Derecho, Tribunales

El Tribunal de las Aguas de Valencia

Se trata de uno de los Tribunales consuetudinarias previstos en el artículo 125 de la Constitución.

En primer lugar, hay que decir que “el Tribunal de las Aguas de Valencia, conocido también como Tribunal de la Vega de Valencia es un tribunal consuetudinario de riego, el cual es el encargado de dirimir los conflictos por el agua de riego entre los agricultores de las Comunidades de Regantes de las acequias que forman parte de la Vega de Valencia, exceptuando a la acequia Real de Moncada.
A pesar de lo que pueda suponerse, el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia no es un mero organismo folklórico e inoperante. Nada más lejos de la realidad. La tradición ha legado, desde tiempos remotos, un modelo de justicia que, aún carente de protocolo y de fórmulasjurídicas, sobrevive con plenos poderes para el hombre de la huerta valenciana. Y, áun más allá, pues el conocido simplemente como Tribunal de las Aguas ha sido ejemplo de nuevas instituciones a nivel internacional y mundial.

 

Hay que decir, en primer lugar, en cuanto a su funcionamiento, que “es sumamente sencillo. La persona enunciada es citada por el Guarda de la acequia para el jueves siguiente. Hasta dos veces más es citado y, si no acude tampoco a la tercera citación, tras admitirse la denuncia, se le juzga en rebeldía pudiendo ser condenado. Nunca ha sido necesario acudir a la fuerza pública para hacerle comparecer. Se sientan los síndicos en los sillones asignados a cada una de sus respectivas acequias. Asiste el Alguacil del Tribunal, antaño guarda mayor o verdadero “atandador”, encargado de dar el agua y levantar las compuertas o paradas, portador como insignia de un impropio arpón de latón dorado, de dos púas, una de ellas encorvada, que era el instrumento con que separaban y recogían las tablas de las ranuras de los partidores. El Alguacil, solicita del Presidente la venia para iniciar las citaciones y llama públicamente: “¡Denunciats de la Séquia de Quart!”, y acuden los denunciados, si los hay, acompañados por el Guarda de la Acequia. Las citaciones se van haciendo por el orden en que las acequias toman el agua del río, iniciandose por la de Quart, que es la primera, y terminando por la de Robella, que es la última.

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El Guarda expone el caso o presenta al querellante, si hay acusador privado. Acaba con la frase de ritual: “Es quant tenia que dir”. El Presidente inquiere: “qué té que dir l’acusat?”, y pasa a defenderse el acusado. Ya ha caido en desuso el célebre “calle vosté i parle vosté”, al igual que aquella antigua costumbre, de tradición árabe, de señalar con el pie a quien se concedía la palabra. Los trámites son totalmente verbales. El desarrollo del juicio totalmente en lengua valenciana.

Todos intervienen en su propio nombre, ni abogados ni documentos escritos; pueden proponer testigos e incluso inspección ocular (la ‘visura’). El Presidente y miembros del Tribunal pueden hacerle las preguntas necesarias para mejor información del caso y, sin más trámite y en presencia de los interesados, el Tribunal delibera y sentencia. Para garantizar la imparcialidad, en la deliberación no interviene el Síndico de la acequia a la que pertenecen los litigantes; y, también es norma que si el denunciado pertenece a una acequia de la derecha del río, la sentencia la propongan los síndicos de las acequias de la
izquierda, o viceversa. Si la sentencia es condenatoria, el Presidente lo hace con la frase de ritual: “Este Tribunal li condena a pena i costes, danys i perjuins, en arreglo a Ordenances”. Las Ordenanzas de las respectivas acequias establecen las penas para las distintas infracciones. Y no caben recursos ni apelaciones ya que la sentencia es ejecutiva de por sí; de ello se encarga el Síndico de la acequia. El Tribunal sólo reconoce y sentencia si el denunciado es culpable o inocente. De esta forma tan simple y sencilla, al tiempo que tan efectiva y respetada por todos los miembros de una comunidad agrícola, ha solucionado sus problemas de aguas el laborioso pueblo valenciano desde los tiempos más remotos. No hay abogados, no hay documentos, no
hay largísimos trámites burocráticos que retrasen lo que constituye el más elemental de los derechos humanos: la justicia.

