búsqueda de trabajo, COVID-19, Derecho, Pandemias, Política

Coronavirus, empleo y crisis económica

La crisis desatada por el coronavirus no solo deja ver sus efectos en el ámbito sanitario, sino que extiende sus efectos a los ámbitos económico y de empleo. Y en España la crisis económica que va a provocarse una vez superada la crisis sanitaria va a ser peor que en otros países, por el hecho de que la gestión económica de los últimos Gobiernos centrales, con un gasto ingente y no haber conseguido ahorrar desde la adopción de las medidas para salir de crisis económica anterior, ha provocado no tener un colchón para salir del paso.

Tras esta introducción, cabe señalar, en primer lugar, siguiendo a una noticia del periódico El País del pasado 2 de abril de 2020, que “el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado hoy un dato que ilustra la gravedad del impacto que está teniendo la crisis sanitaria del coronavirus en la economía. Según ha dicho, en los 14 días laborables de marzo tras el cierre de los colegios, se han destruido en España los mismos puestos de trabajo que desaparecieron a lo largo de 100 días en la anterior gran crisis económica provocada por la quiebra Lehman Brothers en 2008.

En la actualidad, dos tercios de los puestos que se han destruido eran temporales, un porcentaje similar que en la crisis de 2008, por lo que Escrivá ha incidido en que los ajustes de empleo en España siguen siendo mayoritariamente a través del personal temporal.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado hoy que el Servicio Público de Empleo ha tramitado más de 240.000 Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que han afectado a 620.000 trabajadores a los que se les ha reconocido la prestación por desempleo. A estos se suman los 2.331.000 parados con prestación habituales. Si bien Díaz no ha facilitado el dato de los trabajadores incluidos en ERTE a los que aún no se les ha reconocido la prestación, por el retraso en los trámites.

Escrivá ha faciliado hoy otros dos datos nuevos: las mutuas de la Seguridad Social han recibio la solicitud de medio millón de prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos. Y, además, el sistema ha registrado 250.000 bajas laborales de trabajadores relacionadas con el virus. De estas, 65.000 son directamente empleados infectados por la enfermedad y las 185.000 restantes, son aislados por haber estado en contacto con personas infectadas”.

Teniendo en cuenta esto, y también las características del mercado de trabajo español, basado principalmente en el mercado de turismo y hostelería, además de en contratos temporales, especialmente basados en estos sectores económicos, cabe señalar que se debería cambiar la dependencia de un solo sector como éste, además del de la construcción, por el simple hecho de que la dependencia de estos sectores implica una mayor influencia de crisis cuando toca”.

Y todo esto es porque la legislación sobre trabajo en España y la presión fiscal a las empresas y trabajadores, además de unos políticos ineptos que no saben tomar las decisiones adecuadas para afrontar las crisis económicas que han asolado España desde la entrada en democracia, ha creado un mercado de trabajo muy rígido y muy burocrático.

Por otro lado, cabe señalar, siguiendo un informe de Caixabank, que “cabe esperar una caída del ritmo de actividad significativa y concentrada en el tiempo, en particular mientras duren las medidas de confinamiento, y un rebote una vez se levanten. Los indicadores de actividad disponibles son muy limitados, pero datos de alta frecuencia como la demanda eléctrica diaria nos muestran que el impacto, a corto plazo, puede ser muy elevado (véase el primer gráfico). En términos del PIB, la contracción para el año 2020 podría situarse alrededor del –3,6% si las medidas de confinamiento y restricción a la actividad se relajan rápidamente en las próximas semanas. Sin embargo, la incertidumbre que rodea esta cifra es muy elevada y depende, en gran medida, del tiempo que deberán mantenerse activas las medidas de contención del virus. Si es necesario prolongarlas más en el tiempo, la corrección sería mayor y la recuperación, más gradual.

La respuesta de las políticas públicas para mitigar el impacto de la COVID-19 en España

Ante esta crisis de salud pública, el ámbito prioritario de actuación pasa por reforzar el sistema sanitario, con el fin de aumentar su capacidad para tratar a los enfermos y en­­contrar soluciones científicas que hagan frente a la pandemia, ambos ámbitos indispensables para que podamos retomar lo más pronto posible la vida donde la dejamos antes de la llegada de la COVID-19.

