Abogacía, Derecho, despachos de abogados

Las relaciones entre abogado y cliente

Hay que destacar, en primer lugar, que estas relaciones están caracterizadas por la confianza mutua entre abogado y cliente.

En este sentido, cabe señalar que “la relación abogado-cliente va más allá de su marco normativo, pues en ella resplandece un elemento esencial para la supervivencia de la misma, cuya ausencia o pérdida nos llevará inevitablemente a su extinción: la confianza. Dicho de otra forma: si no hay confianza, no hay negocio jurídico. Esta afirmación, como no podía ser de otra forma, ha encontrado su respaldo en la legislación y jurisprudencia. Así, el artículo 4 del Código Deontológico de la Abogacía Española[1] señala respecto del fundamento de la confianza lo siguiente:

Artículo 4 Confianza e integridad

  1. La relación entre el cliente y su abogado se fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente.
  2. El abogado, está obligado a no defraudar la confianza de su cliente y a no defender intereses en conflicto con los de aquél.
  3. En los casos de ejercicio colectivo de la abogacía o en colaboración con otros profesionales, el abogado tendrá el derecho y la obligación de rechazar cualquier intervención que pueda resultar contraria a dichos principios de confianza e integridad o implicar conflicto de intereses con clientes de otros miembros del colectivo.

Igualmente, a la hora de tratar las relaciones entre abogados y clientes, el mismo Código nos indica en el apartado 1º de su artículo 13 que la relación del Abogado con el cliente debe fundarse en la recíproca confianza.

Continuando con la cita normativa, el Código Deontológico de la Abogacía Europea[2] señala en su aparatado 2.2 dedicado a la Confianza e Integridad Moral de la relación profesional que “No pueden existir relaciones de confianza si existen dudas en cuanto a la honradez, probidad, rectitud y veracidad del Abogado. Para este último, estas virtudes tradicionales son obligaciones profesionales” Por otro lado, la Declaración de Perigua[3] señala que la buena ejecución (del trabajo profesional) no puede llevarse a cabo mas que con la entera confianza de la persona concernida.

Finalmente, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha reiterado sin fisuras que la relación del cliente con su abogado está basado en la confianza, de suerte que desaparecida está, debe cesar dicha relación (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1990).

Pero, ¿Qué es la confianza? ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan importante tanto para el cliente como para el abogado? Vayamos por partes.

La confianza es definida como la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo, esperanza que se constituye como un elemento esencial de toda relación entre personas. También llamada “el pegamento humano” la confianza es un valor del que se nutren todas las relaciones (personales y profesionales) para facilitar la comunicación que nos permite mejorar y crecer como seres humanos.

HILDA Mª GARRIDO[4], citando a JONES, K, señala que la confianza es una actitud de optimismo de aquél que confía en que la buena voluntad y competencia de otro se ampliará para abarcar el ámbito de interacción con él, junto con la expectativa de que ese otro actuará directa y favorablemente movido por la idea de que contamos con él. Por lo tanto, siguiendo a esta autora, para que se dé la confianza en toda relación (desde la perspectiva del que confía) es necesario que concurran los siguientes elementos:

  1. La aceptación del riesgo de que la persona en la que ha confiado traicione dicha confianza.
  2. El optimismo que debe presidir el enfoque de la persona que confía respecto del comportamiento del otro.

Ello nos lleva a que la confianza en alguien nos proporciona un alto nivel de seguridad respecto a la conducta futura de la persona en la que confiamos, y ello al amparo de un juicio de futuro, algo similar a un acto de fe, que nos permite suponer que esa persona va a actuar conforme a lo esperado, acordado manteniendo sus compromisos.  

No obstante, la confianza se construye a través de un proceso de interacción en el que intervienen conjuntamente ambas partes, donde el tiempo y la experiencia permitirá que quien pretende alcanzar la confianza pueda observar y evaluar dicha la conducta del otro para llegar a alcanzarla.Así, en este proceso podríamos encontrar dos estadios, uno primero, en el que, a pesar de no disponer de demostraciones consistentes que justifiquen una confianza plena en el otro, estamos dispuestos a enviarle un mensaje destinado a aventurarse en la relación y confiar en que el otro va a responder a las expectativas futuras puestas en él. En definitiva, en esta primera fase una de las partes apuesta decididamente por una buena relación.

En el segundo estadio, y una vez que se han producido numerosas interacciones y experiencias que ya han cimentado la credibilidad recíproca, aparece la confianza genuina, resultado de un proceso en el que las partes han verificado  a través de evidencias cualquier atisbo de duda o de incertidumbre sobre la otra persona. En esta fase, la confianza se encuentra asentada en valores como la integridad, la veracidad, la o la lealtad que suministrarán el combustible para que la confianza persista.

