Derecho, Unión Europea

La naturaleza de la Unión Europea

En primer lugar, cabe señalar que “el ordenamiento jurídico que constituye la Unión Europea (UE) se ha convertido a día de hoy en parte integrante de nuestra realidad política y social. Cada año, con arreglo a los Tratados de la Unión, se adoptan miles de decisiones que influyen decisivamente en la realidad de los Estados miembros de la UE y de sus ciudadanos. El individuo ya no es tan solo parte de su localidad, su ciudad o su país, sino que es también ciudadano de la Unión. Por tanto, es fundamental que los ciudadanos de la Unión estén informados sobre un ordenamiento jurídico que influye también en su vida cotidiana. Sin embargo, la estructura de la UE y su ordenamiento jurídico son difíciles de comprender para los ciudadanos europeos. El problema tiene una doble vertiente: por un lado, los textos de los Tratados son a menudo poco claros, y su alcance es difícil de captar; por otro, numerosos conceptos utilizados para regular nuevas situaciones no les son en absoluto familiares a los ciudadanos. De ahí que a continuación se pretenda transmitir a los ciudadanos y ciudadanas interesados una primera aproximación a la construcción de la UE y a los pilares sobre los que descansa el ordenamiento jurídico europeo.

Hasta poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, el funcionamiento del Estado y la vida política se basaban casi exclusivamente en las constituciones y las legislaciones nacionales, las cuales fijaban en nuestros Estados democráticos las normas de comportamiento que debían observar tanto los ciudadanos y los partidos políticos como el mismo Estado y sus instituciones. Fue principalmente el total desmoronamiento de Europa, unido a la decadencia económica y política del viejo continente, lo que creó las condiciones para un nuevo comienzo y dio un renovado impulso a la idea de un nuevo ordenamiento europeo.

En su conjunto, los esfuerzos de integración europeos de la posguerra componen un cuadro confuso, formado por organizaciones complicadas y escasamente transparentes. Así coexisten, carentes de vínculos reales entre sí, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el Consejo de Europa y la Unión Europea (UE).

Esta diversidad de organizaciones europeas solamente adquiere forma si se tienen en cuenta los objetivos concretos subyacentes, que se clasifican en tres grandes grupos.

Primer grupo: las organizaciones euroatlánticas

Las organizaciones euroatlánticas surgieron de la alianza entre los Estados Unidos de América y Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Así, no es casualidad que la primera organización europea de la posguerra, la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), fundada en el año 1948, se remonte a una iniciativa de los Estados Unidos. Su ministro de Asuntos Exteriores de la época, George Marshall, llamó en 1947 a los Estados de Europa a unificar sus esfuerzos de reconstrucción económica. Para ello, prometió el apoyo de los Estados Unidos, que se concretó en el Plan Marshall y constituyó el fundamento de la rápida reconstrucción de Europa Occidental. El principal objetivo de la OECE consistió primero en la liberalización del comercio interestatal. Como objetivo complementario, en 1960, año del ingreso de los Estados Unidos y Canadá, se estableció el fomento a la economía del tercer mundo a través de la ayuda al desarrollo. La OECE se convirtió en la OCDE, que actualmente cuenta con 35 miembros.

Tras la OECE, en 1949 se creó la OTAN, un pacto militar con los Estados Unidos y Canadá. La OTAN tiene como meta la defensa y el apoyo colectivos. Se diseñó como parte de un cinturón de seguridad global para mitigar la influencia soviética y, tras la caída del telón de acero en 1989 y de la subsiguiente desmembración de la Unión Soviética, se ha ido transformando cada vez más en una organización orientada a la gestión de crisis y el fomento de la estabilidad. La OTAN tiene veintiocho Estados miembros, entre los que se incluyen veintidós Estados miembros de la UE (no pertenecen a la OTAN: Austria, Suecia, Finlandia, Irlanda, Malta ni Chipre), así como los Estados Unidos, Canadá, Turquía, Noruega, Islandia y Albania. Para reforzar la cooperación en materia de política de seguridad entre los Estados europeos, en 1954 se fundó la Unión Europea Occidental (UEO). La UEO marcó el comienzo del desarrollo en Europa de una política de seguridad y defensa. No obstante, no se amplió su papel porque la mayor parte de sus competencias se encomendó a otras instituciones internacionales, especialmente la OTAN, el Consejo de Europa y la UE. En consecuencia, la UEO se disolvió el 30 de junio de 2011.

Segundo grupo: El Consejo de Europa y la OSCE

El segundo grupo de organizaciones europeas se caracteriza por el hecho de que su estructura permite la participación del mayor número posible de Estados. Para ello se aceptó de forma deliberada que estas organizaciones no fueran más allá de la tradicional cooperación interestatal.

A este grupo pertenece el Consejo de Europa, la organización política fundada el 5 de mayo de 1949, que hoy cuenta con 47 Estados miembros, entre los que se incluyen todos los Estados miembros actuales de la UE. En el Estatuto del Consejo de Europa no se menciona la intención de formar una federación o unión, ni se prevé la transferencia o fusión de partes de la soberanía nacional. En todas las cuestiones fundamentales, el Consejo de Europa adopta sus decisiones con arreglo al principio de la unanimidad. Según dicho principio, cada Estado puede vetar la adopción de resoluciones. De esta forma, el Consejo de Europa es, por su propia estructura, un órgano de cooperación internacional.