Pero ante un shock de esta naturaleza, temporal y de causa externa, también es importante reducir al máximo el contagio a la economía para asegurar que el parón en la actividad y el empleo también sea temporal. Para ello es necesaria una respuesta de las políticas económicas contundente y coordinada, tanto a nivel nacional como a nivel europeo y mundial.1 El objetivo es permitir que la actividad y el empleo se retomen tras el shock de manera rápida, facilitando que no se interrumpa el flujo circular de ingresos de la economía y que continúe circulando el di­­ne­­ro entre los distintos agentes económicos.

Para ello, el Gobierno español ha presentado una batería de medidas cuyo objetivo es reducir el impacto de la crisis en las familias, los trabajadores y las empresas.3 Las ayudas directas aprobadas hasta el momento ascienden a 21.000 millones de euros (el 1,7% del PIB). Además, se han adoptado otras medidas, como una línea de avales de hasta 100.000 millones y una moratoria para deudores hipotecarios. Para proteger a las familias que se hallan en una situación especialmente vulnerable como consecuencia de esta crisis, el Gobierno ha establecido la garantía de suministros básicos (electricidad, agua, gas y telecomunicaciones).

Para proteger a los trabajadores, se ha facilitado la adaptación de la jornada laboral y el teletrabajo siempre que ello sea posible. Igualmente clave ha sido la flexibilización de los ERTE para que los trabajadores y los autónomos afectados por la crisis puedan mantener un flujo de ingresos y volver rápidamente al empleo una vez superado el periodo de confinamiento. Con este fin, se considera el coronavirus como causa de fuerza mayor y se amplía la cobertura de desempleo por ERTE a todos los trabajadores afectados.

Finalmente, para proteger a las empresas, el Gobierno ha establecido, entre otras medidas, un aplazamiento del pago de impuestos para las pymes, la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por los ERTE y una línea de avales para empresas y autónomos por valor de hasta 100.000 millones de euros con el fin de salvaguardar su liquidez. En el primer tramo de la línea de avales (20.000 millones de euros), el Estado garantizará el 80% del préstamo para las pymes y los autónomos, mientras que, para el resto de las empresas, la garantía pública ascenderá al 70% para los préstamos nuevos y al 60% para las renovaciones.

Un paquete de medidas para favorecer que los efectos negativos sobre el empleo y la actividad sean transitorios

El conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno es­­pañol configura una respuesta contundente al impacto económico de la COVID-19 y sienta las bases para que los efectos negativos sobre el empleo y la actividad sean tran­­si­­torios, y para que esta última repunte una vez controlada la epidemia. El apoyo a todos los sectores afectados de la sociedad es necesario para evitar que un shock de carácter transitorio acabe dejando unas cicatrices persistentes. El objetivo último es salvaguardar, en la medida de lo posible, el bienestar económico de la población y la capacidad productiva.

Cabe destacar la apuesta del Gobierno por favorecer los ERTE y evitar al máximo los despidos (de hecho, el Gobierno decretó como despido no procedente todo el que se debiera al coronavirus, con el consiguiente aumento de los costes). El carácter generalizado de la promoción de medidas de ajuste interno de las plantillas es una novedad en el mercado laboral español, que en otros momentos de crisis pasados se ha inclinado por medidas de flexibilidad externa (por ejemplo, despidos). Esta apuesta por la flexiseguridad es una prueba descomunal para el mercado laboral español de la que seguro que podremos aprender lecciones para crisis futuras. En la actualidad, los trabajadores afectados por un ERTE reciben una prestación por desempleo que corresponde al 70% de la base de cotización durante los seis primeros meses, con un tope mínimo (502 euros) y uno máximo (1.402 euros). Así, el trabajador recibe ingresos mientras dura el ERTE, aunque sean algo inferiores a sus salarios,4 y, sobre todo, mantiene la relación laboral con el empleador para retomar la actividad lo más pronto posible (véase el recuadro sobre el abecé de los ERTE para más detalle).

Estas medidas van de la mano de ayudas específicas para empresas y autónomos (diferimiento de impuestos, bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social y avales públicos), que les proveen de liquidez para evitar la quiebra durante el estado de alarma y que debería permitir que puedan retomar rápidamente la actividad una vez acabada la crisis. Cabe destacar que una contrapartida a las ayudas a las empresas que realizan un ERTE es el mantenimiento de esos puestos de trabajo durante al menos los seis meses posteriores al mismo, lo que da cierta estabilidad laboral a los trabajadores afectados.