En cuanto al motivo de las denuncias se trata, sobre todo, de: hurto de agua en tiempos de escasez, rotura de canales o muros, ‘sorregar’ echando agua en campos vecinos que dañan la cosecha por exceso de ésta, alterar los turnos de riego tomando el agua el día que no procede, tener las acequias sucias que impidan que el agua circule con regularidad, levantar la ‘parada’ cuando un regante está usando de su turno, regar sin solicitud de turno.

Pueden, asimismo, ser juzgados los empleados de las acequias, tanto por su condición de regantes como por su actuación ante otras Comunidades de regantes. Incluso los propios síndicos, como ya se ha comentado. La jurisdicción se extiende, asimismo, a personas ajenas a las comunidades de regantes que han causado algún perjuicio al sistema de riegos, pues, con sus actos, han entrado por propia decisión en la esfera de competencias del Tribunal. En caso de no comparecencia, se les puede condenar igualmente, y se puede acudir después a la vía ordinaria presentando la correspondiente demanda civil por los daños y perjuicios causados, aduciendo entre las pruebas la sentencia condenatoria del Tribunal de las Aguas.

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Los trámites del juicio, como ya se ha dicho, son totalmente verbales. No obstante, tras la primera Ley de Aguas, la necesidad de dejar una cierta constancia, condujo a un Libro Registro en el que figuran unos pocos datos de cada juicio, como: Acequia donde se produjo el hecho, nombre de denunciado y denunciante, motivo de la denuncia, fallo y fecha.

El Tribunal tiene una doble función: judicial y administrativa. Por costumbre, se utiliza el nombre de Tribunal de los Acequieros de la Vega de Valencia para referirse a estas dos funciones, conjuntamente, mientras que el nombre de Tribunal de las Aguas se reserva para las funciones judiciales propiamente dichas. En realidad son dos órganos distintos pero que actúan el mismo día, lugar y hora, e integrados por las mismas personas (el síndico es, a la vez, jurado y acequiero) o con una ligera variación: la Acequia de Robella tiene un Síndico-jurado y un Síndico-acequiero,y la Acequia de Chirivella no tiene Síndico-jurado. Cuando acaban de ser juzgados los casos denunciados en el marco de la Puerta de los Apóstoles, los síndicos pasan a la vecina Casa-Vestuario para tratar los asuntos comunes; en este caso son nueve los síndicos puesto que se incorpora el representante de Chirivella.

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El problema fundamental a tratar es la situación del agua del río; según el caudal, se decide abrir más o menos los tornos de las acequias y, si procede, solicitar, acudiendo a antiguos privilegios concedidos por el rey Jaime II, en 1321, agua de la acequia de Moncada (la antigua acequia Real o de Puzol). En este aspecto administrativo, el Tribunal está sujeto al Comisario de Aguas, como entidad superior, que tendrá que resolver las cuestiones planteadas entre el Tribunal de las Aguas y el Acequiero mayor de Moncada. Actualmente, el tema principal de las reuniones está en relación con la salida de agua del Pantano de Benagéber. La función jurisdiccional es competencia exclusiva del Tribunal; en su función administrativa se ve éste auxiliado por los letrados de todas las comunidades, que aconsejan sobre ordenanzas, intervienen ante la jurisdicción ordinaria, presentan los recursos en defensa de la Huerta, etc”.

Llegados aquí hay que reseñar que “la ancestral misión del Tribunal de las Aguas, formado por ocho síndicos, que representan a cada una de las acequias del río Turia, es dirimir los conflictos entre los agricultores por el uso del agua… Y es que, desde siempre, el tímido caudal del Turia, ha obligado a sistematizar los riegos para que nadie careciera de agua y el reparto fuera lo más democrático posible.

El funcionamiento del Tribunal de las Aguas es bastante sencillo. El denunciado es citado por el Guarda de la acequia. Si no acude, se le vuelve a citar sólo dos veces más, antes de admitir la denuncia y juzgarle y condenarle en rebeldía.

Así, cada jueves, a las doce del mediodía, los síndicos ocupan sus sillones en la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, en presencia del Alguacil del Tribunal, quien solicita del Presidente la venia para comenzar con las denuncias.

