Estados de alarma, excepción y sitio

Estado de alarma. ¿Cuántas prórrogas puede haber del mismo? O si se agota la prórroga inicial de 15 días, ¿habría que declarar otro de los estados del artículo 116 CE?

La prórroga del estado de alarma va a ser inevitable, pero, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución española, sólo por otros quince días. Aquí surge la duda sobre la efectividad de otros 15 días, porque el virus ha demostrado su facilidad de transmisión y su alta mortandad.

Cabe señalar por otro lado que no se dice en principio nada en el texto constitucional sobre si proceden sucesivas prórrogas de igual duración o la declaración de otro de los estados del artículo 116 de la Constitución.

Una primera aclaración de todo esto se encuentra en el Reglamento del Congreso de los Diputados, que establece lo siguiente:

Artículo 162

1. Cuando el Gobierno declarase el estado de alarma, remitirá inmediatamente al Presidente del Congreso una comunicación a la que acompañará el Decreto acordado en Consejo de Ministros. De la comunicación se dará traslado a la Comisión competente, que podrá recabar la información y documentación que estime procedente.

2. Si el Gobierno pretendiere la prórroga del plazo de quince días a que se refiere el artículo 116, 2 de la Constitución, deberá solicitar la autorización del Congreso de los Diputados antes de que expire aquél.

3. Los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga hasta dos horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse la concesión de la autorización solicitada.

4. El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la exposición por un miembro del Gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga del estado de alarma y se ajustará a las normas previstas para los de totalidad.

5. Finalizado el debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas. De la decisión de la Cámara se dará traslado al Gobierno.

Artículo 163

1. Cuando el Gobierno pretendiere declarar el estado de excepción o prorrogar el ya declarado, necesitará la previa autorización del Congreso de los Diputados, a cuyo efecto deberá enviar la correspondiente comunicación que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo anterior.

2. En todo caso, la autorización del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se ha de extender y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.

Artículo 164

1. Cuando el Gobierno propusiera la declaración del estado de sitio, el debate en el Pleno del Congreso se ajustará a las normas establecidas en el artículo 162.

2. El estado de sitio quedará declarado dentro del ámbito territorial y con la duración y condiciones que prevea la propuesta que en el Pleno obtuviera la mayoría absoluta de los miembros del Congreso.

3. El Presidente del Congreso lo comunicará al del Gobierno y ordenará que se publique la resolución de la Cámara en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 165

1. En los supuestos previstos en los tres artículos anteriores, el asunto será sometido inmediatamente al Pleno del Congreso, convocado al efecto si no estuviese reunido, incluso en el período entre sesiones.

2. Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que den lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias que el presente Capítulo atribuye al Pleno del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente”.

La prórroga del estado de alarma debe darse por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno de la Nación.

Cabe señalar, en cuanto a la posible declaración del estado de excepción, que “el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados. Para ello, el Gobierno debe solicitar la previa autorización del Congreso de los Diputados en la que se determinen sus efectos, con mención expresa de los derechos cuya suspensión se solicita y la relación de medidas que quepan en relación con ellos, su ámbito territorial y duración, que no puede exceder de treinta días y la cuantía máxima de las sanciones pecuniarias que se puedan imponer a quienes contravengan las disposiciones dictadas durante su vigencia. El debate en la Cámara seguirá lo antes apuntado para la autorización de prórroga del estado de alarma. Obtenida la autorización, la declaración se acordará por Real Decreto del Consejo de Ministros.

La declaración de estado de excepción puede generar importantes efectos sobre diversos derechos fundamentales, dentro de los términos fijados por el art. 55.1 CE y la propia LO 4/1981. Así, la autoridad gubernativa puede proceder a la detención por un máximo de diez días de toda persona de la que existan sospechas fundadas de que va a provocar alteraciones del orden público, informando de ello al juez dentro de las veinticuatro horas siguientes y con respeto de las garantías al detenido establecidas en el art. 17.3 CE y del procedimiento de habeas corpus del art. 17.4. Asimismo, decretada la suspensión del art. 18.2 CE, la autoridad gubernativa puede disponer inspecciones y registros domiciliarios para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público, con la asistencia del titular o el encargado de la casa o, en su defecto, un familiar mayor de edad, si se hallaren presentes y, en todo caso de la de dos vecinos, levantando acta escrita de las circunstancias del registro.