En el marco del Consejo de Europa se han adoptado numerosos convenios en materia de economía, cultura, política social y Derecho. El más importante y también más conocido es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (Convenio Europeo de Derechos Humanos o CEDH), al que se han adherido hasta la fecha los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Con este Convenio no solo se estableció un criterio mínimo, de gran importancia práctica, para la protección de los derechos humanos en los Estados signatarios, sino también un sistema de tutela judicial a cuyo amparo se puedan condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas en los Estados miembros a través de los órganos establecidos en Estrasburgo en virtud del Convenio: la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A este grupo pertenece igualmente la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), fundada en 1994 y precedida de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. La OSCE, actualmente integrada por 57 países, persigue los principios y objetivos establecidos en el Acta de Helsinki de 1975 y en la Carta de París de 1990, que incluyen, aparte del fomento de medidas que generen confianza entre los Estados europeos, la creación de una «red de seguridad» que permita la resolución de conflictos por medios pacíficos.

Tercer grupo: Unión Europea

El tercer grupo de organizaciones europeas está formado por la Unión Europea. La novedad de la UE respecto a las asociaciones de Estados tradicionales radica en que los Estados miembros renuncian a parte de su soberanía a favor de la UE, a la que han dotado de competencias propias, independientes de los Estados miembros. En el ejercicio de sus competencias, la UE está facultada para adoptar actos jurídicos que, por sus efectos, son equivalentes a los actos de soberanía de los Estados miembros.

La primera piedra para la creación de la Unión Europea la puso el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, con ocasión de su Declaración de 9 de mayo de 1950, en la que expuso el plan que había elaborado junto con Jean Monnet, destinado a la unificación de la industria europea del carbón y del acero. Con ello se pretendía poner en marcha, en cierto modo, una iniciativa histórica en favor de una «Europa organizada y viva», «indispensable para la civilización» y sin la cual «no puede salvaguardarse la paz en el mundo».

El Plan Schuman se hizo realidad con la conclusión del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), el 18 de abril de 1951 (Tratado de París), y su entrada en vigor el 23 de julio de 1952, con seis Estados fundadores (Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos). Esta Comunidad se estableció por un período limitado de cincuenta años y se «integró» en la Comunidad Europea el 23 de julio de 2002 al expirar su Tratado constitutivo. Como complemento a este Tratado, unos años más tarde los mismos países creaban, mediante los Tratados de Roma, de 25 de marzo de 1957, la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom), que iniciaron sus actividades con la entrada en vigor de los Tratados el 1 de enero de 1958.

La fundación de la Unión Europea por medio del Tratado de Maastricht inauguró una nueva etapa en el camino hacia la integración política de Europa. Este Tratado, que fue firmado el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, pero que no entró en vigor hasta el 1 de noviembre de 1993 debido a algunos obstáculos en el procedimiento de ratificación (aprobación del pueblo danés en un segundo referéndum, recurso de inconstitucionalidad en Alemania por la ratificación parlamentaria del Tratado), se autodefine como «una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa». Contiene el acto fundacional de la Unión Europea, aunque sin llegar a su completo desarrollo. La Unión Europea no vino a sustituir las Comunidades Europeas, sino que las combinó con nuevas políticas y formas de cooperación bajo una rúbrica común. Metafóricamente hablando, aquello condujo al establecimiento de los tres pilares sobre los que se asentó la Unión Europea. El primer pilar lo constituían las Comunidades Europeas: CEE (que pasó a llamarse CE), CECA (hasta 2002) y CEEA. El segundo pilar consistía en la cooperación de los Estados miembros en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. El tercer pilar se refería a la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior.

La primera evolución de la UE se materializó con el Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Niza, que entraron en vigor el 1 de mayo de 1999 y el 1 de febrero de 2003, respectivamente. El objetivo de estas reformas era conservar la capacidad de actuación de la UE con vistas a una ampliación que incorporaría a muchos nuevos Estados miembros. Por consiguiente, ambos Tratados implicaron, en primer lugar, reformas institucionales, si bien en comparación con reformas anteriores no destacó la voluntad política de profundización en la integración europea.

Las críticas que ello suscitó impulsaron un debate sobre el futuro de la UE y su configuración institucional que desembocó en la Declaración sobre el futuro de la Unión Europea, aprobada por los jefes de Estado o de Gobierno el 15 de diciembre de 2001 en la ciudad belga de Laeken. En dicha Declaración, la UE se comprometió a ser más democrática, transparente y eficaz, y a abrir el camino a una Constitución. Como primer paso para la puesta en práctica de estos objetivos, se encomendó a la llamada «Convención sobre el futuro de Europa», presidida por el antiguo presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, la elaboración de una Constitución Europea. El proyecto del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, elaborado por la Convención, se entregó oficialmente al presidente del Consejo Europeo el 18 de julio de 2003, y los jefes de Estado o de Gobierno lo adoptaron con algunas modificaciones los días 17 y 18 de julio de 2004 en Bruselas.

