Derecho, Derecho y Nuevas Tecnologías, Economía

Las TIC desde el punto de vista legal

Las TIC están cada vez más presentes en todos los ámbitos de la vida, ya sea el tecnológico, el médico, el jurídico, etc., y, por tanto, no dejan indiferente a ningún sector de actividad, por lo que los conocimientos que se adquieran en este campo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y de las Nuevas Tecnologías suman puntos para adquirir un nuevo trabajo.

Por eso, y en lo que al mundo jurídico toca, cabe señalar, en primer lugar, como introducción, que “el desarrollo de las tecnologías de la información, comienza a partir de los años 70 con el procesamiento de la información, el uso de la electrónica y el software. En sentido técnico, el termino tecnologías de cálculo con el propósito de manejar y tratar la información, incluyendo todo aquello que implique la creación y procesamiento de señales digitales, el uso de hardware, y software, la cibernética, los sistemas de información, las redes, la inteligencia artificial y la robótica.

Las tecnologías de la comunicación permiten el transporte de la información de un sitio a otro, aumentando el volumen de información que podemos manejar y la velocidad con que podemos obtenerla, lo cual facilita, entre otros, el progreso en la tecnología de las empresas y la agilización de las relaciones comerciales con los adquirentes de los bienes al mejorar el servicio, la calidad de los productos y la atención al cliente.

La convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las telecomunicaciones, generalizó el uso de la expresión “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), simbiosis que ha producido notables cambios en todas las áreas de la sociedad, provocando una verdadera revolución. Las TIC son conceptuadas como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, englobando todo lo que incluye la electrónica, la informática y las telecomunicaciones”.

A continuación, cabe señalarse que “la tecnología ha penetrado en todos los ambientes del desarrollo social. Los avances tecnológicos producen notables modificaciones en la forma de proceder de los individuos, hoy en día las computadoras están al acceso de la mayoría de las personas, fomentándose el uso de Internet a todos los niveles. Esta situación produce un cambio en los procesos de producción, distribución, organización del trabajo y fundamentalmente un cambio en el sector servicio cuya base primordial es la información, así suele hablarse del nacimiento de un nuevo orden social, caracterizado por la importancia que tiene la información, dando origen a un nuevo concepto, el de la “sociedad de la información”.

El termino “sociedad de la información” es utilizado para describir los cambios sociales, económicos y de otra naturaleza derivados de la transición de una economía industrial (basada en la fabricación o en la producción en masa) a una basada en la información (especialmente información electrónica), se habla del nacimiento de un nuevo orden social centrado en la tecnología y totalmente distinto a lo que hoy se conoce como sociedad capitalista, donde la información como actividad y como bien, constituye la principal fuente de riqueza y principio de organización.

La sociedad de la información también se conoce como sociedad post industrial, sociedad tecnotrónica, sociedad de consumo, sociedad del conocimiento, sociedad global o globalizada, sociedad informatizada, sociedad interconectada, estado telemático, aldea global, sociedad cibernética, sociedad digital o simplemente cibersociedad.

Las dimensiones de este fenómeno son tales, que sus efectos se han llegado a comparar con los de la Revolución Industrial (Inglaterra, 1760-1820), al afirmarse que se trata de una revolución, caracterizada por profundas transformaciones sociales, económicas y culturales, basadas principalmente en el tratamiento y la importancia del manejo de la información, donde los sectores tradicionales (primario, secundario y terciario) están dando paso a un nuevo sector, constituido por la información. Entre los rasgos más significativos de la sociedad de la información se destacan: la información como base de la economía, una vida globalizada, un mundo digitalizado, la eliminación de fronteras y un aumento significativo en el desarrollo del campo de los servicios. La sociedad de la información constituye un área de preocupación en el ámbito internacional. En 1994, del seno del grupo de los siete, surgió la idea de convocar una reunión para fomentar el desarrollo de la “Sociedad Mundial de la Información”, reunión que se celebró en 1995 en Bruselas con la presencia de los miembros de la Unión Europea. Los aspectos más importantes de esa reunión, denominada “Conferencia Ministerial sobre la Sociedad Mundial de la Información”, se centraron en la elaboración de un conjunto de reglas y principios comunes de aplicación a la sociedad de la información, bajo una política de competencia y libre acceso al mercado, con el objeto de asegurar el acceso mundial a las infraestructuras de la información.  La Comunidad Europea ha mostrado interés en el fomento de la sociedad de la información desde comienzos de la década de los 90, así, en 1993 en el Libro blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, se destaca la importancia de la puesta en marcha de la sociedad de la información. Posteriormente, en 1994, se presenta el Informe “Europa y la sociedad global de la información” como recomendación al Consejo Europeo de Corfú (Informe Bangemann), donde se ofrece una visión general de la sociedad de la información, sus beneficios, oportunidades, nuevos mercados, sus efectos y consecuencias, destacando la urgencia de la implantación y la elaboración de un plan de acción basado en la colaboración entre los sectores público y privado a fin de conducir a Europa hacia la sociedad de la información. A partir de este informe se dicta la Comunicación de la Comisión: Europa en marcha a la Sociedad de la Información, así como otros documentos que reflejan la importancia de la sociedad de la información en los diferentes ámbitos de la vida del ciudadano.

