Derecho, Moral y ética

La cláusula de conciencia de los profesionales sanitarios

Este artículo tiene por objeto establecer cómo han de actuar los profesionales sanitarios en el ámbito de su trabajo.

En primer lugar, debe de destacarse que “la naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia sanitaria es la de un derecho fundamental, que forma parte deln contenido esencial de las libertades del art. 16 de la Constitución (libertad ideológica y religiosa) y más en concreto de la libertad de conciencia, como núcleo común de ambas libertades. Así se desprende de los análisis de la doctrina y de las posiciones del derecho comparado y muy especialmente del único pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, hasta la fecha, ha tratado esta cuestión. Esta Sentencia del TC trata de manera específica, aunque incidental y brevemente, el problema de la objeción de conciencia sanitaria, con ocasión de un recurso previo de constitucionalidad planteado ante la inminente entrada en vigor de la ley despenalizadora de algunos supuestos de aborto en nuestro ordenamiento. Los diputados de las Cortes Generales que interpusieron este recurso previo alegaban que en esta futura ley ” se atribuye al Médico el ejercicio de funciones
públicas cuasijudiciales, pero no se prevé la abstención u objeción de conciencia del mismo”.

El Tribunal respondió con claridad a esta cuestión: “( … ) cabe señalar, por lo que se refiere al derecho a la objeción de
conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.

Como sabemos, en nuestro ordenamiento, la única regulación sobre la objeción de conciencia sanitaria no la hallamos en una norma con rango legal, sino únicamente reglamentario. Se trata del Real Decreto de 21 de noviembre de 1985, sobre Centros Sanitarios acreditados para la práctica de abortos legales. Este texto dispone: “la no realización de la práctica
del aborto habrá de ser comunicada a la interesada con carácter inmediato al objeto de que pueda con tiempo suficiente acudir a otro facultativo”.

En ausencia de regulación legal sobre objeción de conciencia sanitaria, la eficacia constitucional directa de los derechos
fundamentales, debiera traducirse en una protección suficiente y efectiva del derecho de objeción de conciencia sanitaria. Debería bastar con la aplicación directa de la Constitución para proteger este derecho fundamental. Sin embargo,
no es ésta la realidad. La naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia sanitaria no se percibe con claridad en los medios jurídicos, generando gran inseguridad.

Como muestra, basta un botón. En 1991 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de justicia de Aragón entendió de los casos de una objetora y un objetor, ambos médicos adjuntos de Anestesia-Reanimación del hoy Hospital Miguel Servet, con una antigüedad en la plantilla de 18 y 14 años respectivamente. Ambos médicos, con motivo de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro ordenamiento, manifestaron verbalmente, junto con otros compañeros, su objeción a tomar parte en intervenciones abortivas. Dichas intervenciones, como consta en el relato de los hechos probados de ambas sentencias, constituían un ínfimo porcentaje del trabajo total del servicio.

Los objetores fueron consultados por la Dirección del Hospital sobre su postura ante la práctica del aborto, advirtiéndoles que de ella dependía que fueran trasladados o no a otros centros del mismo hospital. Así ocurrió finalmente, cuando la Dirección acordó introducir nuevos anestesistas no objetores, con la correlativa necesidad de sacar de la plantilla a los dos más nuevos del escalafón.

Ambos interpusieron demanda ante el orden social, puesto que pese a tratarse de personal estatutario, el traslado no se prevé en el Estatuto del Personal Médico de la Seguridad Social como sanción disciplinaria, y su petición fue desestimada en primera instancia. Recurrieron con posterioridad ante el Tribunal Superior de justicia, el cual, sorprendentemente, compuesta la Sala por los mismos Magistrados, con un relato de los hechos probados prácticamente idéntico, y separadas ambas sentencias por un intervalo temporal de escasos dos meses, falló en contra de la objetora y a favor del objetor.

 Por todo ello este trabajo pretende modestamente contribuir a disipar las dudas que genera el incorrecto entendimiento del fenómeno de la objeción de conciencia, y a la par trata de hacer más comprensible, para los operadores jurídicos, lo que significa la fuerza vinculante directa de la Constitución en cuanto al derecho fundamental de objeción de conciencia
sanitaria, que debe desplegar su eficacia, en ausencia de regulación legal, en la relación profesional.

Ahora bien no ignoramos que la concepción de la objeción de conciencia como derecho fundamental del máximo nivel de protección constitucional que se propone en este trabajo puede resultar un elemento disgregador del Estado democrático si no se ofrece un adecuado tratamiento de sus límites.

Es verdad que existen ciertos recelos ante cualquier fenómeno de objeción de conciencia, máxime cuando la modalidad de objeción más famosa es la objeción al servicio militar, y ésta, por obra y gracia de las leyes que la han desarrollado, no es una genuina objeción de conciencia en la mayoría de los casos, y en realidad suena a desorden, a comportamientos interesados que pretenden eludir cómodamente las obligaciones jurídicas, como corresponde a un fenómeno que constituye el paso intermedio entre dos filosofías diferentes de la defensa armada, la imperante hasta la fecha, y la del ejército profesional que se va abriendo camino inexorablemente en nuestra realidad jurídica.

Muy distinto es el caso del profesional sanitario a cuya conciencia repugna la práctica de un determinado tratamiento, como es, por ejemplo, el aborto. No existen aquí egoísmos personales, Intereses profesionales o económicos encubiertos. Más bien el profesional que objeta debe pasar, en muchas ocasiones, por el pequeño calvario que supone poner al descubierto su conflicto de conciencia en el ámbito de trabajo que le está reclamando su intervención técnica. La grave acusación que pesa sobre los objetores, que ha circulado por los medios de comunicación, de aprovecharse del
reconocimiento de su derecho a objetar para eludir sus obligaciones ante la sanidad pública, mientras en su consulta privada se practican abortos con el beneficio económico resultante, constituye una posición execrable desde el punto de vista deontológico, y nunca se ha materializado en denuncia alguna ante la Organización Médica Colegial.