Éstas suelen versar sobre el hurto de agua en tiempos de escasez; rotura de canales o muros; tener las acequias sucias impidiendo que el agua circule o regar sin la solicitud de turno.

Tras escuchar públicamente a las partes, el tribunal sólo establece culpabilidad o inocencia del denunciado, pues las penas, según lainfracción cometida, figuran en las ordenanzas de cada acequia. Ante

ellas, no hay recurso ni apelación, pues la sentencia es firme y de su cumplimiento se encarga el Síndico de la acequia correspondiente, convirtiendo así la costumbre en un derecho respetado por todos”.

Cabe destacar aquí que “

No existe posiblemente en toda la Comunidad Valenciana una institución jurídica tan singular y popularmente conocida como el ya milenario Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, si bien su correcta denominación es «Tribunal de Acequieros de la Vega de Valencia».

Su existencia no sólo es conocida en España, sino que la institución del Tribunal de las Aguas es internacionalmente conocida entre los juristas como una instancia de resolución de conflictos eficaz, moderna y ejemplar, lo que explica su pervivencia y vigencia a lo largo de tantos años.

En el Prólogo a la primera edición del libro del Profesor VíCTOR FAIRÉN-GUlLLÉN (El Tribunal de las aguas valenciana y su proceso, 2.a edi., Ed. Caja de Ahorros de Valencia, 1988, Valencia) se señala el interés que han mostrado en la década de los ochenta Universidades como Harvart o Massachussets, así como el hecho de que el 1 Congreso Mundial sobre Aguas para irrigación se celebró en Valencia como «homenaje al Tribunal de Aguas más antiguo de los que se conocen en acción».

Además califica al Tribunal de las Aguas como una institución admirable y extraña:
Admirable por concurrir en él las características de una auténtica institución orgánica, social y, desde un punto de vista de su proceso, moderna (pues su proceso se basa en los principios de oralidad, concentración, rapidez, economía), lo que se traduce en una plena satisfacción del valor constitucional de la justicia y contrasta con la carestía y lentitud de las mayoría de los procesos judiciales. Además y quizá aquí estribe buena parte de su éxito, sigue gozando entre los justiciables de un enorme prestigio -auctoritas-, lo que se traduce en la mayoría de los casos en un acatamiento y cumplimiento de sus sentencias (es decir ejecutablidad inmediata y voluntaria de sus decisiones). ‘

Extraña, «porque es inhabitual -antes bien, diría yo, casi inexistente- el hecho de que un Tribunal moderno funcione en plena vía pública sin que jamás se produzcan alteraciones en su funcionamiento». De hecho, todos los jueves del año, a las doce del medio día, en la llamada puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, se reúne el Tribunal en sesión pública (seguida multitudinariamente por un público entusiasta, compuesto en su mayor parte por turistas y visitantes) para ventilar sus asuntos.

Subrayo ese aspecto de atractivo «turístico» del Tribunal, ya que en ocasiones genera una visión de la institución más literaria o romántica que jurídica, lo que evidentemente perjudica su verdadero conocimiento como institución.

De todos modos, me gustaría en esta introducción desmitificar y aclarar algunos aspectos que rodean a tan antiquísima institución.

La primera es la de su carácter de institución «única en el mundo». Sabemos que en los territorios en los que el agua de riego es un bien escaso y, por ende, más necesario, aparecen como es lógico tribunales especializados en la resolución o en la prevención y evitación de tales conflictos. Así, conviene recordar la existencia de antiguos y actuales tribunales de aguas en la Huerta de Murcia. También existe, en los Pirineos, un Tribunal arbitral que se reúne tradicionalmente en el collado de la famosa piedra de San Martín, para resolver cuestiones de ganadería, cuyo origen estriba en la resolución de problemas de abrevaderos para las reses.

Con ello no quiero desdecirme ni un ápice del indudable carácter popular y prestigioso del Tribunal. De hecho, la única cita del Preámbulo de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 es para el Tribunal de las Aguas como «Tradicional institución y ejemplo», quedando fuera de su regulación como ya ocurriese con la Ley de Aguas de 1866. Y lo mismo ocurre en la normativa procesal y autonómica, como se verá posteriormente, las cuales contemplan directa o indirectamente tan singular institución.