INFLUENCIA DE LA TECNOLOGIA EN EL CAMPO JURIDICO.

El Derecho por definición es cambiante y debe adecuarse a la realidad social imperante en una época y en un momento determinado. Los cambios experimentados en la sociedad, el comercio y la economía como consecuencia del desarrollo de la tecnología, tienen importantes implicaciones en el mundo del Derecho y han dado origen a nuevos campos de investigación en el ámbito jurídico.

Distintos son los términos que tratan de explicar la relación entre el Derecho y la Informática. A finales de los años 40, se comenzó a hablar de Jurimetría, posteriormente, hacia los años 60 de Iuscibernética, hoy en día los vocablos más empleados son Informática Jurídica y Derecho Informático; sin embargo, las tendencias más modernas se inclinan por denominaciones como Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, veamos las diferencias entre cada uno de estos términos.

JURIMETRIA.

El termino jurimetría fue empleado por primera vez por Lee Loevinger, en Estados Unidos  de América, para referirse a la aplicación de los computadores en el campo del Derecho, específicamente en el pronunciamiento de sentencias por parte de los jueces.

El planteamiento formulado por Loevinger, se basa en los principios del Common Law que exigen a los jueces en el momento de tomar una decisión sobre un caso concreto, seguir las decisiones previas que han resuelto casos similares. Con el objeto de agilizar la toma de decisiones en los órganos jurisdiccionales, se procedía al almacenamiento de las sentencias para su posterior aplicación de forma automatizada, proponiéndose la sustitución total del juez por una computadora; al estar automatizadas las sentencias, sólo era cuestión de introducir los datos para llegar a una decisión. Este fue el punto más débil de la jurimetría, ya que no es posible la sustitución del hombre por una máquina, hay factores humanos, sociales y psicológicos que sólo el juez puede tomar en cuenta en el momento de dictar una decisión.

La jurimetría tuvo un auge considerable durante los años 60, hoy en día no es de aplicación por las razones expuestas; sin embargo, constituye el origen de un área importante dentro de la Informática Jurídica, como es la Informática Jurídica Decisoria, considerada una herramienta auxiliar al juez en la toma de decisiones, pero sin llegar a su sustitución.

LA IUSCIBERNETICA.

Esta denominación parte de la base de la interacción entre la Cibernética y el Derecho. Las deficiencias reportadas por la jurimetría motivaron nuevamente la investigación de los juristas en su intento de explicar las aplicaciones de la Informática en el ámbito jurídico. Es así como surge la denominación “Iuscibernética”, adoptada por el jurista italiano Mario Losano, quien propone abandonar la idea de la jurimetría y estudiar las formas en que se relacionan la Cibernética y el Derecho.

El campo de la Iuscibernética se divide en dos áreas fundamentales: la modelística y la informática jurídica. La modelística se concibe como un tipo de investigación teórica, basada en la construcción de modelos adecuados para cada proceso, que sirven de ayuda al juez en la aplicación de las normas. La informática jurídica es entendida como la disciplina que facilita los medios auxiliares para el desempeño de labores de tipo jurídico.

LA INFORMATICA JURIDICA.