Comencemos ahora a plantear todas las cuestiones constitucionales que emergen en la tarea de delimitar el alcance de la objeción de conciencia sanitaria. Analizaremos qué es en concreto la objeción de conciencia sanitaria, y plantearemos una serie de interrogantes como quiénes son los sujetos que pueden acogerse a la misma, cuál es el entorno de actividades que puede cubrir, si sería necesario o conveniente la exigencia de algún requisito formal o procedimental para que surtiera efectos, y, finalmente, cuáles son los límites en presencia de los cuales no sería posible invocar la objeción.

1) ¿Que entendemos por objeción de conciencia sanitaria?

La objeción de conciencia sanitaria es la negativa, motivada en conciencia, del profesional sanitario, a prestar su colaboración o realizar una intervención a la que está por norma obligado (por ejemplo, la negativa de un médico a practicar un aborto que la ley, y en su representación, la estructura sanitaria, le obliga a realizar, porque dicha práctica choca con sus imperativos de conciencia).

La motivación en conciencia puede proceder de razones religiosas, pero también de razones simplemente deontológicas o bioéticas. El profesional sanitario, conoce con mayor profundidad lo que acontece a partir de la concepción, y la diferente naturaleza (esencial alteridad) que posee un embrión respecto de su madre. Por estas razones encontramos tan grande abundancia de normas deontológicas, a lo largo de la historia de la profesión médica y aún hoy, que muestran el rechazo a las prácticas abortivas.

2) ¿Quiénes pueden acogerse a la objeción de conciencia sanitaria, en concreto a la objeción de conciencia al aborto? La objeción sanitaria plantea un conflicto constitucional de intereses. De un lado, la libertad de conciencia y el derecho a no ser discriminado por razones ideológicas; de otro, el derecho a la libertad de empresa en su vertiente de ejercicio del poder de dirección empresarial, si se trata de una relación privada de trabajo, y el principio de jerarquía y el buen funcionamiento del servicio público, si el profesional se encuentra en una relación estatutaria o funcionarial al servicio de la Administración Sanitaria.

Para conseguir la concordancia práctica de estos intereses constitucionales, asumimos el método de la ponderación de bienes, resultando la conclusión general de que el empleador, en el ámbito sanitario privado o público, tiene la obligación de intentar adaptar la tarea a las convicciones de conciencia del objetor, ofreciéndole alternativas ocupacionales, y, en su
caso, en él recae la carga de la prueba de que esta adaptación es imposible.

Decimos que la adaptación es imposible, o, lo que es lo mismo, que el derecho de objeción de conciencia sanitaria presenta límites en la relación privada de trabajo cuando la alternativa ocupacional perjudica ostensiblemente el ritmo productivo, esto es, cuando conculca el régimen normativo de provisión de vacantes, atenta contra derechos de otros
trabajadores o resulta económicamente excesivo, lo que deberá ser objetivamente demostrado.

Cuando el objetor se encuentra en una relación profesional estatutaria o funcionarial, hay que tener en cuenta que el principio de jerarquía se atenúa en la estructura profesional sanitaria por la entrada en escena de consideraciones deontológicas, que las intervenciones abortivas en la sanidad pública española son relativamente escasas, y que la normativa española que únicamente despenaliza el aborto indicado, pero no concede un derecho al mismo.

Por todo ello concluimos que el principio de jerarquía y el buen funcionamiento del servicio público abortivo sólo pueden erigirse en límites al derecho de objeción de conciencia para el personal no sanitario al servicio de instituciones sanitarias públicas y para el personal directivo de las mismas. Por tanto, si el objetor pertenece a estas dos categorías de personal, deberá demostrarse que no es posible la sustitución del mismo mediante los mecanismos administrativos pertinentes de transferencia de competencias y en particular del instituto de la abstención, si no es a costa de desnaturalizar su propia función.

El director sanitario de instituciones públicas puede, por tanto, objetar como persona física, pero no puede operar una objeción institucional, facultad que sí cabe a la dirección de los centros privados o concertados mediante el establecimiento de cláusulas de salvaguarda de la propia identidad religiosa. En el caso de un hospital público las cosas son enteramente diferentes, puesto que de la financiación pública del aborto está indisolublemente conectada con la prestación de instalaciones públicas para estos fines, como demuestra el derecho comparado, y en España el aborto
indicado constituye una prestación sanitaria cubierta con fondos estatales.

No obstante queremos resaltar que si todo el personal de un hospital público objeta en bloque, no existe en nuestro ordenamiento norma alguna que obligue a la contratación de personal no objetor. De hacho, una convocatoria de empleo público entre cuyos requisitos figurase la condición de practicar abortos podría tacharse de inconstitucional por atentar contra el derecho fundamental de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad.

Junto con la problemática de la objeción de conciencia institucional, aparecen otros sujetos vinculados al proceso del aborto indicado, que pueden interponer objeción de conciencia: En nuestro trabajo destacamos en primer lugar, el caso de los farmacéuticos cuando se les requiere para suministrar combinados con acción microabortiva, que a nuestro juicio son titulares del derecho de objeción de conciencia en una interpretación de la obligación de suministro contenida en la ley del medicamento conforme con el pronunciamiento constitucional que declara la existencia de un derecho fundamental de objeción de conciencia al aborto.

En segundo lugar el juez objetor al aborto que se ve inmerso en un proceso de integración de la voluntad de la menor que desea abortar tiene el derecho-deber de abstenerse para salvar la imparcialidad en su labor, y, con base en la causa de abstención de “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”, salvar por esta vía su conflicto de conciencia sin
perjudicar los intereses del justiciable.

Por último, el caso del contribuyente que experimenta un conflicto de conciencia al sufragar, con su aportación al erario público, actividades sanitarias que considera grave e intrínsecamente inmorales. La objeción fiscal al aborto no constituye, como otras objeciones de conciencia, un instrumento idóneo para salvar la conciencia personal, puesto que la
contribución al sistema impositivo está fraccionada en multitud de impuestos (pensemos especialmente en los impuestos indirectos) y porque los principios de no afectación y unidad de caja están en la misma base constitucional actual de nuestro sistema impositivo.

3) ¿A qué actividades se extiende la objeción?

