COVID-19, Estados de alarma, excepción y sitio, Pandemias

¿Me pueden sancionar realmente durante la vigencia del estado de alarma por estar simplemente en la calle?

La situación de incertidumbre que vivimos por la pandemia a nivel global ha provocado una situación de incertidumbre a nivel global. La rápida expansión que ha tenido el virus ha provocado la paralización de la sociedad en todos los ámbitos.

En este punto, cabe señalar la situación provocada en España a consecuencia del virus, con la declaración del estado de alarma. Pero hay que destacar que el estado de alarma se ha convertido en un estado de excepción, previsto en la misma normativa que el estado de alarma, pero con suspensión de derechos fundamentales.

Dicho todo esto, cabe señalar, en primer lugar, lo siguiente: “

Advertencia, sanción administrativa, detención y condena. Esta es la secuencia que están siguiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales para castigar a quienes se saltan de forma reiterada el confinamiento decretado por el Gobierno. Los jueces que están en funciones de guardia durante el estado de alarma han dictado ya decenas de condenas contra ciudadanos que han sido sorprendidos varias veces en la calle sin poder alegar una de las excepciones que permiten la circulación por la vía pública. La mayoría de las veces, el infractor acepta el delito y la pena se queda en una multa, pero en los tribunales empiezan a acumularse también las condenas de cárcel y algunos acusados han sido enviados a prisión preventiva tras enfrentarse a los agentes o intentar huir.

Hasta la medianoche del lunes las fuerzas de seguridad habían tramitado 216.326 propuestas de sanción a ciudadanos que han incumplido la cuarentena. Pero muchas de ellas comparten infractor: algunos han sido cazados deambulando una y otra vez sin poder alegar una razón justificada. Estos son, en su mayoría, los casos que acaban con el infractor detenidos y puesto a disposición del juez de guardia. Hasta este lunes, habían sido arrestadas 1.849 personas, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. No hay todavía cifras oficiales del número de procedimientos abiertos y sentencias dictadas, pero sí un goteo constante de resoluciones dictadas por tribunales de todo el país que muestran un patrón común: la mayoría de los detenidos acaba admitiendo el delito y aceptando la pena para beneficiarse de una rebaja en el castigo, que, en los casos menos graves, suele saldarse con una multa de entre 300 y 600 euros por un delito de desobediencia.

Algunos han visto incrementada la cuantía porque no solo no han podido alegar una razón justificada para estar en la calle, sino que han admitido ante el juez que su intención era saltarse el confinamiento por razones que nada tienen que ver con las recogidas en el real decreto del estado de alarma. Este es el caso de un hombre de 53 años detenido la semana pasada en Telde (Gran Canaria). Cuando los agentes le pidieron la documentación y le preguntaron donde iba, admitió que acudía a casa de su pareja “a mantener relaciones sexuales”. El infractor pasó la noche arrestado y ante el juez de guardia aceptó una multa de 720 euros por desobediencia grave. Con la misma multa se ha saldado la detención de un vecino de Santa María de Guía (Las Palmas), que fue sorprendido deambulando por la calle y, cuando fue requerido por los agentes para que se confinara en su casa, se negó a marcharse. El acusado, según recoge la sentencia, aseguró que él solo “obedecía órdenes de Dios para salir a la calle” y que “prefería ser detenido antes que volver a su casa”.

Los jueces canarios están siendo especialmente activos para solventar en juicios rápidos las detenciones por violar la cuarentena. De las islas salió una de las primeras condenas a prisión, impuesta a un ciudadano, que además tenía antecedentes penales, y que fue parado en un control policial en Santa Cruz de Tenerife. Al ser requerido por las razones que le habían llevado a abandonar el confinamiento, se dio a la fuga. Los agentes frustraron la huida y el juez le impuso una condena de cuatro meses de cárcel.

Una pena idéntica ha recaído sobre un vecino de Gandía que fue detenido tras cuatro sanciones administrativas por incumplir el confinamiento. Cuando los agentes le pidieron por quinta vez que se identificara y les explicara qué hacía en la calle, les espetó que había salido a pasear porque estaba “cansado de estar en casa” y les avisó de que seguiría haciéndolo aunque le multaran a diario, según recoge la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción 3 de la localidad. Acabó admitiendo los hechos ante el juez, que accedió a suspender la entrada en la cárcel con la condición de que no reincida en los próximos dos años.

