Derecho, Discapacidad, Educación especial

El Gobierno de España en contra de los colegios para niños con necesidades especiales.

La última medida drástica tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez en plena crisis del COVID-19 ha sido decidir cerrar los colegios para niños con necesidades especiales, los cuales, bien por discapacidad o por otras circunstancias, necesitan de un mayor apoyo, para integrarles en los colegios públicos con los demás alumnos que no necesitan ese apoyo.

Ha sido un volantazo en toda regla y que amenaza a miles de familias en las que alguno de sus miembros iba a este tipo de colegio.

Llegados a este punto, cabe destacar, en primer lugar, o como primera crítica a esta medida gubernamental, que la decisión de cerrar este tipo de centros supone una discriminación, ya que se trata de personas con mayores dificultades para adaptarse al ritmo que se considera normal para el aprendizaje y que, sin los medios que tienen en estos centros especiales, se está provocando una desventaja negativa para este colectivo.

Lo peor de todo es que se ha aprovechado el estado de alarma por coronavirus para adoptar esta medida perjudicial. Como destaca Libertad Digital, “en mitad de la pandemia del coronavirus, con la opinión pública anestesiada y confinada, con la atención informativa centrada en la situación sanitaria y con todos los colectivos afectados —familias, profesionales, entidades, asociaciones…— desarbolados, el Gobierno tramita una Ley que no ha buscado ningún consenso y que, simplemente, se quiere imponer a todos.

La eliminación de los centros de educación especial se llevaría acabo, según el borrador actual de la Ley —concretamente se refiere a ello la Disposición Adicional Cuarta—, en un plazo de diez años en los que prácticamente todos los alumnos con discapacidad intelectual deberían ser trasladados de los centros especializados a colegios ordinarios.

La integración absoluta de todos los alumnos en los mismos centros educativos, independientemente de sus necesidades educativas y de cuidados reales, es una vieja reivindicación izquierdista para la que el Gobierno se escuda ahora en “el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas” y en cumplimiento de sus propios objetivos “de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.

“Una tragedia para nuestros hijos”

Desde la asociación Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN denuncian que el Gobierno haya decidido “valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle” para mostrar su rechazo a una ley que, en sus propias palabras, “supone una tragedia para nuestros hijos“.

Lo cierto es que, aunque la palabra tragedia pueda parecer excesiva, la verdad es que lo que plantea el Gobierno sería un drama para muchas familias cuyos hijos tienen necesidades muy específicas no solo educativas sino de cuidado y salud, pues en muchos casos mantienen cuadros muy complejos relacionados con sus deficiencias.

Es tal la importancia de estos centros, no sólo para el cuidado de los niños sino para la vida de las familias al completo, que muchos de los colegios se han constituido alrededor de asociaciones de padres, que participan activamente en el mantenimiento y la gestión de los centros.

Según estas familias con la norma se pretende limitar los Centros de Educación Especial únicamente a aquellos alumnos que requieran una atención muy especializada —un término de por sí ambiguo— y, como consecuencia de lo anterior, “eliminar arbitrariamente la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes” para el año 2030.

Esto, por supuesto, sin dejar margen a las familias para decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, un derecho constitucional que no en vano la ministra Celáa negó explícitamente a finales del año pasado.

Mentiras y contradicciones

Desde Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN se denuncia también que durante las semanas anteriores al estado de alarma se pidió a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, la diputada María Luz Martínez Seijo, la supresión de la controvertida y polémica disposición adicional cuarta de la Ley que es la que recoge esta eliminación de los colegios de educación especial”.

Y no ya sólo por el hecho del coronavirus, que ha provocado el cierre de colegios, institutos y universidades y les ha hecho dar las clases online. El problema viene en que muchos hogares con niños y jóvenes con problemas para el aprendizaje por su discapacidad, se están viendo privados de su derecho a la educación y a los medios existentes en estos colegios que les ayudaban en su aprendizaje

El problema no es actual. Como destaca en una noticia El Confidencial este 29 de abril de 2020, “

El lío viene de lejos. Cermi, poderosa organización por la inclusión, ha estado batallando durante los últimos años para que España imite a otros países como Portugal, Canadá o Francia y todo niño sea escolarizado en los mismos colegios. Según este ‘lobby’, con influencia en la redacción de leyes educativas en lo tocante a los niños con discapacidad, la “segregación” de estos menores en centros especiales atenta contra los derechos humanos y es un obstáculo para la igualdad.