En definitiva, como indica el consultor argentino Oscar Anzorena,  cuando estamos en un estado de ánimo de confianza sentimos que no hay nada de qué preocuparnos. Actuamos desde una sensación de seguridad y poseemos una expectativa positiva del futuro. El estado de ánimo de la confianza surge ante una interpretación de un futuro que nos parece previsible y tranquilizador”.

Por lo tanto, la confianza constituye uno de los pilares principales en las relaciones abogado-cliente, y que se desprende no sólo de la Constitución española, sino también de la normativa reguladora de la profesión de la abogacía.

A continuación, cabe destacar la importancia que da a la confianza, entre otros valores, en la relación abogado y cliente la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia, destacando lo siguiente:

““La abogacía está comprometida en la defensa de los derechos de las consumidoras y los consumidores, básicamente porque siempre han sido la parte débil en las relaciones de consumo”, comentó Victoria Ortega en el transcurso de una jornada organizada por Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo de Consumidores y Usuarios sobre esta temática.

En este encuentro celebrado este martes en el CGAE, a nivel de conclusiones se indicó la necesidad que se defina un documento contractual claro y preciso.

Especialmente en su objeto y precio, recogiendo con exactitud qué actuaciones se van a realizar y debe evitarse en todo momento incluir cláusulas que puedan resultar abusivas.

Hasta el momento muchos abogados emplean la hoja de encargo que sirve como vinculo contractual con sus clientes.

Para los consumidores es necesario que ese documento sea más claro y detallado y que contemple todos los gastos, incluso apelaciones, que puedan generar ese asunto, cuestión que no siempre se consigue.

Para la presidenta del CGAE hay que hablar “de un compromiso demostrado “todos y cada uno de los días de estos últimos años, que no han sido precisamente fáciles”, por la incertidumbre, inestabilidad, crisis económica y crisis de valores que se ha producido.

La defensa de la Abogacía de los derechos de los consumidores ha conllevado, según la presidenta del CGAE, “como es lógico”, a la interposición de procesos jurídicos y un mayor colapso de los tribunales, que hay quienes atribuyen, de modo “bastante perverso e injusto” a la Abogacía.

En ese preciso momento comentó que los abogados no tienen ninguna culpa del colapso de los juzgados por la avalancha de pleitos hipotecarios. “Rechazo enérgica y categóricamente este relato”, subrayó Ortega, que considera “tan perverso como injusto”.

Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

La primera mesa contó con la intervención de Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho del Consumo y miembro de la Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores de la Abogacía, quien lamentó “que los ciudadanos no cuenten con una auténtica Ley de Derechos ante la Justicia o una más global Ley Orgánica del Derecho de Defensa, sino como una Carta”.

Carlos Ballugera y Eugenio Ribón, dos expertos de arbitraje de primera línea, antes de su intervención.

Para Ribón el balance dicha Carta de Derechos los Ciudadanos ante la Justicia es descorazonador. Y esgrime tres razones “en primer lugar, la absoluta apatía de la clase política, con independencia de la anilina que, de tinte a su color político, para abordar una mejora real de la justicia”.

“Otra cuestión importante es la falta de formación personal en la empatía y el respeto hacia el prójimo, ya sea ciudadano o profesional de la justicia. Y, por último, la omisión de los actores protagonistas de la justicia: consumidores y Abogacía”.

Dicho documento se encuentra estructurada en cuatro partes bien diferenciadas que proclama 41 derechos.

En primer lugar, se detiene en una Justicia, moderna y abierta a los ciudadanos. Una justicia que protege a los más débiles. Una relación de confianza con abogados y procuradores. Y, por último, la Carta habla de su eficacia como Carta de Derechos.

Este jurista explicó que “ya el TC en su Sentencia 45/90 advirtió que la provisión de medios suficientes a juzgados y tribunales guardaba una estrecha vinculación con la efectividad de la tutela judicial y que la carencia de esa provisión de medios podría suponer un serio daño a la eficacia de ese derecho”.

“Han pasado 30 años desde entonces y la precariedad de medios es acuciante”.

Al mismo tiempo destacó que otro de los motivos que “han lastrado el desarrollo de una justicia eficaz y la verdadera consecución de

los objetivos pretendidos por la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Justicia, la omisión o el olvido de dos de los actores y auténticos protagonistas de la justicia: consumidores y ciudadanos”.

Ribón advierte que “se obvió la relevancia de su participación en la propia elaboración de la Carta. No hubo voz de los consumidores en el Informe de la modernización del lenguaje jurídico”.

“La aprobación e implantación de los denominados coloquialmente juzgados especializados sobre cláusulas abusivas ha sido en contra de los pareceres de consumidores y Abogacía”.