Esta Constitución tenía como objetivo aglutinar la Unión Europea y la Comunidad Europea en su forma anterior en una nueva y única Unión Europea que debía basarse en un tratado constitucional único. Solo la Comunidad Europea de la Energía Atómica mantendría su estatus de comunidad independiente sin dejar por ello de estar estrechamente engranada a la nueva Unión Europea. Sin embargo, el enfoque constitucional descrito fracasó en el proceso de ratificación por parte de los Estados miembros. Tras un comienzo positivo con la ratificación de trece de los aún veinticinco Estados miembros de aquel entonces, el Tratado Constitucional de la Unión Europea fue rechazado mediante sendos referendos en Francia (un 54,68 % de votos en contra con una participación del 69,34 %) y en los Países Bajos (un 61,7 % de votos en contra con una participación del 63 %).

Tras un período de reflexión de casi dos años, hubo que esperar hasta la primera mitad del año 2007 para lograr poner en marcha un nuevo paquete de reformas. Este paquete de reformas supone el abandono formal del enfoque de la Constitución Europea que preveía la derogación de todos los Tratados vigentes y su sustitución por un texto único denominado «Tratado por el que se establece una Constitución para Europa». En su lugar, se elaboró un Tratado de Reforma, siguiendo fielmente la tradición de los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza, que introduce en los Tratados vigentes de la UE modificaciones básicas para potenciar la capacidad de actuación de la UE en el interior y en el exterior, reforzar la legitimación democrática y, en general, mejorar la eficacia de la actuación de la UE. Siguiendo asimismo la buena tradición europea, dicho Tratado de Reforma fue bautizado Tratado de Lisboa en alusión al lugar en que se firmó. La elaboración del Tratado de Lisboa se llevó a cabo con suma rapidez. Este hecho se debe, en particular, a que en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas los días 21 y 22 de junio de 2007 los propios jefes de Estado o de Gobierno establecieron en detalle en las conclusiones del mismo en qué forma y en qué medida se debían incorporar a los Tratados vigentes las modificaciones acordadas para el Tratado Constitucional. En este caso, procedieron de forma totalmente atípica y no se limitaron, como solía ser habitual, a formular pautas generales que posteriormente debían ser puestas en práctica por una conferencia intergubernamental, sino que elaboraron ellos mismos la estructura y el contenido de los cambios previstos, especificando con frecuencia incluso la redacción precisa de una norma concreta.

Cabe citar, en particular, entre los puntos más conflictivos, la delimitación de las competencias de la UE y de los Estados miembros, el desarrollo de la política exterior y de seguridad común, el nuevo papel de los parlamentos nacionales en el proceso de integración, y la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales al Derecho de la Unión, así como posibles avances en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal. Por consiguiente, la Conferencia Intergubernamental convocada en 2007 disponía de un margen de maniobra limitado y solo estaba facultada para poner en práctica los aspectos técnicos de las modificaciones deseadas. De este modo, los trabajos de la Conferencia Intergubernamental se pudieron dar por concluidos los días 18 y 19 de octubre de 2007, y fueron aprobados en esa misma fecha en la reunión informal del Consejo Europeo celebrada en Lisboa.

Finalmente, el Tratado fue firmado el 13 de diciembre de 2007 por los jefes de Estado o de Gobierno de los aún veintisiete Estados miembros de la UE de aquel entonces (Croacia no ingresó en la UE hasta 2013) en Lisboa. No obstante, incluso en el caso de este Tratado, el procedimiento de ratificación resultó sumamente complicado. Si bien el Tratado de Lisboa, a diferencia del Tratado Constitucional de la Unión Europea, superó el reto de la ratificación en Francia y en los Países Bajos, al principio la ratificación fracasó en un primer referéndum celebrado en Irlanda el 12 de junio de 2008 (un 53,4 % de votos en contra con una participación del 53,1 %). Solo después de la provisión de varias garantías jurídicamente vinculantes sobre el alcance (limitado) del nuevo Tratado, en octubre de 2009 el Tratado de Lisboa se sometió a consulta popular en el marco de un segundo referéndum. En esta ocasión, el Tratado fue aprobado por una amplia mayoría del pueblo irlandés (un 67,1 % de votos a favor con una participación del 59 %). Además, el resultado positivo del referéndum en Irlanda allanó el camino hacia la ratificación del Tratado de Lisboa en Polonia y Chequia, dado que en Polonia el presidente Kaczyński había supeditado la firma del acta de ratificación a la aprobación del Tratado en el referéndum irlandés. También el presidente checo, Václav Klaus, manifestó su intención de esperar a conocer el resultado del referéndum irlandés y, finalmente, condicionó la firma del acta de ratificación, además, a la garantía de que el Tratado de Lisboa —en particular la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales al Tratado de la Unión Europea— no afectara en absoluto a los denominados «decretos Beneš» del año 1945, que excluían las reivindicaciones territoriales sobre antiguos territorios alemanes en Chequia. Tras hallarse una solución incluso para esta exigencia, el presidente checo firmó el acta de ratificación el 3 de noviembre de 2009. Así, se logró concluir con éxito el procedimiento de ratificación, de modo que el Tratado de Lisboa pudo entrar en vigor el 1 de diciembre de 2009″.

A continuación cabe señalar que “el papel del Estado-nación en la Unión Europea es objeto de contestación desde hace tiempo. Muchos han señalado que la creación de un bloque económico transnacional implica que ahora los Estados-nación desempeñan un papel insignificante en la organización de la economía. Sin embargo, este análisis pasa por alto el verdadero fundamento de la Unión Europea, que es tanto nacional como supranacional. En efecto, la UE se concibió para establecer un bloque capitalista transnacional capaz de competir en el mercado mundial. La adopción del euro fue un paso más en esta dirección. No obstante, fueron los Estados-nación –en competencia económica entre ellos– los que crearon este bloque. Por consiguiente, no basta con fijarse únicamente en la transnacionalización del capital, sino que hemos de comprender también el papel que desempeñan los capitales nacionales.