Respecto al objeto o contenido del derecho de objeción sanitaria, ésta es una de las cuestiones que más conflictos provoca en la práctica.

Nadie discute que comprende la actividad central de practicar la intervención abortiva en sí pero las discrepancias son considerables en lo referente a las actividades preparatorias y subsiguientes a la intervención, de eficacia directa y de colaboración finalista. El problema de la extensión del objeto se agrava por cuanto que el aborto puede realizarse utilizando métodos indirectos, no inmediatos, convirtiéndose en un proceso que puede durar incluso días.

Que el conflicto de conciencia parezca extravagante o remotamente conectado con el aborto a ojos de un observador externo no es motivo para desproteger el comportamiento motivado en conciencia. Está en juego la integridad moral de un ser humano y su dignidad como tal en el sentido más pleno de la palabra. Y en nuestra opinión, si se permite la desprotección de una creencia porque parece irrazonable, será difícil evitar otras descalificaciones de actitudes de conciencia no tan irrazonables, quizá, por motivos de pura conveniencia política. Un problema posterior será el de su limitación, si es que el comportamiento en conciencia causa un daño desproporcionado, pero este análisis no debe adelantarse al plano de la justificación ni al de la titularidad del derecho.

Por ello, la protección de la libertad de conciencia sólo es real si se deja a la verdadera conciencia del profesional la capacidad de la determinación de los actos (sean de cooperación directa o indirecta) que le suponen un conflicto, y se respeta su dictamen contrario a la colaboración en ellos, siempre que no se sobrepasen los limites tras los cuales la objeción causa un daño desproporcionado.

En este sentido se manifiesta la Sentencia del TSJ de las Islas Baleares de 13 de febrero del998, resolviendo el caso del Hospital de Son Dureta de Palma de Mallorca. Se trata de una cooperación indirecta pero imprescindible para que la intervención abortiva se lleve a cabo. En el trabajo de investigación se reseñaba el caso sin poder relatar su resolución, que ha tenido lugar en fechas recientes.

La sentencia sostiene la ilegitimidad de la propuesta de protocolo que la Dirección del Hospital pretendía imponer al colectivo de ATS objetores, aseverando textualmente que “no cabe exigir del profesional sanitario que por razones de conciencia objeta al aborto que en el proceso de interrupción del embarazo tenga la intervención que corresponde a la esfera de sus competencias propias; intervención que, por hipótesis, se endereza causalmente a conseguir, sea con actos de eficacia directa, sea de colaboración finalista, el resultado que la conciencia del objetor rechaza”.

4) ¿En presencia de qué límites no debe poder interponerse la objeción?

El problema del contenido tampoco puede desligarse del análisis de los límites del derecho, que se establecen, exigiendo el mínimo sacrificio del derecho imprescindible para la protección del interés constitucional que el Estado exhibe como conflictivo con la libertad de conciencia.

Los límites que existen por razones subjetivas son, como hemos concluido anteriormente, para el objetor en la relación privada de trabajo, la libertad de empresa y las exigencias de la organización productiva (no ya los rígidos márgenes del contrato de trabajo, como sabemos), y para el personal estatutario y funcionario al servicio de la Administración Sanitaria
el principio de jerarquía y el buen funcionamiento del servicio público sólo operativos para el personal no sanitario y para el personal directivo. Estos límites sólo presentan actividad cuando el empleador público o privado demuestra objetivamente la imposibilidad de sustitución del objetor en la tarea conflictiva para su conciencia.

Otro límite al derecho de objeción sanitaria que se ha manejado es el interés constitucional en la cobertura del servicio abortivo por la Seguridad Social. Creemos que este interés constituye un límite sólo operativo frente a la objeción de conciencia institucional de los centros sanitarios públicos. Pero no es posible invocarlo como límite a la objeción del personal al servicio de las instituciones sanitarias. Y esto porque, en rigor, contrariamente a lo que sostienen diversas posturas doctrinales, hoy por hoy la posición constitucional del aborto no es la de un derecho fundamental.

Efectivamente, del análisis penal-constitucional concluimos en nuestro trabajo que el pretendido derecho al aborto no es tal. Primeramente, las indicaciones eugenésica y criminológica no pueden hoy por hoy implicar un derecho al aborto. El interés que colide con la vida del nasciturus en la base de las mismas no es otro que el libre desarrollo de la personalidad de la mujer, que en nuestro ordenamiento y en el estadio actual de la jurisprudencia constitucional no constituye un derecho fundamental sino un principio general del ordenamiento constitucional. Ni siquiera existe como emanación del derecho fundamental de libertad del art. 17 para constituir una norma de clausura del sistema de libertades, como lo prueba la actual regulación penal de la eutanasia y los pronunciamientos del TC sobre alimentación forzada de huelguistas de hambre, entre otros.

Sólo podríamos estar ante un estado de necesidad justificante, y, por tanto, ante una conducta no antijurídica en la indicación terapéutica por riesgo vital y también, hasta cierto grado, en el caso de peligro grave para la salud. En estos casos el llamado derecho al aborto no es otra cosa que los mismos derechos fundamentales a la vida y a la integridad de
la mujer gestante (art. 15 CE) que no se ven limitados en estas situaciones por la existencia de vida en el nasciturus.

Y aun así, siempre manejando la expresión “derecho al aborto” con sumo cuidado, puesto que a nuestro juicio las indicaciones no conceden derechos sino que son concreción del principio de mínima intervención del derecho penal, constituyendo hechos atípicos pero no por ello necesariamente jurídicos. El alto valor de la vida humana impide su relativización hasta el punto de que el derecho apruebe un comportamiento destinado a eliminarla. En las indicaciones, lo único que hace excepcionalmente el legislador es adelantar al plano de la tipicidad el juicio de exigibilidad, sin predicar nada de su conformidad a derecho.

De este modo, sólo estaremos ante un límite del derecho fundamental de objeción de conciencia sanitaria cuando la Intervención sea imprescindible para evitar la muerte de la mujer o la lesión de su integridad en casos graves, y además, siguiendo nuestra metodología de determinación de los límites, sólo cuando no exista personal no objetor en el caso concreto capaz de realizar la intervención. Debe señalarse que en la práctica este supuesto es extremadamente infrecuente.