Pero en las dos semanas que lleva en vigor el estado de alarma, son varios los acusados a los que los jueces ya han enviado directamente a prisión. Generalmente, porque además de reincidir, se han enfrentado a los agentes e incluso han llegado a agredirlos. Estos casos, en los que a la acusación por desobediencia se le une la del atentado a la autoridad, no se resuelven en juicios rápidos, sino que el juez abre diligencias previas para enviar la causa a los juzgados de lo Penal o a la Audiencia Provincial.

Es el caso de un vecino de Segovia, que fue detenido dos veces en apenas 24 horas. En la segunda, amenazó a la policía y escupió en tres ocasiones en la cara de uno de los agentes, lo que llevó al juez a imputarle un delito de desobediencia, otro de atentado a agente de la autoridad y a decretar contra él prisión sin fianza. En el auto de prisión, le acusa de actuar de manera “arbitraria e incívica” y advierte del “riesgo evidente de reiteración delictiva” y del riesgo para la salud que podía derivarse de su actitud.

También ha sido encarcelado preventivamente un hombre de 36 años de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) que, la semana pasada se saltó un control cuando circulaba en su coche y en su huida lesionó a un agente de la autoridad. En principio, el investigado está acusado de delitos de conducción temeraria, atentado a agente de la autoridad con lesiones y desobediencia. Muy similar es lo ocurrido con un joven de 19 años de Madrid, para el que se decretó prisión sin fianza tras atropellar a un cabo primero de la Guardia Civil durante un control. Se le investiga por delitos de atentado utilizando vehículo a motor, tentativa de homicidio y contra la seguridad vial, ya que conducía sin carnet y dio positivo en el test de sustancias estupefacientes que le fue realizado tras ser interceptado después de que se diera a la fuga”.

En segundo lugar, cabe señalar que “

Estar en la calle sin poder alegar alguna de las excepciones que permiten la circulación por la vía pública durante el estado de alarma no es razón suficiente para sostener una acusación por desobediencia, delito penado con hasta un año de cárcel. Esta conducta sí supone una infracción administrativa -a través de la Ley de Seguridad Ciudadana-, pero el delito requiere de un incumplimiento de un requerimiento personalmente dirigido por un agente de la autoridad. Es decir, tiene que haber desacato a una orden dada “personalmente y con claridad”. Por ejemplo: que un agente ordene a una persona volver a casa y esta no lo haga.

Así lo explica el catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico, que alerta de que ya se han dictado algunas sentencias condenatorias por desobediencia por el mero incumplimiento del confinamiento, algo que, en principio, solo podría merecer una sanción administrativa. Es el caso de un vecino de Telde (Gran Canaria), que aceptó pagar una multa de 720 euros por un delito de desobediencia grave tras ser sorprendido en la calle por los agentes. La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I Marisa Cuerda coincide en que en estos casos solo hay delito de desobediencia si un agente da una orden “personalmente y con claridad” y el ciudadano en cuestión no la acata.

No ocurrió así en el citado caso de Las Palmas. Al menos, es lo que se deduce de la sentencia, derivada de juicio rápido de conformidad. La resolución recoge como únicos hechos probados que el hombre se encontraba a las 01:55 horas del 25 de marzo en una calle de la capital de Gran Canaria “a fin de mantener relaciones sexuales con su novia, según informó a los agentes”. El fallo recoge que el hombre actuó con “desprecio” al real decreto que impone “el confinamiento obligatorio en su domicilio a todos los ciudadanos”, que ha sido difundido “ampliamente” por los medios de comunicación, pero en ningún caso que desobedeciera a la autoridad. El acusado confesó los hechos y mostró su conformidad para beneficiarse de una rebaja en la condena, por lo que la sentencia es firme.

Los expertos consultados sostienen que la mera publicación en el BOE del decreto que obliga al confinamiento salvo en excepciones tasadas no es por sí misma una notificación. Y es que la legalidad que se aplica en el estado de alarma es igual a la que se regía antes de esta situación de excepción. No hay figuras penales nuevas creadas para este período. “El delito de desobediencia solo puede darse cuando se incumple de modo grave un requerimiento personalmente dirigido por un agente de la autoridad. Si no existe ese requerimiento previo por parte de un agente de la autoridad, y una desobediencia grave por parte del destinatario de esa orden o mandato, no puede darse el delito”, señala Dopico.

“Por ejemplo, en el caso de Las Palmas no se menciona en la sentencia ningún requerimiento de un agente de la autoridad al que hubiese desobedecido”, añade este penalista, que alerta del riesgo de que haya un exceso de celo en la labor sancionadora durante una situación excepcional como es el estado de alarma. “Cuanto más importante es la labor que deben realizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mayor es ese riesgo. Precisamente por ello es necesario que las directrices de conducta sean claras y notificadas de modo indubitado”, sostiene.