El nacimiento y la difusión de la informática, facilitan la labor del jurista al suministrarle una serie de herramientas que agilizan el desarrollo del Derecho, permitiendo la automatización de la información legal y de los procesos de administración de justicia. La informática jurídica como tal no es una ciencia jurídica, su estudio corresponde al campo de la Informática, se trata de una técnica que facilita la aplicación del Derecho que nada tiene que ver con problemas de tipo legal. La informática jurídica, al ser considerada una ciencia en auxilio de legisladores, jueces y abogados es objeto de distintas clasificaciones, encontrando principalmente las siguientes categorías:

Informática Jurídica Documental. Esta área permite la utilización de la informática en los procesos de almacenamiento y recuperación de la información en archivos de los usuarios. Se refiere a la automatización en los procesos de redacción de documentos y administración de bases de datos que facilitan el almacenamiento de información jurídica (leyes, decisiones, resoluciones, reglamentos y sentencias).

Informática Jurídica de Gestión. Se refiere a las posibilidades que la informática ofrece en la agilización de procedimientos, organización y administración de la información. En esta categoría se incluyen la informática registral, la informática notarial y la informática de administración de los despachos jurídicos. –         

Informática Jurídica Decisoria. Llamada también informática jurídica metadocumental, se concibe como una herramienta de auxilio en la toma de decisiones. Mediante el empleo de sistemas de inteligencia artificial, la informática jurídica permite asistir a los jueces en la toma de decisiones

EL DERECHO INFORMATICO.

El Derecho Informático trata la relación existente entre el Derecho y la Informática desde una óptica jurídica, ocupándose de estudiar los problemas legales que se derivan de esta interrelación. El campo del Derecho Informático comprende el estudio y aplicación de las leyes que reglamentan el uso de la informática, así como la doctrina jurídica y la jurisprudencia relacionada con estas materias. Su contenido puede ser dividido principalmente en dos grandes campos: el ámbito contractual y el ámbito penal.

Dentro del ámbito contractual, se estudian principalmente los contratos informáticos y los contratos electrónicos donde se tratan temas relacionados con las obligaciones y responsabilidades que asumen las partes; la creación, distribución y explotación de hardware y software; los derechos y obligaciones de los creadores, distribuidores y usuario de bases de datos jurídicas; la protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual sobre software; las transferencias electrónicas de fondos y la protección de datos de carácter personal. En el ámbito penal, se estudian los delitos informáticos, entendidos como aquellos que se cometen contra los sistemas que utilicen tecnologías de la información o lo cometidos mediante el uso de estas tecnologías.

Como bien puede observarse, entre el Derecho Informático y la Informática Jurídica, existe una nítida separación; algunos autores erradamente tratan estos términos como sinónimos sin aludir a las notables diferencias existentes entre uno y otro; el Derecho Informático estudia los problemas provenientes de la aplicación de la informática en las relaciones jurídicas mientras que el campo de la informática jurídica es más instrumental, al poner a disposición de los administradores de justicia y jurista, un medio que facilita el ejercicio y la práctica del Derecho.

DERECHO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.

Si tomamos en cuenta que las TIC incluyen la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, el término más adecuado para referirse al estudio de los fenómenos tecnológicos y su influencia en el campo jurídico sería “Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, ya que permite incluir no sólo el estudio del Derecho Informático, sino también del Derecho de las Telecomunicaciones, del Derecho del Comercio Electrónico y de la Biotecnología aplicada al Derecho. Los puntos que se tratan en el desarrollo de esta obra están directamente relacionados con el Derecho del Comercio Electrónico”. 

Como se puede ver en todo lo relativo a la influencia en el ámbito jurídico de las tecnologías de la información y la comunicación, la aparición de las mismas ha provocado la aparición de conceptos nuevos aplicados al ámbito jurídico y de actuación de los tribunales, así como la aparición de nuevas ramas del Derecho destinadas a regular esta nueva forma de actuación de los ciudadanos.

Por tanto, tras esto último, cabe destacar que es necesario concienciar a la sociedad para un buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, porque un mal uso o un uso con el fin de cometer delitos (los llamados ciberdelitos por los “ciberdelincuentes”) lleva a la aplicación no sólo de sanciones administrativas, sino de nuevas figuras penales que se han introducido en todos los Estados democráticos, ya sea a través de los Códigos penales correspondientes como de nuevas leyes aplicables por los tribunales penales correspondientes.