La segunda cuestión es su limitado ámbito territorial, ya que sólo afecta a la zona de la Vega de Valencia que está regada por el entramado de acequias qUe parten del río Turia. Quiero decir con ello que si bien es una institución típicamente valenciana desdé el punto de vista jurídico, su ámbito territorial no coincide con el del Territorio de la Comunidad Valenciana. Pero ello es habitual en multitud de instituciones consuetudinarias, que tuvieron su origen o estuvieron vigentes en el Derecho foral y que han sobrevivido hasta nuestros días.

De todas formas, y para ese ámbito territorial concreto, el Tribunal de la Aguas tiene hoy plena vigencia”.

Por otro lado, en cuanto al sistema de riego, en relación a este Tribunal, se debe de señalar que “en cualquier caso, el tímido caudal del Turia, el río que fertiliza las 17.000 hectáreas de limos de la llanura costera de Valencia, ha obligado, desde antiguo, a sistematizar los riegos para que nadie careciera de agua y el reparto fuera lo más democrático posible. Del Turia, nacen ocho acequias-madre: Quart, Benacher-Faitanar, Mislata, Favara y Rovella, a la derecha, y Tormos, Mestalla y Rascaña, a la izquierda. Las tierras regadas por una acequia-madre, mediante otras más pequeñas, forman una Comunidad de Regantes, cuyos miembros son propietarios del agua de la acequia.

Las Comunidades de Regantes respetan viejas ordenanzas transmitidas oralmente por los árabes y, luego, ya escritas, ratificadas por Felipe V a principios del siglo XVIII. Su cumplimiento estricto depende de una Junta Administradora que se renueva cada dos o tres años. El jefe de ésta o Síndico es elegido por los miembros de la comunidad. Debe ser labrador y cultivador directo de sus tierras, cuya extensión debe ser suficiente para poder vivir de ellas, y con fama de “hombre honrado”. Al ser elegido, detenta el poder ejecutivo de la acequia y, como tal, pasa a ser miembro del Tribunal de las Aguas. El resto de los miembros de la junta de gobierno de la acequia, Vocales Electos, también labradores, son elegidos por todos los regantes y deben pertenecer a los diversos tramos en que se divide aquélla. Como ayuda, están los Guardas, encargados de cumplir los turnos y tandas de riego y de informar sobre las infracciones cometidas.

Para repartir el agua, el rey Jaime dictó que todos los regantes de una acequia son propietarios en común del agua de su dotación; el agua se concede en proporción a la cantidad de tierra que se posee y son inseparables: quien vende la tierra, vende también el agua. Además, hoy, los embalses regulan el caudal del río, pero, antaño, en momentos de escasez, las primeras acequias podían quedarse todo el agua, dejando secas las últimas. Por ello, para repartir el agua, se ideó la fila, vocablo del árabe fil-lah que significa parte sacada de un todo. La fila es un volumen variable de agua según el caudal del río. Así, cuando el cauce del Turia alcanza el arranque de la primera acequía, el agua se reparte en 138 partes iguales, llamadas filas, asignadas a las distintas acequias. Si el cauce es abundante, las filas son gruesas; si no, las filas son delgadas.

El Tribunal de las Aguas
Según refiere Jaubert de Passa, en 1844, “el Tribunal o cort de los acequieros se compone de los Síndicos mayores de las siete Acequias que riegan la Huerta de Valencia… No se ve ningún soldado para proteger el Tribunal, ningún portero, ningún abogado ni procurador para defender a las partes; el auditorio forma un círculo alrededor de los bancos y un profundo silencio anuncia que la justicia puede hacerse respetar sin el auxilio de la fuerza…”.

