Deontología profesional de la abogacía, Derecho general, despachos de abogados

Deontología profesional de la abogacía española y europea. Una perspectiva rápida.

En primer lugar, cabe señalar que “el día 15 de enero de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –TJUE- ha declarado por sentencia dictada en el asunto C-537/13,
resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Lituania, que “La Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los contratos tipo de servicios jurídicos, como los que son objeto del asunto principal, concluidos por un abogado con una persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional”.

En una palabra, que la Directiva en cuestión, destinada según su artículo 1 a la protección del consumidor frente a los profesionales en relación con las posibles cláusulas abusivas existentes en los contratos celebrados entre ellos para la prestación de los servicios propios de
la profesión de que se trate, es aplicable a los abogados y a sus clientes para la prestación de servicios jurídicos. Y, por tanto y de acuerdo con el articulado de la propia Directiva, las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

En el litigio principal origen de la cuestión prejudicial que resolvía la citada sentencia, la doblemente recurrente hasta la casación
cuestionaba el mandamiento librado por el Tribunal de Distrito competente, para que hiciera frete al pago de los honorarios de su
abogado por su asesoramiento y defensa en tres asuntos, al que se venía negando por considerarlos abusivos. El importe de los honorarios de cada prestación, sus modalidades de pago y los plazos en los que debían pagarse no se especificaron en los tres contratos tipo extendidos entre el abogado reclamante y la recurrente para cada uno de sendos asuntos encomendados.

Los abogados y el derecho común

La primera cuestión que merece reseña ante el sentido de la sentencia meritada es su más que evidente acierto. Hasta el punto de que sorprende la cuestión prejudicial deducida, no sólo a la vista del texto
normativo de la Directiva debatida, cuya claridad espanta en relación con el problema planteado, sino muy especialmente porque no existe razón
alguna para poder sostener, ni nadie lo ha sostenido nunca, ni parece posible que nadie hubiera podido pensar alguna vez, que a los profesionales no les fuera de aplicación todo el derecho común, no desde
luego en virtud de su regulación jurídico-profesional específica y, menos aún sino todo lo contrario, por obra de sus obligaciones éticas o deontológicas. De tal suerte que todo el mundo sabe que el abogado está sometido en sus actividades profesionales y en las de su empresa o despacho al Código Penal, al Código Civil, al Código de Comercio, a la Ley General de Publicidad, a la Ley de Competencia Desleal y a la de Defensa de la Competencia, etc., motivo por el cual ¡a santo de qué no
iba a serle de aplicación la Directiva de protección de los consumidores y usuarios frente a los profesionales que les presten los servicios que les sean propios!

Es verdad pese a lo dicho, que asisten a los abogados en el ejercicio de su función de asesoramiento y defensa tres prerrogativas que modifican algún aspecto de ese sometimiento suyo general y ordinario
al derecho común evitando que sea absoluto, pero también lo es que se
trata de limitaciones a su sometimiento frente a los poderes públicos. Pues, en efecto, su prerrogativa de independencia limita su sometimiento a responsabilidad por su prestación facultativa a que sea evidente. Su prerrogativa de libertad de expresión limita su sometimiento a
responsabilidad por su ejercicio al insulto o descalificación personales. Y su prerrogativa de confidencialidad, limita su sometimiento a la comunicación o averiguación de lo que conoce como consecuencia del ejercicio de su profesión a determinados delitos (terrorismo y blanqueo de capitales) y a su posible participación en ellos. Supuestos entre los que no se encuentra la actividad de gestión empresarial de sus despachos ni las obligaciones documentales y económicas a ella ligadas, como es el caso.

