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Coronavirus, estado de alarma y profesiones juridicas

La crisis del coronavirus está afectando muy gravemente y en mucha cantidad a todos los sectores de actividad. También al funcionamiento de los juzgados, tribunales y despachos de abogados.

Cabe señalar aquí, en primer lugar, que “las medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno y las CCAA para frenar la expansión del coronavirus o Covid-19 también están afectando a la actividad de los abogados y abogadas ante los tribunales, juzgados y centros penitenciarios.

La Justicia también se ha visto afectada por el coronavirus Covid-19. Colegios de Abogados y las diferentes instituciones de la Administración de Justicia ya están adoptando medidas preventivas para proteger a los profesionales, funcionarios y ciudadanos frente a la expansión del Covid-19. Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado e Instituciones Penitenciarias han aprobado actuaciones para contener el nuevo coronavirus que tiene a España en vilo.

Colegios de la Abogacía como los de BizkaiaMadridMurciaBarcelona, Málaga o Albacete, entre otros, han suspendido congresos o jornadas, programas de posgrado que se imparten en sus Centros Estudios o diferentes eventos multitudinarios. En la mayoría de las corporaciones colegiales se han aplazado las fechas de celebración de sus eventos y actividades. En Colegios como los de Ciudad RealCantabria,Pontevedra, Valladolid, Baleares, Granada, Málaga, La Rioja, Zamora, A Coruña, Oviedo o León se ha suspendido como medida preventiva el servicio de préstamo de toga y su uso como medida de contención en las comparecencias en las distintas salas de vistas de los respectivos órganos judiciales, todos con carácter excepcional.

En los centros penitenciarios de MadridÁlava LaRioja, con una vigencia inicial de 14 días se restringirán las visitas de los letrados y estos solo podrán comunicarse con los presos a través del locutorio”.

En cuanto a la celebración de juicios, cabe señalar que “la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida de forma extraordinaria para hacer frente a la crisis del coronavirus,  ha acordado arbitrar medidas que permitan no suspender con carácter general todos juicios y declaraciones ya señaladas pese al avance de la epidemia.

Así, cualquier cierre o suspensión por razones sanitarias tendrá que adoptarse por el juez, y se ejecutará de forma inmediata pero obteniendo siempre la  previa autorización del presidente del tribunal correspondiente, si bien después cada caso obtendrá la posterior ratificación de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.

La instrucción consta de dos partes, una informativa con las recomendaciones de protección individual y colectiva frente a la enfermedad y otra que establece directrices en relación con la actuación judicial en función de distintos escenarios: uno general para todo el territorio nacional otro para los territorios en los que se hayan establecido medidas especialmente intensas para limitar la propagación y el contagio de la enfermedad.

Además, bajo  la dirección de la Comisión Permanente, se constituye una Comisión de Coordinación y Seguimiento que estará integrada por el secretario general del Consejo, el Gabinete de la Presidencia, el Gabinete Técnico, el Servicio de Inspección, la Oficina de Comunicación, el Servicio de Personal Judicial y la Sección de Prevención de Riesgos de la Carrera Judicial.

La instrucción recoge las medidas de protección individual frente a la enfermedad recomendadas por las autoridades sanitarias, entre ellas realizar una higiene de manos frecuente, evitar el contacto con personas que muestren signos de afección respiratoria o mantener una distancia de un metro con ellas.

Para el ámbito específico de la Administración de Justicia se recomiendan la aplicación de permisos y autorizaciones a los funcionarios, el fomento del teletrabajo para las miembros de la Carrera Judicial que en función de sus características personales  (embarazo, patologías previas, medicación); o la dispensa del uso de la toga para los abogados en los actos procesales en los que este sea preceptivo.