En la actualidad, el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia está formado por los ocho síndicos de las acequias (fueron siete hasta que la acequia de Benage-Faitanar se desgajó de la de Quart). El tribunal tiene autoridad sobre el conjunto de las acequias; autoridad que deviene del método de elección, ya que los síndicos se eligen entre los labradores; es decir, éstos eligen el juez que les juzga. Y aunque no poseen formación jurídica, no desconocen el derecho que deben aplicar, basado en una normativa que ordena turnos de riego, obligaciones de limpieza de canales y acequias, pago de aportaciones para gastos generales de la comunidad…

Este sistema de composición ha mantenido la institución y un escrupuloso respeto que ha facilitado el total acatamiento de sus sentencias, pues nunca se ha debido acudir a la jurisdicción ordinaria. Incluso, cuando se ha interpuesto denuncia contra alguno de sus miembros, éste, simplemente, se ha quitado el blusón de huertano, similar a la toga de un magistrado, para ocupar el lugar de los acusados y esperar deliberación y sentencia. Luego, ha regresado a su lugar para proseguir la sesión.

El funcionamiento del tribunal es muy sencillo. El denunciado es citado por el Guarda de la acequia para el jueves siguiente. Si no acude, se le cita sólo dos veces más, antes de admitir la denuncia y juzgarle y condenarle en rebeldía. Nunca se ha usado la fuerza pública para lograr la comparecencia. A las doce del mediodía del jueves, los síndicos ocupan sus sillones en la puerta de la catedral en presencia del Alguacil del Tribunal, antaño Guarda Mayor o atandador, encargado de dar el agua y levantar las compuertas. Porta un arpón de latón dorado con dos púas, una de ellas encorvada, con el que se separaban y recogían las tablas de las ranuras de los partidores. El Alguacil solicita del Presidente la venia y reclama: “¡Denunciats de la Séquia de Quart!”.

Las denuncias versan sobre hurtar agua en tiempos de escasez; rotura de canales o muros; sorregar echando agua en campos vecinos para dañar la cosecha; alterar los turnos de riego; tener las acequias sucias impidiendo que el agua circule; levantar la parada cuando un regante está usando su turno; regar sin solicitud de turno… Pueden ser juzgados los empleados de las acequias, los síndicos e, incluso, personas ajenas a los regantes si han causado algún daño al sistema de riegos. En este caso, si no comparecen, se les condena igualmente y se presenta la preceptiva querella civil, en la que se utiliza como prueba la sentencia del Tribunal de las Aguas.

A la llamada del Alguacil, acuden los denunciados, acompañados por el Guarda de la Acequia. Las citaciones siguen el orden en que las acequias toman el agua del río. La primera es Quart y, la última, Rovella. El Guarda expone el caso o presenta al querellante, para acabar con la frase: “Es quant tenia que dir”. A ello, el Presidente contesta: “qué té que dir l’acusat?”, permitiendo defenderse al acusado. El juicio es oral e, íntegramente, en lengua valenciana (tras la primera Ley de Aguas, se lleva un registro donde aparecen denunciado, acequia, denuncia y fecha). Todos intervienen en su propio nombre, sin abogados y sin documentos escritos; se puede llamar a testigos e, incluso, pedir la visura o inspección ocular El tribunal puede hacer las preguntas que crea precisas antes de, en presencia de los interesados, deliberar y sentenciar.

Para asegurar la imparcialidad, en la deliberación no interviene el Síndico de la acequia a la que pertenecen los litigantes. También es norma que si el denunciado pertenece a una acequia de la derecha, la sentencia la propongan los síndicos de las acequias de la izquierda, o viceversa. Una vez decidida la sentencia, si es condenatoria, el Presidente proclama: “Este Tribunal li condena a pena i costes, danys i perjuins, en arreglo a ordenances”. El tribunal sólo establece culpabilidad o inocencia del denunciado, pues las penas, según la infracción cometida, figuran en las ordenanzas de cada acequia. Ante ellas, no hay recurso ni apelación, pues la sentencia es ejecutiva per se y de su cumplimiento se encarga el Síndico de la acequia.

El Tribunal puede juzgar a los empleados de las acequias, a los síndicos e, incluso a personas ajenas si han causado algún daño al sistema de riego. Realmente, este organimo cumple funciones judiciales y administrativas. De hecho, el nombre de Tribunal de los Acequieros de la Vega de Valencia recoge ambas, mientras que el de Tribunal de las Aguas alude a las funciones judiciales. Son dos órganos distintos, pero que actúan el mismo día, lugar y hora y los forman las mismas personas (el síndico es jurado y acequiero) o con ligeras variaciones (Rovella tiene un síndico-jurado y un síndico-acequiero). Así, tras acabar los juicios en la Puerta de los Apóstoles, los síndicos (nueve, pues se une el representante de Xirivella) pasan a la vecina Casa-Vestuario para tratar los asuntos comunes.