El impacto sobre las cuentas públicas será significativo pero manejable, pues las necesarias medidas de estímulo fiscal presionarán al alza este año el déficit y la deuda públicos, que podrían alcanzar en 2020 cotas superiores al 5% y al 105% del PIB, respectivamente, pero que deberían normalizarse tan pronto como se retome la actividad”.

Sacan esta conclusión en el informe como consecuencia de otro informe anterior, en el que se destacaba que, “aunque la incertidumbre es muy elevada, ya que en la época moderna no existen precedentes equiparables a la situación actual, la pandemia global del coronavirus muy probablemente acabará teniendo consecuencias económicas de una intensidad inaudita a corto plazo. Los pocos indicadores que se han publicado tras el inicio de la pandemia así lo apuntan: en China, donde el virus se extendió primero, se optó por medidas de contención radicales que han tenido éxito tras dos meses, pero el impacto en el ritmo de actividad también ha sido muy profundo. Se estima que el PIB chino ha retrocedido alrededor de un 10% en el primer trimestre en relación con el trimestre anterior (una cifra que no está anualizada). Dado su carácter de primer país afectado, debemos tomarnos estos datos como una indicación de lo que puede ocurrir en el resto de las economías.

Por supuesto, la intensidad con la que el virus afectará a cada país dependerá de muchos factores, como su sistema sanitario, la propia demografía (no es lo mismo una sociedad joven de un país emergente que la de otro con una pirámide poblacional más envejecida), la estructura territorial (países con mucha densidad urbana frente a otros menos urbanizados) o el nivel de desarrollo.

Pero la evolución de la pandemia hasta la fecha hace pensar que ningún país podrá evitar verse directamente afectado. Además, todas las economías se encuentran expuestas, en mayor o menor medida, a la caída de la demanda global, que empezó a notarse a principios de año en China a raíz de la pandemia, y que se intensificará en los próximos meses a medida que se extienda al resto del mundo. Tampoco ninguna economía podrá salir indemne de las disrupciones que están experimentando las cadenas globales de suministros, así como de las restricciones a la movilidad internacional de las personas. Además, a todo ello hay que sumar el deterioro del entorno financiero, cuya cara más visible son los descensos históricos que se han producido durante las últimas semanas en todas las bolsas del planeta.

Se trata, salta a la vista, de la segunda gran crisis económica y financiera del siglo XXI. Pero, a diferencia de lo que sucedió en la Gran Recesión del 2008, ahora la toma de decisiones está siendo mucho más rápida y contundente: con carácter general (al menos en las economías motoras del mundo), se están poniendo las bases de una respuesta excepcional.

Medidas extraordinarias en marcha

Estamos asistiendo a un proceso rápido de toma de medidas tanto en materia de salud pública como estrictamente económicas. Ambas están necesariamente relacionadas. Las actuaciones en el primero de los dos ámbitos que se están adoptando a nivel mundial se centran en contener la expansión del coronavirus (mediante variantes más o menos restrictivas del distanciamiento social), a fin de aplanar la curva de contagios y, de esta manera, limitar la presión sobre los sistemas de salud nacionales. Prevemos que, con mayor o menor intensidad, esta estrategia, que se llevó a cabo primero en China, acabe generalizándose en la práctica totalidad de países del mundo, con lo cual el efecto económico acabará tomando la forma de un doble shock de oferta y demanda prácticamente simultáneo y de carácter global.

Y para hacer frente a este doble impacto se está desplegando rápidamente una batería de medidas económicas de una amplitud y un calado extraordinarios. Más allá de las variantes, las medidas puestas en marcha comparten un mismo gran objetivo: evitar que un shock de carácter transitorio acabe teniendo efectos negativos persistentes.

Con dicho objetivo en mente, se está actuando principalmente en dos grandes ámbitos. En primer lugar, los principales bancos centrales y las autoridades fiscales están tomando medidas para proveer de liquidez a todos los actores del sistema económico, prevenir su asfixia financiera y garantizar así el buen funcionamiento de la cadena de pagos. En muchos países, y en particular en EE. UU. y la UE, se han reactivado medidas de expansión monetaria (QE), en EE. UU. se han rebajado sensiblemente los tipos de interés de referencia, se han introducido programas de avales sobre créditos privados, se han diferido impuestos y se han anticipado o flexibilizado transferencias y prestaciones sociales. En estos momentos, la posición de solvencia y liquidez de los bancos es fuerte y se espera que tengan un papel importante como transmisores de estas políticas destinadas a satisfacer las necesidades de financiación de las empresas y las familias.