Las medidas a adoptar en el escenario 1 o escenario general incluyen la realización de los señalamientos con tiempo suficiente entre ellos para que no haya una gran afluencia de partes y de profesionales esperando la celebración de vistas en un espacio común; la restricción temporal de la asistencia de público a los actos procesales -limitándola a un número de personas que permita mantener una distancia de seguridad de un metro- y la utilización en la medida de lo posible del sistema de videoconferencia. La instrucción identifica un catálogo de actividades o situaciones de riesgo con las correspondientes recomendaciones, como por ejemplo la distribución de las citas de presentación periódica de investigados y/o condenados en distintos días y lugares.

Por lo que se refiere al escenario 2, comprende los territorios en los que se hayan establecido medidas especialmente intensas para limitar la propagación y el contagio por el coronavirus. La determinación de los territorios en los que hayan de adoptarse las medidas contempladas en este escenario será competencia de la Comisión Permanente del CGPJ, de conformidad con las decisiones que en cada momento adopten las autoridades sanitarias. En estas áreas es donde se contempla para este escenario la posibilidad de que los jueces acuerden la suspensión de plazos procesales y de actuaciones procesales ya acordadas por razones sanitarias. Estos casos precisarán de la autorización del presidente del tribunal correspondiente y de la ratificación posterior de la Comisión Permanente, sin perjuicio de su ejecución inmediata.

Finalmente, el l CGPJ ha acordado suspender hasta el próximo 13 de abril las actividades programadas por el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. Estas actividades, consistentes en la celebración de una veintena de cursos de formación, implicaban el desplazamiento de miembros de la Carrera Judicial destinados en otros territorios hasta Madrid.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Por su parte, el Ministerio de Justicia ha aplazado el examen de oposición de tramitación procesal y administrativa. Esta medida afectará a más de 9.000 aspirantes que estaban llamados a realizar este examen el 14 de marzo. La nueva fecha se decidirá tan pronto como las autoridades sanitarias verifiquen el control de la transmisión de la enfermedad y el riesgo asociado a ella y se disponga de las instalaciones adecuadas.

Justicia también suspendió la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía, que estaba prevista para el próximo 28 de marzo en todo el territorio nacional, atendiéndose así a la recomendación realizada por el Ministerio de Sanidad de evitar eventos multitudinarios de cualquier índole.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha trasladado a los fiscales que se adoptan desde este miércoles medidas de puesta en marcha de teletrabajo para evitar la concurrencia de la totalidad de la plantilla de fiscales en los juzgados. Además, en el decreto firmado por Delgado, añade que se asegurará que haya presencia efectiva del Ministerio Fiscal en el servicio de guardia pero siempre evitando en lo posible los desplazamientos. Asimismo ha advertido de que se suspenden temporalmente  “las visitas e inspecciones de los fiscales a residencias de mayores, de personas con discapacidad, a centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores, u otras visitas de similar naturaleza” siempre y cuando no resulte imprescindible”.

Cabe señalar también que “el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha decidido suspender de forma temporal las prácticas tuteladas de la 58 promoción de la carrera fiscal mientras esté vigente el estado de alarma aprobado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

El CEJ colabora con la Fiscalía General del Estado en la preparación integral y especializada de los miembros de la carrera fiscal, así como de los aspirantes a ingresar en ella.

Desde que se aprobó el Real-Decreto ley de estado de alarma el pasado 14 de marzo, que limita la libertad de movimiento de los ciudadanos e impulsa que las clases se impartan con medios telemáticos, en la medida de lo posible, la Dirección del CEJ acordó suspender la actividad educativa presencial en todos los centros de enseñanza.

Las prácticas del alumnado de la 58 promoción de Fiscales se estaban desarrollando exclusivamente a distancia. No obstante, el diseño presencial del programa de prácticas tuteladas y el agotamiento de las posibilidades de su desarrollo a distancia, unido a la previsible prórroga del estado de alarma, hacen inviable la continuidad de las prácticas por medios telemáticos, informa el Ministerio de Justicia en un comunicado”.

Así está la cuestión del trabajo de los juristas, funcionarios en prácticas de las carreras judicial y fiscal, etc.