Las indicaciones eugenésica y criminológica no constituyen un límite al derecho de objeción, pues no existe en ellas ningún tipo de urgencia, salvo la del transcurso de los plazos legales para abortar, y obviamente no es el objetor quien debe sacrificar su derecho para subsanar la negligencia de la mujer gestante o de la Administración Sanitaria.

5) ¿Debe existir una determinada forma de declaración de la objeción?

Afirmamos que para acogerse al derecho de objeción no es necesaria formalidad alguna en la declaración de las propias convicciones de conciencia, tal como muestra la práctica habitual en instituciones sanitarias, y tal como se desprende de su naturaleza de derecho fundamental, cuya titularidad no puede trocarse en concesión graciosa. Sin embargo, en aras de salvaguardar la veracidad de la objeción, sobre todo en relación con la objeción sobrevenida, no estaría de más exigir una especial diligencia en la manifestación del conflicto y sus motivaciones, con un indudable protagonismo del colegio profesional al respecto.

El temor a la utilización de la objeción con intención fraudulenta no debe, empero, conducir a regular la revocación de la objeción, lo que siempre supone la existencia de un plazo en el que se suspende injustificadamente el derecho, pues ya existen sanciones disciplinarias graves, sin perjuicio de los ilícitos civiles y penales en que se incurra con el comportamiento fraudulento, que eliminan el efecto nocivo del fraude sin perjudicar la conciencia personal.

Por las mismas razones, la existencia de un registro público de objetores tiene serios inconvenientes respecto a los derechos de libertad de conciencia, intimidad, y no discriminación en el empleo por motivos ideológicos, que no se ven compensados por una necesidad clara del mismo, máxime cuando lo que se pretende con él ya se resuelve por las propias instituciones sanitarias, centro por centro, y cuando la comunicación al colegio profesional presenta mayores ventajas de protección y confidencialidad.

6) ¿Qué garantías o modos de protección presenta derecho de objeción de conciencia sanitaria?

Estimamos que la vertiente objetiva del derecho de objeción de conciencia sanitaria comporta su regulación por LO, si es que en el futuro decide acometerse, la salvaguarda de su contenido esencial, tal como aquí ha sido entendido, y su protección jurisdiccional que debe procurar la satisfacción de la pretensión de conformidad con las exigencias de preferencia y sumariedad tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, por imperativo constitucional.

Las vías que proponemos son, en lo tocante al personal funcionario, la responsabilidad disciplinaria del personal estatutario y a la impugación de actos administrativos en relación con el derecho de objeción, la vía ante el orden contencioso administrativo prevista en la ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. En lo relativo a las incidencias de la relación privada de empleo y respecto al personal estatutario no funcionario de las instituciones de la Seguridad Social en materia no disciplinaria, las reglas de la modalidad procesal correspondiente previstas en la LPL pero en cuya tramitación serán de plena aplicabilidad los principios y garantías que informan el proceso laboral de tutela de los derechos fundamentales. (arts. 175-181)”.

Por tanto, viendo lo expuesto hasta aquí, se puede afirmar que, para actuar como profesional sanitario, se requiere de unos mínimos valores morales, es decir, de conciencia moral, porque hay muchas situaciones en las que juegas con la vida de otras personas que ponen su confianza en el profesional sanitario, y sin un buen diagnóstico por falta de profesionalidad por malos valores, se puede llegar a perder la confianza de esos pacientes y del centro santiario en el que se trabaja, además de perder también el prestigio profesional.

Se pueden encontrar varias clases:

1. La objeción de conciencia al aborto

Según el Tribunal Constitucional y las ya citadas normas sobre deontología médica, enfermera y farmacéutica, los profesionales sanitarios pueden objetar al aborto, despenalizado hoy en los tres supuestos y a referidos: grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o en el caso de que se presumiera la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto.

¿Es el aborto un derecho de la gestante? ¿Está el profesional sanitario obligado a practicar el aborto? Ortega Gutiérrez analiza las diversas posturas existentes frente a la naturaleza jurídica constitucional del aborto, resumiéndolas así:

1a. La ley simplemente no castiga una forma del delito, por lo que no le concede a la embarazada un derecho subjetivo al aborto ni, por ello, le impone un deber al médico de practicarlo. Si no hay obligación legal no sería necesaria la objeción de conciencia.

2a. La facultad de la embarazada a que se le practique el aborto deviene del Real Decreto 2409/1986, sobre Centros Sanitarios Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la Práctica Legal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. No es derecho ni deber constitucional para nadie, sino una obligación más del personal funcionario y laboral al servicio de la administración sanitaria.

3a. La embarazada es titular de un bien jurídicamente tutelado que limita el derecho del sanitario a contraponer su libertad de conciencia del artículo 16 de la Constitución Española.

4a. La gestante es titular de un derecho fundamental a disponer sobre su cuerpo, nacido de los artículos 10, 17 y 43.1 de la Constitución Española.22

Los principales argumentos científicos, sociales y económicos a favor del aborto que he encontrado en la red son que la mujer es dueña de su cuerpo; que el embrión es una masa sin actividad ni personalidad; que abortar es algo distinto a la interrupción voluntaria del embarazo; que legalizarlo no es sinónimo de aprobarlo; que la ley que penaliza el aborto es represiva, mientras que la que lo liberaliza es democrática, progresista y plural; que es necesario impedir los abortos clandestinos por sus riesgos sanitarios físicos y psíquicos para la mujer; que el aborto es la única solución en los casos de violación de la mujer; que hay que evitar el sufrimiento de los hijos con malformaciones genéticas; que nadie debe nacer para el rechazo, el hambre y la miseria o que es injusto que sólo puedan abortar los ricos.23

Los sujetos legitimados para ejercitar el derecho a la objeción de conciencia frente al aborto son el médico y el personal colaborador —anestesistas, matronas, asistentes técnicos sanitarios, enfermeros o auxiliares de clínica—, así como los especialistas encargados de emitir los dictámenes preceptivos. Puede rehusar todo el personal sanitario que directamente participe o coopere necesariamente mediante procedimientos y actividades dirigidas a determinar la interrupción voluntaria del embarazo.