Cuestión diferente es que haya un incumplimiento reiterado de las normas derivadas del estado de alarma. Es el caso de un hombre condenado en Corcubión (A Coruña) como autor de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad por ignorar “sistemáticamente” lo dispuesto en el real decreto e incumplir “injustificadamente” las limitaciones de circulación. En la sentencia, la jueza subraya que el hombre, vecino de Vimianzo (A Coruña), fue interceptado por agentes fuera de su domicilio en ocho ocasiones durante los días 22, 23, 24, 26 y 30 de marzo.

La primera vez le advirtieron de que no podía salir de su casa para ir a repostar tres o cuatro veces al día a la gasolinera. Al día siguiente, fue descubierto en Cee y en Fisterra, localidades hasta las que aseguró que se había desplazado “para dar un paseo”. Y todavía fue interceptado en seis ocasiones más, algunas de ellas acompañado de otras personas y siempre sin causa justificada. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el hombre aceptó el pago de una multa de 1.440 euros para evitar el juicio.

Infracciones administrativas

Aunque hay decenas de condenas penales, la mayoría de sanciones que están imponiendo las Fuerzas de Seguridad del Estado son por infracciones administrativas. Principalmente, del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga con una sanción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Las sanciones graves llevan aparejadas multas que van de los 601 a los 30.000 euros.

Las fuentes consultadas aseguran que, de forma residual, también se están imponiendo sanciones leves por infracción del artículo 37.15, que penaliza “la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave”. Las sanciones leves están castigadas con entre 100 y 600 euros.

Según detalló eldiario.es, los primeros quince días de estado de alarma arrojaron una cifra de 127.760 propuestas de sanción por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que representa más de las impuestas en la mitad de 2018, un total de 249.665, el último año del que hay datos consolidados. Las multas impuestas durante el estado de alarma, como ocurre siempre en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, son en realidad propuestas de sanción ante las que cabe recurso a las subdelegaciones del Gobierno y por la vía contencioso-administrativo. Por tanto, la comparación es entre las propuestas de ahora y las multas que se impusieron finalmente en 2018″.

En tercer lugar, cabe señalar que se pueden impugnar muchas de las sanciones, y en este punto, pudiendo destacarse que “

El pasado 14 de marzo se decretaba el estado de alarma. Si bien las medidas más llamativas que recogía pasan por limitar la libre circulación de personas, ha afectado también a algunas cosas que damos por sentadas, como puede ser la Administración.

Durante estos días, cuando se habla de multas lo primero en lo que se piensa es en las personas sancionadas por abandonar su hogar sin una causa justificada. Pero sigue existiendo la posibilidad de ser sancionados por otras conductas, como una conducción inadecuada.

Si bien actualmente nos pueden poner una sanción, los plazos se han visto alternados, según nos explican desde el gabinete jurídico de Pyramid Consulting. Así, una vez que recibamos la notificación de la multa no empezará a contar el plazo de 20 días para pagarla con descuento o recurrir. Esto sucede así porque una de las consecuencias del estado de alarma es que la Administración se ha paralizado.

Así lo indica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Es posible que si cogemos en estos momentos el coche y cometemos una infracción, recibamos una multa. Bien porque nos la entregue el agente en mano, o porque la recibamos mediante correo certificado. Si bien la Administración se ha paralizado, Correos no lo ha hecho. Eso sí, los plazos tampoco cuentan para ellos, por lo que no prescribirían las sanciones hasta que corran los plazos una vez finalice el estado de alarma.

Así pues, si se trata de una infracción leve, el plazo será de 3 meses. Si se trata de una grave o muy grave, nos la tendrán que notificar antes de 6 meses.

Si en ese plazo desde que se dé por finalizado el estado de alarma no nos han notificado, la multa habrá prescrito, y la Administración ya no podrá reclamarnos el pago de esa multa. Eso sí, es importante recordar que si no nos la notifican en mano, deberán hacerlo por correo certificado y, si no pudiesen hacer entrega del mismo, publicándolo en el BOE. Contar con herramientas como la app Tienes Multas nos facilitará recibir un aviso si nuestros datos son publicados.

Si recibiésemos cualquier sanción y consideramos que es injusta, lo mejor es siempre acudir a expertos para su recurso”.

Como conclusión, cabe señalar que el sistema de multas ha de estar muy justificado su imposición.

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