Proponen que todos los niños, independientemente de sus discapacidades, vayan a los mismos centros, y que cada colegio esté dotado de personal cualificado para atender sus necesidades dentro y fuera del aula. Es decir: desde Cermi, consideran que el escenario más inclusivo y justo es una escuela donde puede asistir cualquier niño, sin que su discapacidad sea una razón para enviarlo a un centro diferente o especial.

El año pasado, estalló una grandiosa polémica. Mientras Cermi se acercaba a cumplir su objetivo con el cierre de los centros de educación especial, repentinamente un grupo de padres de niños afectados por distintas discapacidades lanzó un contraataque sorpresa. La solución de Cermi estaba a punto de adquirir rango de ley y a estos padres les parecía “delirante”. Montaron una plataforma propia, Inclusiva sí, especial también, y plantaron batalla. Y consiguieron que la responsable de Educación del Gobierno en funciones de Sánchez se comprometiera con ellos a evitar el cierre de los centros de educación especial”.

O incluso, como dice esta misma noticia un poco más adelante, “Isabel Celaá, que ha tachado la protesta como sinsentido, asegura que esta disposición no ordena el cierre de ningún centro especial. Lo dice con el texto en la mano, pero los padres de la plataforma no lo ven así, y el sindicato UGT, primo hermano del PSOE, les ha dado la razón en un comunicado.

Según me explica Luis Rojo, la disposición es un “caballo de Troya” que supondrá “dejar morir en los próximos 10 años” los centros de educación especial. No matarlos a cañonazos, sino por gota malaya.

Dice así: “Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna (…). El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años (…) los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

“Somos una minoría dentro de una minoría, y lo único que queremos es que nuestros niños reciban el tipo de educación que más los beneficiará”

De acuerdo con la Convención de Personas con Discapacidad de la ONU, se ordena que los centros ordinarios estén dotados de recursos para atender a todos los alumnos con discapacidad. Sin embargo, el texto continúa: “las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Y subrayen ahora las palabras “atención muy especializada”, porque ahí está, según la plataforma, la trampa.

¿Atención muy especializada?

En España, hay actualmente en torno a 500 centros de educación especial por los 28.000 de educación ordinaria. Un 0,4% de los niños españoles asiste a estas escuelas diferentes: son solamente el 17% de los que tienen necesidades especiales. Dicho de otra forma, el 83% de los niños con discapacidades asiste a centros normales, con distintos tipos de apoyo en función de sus necesidades.

Si la mayoría de niños con discapacidad ya asiste a centros ordinarios, ¿a qué se refiere la disposición?

¿Qué significa, con estas cifras, “atención muy especializada”? Si la gran mayoría de niños con discapacidad ya asiste a los centros ordinarios, ¿a qué se refiere la disposición? Desde Inclusiva sí, especial también, denuncian que la ambigüedad de esta fórmula, aparentemente vacía, apunta sin embargo a los objetivos de Cermi.

Según Luis Rojo, “esta disposición viene a decir con eufemismos y lenguaje ambiguo que en el plazo de 10 años solo podrán optar a centros especiales niños con unas situaciones extremas, y el resto tendrá que ir a colegios normales. Significa que el Gobierno ha incumplido la promesa que nos hizo. Van a dejar morir los centros de educación especial””.

Está claro que la intención de este Gobierno es llenarse los bolsillos ahorrándose el dinero de estos centros. Y causa problemas muy grandes, por las especiales necesidades de este colectivo. Hay que tener en cuenta que no se habla sólo de personas con discapacidad física, sino también de otro tipo, como discapacidad intelectual, TDAH, síndrome de Down, entre otros tipos.

Pero es que, además, el problema viene de lejos. Como destacaba el diario ABC en febrero de 2020, “actualmente, en nuestro país, según los últimos datos de Educación, de los 217.275 alumnos con discapacidad o un trastorno grave matriculados en el curso 2016-17, hay 35.850 (16,5% del total) en centros específicos, mientras que el resto, es decir, 181.425 (83,5%) están en centros ordinarios. «Esto no es una cuestión de porcentajes, cada niño debe ser tratado como un caso particular. Hay casos en los que los padres quieren que estén en ordinarios y otros en los que no. Abogamos por el bien de nuestros hijos, ¿cómo se me puede decir a mí como padre que no quiero lo mejor para mi hijo?», critica Rojo.