Administrativamente, la principal cuestión es la situación del agua del río: decidir cuánto se pueden abrir los tornos de las acequias y, si es preciso, acudir a los privilegios concedidos por el rey Jaime II, en 1321, para solicitar agua a la acequia de Moncada (la antigua acequia Real o de Puzol). En este sentido, el tribunal depende del Comisario de Aguas, entidad superior que debe resolver las cuestiones planteadas entre aquél y el Acequiero Mayor de Moncada. Aunque, ahora, la salida de agua depende del pantano de Benagéber y el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia cuenta con la asesoría de un abogado que resuelve las consultas planteadas sobre ordenanzas, interviene ante la justicia ordinaria, presenta los recursos en defensa de la huerta”.

Por último, hay que hacer referencia a la STC de 28 de septiembre de 1992. Cabe decir aquí que “

En la histórica SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1992, publicada en BOE de 29 de octubre () por el Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación en relación con los arts. 2, párrafo segundo; último inciso del arto 3.2; arto 9 y Disposición Transitoria de la Ley 6/1986, de 15-12-1986, de las Cortes Valencianas, de regulación de los Arrendall1ientos Históricos Valencianos: y en la que el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales el artículo 2, párrafo segundo, y el inciso final (la resolución recaída podrá también ser objeto de impugnación en vía administrativa) del arto 3.2 de la mencionada Ley, y rechaza el recurso en lo demás; con lo que se interpreta el artículo 149-1-8 CE en el sentido de que Valencia tiene derecho foral sobre aquellas materias que no sean contrarias a la Constitución y estén vigentes en forma de costumbre en el momento de entrada en Vigor de la Constitución y, en consecuencia, la Generalitat Valenciana es competente sobre ese Derecho para modificado y desarrollado.
«No queda suficientemente claro, decidido con nitidez, el problema de la referencia a «los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan»; es decir, cuál es el contenido, lo existente de ese Derecho Civil, aquella materia sobre la que la Comunidad Autónoma puede actuar legislativamente, conservando, modificando o desarrollando la misma.
El problema es menor en los supuestos de Comunidades Autónomas dotadas de compilaciones de Derecho civil propio, especial o foral (artículo 149.1, regla 8ª,CE).

Mayor y más grave la duda en el caso que nos ocupa. Se trata de que la Comunidad Autónoma Valenciana no posee Derecho civil propio, según se reconoce y admite por todos. Salvo en materia de riegos (huerta de Valencia) y su jurisdicción especial (Tribunal de Aguas), la Comunidad Autónoma Valenciana no tiene legislación civil desde los Decretos de Nueva Planta de 1707.
No es legislación civil valenciana, eso es obvio, la legislación civil que hoy se aplica en el territorio de la Comunidad. Es también cierto que no se conserva Derecho propio escrito, ni legislativo antiguo y preconstitucional, ni siquiera consuetudinario recopilado.
¿Cuáles son, pues, las normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria preexistente, a las que se alude en la Sentencia (fundamento jurídico 1.0)?
Parece que la Sentencia se refiere únicamente al Derecho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros, subsistiera en el territorio hasta nuestros días, y así lo dice en el mismo fundamento. No puede ser de otra manera y en esto la Sentencia es lógica y correcta. Mi discrepancia de ella, sin embargo, tiene otro sentido.
Lo que ocurre, en mi opinión, es que esta corrección y claridad es sólo aparente. Quizá, y ésta es mi duda, esta apariencia y ligereza argumentativa sea la justa. No lo sé.
Pero tengo el temor de que con ello, se ha abierto o peligrosamente la tapa de la caja de Pandora.