Una segunda línea de actuación persigue mitigar el impacto en los trabajadores y los autónomos. En este ámbito fundamental, las medidas tomadas en muchos países se centran en permitir un ajuste temporal de los niveles de empleo sin que ello implique su destrucción permanente. Por ejemplo, mediante aplicaciones más ágiles de medidas temporales de ajuste de empleo (en España, los ERTE). Por un lado, estas facilitan la viabilidad de las empresas, pero también incentivan a preservar la vinculación entre la empresa y los trabajadores, un elemento imprescindible para poder volver rápidamente a la normalidad una vez superada la situación actual. Asimismo, se han rebajado los requisitos para acceder a las prestaciones sociales propias de las situaciones de paro (en el caso de los asalariados) o de caída de la actividad (autónomos), a fin de que la disrupción sobre sus rentas sea la mínima posible.

El objetivo último es salvaguardar, en la medida de lo posible, el bienestar económico de la población y la capacidad productiva. Por ello, además de las medidas anteriormente mencionadas, en función del impacto que acabe teniendo la COVID-19 sobre la actividad económica, es probable que se tengan que modular o ampliar las medidas de apoyo, por ejemplo, mediante ayudas públicas directas o incentivos tributarios a los colectivos más afectados. EE. UU. ya ha anunciado un amplio paquete de medidas en este sentido.

Todas estas medidas aumentarán de forma sustancial las necesidades de financiación del sector público. Por ello, y para eliminar cualquier duda sobre la sostenibilidad de la deuda pública, los bancos centrales, y en particular la Fed y el BCE, han activado programas de compra de activos muy amplios que, implícitamente, dan cobertura a la expansión de los gastos públicos y aseguran que las condiciones a las que podrán financiarse serán muy favorables.

Escenario económico

En los escenarios que siguen, realizados en condiciones de incertidumbre inusuales, palpita la convicción de que las medidas tomadas son necesarias, ambiciosas y adecuadas, por lo que la recesión será fortísima pero no duradera.

Concretamente, esperamos un impacto negativo muy fuerte en el ritmo de actividad a corto plazo, en función del país, ya en el primer o en el segundo trimestre de este año, para después registrar un rebote, también intenso, en la segunda mitad de 2020 y en 2021. Así, a nivel global esperamos que la actividad caiga un 0,4% en 2020, por lo cual el impacto del coronavirus será de algo más de 3,5 p. p. sobre el crecimiento este año, pero para 2021 esperamos que el crecimiento rebote y se sitúe por encima del 5%. En comparación, durante la Gran Recesión, el PIB cayó un 0,1% en 2009 y repuntó con fuerza al año siguiente anotando un crecimiento del 5,4%.

A nivel europeo, estimamos que la eurozona se está adentrando en una breve pero fuerte recesión en el primer semestre de este año, con una contracción generalizada por países que dejará el crecimiento para el conjunto de 2020 en el –3,1%. Sin embargo, la recuperación, que esperamos que se inicie ya en el segundo semestre de este año, culminará en un intenso crecimiento en 2021 que podría llegar a situarse por encima del 4%.

La economía española muy probablemente experimentará un patrón similar al europeo. Estimamos que la caída del PIB durante el primer semestre del año puede superar el 10% debido, sobre todo, al frenazo de la actividad que experimentarán los sectores directamente afectados por las medidas de confinamiento, como la restauración y la hostelería, el comercio, el ocio y el transporte, entre otros, y que representan alrededor del 25% del PIB español. Sin embargo, también influirá el impacto que reciba la mayoría del resto de los sectores. El profundo efecto de las medidas tomadas hasta la fecha ya se observa en la facturación de los TPV de CaixaBank, que en la tercera semana de marzo (la semana posterior a la declaración del estado de alarma) registraron una caída de los gastos con tarjetas del 55% interanual para los residentes (a pesar del notable repunte que se observa en el gasto en alimentación y en productos de primera necesidad) y del 84% en los gastos realizados por turistas extranjeros. De todas formas, una vez superada la pandemia, confiamos en que las medidas tomadas por las autoridades –que deberán ampliarse si es necesario– permitirán una rápida recuperación económica durante el segundo semestre del año, con lo que el crecimiento del PIB para el conjunto de 2020 se podría acabar situando alrededor del –3,6% (5,1 p. p. menos de lo que esperábamos antes del shock), y en 2021 podría superar el 5,5%.