La Deontología y el derecho común

Sin que tales limitaciones pudieran venir sin embargo, en ningún caso y como queda adelantado, de sus obligaciones deontológicas. El motivo de ello es que todas las obligaciones deontológicas implican exigencias para el abogado que van más allá del derecho común, especialmente
aquellas que lo son para con su cliente, lo que me lleva a discrepar de aquellos que mantienen que las normas éticas de las profesiones son, sin más, normas jurídicas normales -lo que son en efecto por su estructura- y a mantener que son normas jurídicas especiales por su finalidad
–generar más confianza que la generada por el derecho común- y, sobre todo, por sus contenidos, que hacen que toda norma deontológica consista en la renuncia del profesional a un derecho común que le asiste para cederlo en favor de su cliente a cuyo derecho común acrece, motivo por
el que lícitamente la denominamos “ética” y por el que debemos considerar que constituye un verdadero contra-negocio jurídico. Ejemplo paradigmático de lo cual viene a ser el artículo 13.12 del Código Deontológico de la Abogacía Española -CD- por el que los abogados se obligan a no retener la documentación que le entregue su cliente para la defensa ni siquiera bajo pretexto de tener pendiente el cobro de
honorarios. Compromiso ético por el que, para fortalecer la posición jurídica de sus clientes, renuncian los abogados al derecho común que les otorga el art. 1730 C.c. de retener en prenda las cosas que son
objeto del mandato mientras no sea reembolsado por su cliente, el mandante, de las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.

Lo que nos lleva a la reflexión de fondo acerca de la sentencia traída a colación en el encabezamiento y que verdaderamente importa al propósito de estas líneas. Y es que, por vez primera en la Historia de las codificaciones éticas se invierte el principio jurídico que las genera y da sentido a su existencia de “ir más allá” del derecho común mediante la renuncia y cesión del mismo que quedan descritas en el párrafo precedente, haciendo que el derecho común, por obra de la citada Directiva junto con la sentencia que la interpreta, vaya más allá en sus exigencias en materia de honorarios que las normas deontológicas de
la profesión contenidas en su CD, dando un primer aviso a su calidad como regulación ética, precisamente por no ir “más allá” del derecho común sino todo lo contrario.

En efecto. Por razones evidentes de tiempo, es aún pronto para saber qué resolverá el Tribunal Supremo lituano en el asunto principal una vez reciba la sentencia TJUE que venimos comentando. Pero, a la vista de
dicha sentencia y de los signos de los tiempos, no resultaría en modo alguno equivocado suponer sin perjuicio de lo que finalmente ocurra que, a la vista de los tres contratos suscritos entre la recurrente y su
abogado, resolviera declarar abusivas las cláusulas económicas de los mismos con fundamento en que eran estándar porque no se habían negociado individualmente y, no constando en ellas los honorarios a percibir por cada uno de los trabajos encomendados, causan en detrimento del
consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

Sentido del fallo que no vendría a significar otra cosa que la siguiente: Que ya y desde ahora con toda claridad y de forma expresa, de acuerdo con el derecho común (Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores) entre otros profesionales los abogados, estarían
empezando a venir obligados a establecer con sus clientes acuerdos expresos individualizados sobre el importe o modo de cálculo de sus honorarios, en evitación de que pudieran declararse abusivos los que
pretendiera sin haberlo efectuado.

La ética del abogado y el pacto expreso sobre honorarios

Y también significa que, todavía y sin embargo, ni la abogacía española
ni la europea tienen una norma ética que haya ido tan lejos en sus exigencias al respecto como queda dicho que ya tiene el derecho común.

En efecto, si acudimos al CD español o europeo de la abogacía nos encontraremos con que aún no es obligada deontológicamente la emisión de Hoja de Encargo o contrato entre abogado y cliente para la prestación de servicios jurídicos, que se mantiene en el art. 13.1 del primero como recomendación o consejo y, ni mucho menos, que se diga en sitio alguno
que, en esa hoja de encargo o en cualquier otro instrumento documental expreso, sea obligado éticamente hacer mención al pacto específico alcanzado por el abogado con su cliente sobre el importe o cálculo de los honorarios desde el inicio de la relación profesional aceptada, que se mantiene en el art. 13.9.b) como mera obligación del abogado de informar al cliente de un modo aproximado y en cuanto sea posible, del importe de sus honorarios, debiendo hacerlo por escrito sólo si así se lo pidiera su cliente. Y todo ello, a pesar de que buen número de las quejas que entran en los Colegios de Abogados desde siempre, tienen
como objeto el hecho de difícil si no imposible prueba de que el abogado
hubiera asegurado a su cliente el denunciante, al inicio de su relación y de forma verbal, que le cobraría poco o una cantidad determinada para, luego y al finalizar el encargo, presentar minuta de honorarios por cantidad sorprendentemente elevada o que duplicara –o más- la señalada verbalmente al inicio de su relación.