Veamos: Se da como probada la existencia de esa costumbre referida a la subsistencia forzosa del vínculo contractual entre propietario y arrendatario (o colono, enfiteuta, poseedor útil), y se considera existente una relación arrendaticia con prórroga indefinida y forzosa. No hay un modo de saber con certeza si ello constituía, en el uso histórico, un contrato de arrendamiento o otra figura bien distinta y más parecida a los censos o foros.
La Ley valenciana impugnada sí establece un vínculo contractual indefinido, lo que contraviene el sentido, fundamento y finalidad del típico contrato de arrendamiento, de suyo temporal o bien prorrogable por el legislador en situaciones sociales determinadas, como es el caso de la legislación de arrendamientos rústicos común (en particular desde 1935) y general en toda España.
La pregunta es: ¿esta determinación de la Ley valenciana es «conservación» o creación, regulación ex novo?
Sin negar a la Comunidad Valenciana la posibilidad y la potestad legislativa, sí, en cambio, me pregunto si esa potencialidad alcanza o puede llegar a recrear o resucitar una figura contractual, dándola previamente por probada, o bien -como se hace en la Ley- dejando su prueba a la autoridad gubernativa. ¿No supondría ello la posibilidad de establecer por vía indirecta (circumventio) un Derecho civil inexistente e incluso la de legalizar costumbres contra legem
Cierto que no va este Tribunal Constitucional a someter a prueba la existencia de esa costumbre, que ahora la Comunidad Valenciana legaliza. Pero sí le cabe o compete examinar la constitucionalidad de ese resultado legislativo.
Este examen, aparte de lo ya expuesto sobre el ámbito o subsistencia del Derecho civil existente (¿qué se puede desarrollar?), abarca también otro aspecto, tal el relativo a la otra competencia que el arto 149.1.8.° reserva en exclusiva al Estado es decir, las «bases de las obligaciones contractuales». ¿No constituye una de las bases del sistema contractual español la autonomía o libertad contractual -libre consentimiento- en general y la de la temporalidad en los contratos arrendaticios en particular? Naturalmente que ello no impide que el legislador competente pueda, Por exigencias de una sociedad justa y democrática, establecer de otro modo el régimen de explotación del recurso agrícola, pero sí, como concluyo de todo lo expuesto, que dicho legislador autonómico pueda recrear, confiriéndola categoría contractual -de contrato normado, forzoso- a una situación de hecho dudosa y de vigencia limitadísima, según se afirma por las partes. No parece que sea el método más adecuado el seguido por esta Ley, que roza, en mi opinión, la corrección constitucional, dañándola.

Estas dudas, cuyo desarrollo sería largo y que en ningún caso van contra un sistema de protección correcto y eficaz a favor del arrendatario antiguo, son las que justificaron en la deliberación mi voto distinto al de la mayoría, en el sentido de ampliar las declaraciones de inconstitucionalidad a los otros preceptos impugnados e incluso a la Ley misma y con base en los argumentos expuestos, es decir, en la invasión de la competencia legislativa del Estado por infracción del arto 149.1.8.° de la Constitución, que no permite la regulación que se hace en la Ley impugnada. Todo ello, por supuesto, con mi respeto a la opinión mayoritaria» .

Pues bien, en esa histórica sentencia existe un voto particular discrepante, que formula el Magistrado D. Carlos de la Vega Benayas, en el que textualmente se decía lo siguiente:
Lo más significativo de este voto particular es que si bien su autor se muestra reacio a admitir el Fallo del TC según el cual la expresión «allí donde exista» del artículo 149.1.8 incluye también las instituciones de derecho foral que han sobrevivido hasta la entrada en vigor de la Constitución en forma de costumbre, admite la existencia de un Derecho Civil propio de la Comunidad valenciana en materia de riego así como la competencia de la Comunidad Valenciana sobre el Tribunal de las Aguas.

Por tanto, cabe concluir que la institución más típica, representativa y conocida del Derecho que ha sobrevivido desde los Fueros hasta nuestros días es el Tribunal de las Aguas y su Derecho sustantivo y procesal, sobre el que la Generalitat Valenciana tiene competencia para conservarlo, modificarlo y desarrollarlo, pero que su competencia la ejerce desde el respeto a su Derecho y a su jurisdicción, pues no es necesario modificar aquello que ha demostrado probadamente su utilidad y modernidad a lo largo de un milenio”.

FUENTES:

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