Llegados a este punto, cabe señalar o aclarar los siguientes términos:

  • CiberDelito:

Es cuando un delincuente, usuario de un dispostivo informático se aprovecha de Internet y de las redes en nuestra sociedad.

  • Aspectos legales:

Los programas de computación se protegen al igual que una obra literaria como los libros, revistas, etc.

  • Derechos de autor:

Es el derecho de propiedad y lo obtienes al crear alguna obra literaria o algún software.

  • Copia ilegal de programas:

Cuando un usuario de un dispositov infomático copia «software» o programa informático está cometiendo un robo, la copia no autorizada es ilegal porque no ha sido autorizada porque está protegida por derecho de autor, esto es una forma de delito.

  • Piratería:

La piratería informática, es estar en una PC durante mucho tiempo haciendo uso no autorizada de sistemas de computación conectados en red. También se considerea piratería la distribución faudulenta de software o contenidos que estén somentidos a los derechos de autor”.

Se ha hecho esta referencia por a importancia de los términos no ya sólo en el ámbito informático y de las nuevas (entre las que se incluyen las TIC), sino por su aplicación también desde el punto de vista jurídico para la tipificación de las conductas.

Como se puede apreciar, el sector de las TIC, como se ha destacado al principio, no deja indiferente a ningún sector de actividad, y, por tanto, todos los sectores económicos necesitan adaptarse a las TIC para su supervivencia.

Pero cabe señalar en este punto, que no es el único cambio en el mundo jurídico que han introducido las nuevas tecnologías y las TIC. El Derecho laboral también se ha visto influenciado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cabe señalar en este punto que “la revolución tecnológica es, probablemente, uno de los elementos esenciales a la hora de definir la época actual. Nuestra vida cotidiana ya no se entiende sin las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) que han ido irrumpiendo en los últimos años, y que no dejan de multiplicarse y extenderse. El ritmo continuado -y cada vez más acelerado- de aparición de nuevos dispositivos técnicos ha modificado nuestro día a día, y las relaciones laborales no son una excepción.

Cabe preguntarse, pues, si los esquemas clásicos del Derecho del Trabajo, y las previsiones de la legislación laboral vigente, son suficientes para resolver los retos que plantea el uso de las TICs por parte de empresas y trabajadores. La respuesta es clara: no (o al menos, no siempre). Como suele suceder, el Derecho va por detrás de la realidad social, de modo que el legislador se ve obligado a ir adaptando las normas a medida que la sociedad evoluciona y van surgiendo nuevos problemas.

No pretendemos exponer aquí todas las consecuencias que los avances tecnológicos tienen en el ámbito laboral. La cuestión es demasiado amplia, y un análisis completo requeriría una perspectiva multidisciplinar. Nos limitaremos a plantear, desde el punto de vista legal, cómo se resuelven las dudas que suscita el imparable ascenso de las TICs.

En una sociedad que está  permanentemente “conectada” (a Internet, redes sociales, etc.) por herramientas cada vez más diversas (PC, portátil, BlackBerry, smartphones…) parece evidente que las fronteras entre vida profesional y personal a menudo se diluyen, y no siempre resulta fácil separar los dos ámbitos, que tradicionalmente habían sido compartimentos estancos.

Sin ánimo exhaustivo, sino más bien a modo de ejemplos prácticos, apuntaremos solamente tres situaciones muy comunes en la actualidad:

1) La utilización por parte de los trabajadores, para fines personales, de herramientas de trabajo (ordenador, teléfono móvil, etc.) proporcionadas por la empresa. La legislación española no regula expresamente esta materia, de modo que han tenido que ser los tribunales quienes den respuestas tomando como punto de partida la regulación general que contiene el Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 18 (“Inviolabilidad de la persona del trabajador”) y 20 (“Dirección y control de la actividad laboral”). En síntesis, y teniendo en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Supremo desde su Sentencia de 26 de septiembre de 2007, las empresas deben fijar previamente las reglas de uso de los instrumentos de trabajo (p. ej. estableciendo prohibiciones absolutas o parciales, o permitiendo el uso personal por parte de los empleados) y deben comunicar a los trabajadores -o a sus representantes legales, de haberlos- cuáles son esas reglas, para que los empleados puedan tener una “expectativa razonable de intimidad”. Aunque  esta doctrina se ha flexibilizado en virtud de sentencias posteriores del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, los asesores laborales recomendamos que las empresas dispongan de un protocolo de actuación en materia de uso de TICs, protocolo que habrá de ser notificado a los trabajadores.