En esta tesitura, es de esperar que la tasa de paro experimente un fuerte repunte, y que en el segundo trimestre se sitúe por encima del 20%, pero que descienda rápidamente durante el segundo semestre del año, en consonancia con la recuperación de la actividad económica, hasta situarse alrededor del 14,5% en el cuarto trimestre. Como en el resto de las principales economías europeas, prevemos que las necesarias medidas de estímulo fiscal presionarán al alza el déficit público, que este año podría situarse por encima del 5%, y la deuda pública, que podría alcanzar el 105% del PIB. Reiteramos, sin embargo, que en este contexto es deseable una actuación eficaz y ambiciosa para poder minimizar el impacto de la pandemia en las familias y las empresas. Si nos aseguramos ahora de que los cimientos de la recuperación son sólidos, también reducimos la probabilidad de que la factura para el sector público aumente en el futuro.

La incertidumbre que rodea este escenario es inusualmente elevada. Al fin y al cabo, el impacto de la COVID-19 en la economía acabará dependiendo, sobre todo, del tiempo que las estrategias de contención del virus deban mantenerse activas. Si al final deben alargarse más de lo previsto, el impacto económico podría ser superior. Por ejemplo, si las medidas de confinamiento tienen que prolongarse hasta el verano, o retirarse de forma muy gradual, el retroceso del PIB podría situarse alrededor del 7% este año en muchos países desarrollados. Sin embargo, también es de esperar que se refuercen las medidas de apoyo a familias y empresas hasta ahora anunciadas, tanto desde el ámbito fiscal como desde el monetario. Este es, de hecho, uno de los principales riesgos: que la respuesta de la política fiscal no esté a la altura de la magnitud del shock. Si la COVID-19 tiene un impacto en la actividad económica de 5 puntos del PIB, el esfuerzo fiscal debería ser comparable. Dicho de otro modo: si su impacto fuera el doble, la respuesta fiscal debería doblarse. Solo de esta manera se podrá amortiguar suficientemente el efecto del shock sobre las familias y las empresas, y estar listos para una recuperación rápida cuando la pandemia esté controlada.

Ante un desafío de esta magnitud, la UE deberá dar un paso adelante. No podemos volver a cometer los errores de la última crisis y dejar que emerjan dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública de ningún país miembro ni, mucho menos, sobre el futuro del euro. Para evitarlo, será necesario avanzar de forma decidida hacia una unión fiscal, desarrollando mecanismos de financiación comunes, como la emisión de eurobonos y el desarrollo de una capacidad tributaria a nivel europeo, que permitan utilizar al máximo la capacidad de gasto del conjunto de la UE. Si no lo hacemos ante una crisis humanitaria como la actual, ¿cuándo lo haremos? Ciertamente, el desarrollo institucional que ello requiere no se puede hacer de forma rápida, pero las instituciones europeas han demostrado ser ágiles en momentos de dificultades y, sobre todo, el firme compromiso en una hoja de ruta ambiciosa en esta dirección ya podría ser de gran ayuda en estas circunstancias.

También cabrá seguir con especial atención la evolución de los países emergentes o en vías de desarrollo, ya que se encuentran en una posición más vulnerable. Además de contar con un sistema sanitario con menos recursos, varios emergentes de referencia acumulan desequilibrios macroeconómicos y financieros que pueden limitar su respuesta de política económica. Además, algunos de ellos ya se encontraban en una situación política y social frágil antes del estallido del virus y, en momentos de dificultad como el actual, contar con una sociedad cohesionada es fundamental. En este sentido, todo el apoyo que les podamos ofrecer los países más desarrollados puede ser determinante.

Una crisis de alcance inusitado que cambiará el mundo

Aún inmersos en la fase aguda de la crisis de la COVID-19, compartimos una doble convicción. La primera, que esta crisis la vamos a superar. La segunda, que a pesar de su previsible carácter temporal, el shock probablemente tendrá efectos estructurales. Las crisis, cuando son de esta magnitud, pueden acelerar cambios latentes o hacer emerger otros inesperados.