La integración europea generó una dinámica centro-periferia en que los países centrales devalúan la mano de obra para producir y exportar mercancías baratas a los mercados periféricos, cuyas economías están basadas en la importación y en productos no comercializables. El llamado “milagro alemán” redujo los salarios y precarizó las relaciones laborales, permitiendo por un lado que más personas trabajen por menos y, por otro, que produzcan bienes más baratos para dominar el mercado. Los países periféricos, en cambio, han desmantelado los sectores productivos de su economía a cambio de un acceso fácil al crédito.

La moneda común no ha hecho más que acentuar estas desigualdades. Cuando Alemania devaluó el marco alemán con la introducción del euro, infravaloró efectivamente la nueva moneda en Alemania, mientras que la sobrevaloró en países como Italia o Grecia. El complejo proceso monetario consolidó la posición central de Alemania. Además, la creación del Banco Central Europeo –que impide que las economías nacionales más débiles devalúen su moneda en respuesta a las crisis económicas– no ha hecho más que reforzar la dependencia de las economías periféricas con respecto a los países centrales.

Este análisis no niega que la Unión Europea haya permitido a todas las burguesías nacionales sacar provecho del proceso de integración de diversas maneras. Ahora bien, asumir que la Unión Europea es exclusivamente un fenómeno transnacional olvida el papel central que desempeñaron los propios Estados en su estructuración. Los procesos de globalización no se produjeron al margen de los Estados; al contrario, fueron obra de estos y son ellos los principales responsables de su reorganización. Leo Panitch califica esto de “internacionalización del Estado”. Los Estados siguen funcionando como las formas de organización del capital y del mercado, ya que facilitan la producción, distribución, comunicación e intercambio entre bancos y empresas.

Esto es especialmente cierto tras la crisis de 2008. Las políticas centrales de austeridad han dado pie a programas nacionales masivamente intervencionistas, no en el sentido de desmercantilizar el capital, como ocurrió durante varias décadas a través de las estructuras del Estado social y la regulación del mercado de trabajo, sino justamente porque los Estados han desregulado por la fuerza el mercado de trabajo, destruido los programas sociales y, sobre todo, absorbido la deuda privada convirtiéndola en pública, como en el caso de los rescates bancarios. En este sentido, los Estados implementan los intereses del capital imperialista en el plano nacional. Por supuesto, el proceso nunca es unidireccional: los Estados están sujetos a las políticas internacionales que ellos mismos crean.

Es más, diferentes formas de Estado-nación comparten una característica común: cada uno ajusta sus políticas económicas en función de la dinámica de la economía mundial. El desarrollo desigual –una característica ancestral del capitalismo– permite mantener la competencia internacional, contrariamente a algunas teorías de la globalización. James Meadway propone otra razón de la importancia del Estado en la organización de la economía global. Aduce que es posible que la globalización haya llegado a su cénit y que pronto el capital volverá a casa. Los Estados-nación ya intervienen en esta reorganización. En cualquier caso, está claro que no existe ninguna contradicción evidente entre el proceso de reorganización del capital global y el del Estado-nación.

¿Y la democracia?

No solo sigue el mundo estando formado por Estados, no solo estos configuran la economía global, sino que en lo que respecta a toda democracia –incluso en sus formas insuficientes– que persiste en relación con el poder capitalista, esta reside en estructuras políticas nacionales y subnacionales. La autonomía relativa del Estado frente al capital crea un espacio en que puede tener lugar la confrontación política con resultados progresistas. Este espacio no existe en el nivel supranacional: las estructuras de la Unión Europea están, desde el comienzo, vacías de democracia.

El Parlamento Europeo, a pesar de ser elegido en circunscripciones nacionales, solo responde a las estructuras superiores. Del Parlamento Europeo no emana más que la necesidad de llegar a un consenso en el nivel de la Comisión o del Consejo. En este sentido, cualquier forma de responsabilidad en el nivel europeo solo funciona hacia arriba. Del mismo modo, el euro se concibió deliberadamente para ser inmune a las presiones electorales. Por ejemplo, la prohibición de devaluar la moneda en función de las necesidades de los países miembros en momentos determinados aísla la política monetaria del público votante.

En este sentido, los únicos restos de responsabilidad estructuralmente democrática existen exclusivamente en el plano del Estado-nación. No solo sigue estando el mundo compuesto por Estados y estos desempeñan un papel central en la configuración de la economía global, sino que en la medida en que existe alguna democracia (aunque insuficiente) frente al poder de los capitalistas, esta reside en las estructuras políticas que solo se dan en el nivel nacional y subnacional.

La manera en que Varoufakis formula la democracia –como un concepto separado de las políticas y programas realmente existentes– la convierte en una expresión vacía. Si hablamos de democracia al margen de los cambios sociales concretos y materiales, es fácil que pueda ser cooptada por la extrema derecha. A modo de ejemplo concreto, no podemos decir que el referéndum del brexit fuera “no democrático” porque estuviera manchado de tintes xenófobos y de derechas. Lo que sí podemos decir –lo cual es una manera más correcta y útil para encuadrar el problema de la democracia– es que la democracia no se refiere únicamente a cómo organizamos la participación política.