2) El uso por parte de los empleados, durante su jornada de trabajo, de sus teléfonos móviles particulares. El tema no es nuevo, pero la casuística que se plantea cada vez queda menos cubierta por la normativa existente. Consultas reales de clientes nuestros: ¿Qué debe hacer una empresa ante un trabajador que simultanea su prestación de servicios con la lectura y contestación de los mensajes de whatsapp que recibe en su teléfono personal? ¿Y si parte de esos mensajes son profesionales? ¿Y si el trabajador es capaz de hacer las dos cosas sin que su rendimiento en el trabajo se resienta?

3) La permanente conexión, mediante ordenadores y móviles, de los trabajadores,  incluso fuera de su horario de trabajo oficial. Las TICs ofrecen unas ventajas obvias (rapidez, flexibilidad para el empleado, posibilidad de trabajar a distancia, mayores oportunidades para la implantación y el desarrollo del teletrabajo, etc.) pero ya han surgido voces que advierten de que también generan riesgos (nuevas formas de estrés,  dificultades para calcular las jornadas de trabajo efectivo, controles de prevención de riesgos laborales…)”.

Por último, cabe señalar el siguiente decálogo en la regulación de las TIC:

1. La falta de abogados expertos en Derecho digital

La relevancia de una profesión en la sociedad, depende de que sepa estar a la altura de los desafíos de su tiempo. Y, hoy por hoy, los abogados no están a la altura del mundo digital y científico, que es el que propicia los cambios que caracterizan nuestro tiempo.

Así lo puso de manifiesto Antonio Garrigues Walker en su intervención, en la que subrayó la necesidad de que los abogados no permanezcan alejados de los cambios que caracterizan esta época y de que se esfuercen por identificar y conocer sus implicaciones jurídicas.

Temas como la responsabilidad por el uso de coches automatizados o drones, la manipulación genética, la ciberciudadanía y la ciberdelincuencia, la internet de las cosas, la nanotecnología o la titularidad del cordón umbilical, requieren una combinación de conocimientos jurídicos y científicos para los que los juristas necesitan la colaboración de otras ramas del saber. Se requieren técnicos que expliquen los problemas y un debate multidisciplinar sobre sus consecuencias.

Sin embargo esa adaptación a esta nueva época no debe hacer olvidar a los abogados dos datos  fundamentales: por un lado, que el cambio es permanente, que después de esta época de cambios vendrá otra en la que mucho de lo que hoy parece modernísimo será considerado anticuado. Y, por otro, que lo esencial de la actividad del abogado es el ser humano, cuyos anhelos, deseos, preocupaciones y problemas básicos seguirán siendo los mismos.

El progreso es un avance hacia la complejidad, pero los abogados deben afrontar ese avance sin cometer el error de creer que por comunicarnos de una manera diferente, somos mejores que los de épocas anteriores.

2. La adaptación al nuevo sistema de comunicaciones electrónicas con la Administración de Justicia y la desaparición del papel en la misma

La reciente reforma de la LEC ha colocado dos fechas muy destacadas en el calendario de los abogados: el primero de enero de 2016, fecha a partir de la cual todas las comunicaciones entre los órganos judiciales y los profesionales de la Justicia deberán hacerse por medios telemáticos, y el 7 de junio de 2016, cuando deberá ser realidad la desaparición del papel en la Administración de Justicia, para los asuntos de nuevo ingreso.

Pese a que ambas fechas están siendo muy cuestionadas por la mayoría de ámbitos profesionales afectados por ambas medidas, por la cantidad de dificultades técnicas y organizativas que presentan, la voluntad de la Administración sigue siendo firme al respecto.

Y así lo reiteró el Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, al comienzo del Congreso: “Con el nuevo marco normativo implantado por el Gobierno, no debe haber ninguna dificultad para que el trabajo sin papel sea una realidad en nuestros tribunales”.

Y aportó dos argumentos de peso para ello: el ahorro de costes y de plazos de tramitación que puede representar.

