Derecho, Política

La inútil burocracia española. Crítica constructiva

La gran cantidad de papeleo y trámites que se han de hacer en España para cualquier pequeño y nimio ejercicio de los derechos y deberes por los ciudadanos dificulta mucho la creación de empleos, empresas y la contratación de personal.

Hay que destacar, en primer lugar, que “el Boletín Oficial del Estado (BOE) es ese gran desconocido para muchos pero que en nuestro país es el libro de referencia en el que quedan plasmadas todas las normas y anuncios oficiales del Gobierno. Leyes, nombramientos y procesos burocráticos que afectan tanto a particulares, como a empresas o trabajadores autónomos. En 2018 el BOE recogió 588 nuevas normas de distinto rango, un 13,7% más que el año anterior.

El marco normativo en España se caracteriza por “una elevada densidad y complejidad” que da lugar a “distorsiones en el mercado” y genera “un alto nivel de obstáculos burocráticos y cargas administrativas”, según recoge la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en su informe La producción normativa en 2018, publicado a comienzos de este año. En dicho informe, la CEOE critica que la regulación que deben cumplir las empresas y autónomos en nuestro país es “injustificada, desproporcionada o discriminatoria”.

Este abultado marco normativo obliga a empresarios y autónomos a dedicar gran parte de sus recursos a resolver todos los papeleos, algo que según la CEOE “erosiona su competitividad y desincentiva, lastra o imposibilita la tarea de incrementar su productividad”. Desde la confederación abogan por mejorar la eficiencia y la estabilidad del marco legislativo para reducir así su complejidad. Piden, además, que cuando se aplique en España una norma a nivel europeo, se haga “sin introducir cargas administrativas adicionales”.

MÁS DE CUATRO HORAS A LA SEMANA

La burocracia es uno de los principales problemas que encuentran los autónomos en su día a día. Así lo considera el 47,5% de los trabajadores por cuenta propia, que sufren una gran carga social y administrativa, según un informe elaborado por Infoempleo y Adecco.

Otro estudio, elaborado en 2017, da un dato aún más revelador: un empresario español dedica cuatro horas y 35 minutos a gestionar los trámites burocráticos cada semana. Según el estudio Hiscox ADN del Emprendedor 2017, España es el segundo país en el que más tiempo se dedica a la burocracia, sólo por detrás de Francia, que ostenta el récord con cuatro horas y 36 minutos, un minuto más que en nuestro país. Este proceso es más largo que en Holanda, donde dedican dos horas y 40 minutos; que en Reino Unido, con dos horas y 35 minutos; o que en Estados Unidos, donde invierten dos horas y 43 minutos. Así, los emprendedores españoles dedican casi el doble de tiempo que los británicos o los holandeses a realizar trámites burocráticos”.

En segundo lugar, se debe señalar que “la opinión más generalizada califica la burocracia como el conjunto de personas empleadas por las administraciones públicas y a los procedimientos, más o menos complejos, que utilizan para la resolución de los problemas. Socialmente, la burocracia tiene “muy mala prensa”; es normal y habitual relacionarla con las calificativos de “excesiva”, “ineficiente” o “poco sensible al sentir ciudadano”. Si realizamos una radiografía del sector público en nuestro país y la comparamos con nuestros vecinos europeos, podemos sacar algunas conclusiones que nos llevarán, cuanto menos, a modular este primer “posicionamiento ciudadano”.  Contra lo que ordinariamente se cree, el conjunto de administraciones públicas españolas tienen una dimensión mucho menor que la mayoría de los países del mundo avanzado.

Nuestras administraciones públicas gestionan el 38 por ciento del PIB, mientras que en la Europa de los 15 es del 46 por ciento. Por otro lado, en cuanto al número de personas empleadas por estas, nuestro país tampoco está a la cabeza, ya que el conjunto de administraciones públicas españolas ocupan a poco más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles de división territorial. Ello equivale a algo menos de un quince por ciento de la población activa de España, claramente por debajo de la media europea. En todo caso, cuando las respuestas ante las demandas ciudadanas son insuficientes por parte de la administración pública hemos de examinar qué razones llevan a ello. Una de las causas que muchos apuntan radica en las estrecheces que padece la propia administración, ya que en muchos sectores de la misma se carece de medios suficientes para satisfacer las necesidades ciudadanas. Este postulado es al que se agarran miles y miles de funcionarios españoles cuando se les exige mayor productividad: “nos faltan recursos humanos y materiales”. Si esto fuera cierto, chocaría de frente con la crítica al tamaño excesivo de nuestras administraciones: habría que ampliarlas en vez de reducirlas.

