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La necesaria reducción de cargos políticos en España. ¿Sobran cargos políticos en España?

La necesaria reducción de cargos políticos en España desde la entrada en democracia lleva planteándose casi desde el inicio de la democracia tras la dictadura franquista. Y es que entre los cargos políticos del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las diputaciones provinciales, tenemos en España un enorme número de políticos. Y al gasto que estos cargos conllevan, hay que añadir el gasto del correspondiente puesto, como dietas o coches oficiales.

Cabe señalar tras esta introducción que, en primer lugar, y siguiendo una noticia del periódico El Economista de 2012, “según el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de mayo, tan sólo el paro y las cuestiones de índole económica generan una mayor preocupación entre los ciudadanos. A raíz de la crisis, ha crecido de forma imparable el desapego ante la clase política, que es citada como el gran problema por un 22,5 por ciento de los encuestados.

La mayoría de los expertos y analistas consultados por este periódico coincide en una misma idea: los ciudadanos no entienden cómo se exige a la sociedad continuos ajustes, se recorta en educación y en sanidad, se prolonga la edad de jubilación, se suben los impuestos y, a cambio, se mantienen los privilegios de la clase política. Para empezar, uno de los grandes problemas es que no existe ni siquiera ningún informe oficial que cifre cuál es el número exacto de políticos que hay en España cobrando una nómina de la Administración, sea central, autonómica o local.

Cargos públicos

Lo único evidente es que la organización del Estado autonómico ha consolidado al país como el primero de la Unión Europea por número de cargos públicos. Las últimas estimaciones realizadas apuntan, en este sentido, que podría haber más de 400.000 en activo si se incluyen asesores y cargos de confianza.

Son diputados, senadores, alcaldes, concejales, miembros de los parlamentos autonómicos o de las diputaciones provinciales, de las mancomunidades, de las empresas públicas… y así un larguísimo etcétera. Si se tiene en cuenta esta cifra, en España habría así más cargos políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Y eso en un país con casi cinco millones de parados. En Europa, el segundo Estado con un mayor número de políticos sería de acuerdo con los estudios y estimaciones realizadas, Italia. Pero aun así, tiene, de acuerdo con los cálculos hechos, la mitad que nosotros, unos 200.000.

Más o menos en el mismo nivel estaría Francia, y muy por detrás, con poco más de 100.000, Alemania. Y eso en un país federal, dividido en 16 lander, y con un grado de descentralización mucho mayor que España.

El aparato del Estado

Hay que tener en cuenta que no hay cifras oficiales y que se trata tan sólo de estimaciones, pero aún así, en nuestro país habría alrededor de un cargo político por cada 115 ciudadanos, lo que nos sitúa muy por encima de nuestros vecinos. Entre las grandes economías de la eurozona, el ratio es, de hecho, mucho más bajo. En Italia hay así uno por cada 300 aproximadamente, en Francia uno por cada 325 y en Alemania uno por cada 800 ciudadanos. No hay así comparación posible de gasto.

Joaquín Trigo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que frente a la previsible subida del IVA, apunta en este sentido que “se está perdiendo un tiempo precioso” y urge a rebajar el coste de la Administración del Estado, recortando la masa salarial de los cargos políticos y funcionarios, si es necesario cambiando incluso la ley. No se trataría tanto de bajar los sueldos, que en la mayoría de los casos están ya muy ajustados y han bajado considerablemente en los últimos dos años, como de recortar el número de nóminas con cargo a las arcas públicas.

Y en la misma línea se pronuncia también Carlos de Benito, el que fuera director de la Nebrija Business School. “A partir de ahora, desde la perspectiva laboral poco más se puede hacer, en todo caso adelantar el retraso en la edad de jubilación, que no será a los 67 años hasta 2027. Pero lo más importante es reformar el marco jurídico del Estado”, asegura. “Hay que recuperar competencias autonómicas porque el modelo actual es inviable e insostenible. Es necesario adelgazar urgentemente la estructura y reducir el número de cargos públicos”.