3. La dificultad de investigación de los delitos tecnológicos

La investigación del cibercrimen, pese al avance de las últimas reformas legales introducidas en la materia, presenta límites procesales y legales que dificultan su persecución.

Tal como señaló inspectora de la Unidad de Investigación Telemática de la Policía Nacional, Silvia Barrera Ibáñez, a nivel internacional se detecta la falta de armonización entre las legislaciones de los diferentes países, que dificulta la cooperación internacional cuando los hechos investigados tienen su origen en otros países (lo que ocurre con gran frecuencia).

A ello se suma la lentitud de las comisiones rogatorias internacionales y el plazo de caducidad de las investigaciones policiales.

En el ámbito interno se detectan problemas como la dificultad para atribuir la competencia de los tribunales, porque no es fácil decidir dónde se comente un delito en internet; la volatilidad de los datos en la red; la falta de criterios judiciales unificados para la apreciación de relevancia penal o en caso de ausencia de autor conocido.

4. Los nuevos tipos delictivos

Las recientes reformas procesales y sustantivas han introducido numerosas novedades en el enjuiciamiento de estos delitos, pero no han terminado con todos los aspectos problemáticos al respecto.

Tal como señaló el magistrado del Juzgado Central número 6 de la Aundiencia Nacional, Eloy Velasco, por lo que se refiere al aspecto penológico, la reciente reforma del Código Penal ha introducido una positiva tipificación de nuevas figuras delictivas, que ya se están aplicando, al amparo, además, de los nuevos procedimientos de investigación criminal introducidos por la Ley Orgánica 13/2015 y por la Ley 41/2015, que ya se están aplicando.

Así, cabe destacar la tipificación de figuras como facilitar acceso no autorizado a contenidos sujetos a propiedad intelectual o eludir sus medidas electrónicas de protección (art. 270 CP); el childgroom o acoso a menores, como embaucar a un menor de 16 años (art. 189 CP); la pornografía infantil a través de internet (que incluye el primer caso de delito cometido con la vista, como es ver pornografía infantil); el acoso a menores que afecte a la vida cotidiana de la víctima, el voyerismo y el acoso a familiares (art. 172.3 CP); el quebrantamiento del alejamiento de la víctima por medio de la manipulación de los dispositivos de control (art. 468.3 CP); el allanamiento aunque sea meramente formal de un secreto (art. 197 bis CP) o el robo de información sobre una persona por medio de una máquina.

También se destaca que de los cuatro bloques de delitos que pueden cometer las personas jurídicas, uno de ellos es el de los delitos informáticos. En concreto, de los 26 delitos que pueden cometer, 10 son de tipos informáticos.

Sin embargo, Eloy Velasco apuntó también a la dificultad que pueden representar los nuevos plazos de instrucción sumarial previstos en la reforma de la LECrim.

5. La dificultad de enjuiciamiento de los delitos tecnológicos

Desde el punto de vista procesal, la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2015 ha regulado aspectos del proceso penal que eran inaplazables, como el acceso a datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad; el registro de sistemas informáticos y de almacenamiento masivo de información, tanto directo como remoto; la conservación rápida de datos informáticos, para evitar su destrucción hasta que se consiga autorización judicial y la incorporación al proceso penal de los datos obtenidos.

Así lo expuso la Fiscal adscrita a la Fiscalía de criminalidad organizada Ana María Martín Martín de la Escalera.

6. Privacidad y protección de datos personales

Los actuales recursos tecnológicos permiten el acceso, conservación, gestión y transmisión de un enorme volumen de datos de carácter personal por parte de los profesionales del Derecho.

Por ello, estos recursos ofrecen grandes ventajas y mejoran las posibilidades de trabajo y de interrelación de los juristas, pero también representan un gran compromiso para la seguridad de nuestros datos. Como puso de manifiesto Ann Cavoukian. Executive Director Privacy & Big Data Institute de Toronto, cualquier dispositivo de almacenamiento de la información y especialmente los dispositivos móviles conectados a redes abiertas, pueden ofrecer grandes lagunas de seguridad que pongan en peligro nuestros datos. Y la progresiva implantación de la Internet de las cosas, que va a permitir el acceso a nuestros datos a través de elementos de conectividad colocados en multitud de objetos a nuestro alrededor, no va a hacer sino aumentar ese riesgo.

