Derecho Laboral, Seguridad Social

El traspaso de las clases pasivas a la seguridad social

Hace relativamente pocos días, el Gobierno Central, mediante decretazo, del cual se duda de su legalidad, ha traspasado a las clases pasivas del Estado y de las Comunidades Autónomas a la Seguridad Social. Está bastante clara la discrecionalidad con que ha actuado el Ejecutivo, además de tener en cuenta la falta de capacidad para defenderse de todos los sujetos incluidos en este ámbito de la Seguridad Social.

Tras esta introducción, cabe proceder a definir las clases pasivas. En este punto, hay que señalar que “la pensión pública de los funcionarios adscritos al Régimen de las Clases Pasivas del Estado tiene unas características diferentes a las del resto de trabajadores. La primera diferencia que se puede señalar es que, mientras que las pensiones de los autónomos y trabajadores por cuenta ajena las gestiona la Seguridad Social, la pensión de las clases pasivas recae sobre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; más concretamente, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Pero antes de ahondar más sobre el funcionamiento de estas pensiones, precisemos quiénes forman parte de las denominadas clases pasivas”.

En el supuesto que ocupa esta entrada, como se ha dicho en la introducción de esta entrada, cabe señalar que “la medida cayó como un jarro de agua fría entre los más de 657.118 funcionarios a los que afecta esta decisión y que ahora esperan con cierto temor ver qué efectos tendrá sobre ellos. Pero, ¿qué son las Clases Pasivas del Estado? Hasta ahora se trataba de un régimen especial de la Seguridad Social en el que se incluyen prácticamente todos los funcionarios públicos y se diferenciaban de los autónomos y asalariados en que sus pensiones las gestionaba Hacienda, a través de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Sin embargo, después de que el Gobierno fulminara por decreto la autonomía de las pensiones de los funcionarios, esta situación ha cambiado.

Otra característica que hace diferente a este grupo del resto es la edad de jubilación. Si bien las clases pasivas tienen una edad obligatoria de jubilación de 65 años, pueden acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 60 años, siempre que cumplan los requisitos. Mención aparte tienen los docentes, magistrados, fiscales, jueces, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, cuya edad de jubilación obligatoria, pese a ser funcionarios públicos, se eleva hasta los 70 años.

Asimismo, el valor de las pensiones de las Clases Pasivas depende de varios factores: la categoría del funcionario, los años que éste ha trabajado para el Estado o el haber regulador, que se establece cada año en los Presupuestos Generales.

Desde el Ejecutivo han asegurado que el coronavirus les ha obligado a acelerar los plazos, ya que seguir los trámites ordinarios generaría “inseguridad jurídica” sobre las pensiones de los funcionarios. ¿Cómo les afectará? A expensas de saber cómo se articulará esta decisión, de momento desde los sindicatos y asociaciones profesionales han asegurado que ninguno de los funcionarios “perderá sus derechos” ni sus “prestaciones sanitarias y sociales” actuales”.

Para entender mejor esta forma de cotización, se ha de señalar que “

Para acceder a la pensión pública por jubilación, el funcionario debe haber trabajado para el Estado, al menos, 15 años. Además, para poder comenzar a cobrar la pensión en el momento de la jubilación no es necesario hallarse en activo.

Una diferencia con respecto al resto de regímenes de la Seguridad Social es que en Clases Pasivas no existe un periodo de carencia específica exigido para poder acceder a la pensión. En el caso de trabajadores sujetos a esos otros regímenes será necesario acreditar un mínimo de dos años de cotizaciones en el intervalo de quince años inmediatamente anteriores al acceso a la jubilación.

Entrando en detalle, la pensión pública por jubilación que reciben las clases pasivas depende del cuerpo y de la categoría del funcionario, así como de los años que este haya cotizado.

La cuantía de la pensión ordinaria se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el Cuerpo o categoría del funcionario, el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado. El 100 % del haber regulador se alcanza con un mínimo de 35 años de cotizaciones. Los haberes reguladores se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Para conocer exactamente cuál será esta cuantía, se puede acceder a una herramienta de simulación de pensiones pública que pone a su disposición la web del Ministerio de Hacienda, dentro de la sección dedicada a las clases pasivas.

Además, los funcionarios también cuentan con el Plan de Pensiones de Empleo de la Administración General del Estado. Este plan se puso en marcha en el año 2004 con el objeto de complementar las pensiones públicas de los funcionarios. Para ello, el Estado ha estado aportando a estos planes de pensiones hasta el año 2012. Desde entonces, las aportaciones estatales están congeladas y el crecimiento del plan depende exclusivamente de las aportaciones que hagan los partícipes a nivel personal.

Precisamente por este motivo, los planes de pensiones han comenzado a ser un producto de ahorro e inversión tan atractivo incluso para los funcionarios, ya que servirán de complemento perfecto a la pensión por jubilación”.

Pero, llegados a este punto, que supone un adelanto del fin de clases pasivas, ya que desde el 2011, ninguna persona que accediera a la función pública entraba a las clases pasivas, las cuales estaban llamadas a extinguirse después de fallecer todas las personas incluidas en su ámbito de aplicación. Pero Pedro Sánchez ha decidido entrar a machete en este ámbito y dejar a todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de las clases pasivas con el pantalón bajado.

Es criticable este hecho, ya que se dejan sin protección alguna a todas las personas incluidas en las clases pasivas, con la consiguiente vulneración de todos los derechos que habían adquuirido a lo largo de la vida laboral.

Cabe añadir que “

Tras el real decreto, la competencia para el reconocimiento las pensiones de las Clases Pasivas corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social y el complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de su Tesorería General. Con este cambio, estos funcionarios perderán el tratamiento que les diferenciaba y pasarán a formar parte del grueso de cotizantes del Régimen General, como ellos mismos observan. “La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva”, critican.

Por todo ello, llaman a “una reunión urgente a los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento””.

Pero, por mucho que no se pueda hacer por la tramitación ordinaria en las Cortes Generales, cabe señalar que la forma de regulación de materias como la de esta entrada supone no ya la vulneración de los derechos del colectivo incluido en las clases pasivas del Estado, sino que supone una vulneración de los principios y valores que informan cualquier Estado democrático.

FUENTES:

  1. Trabajadores incluidos en el Régimen de las Clases Pasivas del Estado. BBVA: https://www.bbva.es/finanzas-vistazo/ef/planes-de-pensiones/clases-pasivas-pensiones.html
  2. ¿Qué son las Clases Pasivas y a qué funcionarios afecta el nuevo decreto sobre pensiones del Gobierno? DIARIO LA RAZÓN: https://www.larazon.es/economia/20200425/46lyi4rcqrc7xacyuejs4tmrdm.html
  3. Preocupación entre los funcionarios por el cambio “por sorpresa” del Gobierno sobre sus pensiones. LIBRE MERCADO

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