Seguramente, tras esta crisis reforzaremos los sistemas sanitarios y reevaluaremos el papel que desempeñan los expertos, cuya preeminencia es tan notoria estos días. También es probable que, a nivel productivo, emerjan nuevas formas de organizarnos, tanto global como localmente, ya sea por el acortamiento de las cadenas de valor a cambio de mejorar su resiliencia, como por la difusión de las formas de trabajo a distancia. Estos cambios, además, también ayudarán a acelerar la transición económica hacia un sistema más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente.

Y, seguramente, tras esta crisis también reevaluaremos el papel de la coordinación y el liderazgo internacionales. En este frente global, es probable que la UE se vea sometida a presiones con pocos precedentes. La historia de la UE nos dice que las crisis han actuado como acicate para avanzar hacia una mayor integración siempre que han existido unas bases institucionales y políticas adecuadas. Esta es, precisamente, la situación presente: los instrumentos, institucionales y políticos, de los que la UE se dotó en la Gran Recesión podrían dar un nuevo salto adelante en materia de integración europea que hubiésemos considerado irreal antes del shock. Sin duda, así debería ser”.

Cabe señalar, tras esta reflexión, que, además de por la paralización económica, en España también va a influir la falta de más medidas económicas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para haber afronado la anterior crisis y que ha impedido a la economía española haber ahorrado, no sólo a nivel de ingresos de las familias y todos los trabajadores, sino también a nivle nacional, y por lo que nos va a afectar más la crisis provocada por el COVID-19. Además, también cabe señalar que la mayor parte de las empresas en España son PYMES, las cuales tienen pocas posiblidades de maniobra en casos de grandes crisis económicas como la actual, y que se verán abocadas al fracaso.

El periódico ABC ya hacía el 7 de abril de 2020 una reflexión parecida en una noticia en su versión web, que rezaba que “el panorama económico tras la pandemia del coronavirus no se presenta alentador. Todos los países se ven dañados por la parada total o en parte de actividad que se han visto obligados a realizar para parar la propagación del virus. Una crisis sin parangón por su impacto y, sobre todo, por el corto espacio de tiempo en el que se ha producido, dejando a los países casi sin capacidad de reacción. Aunque la profundidad de las consecuencias no se podrán conocer hasta que no avancen los días, después de un inicio de hundimiento, los estados confían en que la recuperación se produzca más rápidamente, en unos más que otros.

El FMI estima que el impacto del coronavirus en la economía es peor que el sucedido en la crisis de 2008. El organismo calcula que cada mes que por cada mes de confinamiento el PIB mundial cae 3 puntos. Por su parte, la OCDE calcula que el impacto de esa misma relación es de dos puntos. Sea como fuere, cientos de miles de millones que pierde la economía mundial. Por ello, los distintos bancos centrales han modificado sus estrategias de política monetaria para insuflar liquidez a la economía y tratar de paliar los efectos del Covid-19 en las cuentas de los países.

Por supuesto, de esta crisis España no sale indemne. Nuestro país sufrirá para recuperarse debido a su alta dependencia al turismo y al sector servicios, los últimos que se espera que recuperen la normalidad, pero aun así se prevé que la recuperación sea más rápida que en la última crisis. Así, se esperan más ayudas por parte de Bruselas. Ya sea en forma de eurobonos, llamados ahora coronabonos; es decir, bonos de deuda conjunta de los países de la UE compuestos compuesta a su vez por los distintos bonos nacionales. Una opción que parece lejana de concretarse por la oposición de países como Países Bajos. Por tanto, la opción que fuerza ha cobrado es la disposición del fondo de rescate, dotado con 400.000 millones de euros.

Y es que se espera que nuestro país sufra la mayor caída del PIB desde la posguerra, según un informe de Freemarket. Los cálculos que han realizado este, Funcas, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino estiman que en estos dos primeros trimestres se destruirían desde 36.000 millones hasta 98.000 millones. Un desmoronamiento del tejido productivo que conllevará un gran impacto en el empleo, se esperan peores datos este abril por la letra pequeña de los ERTE y el cierre de pequeñas empresas, y que tensionará aún más la deuda española, que roza el 100% del PIB.