Por otra parte, la protección de datos personales se encuentra sujeta a una rigurosa legislación que, por un lado, debe ser conocida y aplicada por los profesionales, pero que, por otro lado, ofrece lagunas derivadas de que esa gestión de la información no se realiza en un ámbito y con unos recursos exclusivamente nacionales, sino que frecuentemente se realiza en un contexto internacional, en el que las reglas no son iguales para todos (como, por ejemplo, las conocidas como transferencias internacionales de datos).

Esa legislación es frecuentemente desconocida por los ciudadanos, que ignoran las consecuencias derivadas del mal uso o tratamiento de dichos datos. Probablemente por ello el número de denuncias que llegan a la Agencia han aumentado más de un 320% en los últimos años, destacando las derivadas de la inclusión indebidas en registros de morosos.

Y estos temas probablemente irán a más como consecuencia de la reciente sentencia del TJUE que declaró contrario al Derecho europeo el denominado Safe Harbor, principio que facilitaba la transferencia de datos personales desde países de la UE hacia Estados Unidos, sede de la mayoría de empresas que gestionan redes sociales masivas.

Por todo ello, es necesario que los profesionales no solo conozcan esa legislación sino también que, para su adecuada observación tengan en cuenta la colaboración que prestan agencias nacionales como la Agencia Española de Protección de Datos.

En concreto, el Plan Estratégico 2015-2019 que presentó su directora, Mar España, está orientado a facilitar a los ciudadanos y los profesionales recursos y colaboración que les faciliten la protección de sus datos y la prevención del cumplimiento de la normativa aplicable.

El Plan pretende, sin duda, superar la imagen de una AEPD orientada la sanción y la represión de las conductas contrarias a la legislación sobre protección de datos, por la de una Agencia colaboradora, transparente y participativa, más ágil, cercana a los ciudadanos y eficiente, todo ello con el objetivo de que los avances tecnológicos sean compatibles con el respeto a la privacidad de los ciudadanos y la protección de sus datos personales.

7. La seguridad de la información

El aumento del volumen de datos gestionados por medios informáticos ha corrido paralelo con el aumento de ataques destinados tanto al acceso o a la captura de dichos datos (especialmente de las credenciales o datos de identificación de los usuarios), como a la utilización indebida de los sistemas (por medio de Botnets, software malicioso destinado a poner un ordenador al servicio de las intenciones de un tercero).

Para valorar la importancia del problema, baste recordar, tal como hizo Alberto Hernández Moreno, Director de Operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), que de los 63 ataques a infraestructuras críticas detectados en 2014, se ha pasado a los 111 producidos hasta comienzos de diciembre de 2015. O que, tal como demostró en directo, a primera hora de la tarde del viernes había 10.000 ordenadores atacados por Botnets

Estas conductas se reflejan también en ataques a empresas y ciudadanos. En cuanto a las primeras, por medio de modificación de homes ajenas; el phising bancario o de emails y la extorsión a empresas.

Igualmente se han incrementado los fraudes a los ciudadanos por medios informáticos, incluyendo figuras tales como venta de objetos falsificados; falsos prestamistas; falsas ofertas de trabajo; estafas en alquileres; phising; captación de muleros para el blanqueo de capitales o falsas novias.

Para prevenir estos ataques se recuerda la existencia de organismos públicos como el propio INCIBE, el Centro de alerta temprana de amenazas informáticas (CERTSI) y el Centro de certificación electrónica CERT.

8. Internet solo está empezando su existencia

Aunque en muchos aspectos ya nos hayamos acostumbrado a su presencia y a su manejo, Internet es un campo que acaba de empezar a extenderse.

Su evolución, basada en un aumento geométrico de la capacidad de transmisión de datos, y de saltos como el paso del modelo electrónico actual al fotónico, basado en la transmisión a través de fotones (y que permitirá pasar de la WiFi a la LiFi o conexión a través de la luz), nos aseguran que en un futuro próximo, la red será más rápida, más barata, más pequeña y, a la vez, más ubicua.

Por ello, según señaló Andreu Veá, va a conocer una implantación cuasi universal que favorecerá una interconexión entre personas y entre personas y objetos en todo momento y lugar.

