve a primar intimidad, honor o propia imagen sobre las libertades de expresión o, en particular, de información (STC, por sólo citar una, 158/2003, de 15 de septiembre).

De los derechos contenidos en los apartados a) y d) del art. 20.2 de la Constitución se plantea la cuestión de si además del derecho a difundir ideas o informaciones también surge un derecho a
crear medios de comunicación, el Tribunal Constitucional respondió afirmativamente en la Sentencia 12/1982, de 31 de marzo, en la que, no obstante, distinguía entre los medios
escritos entre los que la creación resulta libre a otros medios que necesitan de soportes técnicos para los que la decisión se deja en manos del legislador, el cual deberá valorar tanto las limitaciones técnicas como la incidencia en la formación de la opinión pública y, con respecto
a esta última cuestión, optar entre un monopolio público, sometido a las garantías que la propia Constitución impone (art. 20.3 CE) o el acceso de otras empresas en los términos que fijara el propio legislador.

La regulación de la radio y, en mayor medida, la televisión ha estado condicionada por su consideración de servicios públicos, sin embargo su régimen ha evolucionado a medida que lo hacían las condiciones técnicas de emisión y también de acuerdo con la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, el cual desde una postura de dejar en manos del legislador toda opción en ese terreno, al calificarla de ‘política’, fue matizando su postura inicial hasta
estimar después que la decisión del legislador no era totalmente libre sino que debía de permitir un acceso a esos medios a medida que fueran permitiéndolo las condiciones técnicas (STC 31/1994, de 31 de enero) y, por otra parte, señaló la diferente incidencia en la opinión pública y, en consecuencia, su consideración como ‘servicio público’ de los diferentes medios, descartándola en la televisión por satélite y, en lo que a programación se refiere, en la televisión por cable (SSTC 181/1990, de 15 de noviembre; 206/1990, de 17 de diciembre; 127/1994, de 5 de mayo), necesitando, pues, cada medio de una regulación diferenciada.

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