La democracia crea las condiciones materiales para la igualdad y la participación y tiene que ver con la educación, la salud, la vivienda, el control de la economía, la igualdad y la capacidad de decidir las condiciones que determinan nuestras vidas: las necesidades reales en que se basan la participación y la toma de decisiones. Y en este sentido, para rescatar los restos de democracia allí donde las estructuras todavía la reflejan, necesitamos las luchas en el plano subnacional y nacional. Incluso el programa de DiEM tiene en cuenta este hecho básico. Los gobiernos elegidos y progresistas que llama a oponerse y finalmente desobedecer los dictados europeos han de conseguir primero el poder en el plano nacional, donde todavía existe espacio para la política.

Ahí es donde reside la cuestión de la prioridad. Cuando Varoufakis señala que hay que abordar simultáneamente todos los niveles –subnacional, nacional y supranacional–, niega el hecho material de que el cambio y la transformación social no se producen igualmente en todos los sitios al mismo tiempo. Esto no se debe a que no sea deseable, sino al posicionamiento concreto de cada país dentro del orden mundial. La Unión Europea no promueve la unidad entre los oprimidos, sino únicamente entre quienes organizan esta opresión.

Diferentes Estados ocupan distintas posiciones dentro de la Unión Europea y tienen tradiciones culturales y políticas diversas. Estos hechos concretos determinan cómo sus ciudadanos pueden aplicar políticas transformadoras. A resultas de ello, la izquierda conocerá desarrollos desiguales y a veces contradictorios en cualquier movimiento progresista. Las posiciones articuladas dentro de cada correlación de fuerzas particular –y los diferentes límites y condicionamientos que experimenta cada una– determinarán cómo podemos maniobrar y coordinar la estrategia más ampliamente.

Esto no quiere decir que el nivel supranacional deba permanecer intacto u olvidado. El internacionalismo fundamenta las tradiciones de izquierda más sólidas y yo no sostengo que pueda haber soluciones exclusivamente nacionales a la crisis. De lo que se trata es de saber qué espacios puede recuperar una política progresista a fin de acumular fuerzas y construir mayorías sociales y permitir una acción política dentro de los condicionamientos que impone cada emplazamiento particular. Esto comienza en el plano nacional.

Desobediencia

La desobediencia es un concepto central en el discurso de Varoufakis. En general estoy de acuerdo con su propuesta, pero discrepo de cómo la formula. Al igual que la cuestión de la democracia, es preciso politizar la desobediencia. Para volver al mismo ejemplo, podríamos decir que las fuerzas nacionalistas británicas desobedecieron las órdenes de la mayoría de élites económicas y políticas cuando hicieron campaña por el brexit, pero ¿qué nos ha deparado esto desde el punto de vista del avance de una política de izquierda?

La desobediencia debe estar vinculada a una comprensión concreta de sus consecuencias, sus resultados, sus dificultades y sus objetivos últimos. No puede ser un espectáculo individual realizado por representantes electos que “dicen no” ni tampoco un instrumento puramente retórico. Una estrategia de desobediencia debe basarse en principios e ideas políticas y requiere el apoyo de una mayoría dispuesta a afrontar cualquier resultado que comporte.

Sabemos que la Unión Europea es todo menos una estructura democrática: impone políticas y medidas antidemocráticas (con la función fundamental que desempeñan los Estados en este proceso, como hemos visto antes) a gobiernos elegidos democráticamente. Para acabar con la austeridad a largo plazo –mediante la reestructuración de la deuda pública, el impago de sus partes ilegítimas, la instauración del control público del sistema bancario, la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, el cobro de impuestos a los ricos, etc.–, lo más probable es que tengan que desobedecer las leyes de la UE. Tales medidas son actualmente ilegales en el marco de la Unión Europea, de sus acuerdos presupuestarios y del euro.

Esta estrategia, en contraste con la deVaroufakis, dota a la desobediencia de un contenido político claro, que a su vez debe obtener el apoyo de la mayoría. Cuando propongamos programas políticos definidos, no encontraremos aliados en los grupos políticos que han conformado la Unión Europeani en los que despliegan una retórica xenófoba para apuntalar su poder. La desobediencia requiere una política específica si debe servir al avance de la posición de las clases populares.

Unidad sin fronteras

Varoufakis nos recuerda el internacionalismo de Marx y Engels en su Manifiesto Comunista cuando escriben “proletarios del mundo, uníos”. Yo entiendo que su internacionalismo no niega el posicionamiento concreto a que se enfrenta cada clase obrera. Marx y Engels eran conscientes, en realidad, de la importancia de los Estados-nación y de que la estructura del Estado-nación no se puede soslayar en el proceso de lucha de clases, porque los Estados a su vez son indispensables en la organización de los procesos de acumulación de capital.

Esto guarda relación con lo que dice Varoufakis sobre los defensores del lexit. Aún más significativamente, nuestra estrategia depende en gran medida de si partimos de una Europa sin fronteras, en la que los trabajadores ejercen la libre circulación o de la Europa de comienzos de la década de 1950, donde los Estados-nación controlaban las fronteras y las utilizaban para crear una nueva categoría de proletarios llamada gastarbeiter. Este último aspecto ilustra el peligro del lexit. Dado que la Unión Europea ha establecido la libre circulación, el lexit implica la aceptación, por no decir el apoyo efectivo, del restablecimiento de los controles fronterizos, con sus alambradas de espino y sus guardias armados.