Mi opinión, vistos y leídos los datos que ofrecen otros estados con un sector público mejor valorado, es que probablemente deba de ser así. Pero ello no puede producirse de cualquier manera, ya que la crítica no viene tan sólo de la excesiva dimensión de la misma sino de también de cómo se organizan y gestionan los recursos de los que disponen. Una de las críticas más valoradas  y mejor fundamentadas es la que hace referencia al rendimiento de nuestras administraciones y, en particular, del personal que tiene adscrito. Para que esto pueda eliminarse del sentir ciudadano hemos de reformar la profesionalización de los directivos del sector público, con reconocimiento adecuado de su capacidad, de su dedicación y de su retribución, y evitando la promoción de los mediocres en detrimento de los mejores cualificados. Aquí es de vital importancia que los intereses sociales prevalezcan sobre los blindajes gremialistas o las conveniencias electoralistas.

Con referencia a ello, no quiero olvidarme del sector de los asesores políticos o personal de confianza de las autoridades y cargos electos de nuestro país. Son necesarios expertos, conocedores de la administración pública y la ciencia política, para poder asesorar en las numerosas materias que atañen y afectan a miles, cuando no  a millones, de contribuyentes.

Al igual que para ser político se requiere de unas aptitudes, en muchas ocasiones innatas, al asesor político se le debe exigir otras aptitudes adquiridas a lo largo de su paso por las diferentes universidades de nuestro país. Por otro lado, una mejor gestión del personal refuerza el impacto positivo de las nuevas tecnologías, otra de las armas para mejorar el rendimiento de la gestión pública.

La llamada administración electrónica debe avanzar en todos los sectores, no sólo en los referentes a la fiscalización y recaudación. Finalmente, la administración del siglo XXI ha de ser una administración que dé cuentas de los recursos que se consumen, sobre todo porque esos recursos provienen del esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos. Por ello, es imprescindible que salga a la luz la evaluación periódica de los resultados de sus programas y servicios. La sociedad debe de dotarse para ello de instrumentos objetivos y transparentes para ejercer esa supervisión, tal y como realizan administraciones públicas de otros países donde su prestigio goza de mejor salud que en España. Además, tenemos que romper con la caricatura del burócrata tradicional donde persisten a día de hoy unos trazos muy marcados: aversión a la transparencia informativa, afición al lenguaje técnico y jurídico, resistencia a la innovación, terror a la evaluación de su rendimiento laboral, etc. Para muchos profesionales del sector público esta caricatura es injusta, pero hemos de reconocer que todavía son los rasgos definitorios de gran parte del funcionariado español.

El debate sobre el tamaño y la función de las administraciones públicas se ha agudizado con la crisis que estalló en 2008. No parece que esta crítica sea injusta o infundada si se tiene en cuenta que la misma experiencia de la crisis da a entender que no fue el exceso sino la ineficiencia de la administración la que contribuyó, en gran medida, al desgobierno de la economía y a sus funestas consecuencias sociales. Pese a ello, no ha cesado de planear en nuestra sociedad la sospecha sistemática sobre el papel de lo público, una sospecha interesada que acaba deslegitimando toda política orientada a avanzar en solidaridad social. Los problemas a los que se enfrenta la administración pública de nuestros tiempos no son sencillos.

Al igual que sucede con los problemas políticos, los públicos administrativos no pueden ser atribuidos a una sola causa. Ya nos gustaría a los politólogos, que el mundo fuera tan sencillo como para poder resumirlo en afirmaciones como “la culpa es de los políticos” o “Internet es la solución””.

Con esto se quiere destacar la necesidad de reformar la Administración pública española y la actividad económica para dar mayor flexibilidad a las solicitudes de los ciudadanos y a la tramitación de expedición de licencias y aquellos otros trámites que los ciudadanos han de realizar y que necesitan autorización de la Administración.

FUENTES:

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