Por otro lado, cabe señalar que “el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tomará el control de todos los funcionarios de la Administración de Justicia en todo el territorio nacional para poder coordinar su actividad profesional y garantizar la prestación de servicios esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. En este sentido, podrá adoptar, cuando lo considere conveniente, las resoluciones necesarias para aplicar un criterio “homogéneo” en toda España.

De este modo, el Ministerio de Justicia suma a sus competencias habituales en materia de gestión de personal las atribuidas en este sentido a las comunidades autónomas con competencias transferidas, que les será devueltas cuando finalice el estado de alarma. Hasta el momento, el departamento que dirige Juan Carlos Campo sólo tenía esta competencia en los territorios que integran la denominada ‘zona Ministerio’, es decir, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una orden del Ministerio de Sanidad en la que encomienda al ministro de Justicia la “coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios”, regulados en el libro VI de la Ley del Poder Judicial, durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto aprobado el pasado sábado, 14 de marzo.

Turno de oficio

También le otorga la coordinación de los servicios públicos prestados a través de los colegios profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.

Este decreto designó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como autoridad competente delegada para gestionar la crisis del coronavirus en las áreas de responsabilidad que no recaigan en las competencias propias del Ministerio de Transportes, Defensa o Interior.

Así, hace el encargo al ministro de Justicia y le da competencias para poder adoptar, “cuando sea indispensable, las resoluciones y disposiciones que sean necesarias para garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de derechos y libertades de la ciudadanía y de las recomendaciones establecidas por este Ministerio (Sanidad) para la salvaguarda de la salud pública”.

Se da la circunstancia de que ante las quejas de funcionarios, que reclaman no tener que acudir a los juzgados si no es necesario, algunas administraciones territoriales han planteado planes de disponibilidad no presencial para evitar el riesgo de contagio por coronavirus.

Ha sido el caso, por ejemplo, de Cataluña que ha aprobado una instrucción, que finalmente ha quedado suspendida, que dispensa a los funcionarios de acudir a los juzgados para cumplir los servicios mínimos fijados, de modo que sólo se les llamaría cuando se les necesite. La Junta de Andalucía ha hecho una petición similar y ha instado al Gobierno a cerrar todos los juzgados, a excepción de aquellos que están de guardia, los de violencia de género y los servicios de medicina forense.

Comisión de coordinación

La orden del Ministerio de Sanidad señala también que Justicia podrá constituir una Comisión de coordinación de la situación de crisis para articular “consensuadamente” las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales en lo referente a la actividad profesional desarrollada por los funcionarios”.

Incluso los colegios de abogados también han reducido su personal y por evitar sus contagios. En este punto, hay que indicar “

Restricción de los viajes a países declarados como foco de infección del coronavirus y uso del teletrabajo para evitar contagios directos en bufetes y clientes son algunas de las medidas que los despachos de abogados implementan desde hace unos días ante la expansión del coronavirus a nivel mundial.

Al mismo tiempo, las propias firmas  responden a las dudas de sus clientes, sobre todo en materia laboral, de cuál es la situación de sus profesionales, algunos contagiados con el virus y tratados médicamente, otros que han estado en contacto y pasan la correspondiente cuarentena.

En todas esas consultas que realizan las compañías, los distintos asesores jurídicos tratan de enviar un mensaje de calma a las empresas.

A este respecto la guía del Ministerio de Trabajo sobre coronavirus es útil consultarla para saber la situación legal en la que quedan

CIBERATAQUES RELACIONADOS CON LA PANDEMIA

De hecho ya alguna noticia que habla de algunos ciberataques relacionados con esta pandemia.

“Es pronto para decirlo aún, pero ya hay noticias de que grupos de ciberdelincuentes en Japón están aprovechando la información sobre ‘el brote’ para propagar el malware ‘Emotet’. Este troyano/virus conocido desde 2014, y pensado inicialmente cómo troyano bancario, está resultando uno de los más devastadores según fuentes del Gobierno de EEUU”, apunta.PUBLICIDAD

Respecto al teletrabajo y como gestionarlo de forma adecuada, este experto señala que “ya existen herramientas que permiten llevar un control horario con ubicación incluida. Estas herramientas dotan al despacho de los mecanismos de control necesarios para una buena gestión de la jornada con independencia de las herramientas que permiten trabajar en remoto”.