Pero los trabajadores no ejercen la libre circulación, como si la realidad de la migración dentro de la Unión Europea no viniera determinada por la búsqueda de mejores salarios y condiciones de vida. En un bloque transnacional compuesto de Estados-nación que compiten con salarios diferenciados, distintos sistemas fiscales y estructuras sociales dispares, los trabajadores de distintos países no se desplazan porque sí, sino, al igual que la mayoría de migrantes de todo el mundo, porque buscan mejores condiciones de vida.

Más concretamente, como muestran las cifras de la migración intracomunitaria, los trabajadores de los países periféricos suelen migrar para trabajar en sectores mal pagados y precarios de los países centrales. Esta tendencia se ha intensificado desde la crisis de 2008. Aparte de esto, es la Unión Europea como tal la que ha tendido las alambradas de espino y desplegado los guardias armados, para defender la “fortaleza” frente a cualquier persona que no sea ciudadana europea. Europa ha construido esta fortaleza dejando a la humanidad en la estacada y convirtiendo sus fronteras en fosas comunes.

Pero esto tampoco es un fenómeno nuevo. En realidad, es una expresión de una de las contradicciones del capitalismo: el proceso de acumulación de capital necesita la movilidad de la mano de obra. Cuando estas barreras se mantienen, la fuerza de la expansión del capital trata de superarlas. Sin embargo, hay obstáculos que persisten y esto refleja las posiciones contradictorias dentro de la clase capitalista, basadas en el conflicto entre la exigencia económica de la plena movilidad a largo plazo y la necesidad de mantener la estratificación entre los trabajadores, así como la necesidad de mantener la hegemonía política e ideológica sobre una clase obrera dividida a corto plazo. Y estos procesos de competencia en el seno de una clase obrera dividida ocurren de un modo similar dentro de la Unión Europea.

Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos concretar en la práctica la consigna de Marx y Engels? No puede significar que la clase obrera vaya a unirse por mor de su mero discurso, negando las condiciones sociales y económicas concretas en que se halla inmersa. Tampoco implica que los trabajadores vayan a participar en campañas o movimientos que no tengan objetivos claros. Lo que supone que espolear la lucha de clases allí donde sea posible impulsa la lucha de clases globalmente. También significa que una transformación profunda solo será posible si cambia el mundo entero. Finalmente, significa que, si bien la solidaridad es un factor crucial de la lucha de clases, no podemos pasar por alto los avances y retrocesos que comportará un proceso tan complejo.

Por ejemplo, las expectativas de un gobierno antiausteritario de Syriza propagó el temor en la clase dominante y esperanza en las clases populares. El crecimiento de otros partidos de izquierda en la estela de Syriza refleja precisamente el efecto dominó que inspira a trabajadores de otros lugares. Del mismo modo, si los trabajadores de Alemania acaban efectivamente con la contención salarial, esto acabaría reestructurando a fondo la dinámica de la Unión Europea.

El brexity la extrema derecha

El brexit también pone de manifiesto la contradicción entre movilidad y nacionalismo. La incapacidad de la izquierda para ocupar un espacio político en los prolegómenos del referéndum y su negativa a emprender un análisis complejo de los resultados ilustra las posibilidades y peligros que comporta la oposición a la pertenencia a la Unión Europea. El resultado del brexit –y la apropiación del mismo por la derecha nacionalista– se deriva de dos hechos fundamentales.

En primer lugar, los votantes reaccionaron contra el desempoderamiento causado por la Unión Europea. Oponiéndose a la idea de que una entidad supranacional no democrática decida sobre la vida de la gente, muchos votaron por la salida con el planteamiento correcto de que la recuperación del poder de decisión por el nivel nacional permitirá un mayor control por parte de la ciudadanía. En segundo lugar, la izquierda no supo dar respuestas creíbles al desempleo, la pobreza y al desmantelamiento del Estado social, mientras que la derecha cooptó efectivamente estos agravios y propuso un análisis simplista y falso: son los migrantes quienes producen las dificultades a que se enfrenta la clase obrera nacional.

Hemos de subrayar este hecho: el crecimiento de la extrema derecha no es fruto de la nada, sino que se debe al hiperneoliberalismo impuesto por el gobierno nacional al amparo de la Unión Europea. La extrema derecha utiliza un esquema falso para responder a la crisis real y grave de la clase obrera actual. Además, hemos de recordar que el racismo y la xenofobia no pertenecen exclusivamente a la política de derechas: son partes estructurales del capitalismo. Basta con que observemos cómo ha abordado la Unión Europea la cuestión de los refugiados para saber qué significa esto.

En este sentido, la idea de que el desmantelamiento de la UE acelerará el crecimiento imparable de la extrema derecha –o incluso del fascismo– olvida que la lucha y el cambio siempre vienen determinados por las ideas que en un momento dado conquistan la opinión de la mayoría. No está garantizado que en un contexto de desaparición de la Unión Europea la extrema derecha vaya a llevarse la palma. Al mismo tiempo, esta respuesta alarmista contribuye aún más a suplantar las soluciones de izquierda a los problemas reales que ha causado la pertenencia a la UE a todas las personas del continente.