Puede negarse a la práctica abortiva tanto el autor material u operador dominante de la conducta, como el autor mediato que se sirve como instrumento de un tercero que la ejecuta; como los coautores que se han dividido entre sí la realización del hecho, o como los que participan en una labor ajena realizando actos de carácter preparatorio o de colaboración posterior a su consumación que, directa o indirectamente, provocan o culminan el efecto abortivo.

A mi entender, son objetables tanto las labores preliminares (emisión de informes y dictámenes previos, sedación, colocación de vías, rasurado, monitorización, control de dilatación o vigilancia de las constantes vitales), como las principales y accesorias imprescindibles para alcanzar el resultado.

Por el contrario, debe entenderse que no está amparado por el derecho a la objeción el resto del personal que preste sus servicios en un centro acreditado para la práctica de interrupciones del embarazo, ya sea sanitario, como celadores o camilleros; o ya sea administrativo y de mantenimiento, como recepcionistas, limpiadores o cocineros.

La doctrina se muestra dividida respecto a que pueda objetar la persona jurídica sanitaria, pública o privada, por carecer de una “conciencia individual”. Yo entiendo que si es privada y tiene personalidad jurídica y por ello capacidad de una voluntad distinta, visible y separada de sus miembros, sí que puede mantener un ideario propio y oponerse en bloque a las prácticas abortivas.24

2. La objeción de conciencia a las instrucciones previas

Supone el rechazo por parte del personal sanitario que atiende al paciente de las disposiciones que éste ha ordenado seguir por si en un futuro se encuentra incapacitado para tomar o manifestar decisiones sobre sus cuidados médicos, como consecuencia de un grave deterioro físico y/o mental.

Las instrucciones previas están previstas en el artículo 11.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica de la Autonomía del Paciente.

La mayoría de las comunidades autónomas han legislado sobre el llamado “testamento vital” y han creado los correspondientes registros para inscribirlos. Algunas también han reconocido expresamente el derecho de los profesionales sanitarios a formular objeción de conciencia respecto del cumplimiento de instrucciones previas de los pacientes (véase el artículo 3.3 de la Ley 3/2005, de 23-05, de la Comunidad de Madrid; el artículo 5.3 del Decreto 168/2004, de 10-09 de la Comunidad Autónoma de Valencia, o el artículo 6 de la Ley 1/2006, de 3-03, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares).25

El 17-03-2010, el Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, conocida como “ley de muerte digna”, que no regula la objeción de conciencia de los sanitarios. Entre sus principales aspectos, limita el esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico, permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial y da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos aunque ello pueda “acortar su vida”.26

3. La objeción de conciencia farmacéutica

Hay que señalar que el artículo 108 de la Ley 25/1990, de 20-12, del Medicamento, considera como infracción grave la negativa a dispensarlos “sin causa justificada”. En consecuencia, esta objeción abarcaría a la denegación a facilitar ciertos remedios por razones profesionales —su impertinencia o inutilidad— o éticas —porque la provocación del efecto atenta contra la ideología, religión o creencias morales del boticario—.

El Tribunal Supremo en la Sentencia de 23-04-2005 ha afirmado que el contenido constitucional de la objeción de conciencia forma parte de la libertad ideológica reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución Española. Está en estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 de la Constitución Española) y el derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución Española) y reserva una acción en garantía de este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competencia en materia de prescripción y dispensación de medicamentos.

El farmacéutico puede objetar a cooperar en el aborto, negándose a la producción o dispensación de fármacos directa y explícitamente abortivos, o encubiertos bajo el nombre de anticonceptivos, como la llamada “píldora del día siguiente” (pds);27 al despacho de anticonceptivos que en algún caso pueden actuar como abortivos, sea como efecto no deseado o como efecto buscado; o a facilitar productos sanitarios que producen el aborto, tal como el dispositivo intrauterino (diu), que a la par que evita que el esperma llegue al óvulo para fertilizarlo, también impide que un óvulo fecundado se adhiera al útero.

Asimismo, el farmacéutico puede declinar su participación en la elaboración o tráfico de ansiolíticos, anestésicos o sedantes susceptibles de ser usados en los procesos de eutanasia, o de ayuda médica al suicidio.28

4. La objeción de otros que intervienen sobre la vida o integridad ajenas

De la misma manera, todos los que consideren que pueden lesionar con su conducta los llamados derechos morales de la personalidad de otro, como la vida o la integridad, tienen derecho de retraerse de cualquier acción en tal sentido.29

Para todos los que investigan sobre las ciencias de la vida, existe una iniciativa del Sindicato Comisiones Obreras que incorpora una proposición de ley de objeción de conciencia científica. En ella puede inhibirse de actuar cualquiera que, por vínculo laboral, estatutario o funcionarial, esté ligado con actividades de investigación y desarrollo cuya consecuencia suponga un daño para el medio ambiente, los seres vivos o la dignidad y los derechos fundamentales de la persona, así como los becarios y estudiantes.

Se imaginan en todo caso incluidas en el ámbito de la objeción las manipulaciones genéticas de microorganismos, plantas, animales y seres humanos; su utilización y comercialización; la liberación al medio ambiente de organismos modificados genéticamente; las intervenciones sobre los seres vivos que les causan trastornos o menos cabos orgánicos, funcionales, sicológicos o de conducta, por procedimientos mecánicos, farmacológicos o de cualquier otra índole; las actividades de investigación y desarrollo en armamento, especialmente las enfocadas al perfeccionamiento de armas de destrucción masiva (nucleares, químicas o biológicas) y los tratamientos tecnológicos de la información, informáticos o telemáticos, que afecten a la intimidad de las personas.

En todos los centros educativos, incluidas las universidades, se deberá contemplar como facultativa la asistencia a las prácticas de laboratorio en las que se pueda experimentar con animales. En los cursos se organizarán, antes del comienzo del año académico, modalidades de enseñanza que no prevean actividades o intervenciones de experimentación animal para la superación de las pruebas.