Pese a ello, las agencias de calificación mantienen sus estimaciones con España. Así, la agencia de rating granadina Axesor, por ejemplo, ha mantenido su calificación a España en A aunque espera que este año haya una caída del PIB del 5,5% que el año próximo crecerá, eso sí, un 5,9%. Si bien es cierto que el déficit está por encima del que tenía España en 2007, cuando arrancó la crisis, Axesor recuerda que la deuda de familias y empresas ha bajado frente a entonces, además de que la economía española ahora mismo lleva seis años financiándose del resto del mundo, con superávit exterior. En esta ocasión, España saldrá de esta crisis, según Axesor, con un déficit del 5% y una deuda del 103%, escenarios que también contempla Funcas.

La gran clave es el turismo, motor del PIB español que representa casi un 13% de su valor y que está muy vinculado a la demanda exterior. Freemarket recuerda que las estimaciones de pérdidas en el sector alcanzan los 60.000 millones de euros y McKinsey proyecta su recuperación, en todo el mundo, en el primer trimestre de 2021 o finales de 2020, por lo que la campaña de verano está perdida.

Los hábitos de consumo y la propia economía cambiarán y habrá sectores como la hostelería que se resientan más que otros. «Lo mas probable es que la recuperación sea gradual. Van a cambiar nuestros hábitos y patrones de conducta y consumo, y eso va a afectar a la economía. La gente va a tomar muchas más precauciones a partir de ahora. Va a haber sectores que van a tener un auge, como nuevas tecnologías, consumo de ocio, plataformas, venta online… en detrimento de otros como el turismo que irán a la baja. En algún momento se recuperará, la cuestión es cuánto y hasta qué nivel», explica responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech.

Prueba de ello es cómo la situación de confinamiento ocasionada por la crisis del Covid-19 ha tenido impacto en los comportamientos de compra. Así, según Kantar, uno de cada dos españoles declara que ha comprado menos en tiendas físicas (un 20% a nivel global), mientras que un 16% ha comprado más online (casi el doble que a nivel mundial). Sin embargo, la intención de compra online a futuro es inferior en nuestro país respecto a la media global (18% frente a 32%). Aun así, hay que recordar que la compra online apenas tenía una penetración en España en torno al 2%, por lo tanto se espera que este dato crezca tras la crisis. Mientras, durante estos meses de confinamiento el 51% de españoles opinan que en el próximo mes su nivel de compra online se va a mantener como en la actualidad.

Este crecimiento del online conlleva que las tiendas físicas sean las grandes perdedoras de los cambios producidos por la pandemia. Según un estudio de Oliver Wyman, en China, el 60% y el 70% de ellos han comprado menos en hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia y mercados tradicionales a pie de calle. Tras superar la crisis, «los comercios han reabierto en China, pero no se ha vuelto a la normalidad en cuanto a la presencia de ciudadanos en las tiendas ya que hay miedo a un rebrote», indica el estudio”.

Como conclusión final, cabe señalar que en España deberíamos exigir a nuestros dirigentes mayor formación en temas tan importantes como economía, Derecho, gestión de dinero, moralidad, etc., además de mayores vías de exigirles responsabilidad civil y penal por la gestión realizada, además de un sistema de educación centralizada y que produzca grandes profesionales.

FUENTES:

  1. Colapso laboral. La crisis del empleo es excepcional, pero tendrá efectos a medio plazo. PERIÓDICO EL PAÍS: https://elpais.com/elpais/2020/04/02/opinion/1585832791_634635.html
  2. CINCO DÍAS: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/02/economia/1585814711_855910.html
  3. La economía tras el coronavirus: hundimientos de PIB y empleo, rápida recuperación y cambios en el consumo. DIARIO ABC: https://www.abc.es/economia/abci-economia-tras-covid-19-hundimientos-y-empleo-rapida-recuperacion-y-cambios-consumo-202004070159_noticia.html
  4. El Banco de España prevé un impacto del Covid-19 “muy pronunciado” en el PIB y en el empleo pero “transitorio”. DIARIO EXPANSIÓN: https://www.expansion.com/economia/2020/03/25/5e7b4e2e468aebb3358b458c.html
  5. Medidas económicas para contrarrestar el impacto de la COVID-19 en España. CAIXABANK RESEARCH.
  6. Crisis COVID-19: un shock sin precedentes. CAIXABANK RESEARCH.

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