La estrategia de la izquierda

El resultado del brexit ha dado pie a la idea ahora hegemónica de que abandonar la Unión Europea solo interesa a la extrema derecha. Debido a esto, la izquierda necesita abordar con cuidado cualquier referéndum, especialmente aquellos que plantean la salida de la Unión Europea como estrategia central y un fin en sí mismo. Esta idea no solo ha acabado asociándose a la derecha –tal vez con la excepción de los países del sur de Europa–, sino que la salida también genera temor e incertidumbre en una parte amplia del electorado. Sin embargo, estas preocupaciones no pueden llevar a la izquierda a dejar de lado su crítica a la Unión Europea ni a pretender que el cambio, o siquiera el desmantelamiento, del proyecto de la UE no es un proceso que ya está realmente en marcha.

Las medidas que revierten la austeridad a largo plazo –como he dicho antes: restructurando y rechazando deuda, nacionalizando los sectores financiero y estratégicos, aplicando impuestos a los ricos– no pueden aplicarse dentro de las estructuras existentes de la Unión Europea y del euro. La defensa de estas medidas, incluso desobedeciendo a las clases dominantes de la UE, es la única vía posible. Esto politiza términos por lo demás vacíos como democracia y desobediencia. Además, puesto que estas políticas no solo son posibles, sino también populares en muchos sitios, esta estrategia arrebata terreno de crecimiento a la extrema derecha. Dando las únicas respuestas capaces de cambiar a mejor la vida de la gente, la izquierda podrá construir el amplio apoyo que necesita para oponerse a las formas supranacionales de explotación y opresión.

En este sentido, la soberanía puede ser un instrumento para rescatar lo que queda de democracia y crear el espacio necesario para aplicar políticas que mejoren las condiciones de los trabajadores. Esto no niega la necesidad de una coordinación política internacional ni la dificultad de la tarea que afrontamos. No obstante, la historia reciente ha demostrado que esta labor ya se está llevando a cabo. Esfuerzos como Blockup y, Pueblos Unidos contra la Troika, la huelga general multinacional de noviembre de 2012, los movimientos de solidaridad con el pueblo griego, las campañas internacionales contra el TTIP y el CETA y la lucha contra Monsanto han sido ejemplos importantes de trabajo y coordinación internacionales que han generado experiencias supranacionales de democracia desde abajo y fomentado la solidaridad internacional.

Necesitamos organizaciones que permitan crear experiencias de autogestión en el nivel subnacional, partidos y movimientos políticos que luchen contra la austeridad y el capitalismo en el nivel nacional, y movimientos en el nivel supranacional que surjan de los encuentros entre todos estos sujetos políticos.

Las cuestiones a que se enfrenta la izquierda hoy en día no son fáciles de resolver, pero para ganar mayorías sociales necesitamos abordar los problemas concretos que plantean distintos contextos. La necesaria solución a la crisis europea no vendrá de instrumentos puramente retóricos como “democracia” o “desobediencia”, ni del olvido de la importancia todavía central del Estado-nación como la estructura que organiza el capital, pero también lo que queda de participación democrática”.

Para entender mejor toda esta naturaleza y la integración de todos los países que forman hoy el Brexit, cabe señalar que “

El art. 1 del Tratado de la Unión establece: “Por el presente Tratado, las Altas Partes Contratantes constituyen entre sí una Unión Europea, en lo sucesivo denominado Unión”. Más adelante, el mismo artículo dirá que la Unión: “tiene su fundamento en las Comunidades Europeas completadas con las políticas y formas de cooperación establecidas en el presente Tratado”. Este mismo artículo establece que la misión de la Unión es la de: “organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos” y que “El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de la Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos”. El art. 2 del TUE, que establece los objetivos de la Unión, poco aporta a la indagación de la naturaleza jurídica de ésta.

Por otra parte, el Tratado de la Unión Europea, al margen de las reformas que introdujo en los Tratados de las Comunidades Europeas, regula el Consejo Europeo y consagra los principios fundamentales en que se basa la Unión. El Consejo Europeo, esto es, la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno y del presidente de la Comisión Europea, no fue un órgano en el origen de las Comunidades y no es ahora, tampoco, un órgano necesario para el funcionamiento de las Comunidades, a salvo de las políticas económicas y de empleo.

Las referencias a la Unión Europea en los Tratados Comunitarios, tras la reforma del Tratado de Amsterdam, son escasas. La primera de las menciones a la Unión se produce con la creación de la ciudadanía de la Unión, lo cual tiene una enorme trascendencia, pero en este caso se utiliza a la Unión como referente política-geográfico. Unión, a estos efectos, es el conjunto de Estados miembros, y ciudadano de la Unión es igual a nacional de un país miembro. De modo que los ciudadanos de la Unión son los nacionales de los países miembros, y por ello tienen derecho y obligaciones.

La dificultad de caracterizar a la Unión Europea no es sino fruto de su gestación y posterior proceso constructivo y principalmente de su carácter abierto. No obstante, la Unión Europea podría comprenderse en tres sentidos:

  1. Por una parte, como denominación que englobaría el conjunto de Instituciones, órganos y organismos y del derecho que se deriva de los Tratados de la Unión Europea y de las Comunidades Europeas.
  2. Por otra parte, la Unión Europea sería una supraorganización política que englobaría al conjunto de las Comunidades Europeas y las propias políticas contenidas en el TUE, para lo que utilizaría un sistema institucional único, esto es, el marco institucional de las Comunidades al que añadiría el Consejo Europeo, órgano, o si se prefiere Institución, de dirección política de la Unión y las Comunidades a las que daría “los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones políticas generales”.
  3. Finalmente, la Unión Europea podría comprenderse, referida tan solo al Tratado de la Unión, como una organización singular de marcado carácter intergubernamental, que ejercería las competencias que se derivan de la política exterior y de seguridad común y de la cooperación policial y judicial en materia penal.