Cuando alguien presenta una solicitud de objeción ante el Consejo de Objeción de Conciencia en Materia Científica se suspende su obligación de realizar las actividades alegadas. Las decisiones del Consejo se dictarían en 30 días y son susceptibles de un recurso de revisión, cuya resolución abre al interesado la vía contencioso-administrativa ante los tribunales ordinarios de justicia”.

Dicho de otro modo todo lo anterior, se puede afirmar que “

Puede definirse este supuesto de objeción como la negativa de los profesionales sanitarios a realizar una prestación obligatoria, o a cooperar en ella, por considerarla contraria a su conciencia.

Los posibles supuestos de este tipo de objeción son muy numerosos. Entre ellos cabe citar la negativa a participar en determinados programas de investigación en el campo de la Biología y la Genética, a la realización o cooperación en el aborto voluntario, a llevar a cabo algunos trasplantes, a la esterilización voluntaria, a la intervención en la eutanasia y a la aplicación de algunas técnicas de reproducción asistida. Debido a esta multiplicidad de supuestos, puede predecirse que el campo de la Sanidad será en un futuro próximo la sede por excelencia de los conflictos entre conciencia y ley.

En el derecho español hay tres supuestos de objeción de conciencia reconocidos en el ámbito sanitario. Uno de ellos es la objeción del personal sanitario a intervenir en la práctica del aborto, supuesto admitido por el Tribual Constitucional. Los otros dos, regulados por la legislación autonómica, son la objeción de los profesionales sanitarios al cumplimiento de las instrucciones previas y la objeción farmacéutica.

La objeción de conciencia al aborto

Este supuesto de objeción se configura como un modelo paradigmático, pues los criterios aplicables al mismo pueden ser trasladados con leves variaciones a los restantes casos de objeción de conciencia en el campo sanitario.

El Código penal exige, en el artículo 417 bis, que el aborto sea “practicado por un médico bajo su dirección”así como la presentación de unos dictámenes previos a su realización, emitidos por médicos especialistas, en los casos del aborto terapéutico y eugenésico. Por ello, en nuestra opinión, los sujetos que pueden ejercitar el derecho a la objeción son el médico y el equipo que debe practicar el acto abortivo, el personal colaborador “anestesistas, personal de enfermería, etc-, así como los especialistas encargados de emitir los dictámenes preceptivos. Por el contrario, debe entenderse que no está amparado por el derecho a la objeción el resto del personal “sanitario, administrativo y de mantenimiento- que preste sus servicios en un centro acreditado para la práctica del aborto.

En relación con la alegación de la objeción, creemos que la declaración del personal objetos será eficaz por si misma sin necesidad de su comprobación por una Comisión deontológica ni, menos aun, de la exigencia de una prestación sustitutoria. Asimismo, debe entenderse que la objeción puede plantearse en cualquier momento, no estando sometida su alegación a un plazo específico. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la obligación del médico de comunicar con carácter inmediato su negativa a realizar el aborto a la mujer que lo solicite, a fin de que ésta pueda acudir a otro facultativo con tiempo suficiente. Además de esta obligación, resulta conveniente, aunque no obligatorio, que el personal objetor ponga en conocimiento de la autoridad sanitaria correspondiente su objeción a intervenir en prácticas abortivas.

La alegación de la objeción comporta el derecho a no intervenir en la práctica del acto abortivo en sentido estricto, así como a no emitir los dictámenes previos, y a no realizar las actividades asistenciales anteriores “preparación del quirófano, del instrumental quirúrgico, etc.,- y posteriores al mismo. Además de la exoneración de intervenir en las actividades abortivas, la alegación de la objeción no puede suponer ninguna discriminación para el objetor. En relación con este punto, debe tenerse presente la necesidad de armonizar el derecho del objetor a no ser discriminado con la obligación de la Administración de adoptar las medidas pertinentes para evitar que la objeción suponga la imposibilidad de realizar un acto médico, legalmente permitido, en un centro hospitalario público.

Por último, la objeción de conciencia al aborto plantea la cuestión de los límites de este derecho. A nuestro juicio, dada la calificación realizada por el Tribunal Constitucional de la objeción como un derecho fundamental, al menos con referencia a este particular supuesto, el límite es el establecido por el artículo 16.1 de la Constitución, es decir, el orden público.

Dentro de este límite, se encuentra el constituido por el urgente o grave peligro para la vida o la integridad física o psíquica de la mujer embarazada. Es decir, el supuesto constitutivo del aborto terapéutico. Ante un supuesto de este tipo, siempre que no existan médicos no objetores disponibles, la objeción no exime al personal sanitario de hacer lo posible para salvar la vida de la madre, debiendo practicar el aborto si, de acuerdo con la lex artis, es absolutamente necesario para lograr esta finalidad.

Sin embargo, esta actuación sólo será legítima si la mujer consiente o no es posible conseguir su autorización por hallarse inconsciente, ni tampoco resulta factible consultar a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho con ella. Si por el contrario, se encuentra consciente y ha expresado su negativa al aborto, no podrá llevarse a cabo la práctica de éste porque para ello se requiere el consentimiento de la mujer (artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica de la autonomía del paciente. artículo 417 bis.1 del Código penal). Y, en este punto, es evidente que está en su derecho de negarse, aún arriesgando su vida, por razones de conciencia o de cualquier otra índole a la realización del acto médico abortivo.

La objeción de conciencia a las instrucciones previas

Consiste este supuesto en la negativa del personal sanitario al cumplimiento de las cláusulas, contenidas en los documentos de instrucciones previas, que considere contrarias a su conciencia.

El artículo 11.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica de autonomía del paciente, regula los denominados “documentos de instrucciones previas”. Por su parte, la mayoría de las Comunidades Autónomas han promulgado una legislación sobre el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas y han creado los correspondientes registros. Algunas de esta normas autonómicas reconocen el derecho de los profesionales sanitarios a formular objeción de conciencia respecto del cumplimiento de instrucciones previas. (Ley 3/2005, de 23 de mayo de la Comunidad de Madrid, artículo 3.3. Decreto 168/2004, de 10 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Valencia, artículo 5.3. Ley 1/2006, de 3 de marzo, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, artículo 6).