Una gran parte del problema está ahora mismo en las empresas públicas. El Gobierno ha anunciado un plan de “simplificación y racionalización” tanto en éstas como en las fundaciones, que debe acabar con el cierre o privatización de una buena parte de ellas. Pero aún así no es una tarea fácil porque, de acuerdo con los últimos datos oficiales, hay todavía 2.800 empresas públicas estatales y otras 2.350 más autonómicas.

Según informó el diario La Razón, el Ejecutivo estaría estudiando también una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para reducir sustancialmente el número de concejales en los Ayuntamientos españoles. Actualmente hay en la administración local 68.462 cargos electos, lo que supone 2.300 más que en la anterior legislatura.

El ranking por provincias lo encabezan Barcelona, con 3.761 concejales; Valencia, con 2.964; Madrid, con 2.287, y Salamanca, con 2.168. En el lado opuesto están Álava, con 431; Las Palmas, con 598, y Cádiz, con 716. Pero a estas cifras hay que sumar además los 8.116 alcaldes, por cada uno de los ayuntamientos existentes en la actualidad.

El Gobierno aprobó ya el pasado mes de abril incluir una propuesta para reducir el número de consistorios en el Programa Nacional de Reformas 2012, que se remitió además a Bruselas. “España tiene un número de ayuntamientos muy superior al de otros países del mismo tamaño”, reconoció entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos”.

También cabe señalar como causa para reducir cargos públicos la mejor gestión de crisis como la del COVID-19, en la que cabe señalar la mala gestión por la falta de unidad en materia de Sanidad.

Por otro lado, cabe señalar que “el grave problema de la política en España no es cuánto cobran los políticos sino cuántos sueldos pueden designar a dedo. Los 1.482 altos cargos en nómina, entre presidentes autonómicos, vicepresidentes, consejeros, directores generales, secretarios, directores y gerentes de organismos públicos, cuestan a las arcas públicas unos 100 millones de euros (sin contar País Vasco y Navarra). ¿Eso es mucho o poco? Depende. Tal vez la clave sea otra: ¿para qué sirven todos ellos? O mejor dicho, ¿a quién?

Cuando en un país tantos puestos dependen de quién gana las elecciones, no debería extrañarnos que acaben siendo servidores de un partido, que es quien les pone el sueldo, en lugar de velar por el interés público. En España, comparativamente con los países del entorno, por lo general los políticos no están tan bien pagados como pueda parecer. Xavier Coller, catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, lleva años analizando los currículos de los políticos en España. Su formación está por encima de la media europea. Sus sueldos, por debajo.

En España, comparativamente con los países del entorno, por lo general los políticos no están tan bien pagados como pueda parecer

Los políticos y altos cargos están teóricamente mejor formados que la gente que accedía a esos mismos puestos en las administraciones públicas autonómicas y locales hace 40 años. Sin embargo, un alto nivel de estudios no garantiza necesariamente que conozcan ni sirvan mejor a la sociedad que representan. La titulitis puede ser contraproducente si no es más que un simulacro para enmascarar las carencias de quienes no han hecho otra cosa que militar en sus partidos desde la adolescencia y necesitan aparentar méritos académicos a falta de los profesionales.

Un sistema de nombramientos a dedo, como explica el politólogo Víctor Lapuente en su libro ‘Organizando el Leviatán’, desincentiva una relación eficiente entre políticos y altos cargos de la Administración. Estos tendrían que trabajar ‘con’ los representantes elegidos en las urnas, pero no ‘para’ ellos. Por eso, según las investigaciones de este catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo y profesor de Esade, el principal problema en España, tanto para prevenir la corrupción como para garantizar una buena calidad de los servicios públicos, no es ni cuántos funcionarios hay (España está por debajo de la media de la OCDE) ni cuánto cobran los políticos. Mucho más dañina resulta lo politizada que está la selección de los altos cargos, porque es ahí donde yacen las redes clientelares“.

Por tanto, la reducción de cargos políticos sería aconsejable para reducir los costes del país, crear Autoridades centrales en materias como educación o Sanidad para permitir una gestión más centralizada y unida.

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