Resulta evidente que las deficiencias que se deducen de los Tratados de la Unión y de las Comunidades Europeas para configurar la naturaleza de la UE son, en parte, el fruto de haber quedado el Tratado de la Unión a mitad de camino en el cumplimiento de su objetivo de crear una persona jurídica que sustituyera, y sucediera, a las múltiples personas jurídicas de derecho internacional que existían antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Así, dotar a la UE de personalidad jurídica suponía un paso demasiado claro hacia la unidad política, que debía impedirse. Sin embargo, puede decirse, que la atribución de personalidad jurídica a la Unión no hubiera producido una alteración sustancial en la naturaleza de la misma. El Tratado de Lisboa reconoce la personalidad jurídica de la UE de modo explícito en el art. 47 del TUE reformado, y de modo implícito, en el art. 335 del TFUE. Pero no por ello se han expulsado de la UE los rasgos intergubernamentales que la distinguen desde que comenzara la construcción europea, en 1951, con la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero”.

Por lo tanto, cabe señalar que la integración eueopea para conseguir una estabilidad el contexto europeo era necesario por las dos grandes guerras que acaban de ocurrir en la primera mitad del siglo XX.

Así, cabe destacar que “

El art. 1 del Tratado de la Unión establece: “Por el presente Tratado, las Altas Partes Contratantes constituyen entre sí una Unión Europea, en lo sucesivo denominado Unión”. Más adelante, el mismo artículo dirá que la Unión: “tiene su fundamento en las Comunidades Europeas completadas con las políticas y formas de cooperación establecidas en el presente Tratado”. Este mismo artículo establece que la misión de la Unión es la de: “organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos” y que “El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de la Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos”. El art. 2 del TUE, que establece los objetivos de la Unión, poco aporta a la indagación de la naturaleza jurídica de ésta.

Por otra parte, el Tratado de la Unión Europea, al margen de las reformas que introdujo en los Tratados de las Comunidades Europeas, regula el Consejo Europeo y consagra los principios fundamentales en que se basa la Unión. El Consejo Europeo, esto es, la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno y del presidente de la Comisión Europea, no fue un órgano en el origen de las Comunidades y no es ahora, tampoco, un órgano necesario para el funcionamiento de las Comunidades, a salvo de las políticas económicas y de empleo.

Las referencias a la Unión Europea en los Tratados Comunitarios, tras la reforma del Tratado de Amsterdam, son escasas. La primera de las menciones a la Unión se produce con la creación de la ciudadanía de la Unión, lo cual tiene una enorme trascendencia, pero en este caso se utiliza a la Unión como referente política-geográfico. Unión, a estos efectos, es el conjunto de Estados miembros, y ciudadano de la Unión es igual a nacional de un país miembro. De modo que los ciudadanos de la Unión son los nacionales de los países miembros, y por ello tienen derecho y obligaciones.

La dificultad de caracterizar a la Unión Europea no es sino fruto de su gestación y posterior proceso constructivo y principalmente de su carácter abierto. No obstante, la Unión Europea podría comprenderse en tres sentidos:

  1. Por una parte, como denominación que englobaría el conjunto de Instituciones, órganos y organismos y del derecho que se deriva de los Tratados de la Unión Europea y de las Comunidades Europeas.
  2. Por otra parte, la Unión Europea sería una supraorganización política que englobaría al conjunto de las Comunidades Europeas y las propias políticas contenidas en el TUE, para lo que utilizaría un sistema institucional único, esto es, el marco institucional de las Comunidades al que añadiría el Consejo Europeo, órgano, o si se prefiere Institución, de dirección política de la Unión y las Comunidades a las que daría “los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones políticas generales”.
  3. Finalmente, la Unión Europea podría comprenderse, referida tan solo al Tratado de la Unión, como una organización singular de marcado carácter intergubernamental, que ejercería las competencias que se derivan de la política exterior y de seguridad común y de la cooperación policial y judicial en materia penal.

Resulta evidente que las deficiencias que se deducen de los Tratados de la Unión y de las Comunidades Europeas para configurar la naturaleza de la UE son, en parte, el fruto de haber quedado el Tratado de la Unión a mitad de camino en el cumplimiento de su objetivo de crear una persona jurídica que sustituyera, y sucediera, a las múltiples personas jurídicas de derecho internacional que existían antes de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Así, dotar a la UE de personalidad jurídica suponía un paso demasiado claro hacia la unidad política, que debía impedirse. Sin embargo, puede decirse, que la atribución de personalidad jurídica a la Unión no hubiera producido una alteración sustancial en la naturaleza de la misma. El Tratado de Lisboa reconoce la personalidad jurídica de la UE de modo explícito en el art. 47 del TUE reformado, y de modo implícito, en el art. 335 del TFUE. Pero no por ello se han expulsado de la UE los rasgos intergubernamentales que la distinguen desde que comenzara la construcción europea, en 1951, con la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero”.

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