Por su parte, Francisco Javier Durán, director de IT (tecnología de la información) de Ceca Magán Abogados, revela que las medidas que se han tomado en la firma son las que recomiendan las autoridades sanitarias “siempre en un contexto de   tranquilidad y evitando al máximo crear una alarma hasta ahora innecesaria. Por otro lado, hemos preparado el protocolo de seguridad ante un posible cierre de alguno de nuestros centros de trabajo, reforzando más si cabe todo lo concerniente al teletrabajo”.

Sobre si en este escenario hay más riesgo de que empresas y despachos puedan ser ciberatacados, Durán destaca que “para algunas empresas cuyo nivel de seguridad no sea muy alto, puede existir un importante riesgo, ya que pueden no tener sus sistemas preparados para el teletrabajo. En ese caso, los hackers pueden aprovechar las brechas de seguridad que una mala ciberseguridad puede tener”.

Respecto a si cree que se están produciendo ataques informáticos relacionados con el coronavirus, indica que “nos consta que sí, que se están incrementando estos ciberataques intentando aprovechar vulnerabilidades que puede haber en algunas empresas al no tener la misma vigilancia in house en sus sistemas al estar el personal teletrabajando”. 

En cuanto al uso del teletrabajo, este experto recuerda que “es muy importante contar con un protocolo que explique pormenorizadamente como se tienen que utilizar los sistemas corporativos, definiendo claramente las prácticas que nunca deben de realizarse para no poner en riesgo los sistemas”.

Al mismo tiempo considera que “es más importante contar con los mejores sistemas de hardware y de software que protegen los sistemas. Un buen ‘firewall’, una ‘vpn’ de garantías, disponer de multifactor de autentificación y por supuesto un antivirus reforzado. Disponer de última tecnología es vital para garantizar el teletrabajo y evitar brechas de seguridad que pongan en riesgo nuestra organización”.

NO TE PUEDES CONFIAR 

Para David Vaquero, IT Manager de Ashurt, en España ya están activados los medios para que el personal pueda conectarse de forma remota, con la mayor seguridad y fiabilidad posible,  si fuera necesario.

Sin embargo no cree que “según los niveles de vigilancia automatizados y las reacciones a eventos, haya mayor riesgo”.

Vaquero reconoce que no han detectado nada extraordinario en los eventos de la firma, aunque como otros bufetes internacionales ubicados en Milán su oficina en aquella ciudad italiana está cerrada y los profesionales teletrabajando desde sus domicilios, a modo de medida de precaución.

En cuanto a posibles ciberataques que se aprovechen del coronavirus, este experto indica que “sí han aparecido en medios de Comunicación canadienses avisos sobre ataques de “Phising” en los que se utilizan asuntos como “Confidencial: Cura del Corona Virus” intentando desplegar malware como Emotet y AZORult, que pueden robar información personal o financiera”.

Alejandra Riquelme es la “Chief Hapiness Officer” (responsable jefe de la felicidad) de ECIJA, un despacho que este fin de semana participa en el Global Legal Hackaton, evento que se celebra en varias ciudades de forma simultánea.

En Madrid lo organiza la Universidad Francisco de Vitoria.

En un alto en este evento explica que la firma ha restringido ciertos viajes a territorios donde hay focos de infección. “Se trata de velar por la seguridad y salud de nuestros profesionales”.

“Asimismo, a todos los profesionales que puedan haber estado recientemente en estas zonas, que hayan recibido o esperen visitas de clientes, amigos o familiares procedentes de alguna de las zonas afectadas, hemos instado a que nos lo comuniquen para que la firma tome una decisión sobre su presencia en las oficinas. Todos los empleados deben colaborar con la empresa para que se podamos garantizar unas condiciones de trabajo seguras”, añade”.