Ante esta regulación, es preciso señalar que resulta absurdo que unas Comunidades Autónomas reconozcan la objeción y otras no. Por ello, debemos reiterar cuanto dijimos sobre la configuración de la objeción de conciencia como un derecho fundamental y, por tanto, ejercitable sin necesidad de reconocimiento específico.

De acuerdo con esta normativa, parece razonable entender que podrán ejercitar la objeción las personas obligadas a respetar las instrucciones previas. Es decir, el médico, el equipo sanitario y cuantas personas atiendan al paciente (cfr. el artículo 3.1 de la Ley 3/2005, de 23 de mayo de la Comunidad de Madrid).

Asimismo, al no establecer la normativa que reconoce este supuesto de objeción ningún procedimiento para su ejercicio, ésta podrá alegarse verbalmente o por escrito ante las correspondientes autoridades sanitarias. No obstante, deberá comunicarse también al paciente, a los representantes de éste si es que se han designado y a sus familiares. Por otra parte, formulada la objeción, ésta será eficaz por si misma sin necesidad de que sea comprobada por un organismo administrativo.

La objeción puede ejercitarse respecto de las cláusulas contenidas en el documento de instrucciones previas, y contra los deseos de los familiares si el tratamiento que solicitan no consta en el documento. Igualmente, podrá objetarse contra las peticiones de tratamiento formuladas por el representante si está designado. Evidentemente, no cabe objetar respecto de las cláusulas contenidas en el documento que sean contrarias al ordenamiento, a la lex artis o contraindicadas para la patología del paciente, porque se tienen por no puestas (cfr. el artículo 11 de la Ley 3/2005, de 23 de mayo, de la Comunidad de Madrid).

Los casos más frecuentes y problemáticos serán, sin duda, los referentes a las medidas paliativas. Entre ellos, cabe citar el deseo del paciente de que no se le den calmantes aunque tenga fuertes dolores, o el supuesto contrario, es decir, cuando la persona ha manifestado la voluntad de que se le suministren todo tipo de analgésicos, incluidos los que acorten su vida. Asimismo, plantearán especiales dificultades los supuestos relacionados con las medidas de soporte vital. Tales son, entre otros, el deseo del enfermo de que no se le prolongue artificialmente la vida o, por el contrario, su voluntad de que su vida sea mantenida por todos los medios aunque ello comporte un encarnizamiento terapéutico.

Por otro lado, es preciso poner de manifiesto que, en el caso de inexistencia de voluntad expresa del paciente sobre algún punto y cuando no sea factible consultar a sus familiares ni a su representante, el personal sanitario deberá proceder de acuerdo con la lex artis.

El ejercicio de la objeción exonera al personal sanitario del cumplimiento de las cláusulas objetadas y además, lógicamente, no puede suponer para el mismo ningún tipo de discriminación. Igualmente, exime al personal sanitario de la responsabilidad penal que conllevaría el incumplimiento de las cláusulas del documento de instrucciones previas de no haberse formulado la objeción.

La objeción de conciencia farmacéutica

Este supuesto puede ser definido como la negativa del personal farmacéutico a dispensar determinados medicamentos por motivos de conciencia.

En España, este supuesto de objeción está reconocido en la normativa de algunas Comunidades Autónomas (Ley 8/1998, de 16 de junio, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, artículo 5.10. Ley 5/1999, de 21 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, artículo 6). Ante este panorama legislativo, son de aplicación las consideraciones anteriormente expuestas sobre la naturaleza de derecho fundamental de la objeción y su eficacia directa.

En relación con esta última cuestión, es importante señalar que el Tribunal Supremo ha reconocido la objeción farmacéutica apelando a la naturaleza de la objeción de conciencia como derecho fundamental. En este sentido, ha afirmado que el contenido constitucional de la objeción de conciencia “forma parte de la libertad ideológica reconocida en el artículo 16.1 de la CE […], en estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 de la CE) y el derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la CE) (… y por ello) no excluye la reserva de una acción en garantía de este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competencia en materia de prescripción y dispensación de medicamentos” (sentencia de 23 de abril de 2005).

En relación con los sujetos de la objeción, parece razonable sostener, a pesar de lo manifestado por el Tribunal Supremo, que la objeción podrá ejercitarla no sólo el titular de la farmacia sino también el personal que trabaje en ella con la función de expedir medicamentos.

Este ejercicio es factible llevarlo a cabo, al igual que en los supuestos del aborto y de las instrucciones previas, verbalmente o por escrito.

La objeción exime a los que la manifiestan del deber de dispensar los medicamentos considerados contrarios a su conciencia, siempre que ello no suponga un peligro para la salud del paciente o usuario (Ley 8/1998, de 16 de junio, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, artículo 5.10. Ley 5/1999, de 21 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, artículo 6). Esto resulta coherente con la consideración de la objeción como un derecho fundamental pues el límite establecido por el artículo 16.1 de la Constitución a las libertades en él garantizadas es el orden público, uno de cuyos elementos es la salud pública (según dispone el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad religiosa)”.

En cuanto a la forma y tiempo de ejercicio y a los efectos, puede afirmarse que “

Puede objetarse en cualquier momento, pero deberá comunicarse la decisión al solicitante de la asistencia sanitaria, a sus familiares o a sus representantes cuanto antes, para que puedan elegir otro profesional que preste el servicio.

No es precisa forma especial, ni requisito ulterior de validez o eficacia de ningún tipo para que la declaración de voluntad objetora sea operativa, aunque considero que debe hacerse constar por escrito y reflejarse en la historia clínica de la gestante, a los efectos de probar que la conducta omisiva del sanitario estaba respaldada jurídica y éticamente.

No obstante lo expuesto, el profesional que objeta suele hacerlo en la práctica por escrito, dirigido al responsable del Servicio Sanitario o a su Colegio Profesional y las normas reguladoras de ambos determinan expresamente sus deberes en tal caso.31

No me parece conveniente ni necesario que se creen registros de objetores en los centros sanitarios, porque ello supone elaborar una ilícita base de datos para reflejar las creencias ideológicas o religiosas de los profesionales, ya que ello atentaría contra sus derechos a la libertad religiosa e ideológica y a la intimidad, consagrados en los artículos 16 y 18 de la Constitución Española.

