Derecho, Estados de alarma, excepción y sitio, Seguridad ciudadana

¿Hay que declarar el estado de alarma ante el avance del corona virus?

El enorme avance del coronavirus, además de la forma tan rápida de contagio que tiene el Corona virus, junto a los hechos de que las autoridades sanitarias han reaccionado de forma lenta, ha provocado una crisis interna en muchos países.

Hay que destacar, en primer lugar, que “el estado de alarma es uno de los regímenes excepcionales, junto al de excepción o sitio, que puede declarar un Estado para tratar de restablecer la normalidad cuando se han producido situaciones o hechos que están desestabilizando el país. El objetivo fundamental es conseguir que la situación retorne a la normalidad. En España, está recogido en el artículo 116 de la Constitución y está desarrollado en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

El Gobierno de la nación puede declarar el estado de alarma en todo el territorio nacional, o tan sólo en una parte determinada, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Deberá informar de las medidas acordadas tanto Congreso de los Diputados como a las autoridades autonómicas y locales que se vean afectadas. La ley establece que se puede decretar cuando se produzcan alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

  • Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
  • Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
  • Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los arts. 28, 2 y 37, 2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
  • Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

En el decreto del Gobierno en el que se aprueba el estado de alarma se debe especificar cuál será el ámbito territorial al que afecta, cuáles serán los efectos del estado de alarma y la duración de la misma, que no podrá superar los quince días. La prorroga de esta situación excepcional debe ser autorizada por el Congreso de los Diputados, que será el encargado de establecer el alcance y las condiciones que estarán vigentes durante esa prórroga.

La aplicación del estado de alarma supone la limitación temporal de algunos de los derechos con los que cuentan los ciudadanos en las sociedades libres en su día a día. La ley orgánica que la desarrolla establece que las medidas que se podrían tomar son las siguientes:

  • Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
  • Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
  • Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
  • Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
  • Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción relativos a los artículos de primera necesidad”.

De esto se puede sacar la conclusión de que en estado de alarma es una situación excepcional que se ha de declarar en casos de pandemias, etc.

Hay que destacar que no es la primera vez que declarar este estado. Dicho esto, se debe de señalar que “el estado de alarma se declaró por primera vez en diciembre de 2010, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, debido al caos aeroportuario causado por una “huelga salvaje” y masiva de controladores aéreos que se negaban a poner fin al boicot. Todos ellos quedaron “movilizados” y bajo las órdenes de la autoridad militar.

Fue el 4 de diciembre de 2010. El estado de alarma dio por “movilizados” a los controladores aéreos y bajo las órdenes de la autoridad militar, y empezaron a ser requeridos de uno en uno a través de burofax para que volvieran a trabajar. En su defecto, les habrían acusado del delito de desobediencia, según amenazó en aquel entonces el vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba.

El estado de alarma está regulado por el artículo 166 de la Constitución, así como los estados de excepción y de sitio. Para declararlo, el Gobierno debe acordarlo mediante decreto en el consejo de ministros y dar cuenta ante el Congreso de los Diputados antes de proclamarlo.

Esta situación de excepcionalidad debe declararse por un periodo máximo de dos semanas y no podrá ser prorrogado sin la autorización del Congreso. El decreto que apruebe el Gobierno “determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”, reza la Carta Magna.

Estas declaraciones, apostilla la Constitución, “no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes””.

Como se ha dicho, se ha de declarar de forma excepcional, es decir que “la declaración de un estado de alarma se produce por el Gobierno mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros en el que se determina el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la citada declaración.

El plazo máximo será de 15 días y se debe dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. En la Ley Orgánica se precisa, además, que el Parlamento podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

Y también establece que la declaración debe ser difundida de manera obligatoria por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen, y entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación en el BOE”.

Por tanto, ante la alarma que se está provocando y con la necesidad de que no se propague más la nueva enfermedad provocada por el COVID19 sí que cabe señalar el estado de alarma para poder contener la propagación de la pandemia.

FUENTES:

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