A continuación, cabe señalar que “todos los procesos administrativos o judiciales se paralizan como consecuencia del estado de alarma sanitaria motivada por la pandemia del coronavirus. Las Administraciones Públicas, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han emitido comunicados explicando las medidas que se están tomando en sus respectivos ámbitos. 

Para evitar que los derechos de los administrados y justiciables se vean afectados por la situación, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 estipula la suspensión de los plazos procesales y administrativos, así como los de prescripción y caducidad de los plazos legales para el ejercicio de todo tipo de acciones.

Plazos procesales 

La disposición adicional segunda del citado decreto establece: “se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales”. El precepto prevé así mismo que el cómputo de plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia este decreto, esto es, cuando se ponga fin el estado excepcional de alarma. Los profesionales jurídicos (especialmente abogados y procuradores) echan en falta un comunicado que aclare cómo han de proceder en la plataforma Lexnet, el sistema de gestión de notificaciones telemáticas con los juzgados.

Excepciones

En el orden penal, especifica, esta suspensión o interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Además, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente puede acordar la práctica de actuaciones inaplazables, por su carácter urgente. 

En cuanto al resto de órdenes jurisdiccionales, no se interrumpirán los plazos de algunos procedimientos considerados como prioritarios:
– el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
– Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
–  La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
–  La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.
No obstante, el juez o tribunal de lo civil, administrativo, mercantil o social, podrá acordar la práctica de las actuaciones judiciales “que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”.

Plazos administrativos

También se suspenden e interrumpen los plazos parala tramitación de procedimientos con las entidades administrativas (salvo los referidos a hechos justificativos del estado de alarma), según dispone la disposición adicional tercera del decreto. Esta medida afecta a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También se prevé que el órgano competente pueda acordar motivadamente “las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento”. Para ello este debe manifestar antes su conformidad. 

Prescripción y caducidad de acciones

Por último, el decreto se ocupa también de los plazos de las acciones. Así, estipula en su disposición adicional cuarta que los plazos de prescripción y caducidad de cualquier tipo de acciones y derechos “quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”. 

FUENTES:

  1. Los despachos de abogados toman precauciones ante el coronavirus y los ciberataques. Confilegal: https://confilegal.com/20200309-los-despachos-de-abogados-toman-precauciones-ante-el-coronavirus-y-los-ciberataques/amp/
  2. Campo toma el control de los funcionarios de Justicia en España durante el estado de alarma. Expansión: https://amp.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/03/20/5e74a1b8e5fdea7e728b45e9.html
  3. El Centro de Estudios Jurídicos suspende las prácticas de fiscales durante el estado de alarma. Expansión:
  4. Diario jurídico: https://www.diariojuridico.com/justicia-establece-las-dotaciones-de-los-servicios-esenciales-para-garantizar-la-tutela-judicial-efectiva-durante-la-contencion-del-covid-19
  5. Aclaración de las cuestiones legales relacionadas con el coronavirus para evitar fake news: https://www.diariojuridico.com/aclaracion-de-las-cuestiones-legales-relacionadas-con-el-coronavirus-para-evitar-fake-news/
  6. El ICAV ayudará a sus colegiados frente a crisis del coronavirus: https://www.diariojuridico.com/el-icav-ayudara-a-sus-colegiados-frente-a-la-crisis-del-covid-19/
  7. Los colegios de abogados adoptan medidas frente al coronavirus: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/colegios-de-abogados-y-administracion-de-justicia-toman-medidas-ante-la-situacion-de-alerta-por-el-covid-19/
  8. Herramientas para el teletrabajo: https://www.diariojuridico.com/lexdir-marketing-te-aconseja-utilizar-estas-herramientas-para-el-teletrabajo-y-la-gestion-de-tu-despacho/
  9. Incidencia del coronavirus en el ámbito laboral y medidas del Real Decreto-ley 7/2020 y el Real Decreto 463/2020: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/incidencia-del-coronavirus-en-el-ambito-laboral-y-medidas-del-real-decreto-ley-72020-y-el-real-decreto-4632020

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