«Nos oponemos a cualquier intento del Gobierno de limitar la elección de los padres en relación al centro en el que tienen que educar a los hijos y eso incluye, centros ordinarios y especializados. La inclusión se persigue en ambos y los que tienen que elegir son los padres, no el Estado», criticó Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso. «Es un despropósito que no se cuente con el apoyo de las familias. Apostamos por un modelo mixto para garantizar una educación inclusiva», señaló Marta Martín, portavoz de Educación de Cs en el Congreso.Alberto, 16 años: «Vengo de un colegio ordinario y lo pasé mal, me echaban una espuma que simulaba vómito; aquí encontré a mi grupo»

El problema no es solo en las primeras etapas educativas. «A medida que crecen, los intereses de los niños con y sin discapacidad van cambiando, juegan a otros juegos, a veces no los invitan a los cumpleaños y al llegar aquí nos dicen que este es su sitio, que han dejado de ser invisibles, que por fin tienen un grupo de Whatsapp», cuenta Noelia Gallardo, directora del centro Los Álamos. «Vengo de un colegio ordinario y lo pasé mal, me hacían bullying, me echaban una espuma que simulaba vómito; aquí encontré a mi grupo», confiesa Alberto, de 16 años.

En la nueva ley educativa

Los planes del Gobierno han ido al papel (aunque mojado). El proyecto de ley educativo aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que no verá luz por las elecciones de abril, alude, en un texto ambiguo, a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los otros centros se quedarían solo para casos «de atención muy especializada». «Al ser tan ambigua la ley, las comunidades, al aplicarla, pueden interpretar que la eliminación de estos centros es una opción», apunta Rojo.

La intención de reducir los centros no es solo del Gobierno. El propio comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi) presentó una enmienda a la ley educativa (cuando todavía era anteproyecto) pidiendo que los centros de educación especial se conviertan en centros de recursos de apoyo a la inclusión y que, para 2025, «todas las estructuras y dispositivos del sistema educativo sean inclusivos no admitiéndose para esa fecha modalidades, regímenes, recursos o apoyos educativos que no se atengan al principio de inclusión».

Apoyo del Cermi y de la ONU

Las peticiones del Cermi vienen amparadas por un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 31 de agosto de 2017 que concluyó que en España se «viola» y se deniega de forma «deliberada» por parte del Estado la igualdad de derechos para las personas con discapacidad dejándolas fuera del sistema general. España respondió que consideraba inadmisibles e inaceptables las acusaciones aunque deja claro en sus alegaciones que el camino de nuestro país se dirige a «favorecer la escolarización en centros ordinarios”.

En resumidas cuentas, España cuenta con un Gobierno central que se tilda de “PROGRESISTA”, pero está claro que para los bolsillos de sus miembros, porque, como suele pasar en política en España especialmente desde la entrada en democracia, los políticos que pasan por las Cortes Generales tienen intereses particulares, y lo dicho en los programas electorales durante las campañas electorales acaba en papel mojado o para limpiarse los políticos el culo.

FUENTES:

  1. Las familias temen el cierre de los centros de educación especial. DIARIO ABC: https://www.abc.es/sociedad/abci-familias-temen-cierre-centros-educacion-especial-201902180214_noticia.html
  2. EL GOBIERNO TRAMITA LA LEY QUE VA CONTRA LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: https://inclusivasiespecialtambien.org/el-gobierno-tramita-la-ley-que-va-contra-los-colegios-de-educacion-especial
  3. El Gobierno aprovecha el estado de alarma para tramitar la Ley que acabará con la educación especial. LIBERTAD DIGITAL: https://www.libertaddigital.com/espana/2020-04-27/gobierno-aprovecha-estado-alarma-tramitar-ley-acabara-educacion-especial-1276656624/
  4. OK DIARIO: Sánchez insiste en dejar sin Centros de Educación Especial a 35.000 niños discapacitados ante la indignación de los padreshttps://okdiario.com/espana/gobierno-aprovecha-estado-alarma-eliminar-educacion-especial-ninos-discapacidad-5520197
  5. Sánchez insiste en dejar sin Centros de Educación Especial a 35.000 niños discapacitados ante la indignación de los padres. EL MATINAL: https://www.elmatinal.com/actualidad/sanchez-insiste-en-dejar-sin-centros-de-educacion-especial-a-35-000-ninos-discapacitados-ante-la-indignacion-de-los-padres/

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