Esta misma situación se generó “en el último Convenio aprobado el 12 de mayo de 2017, aprobado por Resolución de 5 de julio de 201729, en materia sobre la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia se ha celebrado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos, con nueva ausencia de los consumidores, la abogacía y la procura”.

Pese a ello, este jurista cree que “la justicia, enferma, tiene cura, pero ello exige un tratamiento integral”, aclara.

¿Qué quieren los consumidores?

A continuación, Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) reflexionó sobre ¿Qué quieren los consumidores?, ponencia en la que destacó que la “Abogacía se ha volcado en la defensa de los derechos jurídicos de las personas consumidoras”.

Ballugera destacó que ante la incertidumbre que genera entre los consumidores la actuación de la CNMC para conocer el coste de los servicios jurídicos “existen bases para un consenso entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Consumidores y Usuarios para que exista información previa del coste de los servicios jurídicos y del importe en caso de condena en costas del letrado de la otra parte”.

Recordó que, desde la crisis económica, esa relación se ha incrementado ya no solo en asuntos de pequeños cuantía, sino también por las cuestiones hipotecarias que han surgido a raíz de las interpretaciones del TJUE sobre diferentes cuestiones prejudiciales.

“Es importante mejorar esa relación de confianza, de tal forma que el consumidor sepa lo que le vale ese asunto y sus posibles incidencias”.

Para este experto, la actividad del CGAE debe ir encaminada a explicar a sus abogados la necesidad de ser transparente y profesionalizar esa relación mediante contrato u hoja de encargo. También cree necesario que se apruebe una reforma que permita las demandas colectivas de afectados.

Entre los asistentes, Rosana Pérez Gurrea Abogada, Profesora de Derecho en la UOC y Vocal de la Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores del CGAE, destacaba esta jornada “que pone de manifiesto el compromiso del CGAE y de nuestra presidenta Victoria Ortega con la defensa de los derechos de los consumidores”.

Gurrea señala que “comparto su opinión de que no hemos sido los abogados los que hemos provocado el colapso de los juzgados, hacemos nuestro trabajo defendiendo los derechos de los consumidores ante la negativa reiterada de los bancos a devolver lo indebidamente percibido, dificultando los acuerdos y fomentando la litigiosidad””.

También se ha de destacar que “

el secreto profesional tiene una importancia capital en la relación entre cliente y abogado, pero no podemos evitar preguntarnos si se trata o no de un derecho ilimitado, si podemos considerar que este derecho cede en algún momento o si, por el contrario, el abogado nunca está obligado a informar sobre las futuras intenciones criminales de alguno de sus clientes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy drástico. Imaginemos que un cliente se cita con su abogado para asesorarse de las posibles consecuencias penales de terminar con la vida del amante de su esposa. En esa reunión el abogado constata la férrea voluntad del cliente de llevar a cabo ese hecho delictivo, y aunque trata de disuadirlo de tal propósito, finalmente no lo consigue. ¿Estará el abogado obligado a dar aviso a la policía sobre los planes de su cliente?

Moral o éticamente puede resultar claro que, el abogado debe de impedir que su cliente quite la vida a otra persona, y está claro que el bien jurídico que se trata de proteger (la vida del amante de la esposa), es superior al bien jurídico que se dañaría revelando a las autoridades la confesión del cliente. A esta disyuntiva se puede responder con el artículo 450 de nuestro Código Penal, que tipifica como delito la omisión del deber de impedir la comisión de cualquier delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, ya sea por su propia intervención o a través de las autoridades o agentes correspondientes. Por tanto, ya no se trata de una simple apreciación moral o ética, sino que se trata de un deber legal que afecta a cualquiera que tenga noticias de la inminente comisión de un delito de este tipo, sin importar si es el abogado del futuro autor del mismo”.

Por tanto, como conclusión de este trabajo, se debe cerrar este artículo diciendo que las relaciones entre abogado y cliente se han regir por los principios de confianza, secreto profesional, reciprocidad y ética.

FUENTES:

  1. Las relaciones profesionales entre abogado y su cliente deben formalizarse por escrito de manera clara. CONFILEGAL: https://confilegal.com/20190925-las-relaciones-profesionales-entre-abogado-y-su-cliente-deben-formalizarse-por-escrito-de-manera-clara/
  2. ¿Cómo debe ser la relación entre cliente y abogado? ABOGADOS 365: https://www.abogados365.com/articulos/como-debe-ser-la-relacion-entre-cliente-y-abogado
  3. La confianza, fundamento de la relación entre abogado-cliente. LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/gestion-del-despacho/estrategia/articulos/la-confianza-fundamento-de-la-relacion-entre-abogado-cliente

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