Puede, por otra parte, acordarse la suspensión del secreto de las comunicaciones previsto en el art. 18.3 CE, lo que faculta a la autoridad gubernativa a intervenir toda comunicación, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, dando cuenta por escrito al juez competente. De autorizarse la suspensión de la libertad de circulación y residencia del art. 19, la Administración puede prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se concreten, delimitar zonas de seguridad, exigir a ciudadanos concretos la comunicación previa de los desplazamientos que efectúen fuera de su residencia habitual, imponerles su traslado forzoso de la misma y fijársela transitoriamente. Para aplicar estas medidas, deben concurrir motivos fundados en razón a la peligrosidad que para el mantenimiento del orden público suponga la persona afectada. Asimismo podrá autorizarse la suspensión de todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y teatrales y el secuestro de publicaciones, si bien, dado que el art. 20.2 no aparece citado en el art. 55.1 CE, el ejercicio de estas potestades no admite ningún tipo de censura previa.

En relación con los derechos del art. 21 CE, durante el estado de excepción y de acuerdo con la autorización del Congreso, será admisible someter a autorización previa, prohibir su celebración o disolver toda reunión y manifestación, con la excepción de las que convoquen los partidos políticos, sindicatos y asociaciones de empresarios en cumplimiento de los fines que les asignan los arts. 6 y 7 CE. Para penetrar en los locales en que tengan lugar las reuniones los agentes deben estar provistos de orden formal o escrita salvo que se estuviesen produciendo alteraciones graves del orden público, agresiones a las Fuerzas de Seguridad o en cualquier otro supuesto de flagrante delito. Respecto de las huelgas y medidas de conflicto colectivo, el art. 23 LO 4/1981 va más allá de las previsiones citadas para el estado de alarma y admite directamente su prohibición, siempre que ésta haya sido autorizada por el Congreso de los Diputados. Para los extranjeros, por lo demás, el art. 24, al amparo de la remisión a la ley que en la regulación de sus derechos contiene el art. 13.1 CE, dispone la obligación de realizar las comparecencias que se acuerden y a cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia. En caso de incumplimiento y, previa justificación sumaria, se podrá decretar su expulsión.

Por último, el Gobierno puede por Real Decreto del Consejo de Ministros poner fin al estado de excepción antes de que finalice el período para el que fue declarado, dando cuenta inmediatamente al Congreso de los Diputados, así como solicitar de éste que autorice su prórroga por otro término máximo de sesenta días. Dicha prórroga se tramitará con las mismas formalidades que la declaración inicial”.

Así que sí que cabe señalarse que sí que puede declararse una vez se termine el plazo del estado de alarma. En cuanto a la duración del estado de alarma, cabe señalar que “


La declaración del estado de alarma sólo puede durar inicialmente como máximo quince días, y el decreto debe determinar el ámbito territorial de su aplicación.

Pero es posible su prórroga. Para ello el Gobierno deberá contar con una autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”.

En cuanto a la posible declaración del estado de excepción una vez terminadas todas las prórrogas posibles del estado de alarma, hay que destacar en primer lugar que este estado “puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos fundamentales, el normal funcionamiento de las instituciones, el de los servicios de orden público resulten gravemente alterados. para ello se precisa previa autoriziación del Congreso, que determinará sus efectos, con mención expresa de los derechos suspendidos, ámbito territorial, duración (no superior a 30 días) y cuantía máxima de las multas que se puedan imponer en caso de infracción”.

Cabe señalar respecto al estado de excepción que “se ha considerado como heredero de la antigua suspensión de derechos. Aquí como veremos más adelante, sí que se produce una alteración del régimen constitucional.

El presupuesto del mismo es una significativa crisis del orden público, para la que no resulte suficiente la utilización de las potestades públicas ordinarias. se trata de reacción contra situaciones que alteren gravemente el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La iniciativa de su declaración corresponde al Gobierno. El Congreso de los Diputados debatirá la solicitud, pudiendo aprobarla en sus propios términos o introducir modificaciones.

Por lo que respecta a los efectos, los principales son la suspensión de de derechos y garantías, que, de acuerdo con el artículo 55 CE, podrán ser la libertad personal, la inviolabilidad de domicilio, el secreto de las comunicaciones, etc.

El desarrollo de este precepto lo encontramos en los artículos 16 y siguientes de la LOEAES, desgranando las medidas que podrán tomarse en ese régimen de suspensión”.

La verdad es que no parecen estos dos estados tan incompatibles, así terminaríamos de frenar el rápido contagio de esta nueva pandemia.

El Gobierno puede poner fin anticipadamente al estado de excepción, dando cuenta al Congreso, así como solicitarle que autorice su prórroga por término de 30 días.

FUENTES:

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