Hoy por hoy, Internet es una especie de Far West en el que no hay ley ni fuerza coercitiva que la regule.

Los desafíos jurídicos que esto plantee, a nivel de seguridad, de protección y de legislación apenas están empezando a ser estudiados.

9. La deontología profesional en un mundo conectado

La naturaleza joven y extremadamente dinámica y cambiante de los sistemas de la información, frecuentemente carentes de reglas o regulados todavía por antiguas reglas, puede hacer pensar que, en su consideración jurídica, las reglas deontológicas se han relajado, que las exigencias deontológicas no son las mismas.

Sin embargo, tal como explicó Tomás González Cueto, los códigos deontológicos deben estar en constante adaptación a los cambios tecnológicos que afectan a la abogacía.

Así, los servicios jurídicos ofrecidos, y frecuentemente prestados, a través de Internet, deben considerarse íntegramente sometidos al Código Deontológico de la Abogacía, por lo que les son exigibles aspectos como la identificación del letrado, la necesaria identificación del cliente por el abogado para evitar conflictos de intereses, la observancia del secreto profesional, la confidencialidad de los datos transmitidos entre letrado y cliente y entre letrados.

Además, no debe olvidarse el uso que los abogados pueden hacer de las redes sociales y temas como las de las cookies en sus páginas web.

10. La toma de decisiones en un contexto de enorme volumen de información a considerar

Nuevamente este es un tema que no afecta solo a un tipo de abogados, sino a todos en general, pero también es un tema en el que la abogacía TIC tiene que tener muy puestos los ojos, por sus múltiples implicaciones.

El volumen de información que se genera en torno al ámbito jurídicos es gigantesco y en continuo aumento, por lo que la posibilidad de conocerlo se hace cada vez más compleja.

Ello genera frecuente incertidumbre en cuanto a si se está manejando toda la información necesaria, actualizada y precisa, en relación con un caso.

Por ello, se hace evidente la necesidad de herramientas de recuperación y  análisis de la información, que ayuden a los profesionales a la toma de sus decisiones.

Las potentes bases de datos actuales son una primera ayuda, pero el desarrollo de nuevas herramientas será realidad en no mucho tiempo.

El sistema Watson de IBM es una de las referencias en esta materia. Basado en la enorme capacidad de proceso que proporciona IBM y mediante la aplicación de la denominada inteligencia cognitiva, que intenta reproducir la forma en que los humanos adoptamos las decisiones (en un proceso que incluye la observación, la interpretación, el análisis, la evaluación y la decisión), se presenta como una de las herramientas con mayor proyección futura.

Y aunque su aplicación al ámbito jurídico no ha sido todavía suficientemente explicada (más allá del proyecto Ross de la universidad de Toronto), sus principios teóricos y su experiencia ya contrastada en el campo de la medicina, permiten pensar que en el futuro los juristas contarán con herramientas extremadamente potentes que les permitan un adecuado análisis de la información existente, que les ayude a una mejor toma de decisiones.

Aún falta para ello, y los problemas de coste de implementación, incorporación de la información y entrenamiento de este tipo de máquinas hacen prever que su utilización inicialmente solo sea accesible a grandes despachos e instituciones. Sin embargo, la experiencia también permite prever que una exitosa implementación a alto nivel asegurará su rápida y más económica extensión a todos los ámbitos del Derecho”.

FUENTES:

  1. TICs y Derecho Laboral. Santos Fita, Pablo. LEGAL TODAY: http://www.legaltoday.com/blogs/fiscal/blog-deloitte-abogados/tics-y-derecho-laboral
  2. INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL CAMPO JURÍDICO, SOCIAL Y COMERCIAL. Rico Carrillo, Mariliana. PUNTO DE VISTA JURÍDICO: http://puntodevistajuridico.blogspot.com/2011/10/influencia-de-la-tecnologia-en-el-campo.html
  3. Principios legales y éticos asociados al uso de las TIC. GOBIERNO DE CANARIAS: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/ciudadania-y-seguridad-tic/principios-legales/
  4. Los 10 puntos críticos del Derecho en la era digital. REDACCIÓN JURÍDICA. NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10724-los-10-puntos-criticos-del-derecho-en-la-era-digital/

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