VIII. Límites

El primero de ellos, evidentemente, es la garantía del orden público protegido por la ley del artículo 16 de la Constitución Española; esa tranquilidad y paz social que deviene del respeto de todos al ordenamiento jurídico.32 El artículo 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa, que desarrolla el precepto, concreta los límites del orden público en la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública.

Abundando en los criterios que expone Sieira Mucientes, hemos de suponer como restricciones al ejercicio del derecho, siempre que el empresario no pueda sustituirle en la realización de la tarea conflictiva con su conciencia, las siguientes:33

a) Para el objetor vinculado laboralmente con un empresario sanitario: Si en su contrato se estipuló que debía realizar abortos o practicas tendentes a la muerte digna del paciente, debe obedecer las instrucciones lícitas del empresario que dirige y controla la actividad, basándose en la libertad de empresa y en la atención a sus necesidades organizativas (artículo 20 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de 1995). Si las incumple y se niega podrá ser despedido procedentemente.

b) Para el objetor ligado funcionarial y estatutariamente con las administraciones públicas sanitarias le sujetan las exigencias derivadas de los principios de jerarquía y de normal funcionamiento del servicio de salud, que, por ahora, no incluyen la realización de prácticas abortivas inexcusablemente (artículos 20 y ss. del Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social de 1966).34

Respecto al interés del legislador en la cobertura del servicio abortivo por la Seguridad Social, estimo que sería un límite frente a la objeción de conciencia institucional de los centros sanitarios públicos, que no pueden oponerse en bloque, pero que tampoco impide la objeción particular del personal al servicio de las instituciones sanitarias, sea o no directivo.

También se me ocurre, como obstáculo al libre ejercicio del derecho de renuncia, el caso en que el objetor esté en funciones de guardia, o sea el único profesional capaz de prestar asistencia y la intervención que le repugna sea imprescindible para evitar la muerte o lesión grave del necesitado. Como ocupa una posición de garante de la salud ajena, si no actúa, puede cometer un delito de homicidio por omisión (artículo 138), o de omisión del deber de socorro (artículo 195), o de denegación de asistencia del artículo 196, todos ellos del Código Penal Español, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.

Podría invocar en su defensa, en cualquier caso, la actuación en el ejercicio legítimo de un derecho, bien como eximente de responsabilidad criminal (artículo 20.7 del Código Penal), o bien como atenuante de la misma (artículo21.1 del mismo cuerpo legal)”.

Por último, hay que señalar que “la objeción de conciencia es un derecho de todos los ciudadanos.

En este sentido recuerda que la naturaleza jurídico-constitucional de la objeción de conciencia sanitaria es la de un derecho fundamental, que forma parte del contenido esencial de las libertades del artículo 16 de la Constitución (libertad ideológica y religiosa), y más en concreto de la libertad de conciencia, como núcleo común de ambas libertades. Así se desprende de los análisis de la doctrina y de las posiciones del derecho comparado, y muy especialmente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional contenido en la Sentencia 161/1987, de 27 de Octubre. También la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) remite a las normas éticas de los Colegios Profesionales. Por consiguiente, y aun cuando las leyes reguladoras en esta materia son escasas, la objeción de conciencia es un derecho constitucional, al igual que es un derecho para el paciente exigir la mejor prestación sanitaria.

La objeción de conciencia sanitaria difícilmente podrá ser considerada como una desobediencia civil, si el Consejo Fiscal, en su Dictamen sobre el proyecto de Ley del aborto aprobaron por mayoría la advertencia de su posible inconstitucionalidad.

Por otro lado si somos todos iguales ante la Ley, es impensable que se pueda hablar de desobediencia civil en el ámbito sanitario y no en el ámbito judicial cuando, por ejemplo, algunos Magistrados se acogieron a la objeción de conciencia solicitando abstenerse en la tramitación de expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo que se tramitaban en sus juzgados, posteriormente resuelto por el Tribunal Supremo ó en otros múltiples casos.

Es evidente que no existe una legislación homogénea sobre objeción de conciencia y la presencia únicamente de respuestas reactivas a casos concretos dependientes del ordenamiento jurídico, dado que nuestra Constitución sólo la contempla en casos relacionados con el servicio militar y en el ámbito de los medios de comunicación.

De ahí que desde la Organización Médica Colegial de España se haya solicitado, con todo el respeto a las modificaciones legislativas en curso, la necesidad “urgente” de que la nueva ley del aborto incluya durante su tramitación parlamentaria la objeción de conciencia del personal sanitario que intervenga directamente en ellas, como así se recoge en casi todos los países con legislaciones despenalizadoras del aborto. En ellos la objeción de conciencia viene reconocida como un derecho específico, con cláusulas que prohíben la discriminación de los facultativos que se nieguen por motivos de conciencia a participar en las prácticas abortivas, máxime si como en nuestra futura Ley del Aborto, se pasará de ser un delito despenalizado en ciertos supuestos a convertirse en un “derecho”, el “derecho a abortar de la mujer”. En definitiva, en una “prestación sanitaria”, en un derecho limitado exclusivamente por unos plazos, y como un acto médico exigible y reclamable, con lo que el médico ó el profesional sanitario, en todo caso, quedaría en una posición de excepción, y no como se ha apuntado por el Ministerio de Justicia de desobedientes civiles.

El derecho a la objeción de conciencia es un criterio universal de la profesión médica, que no es exclusivo de los médicos, sino que también pueden ejercerlo los pacientes (por ejemplo, cuando se oponen a recibir un determinado tratamiento). El conflicto puede surgir cuando la defensa de unos principios lesionan los derechos, legalmente establecidos, que pueda reclamar una de las partes. Por ello la objeción de conciencia hay que establecerla en el contexto general de la Medicina, no sólo del aborto, garantizando la seguridad jurídica de todos –incluido el nasciturus, en el caso del aborto-“.

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