Quejas condenadas al archivo directo, no ya por falta de prueba como pudiera pensarse, sino por falta de trascendencia disciplinaria al no tener reflejo típico en norma alguna del CD la extensión al ámbito de
los honorarios del contenido ético de la obligación de lealtad para con el cliente, impuesta por la obligación de independencia, por la que se obligaran los abogados a alcanzar con su cliente de forma necesaria, inicial y expresa pacto sobre el importe de sus honorarios en evitación
de las prácticas denunciadas que, si bien adolecen de prueba por cuanto queda expuesto, constituyen el estruendo sordo de una realidad que todos los abogados bien conocemos y que no es otra que, en buena medida y de forma atávica y habitual, los abogados tenderían en su práctica profesional a tranquilizar verbalmente a sus clientes sobre el montante de los honorarios al inicio de su relación para conseguir el encargo mientras que, terminada la defensa del asunto, tenderían a sobrevalorar
su trabajo en la minuta, amparados en una evidente situación de ventaja abusiva sobre sus clientes sustentada por dos realidades incontrovertibles: a) La falta de pacto escrito sobre honorarios; b) que la discusión de su importe se efectuará en su caso ante un juez sin prueba en contrario.

Todos sabemos que dicha práctica, origen de todos y cada uno de los chistes sobre abogados que circulan desde Juvenal y Marcial, pasando por Quevedo y Daumier para terminar por “El Roto” y tantos otros anónimos que tanto nos hacen reír, resulta demoledora para la ética de la abogacía y para la confianza social que necesitamos para ejercerla, por ser fuente de abusos con deslealtad al cliente en quebranto de la
obligación de independencia (art. 2 CD). Y todos sabemos también que la falta de un tipo disciplinario específico para acabar con ella siempre resultó absolutamente imprescindible, hasta tal punto que su carencia dejaba al descubierto de un modo cada vez más difícil de cubrir una falla importante en nuestro CD y más aún con la justificación, también atávica al respecto del viejo corporativismo, de que esa norma no sólo no era necesaria sino que era contraproducente por atacar o cuestionar
el bien más preciado de la abogacía: la confianza que debe presidir la relación del abogado con su cliente. ¡El mundo al revés! …pero, tan cierto y arraigado, que tal es y no otra la causa que realmente motiva la tan sorprendente como inexplicable cuestión prejudicial origen de la sentencia que abre esta tribuna en la que la abogacía y hasta los
propios tribunales de los “veintiocho” se preguntan extrañados qué es esto de que se aplique a los abogados una Directiva tan clara pero tan prosaica como la 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, que
tan inadecuadamente pone fin a su privilegiada posición de dominio
frente al cliente en la fijación de sus honorarios.

El pacto expreso de honorarios en la reforma de la Abogacía

Pues bien, ante dicha carencia en nuestro CD, su tacha ética y la posición de ventaja o abuso en la que desde siempre colocaba y aún coloca a la abogacía con sus clientes, empezamos a movernos los tratadistas en pro de la instauración de la obligación ética de extender hoja de encargo con obligada mención de pacto expreso sobre honorarios,
en el caso del que esto escribe allá por el año de 1998 en sendos artículos publicados en esta misma revista (La suerte de honorarios-OTROSÍ nº 135, 2ª época, enero 1998- y Generar y reforzar la confianza de la sociedad y los ciudadanos en la abogacía
-OTROSÍ nº 140, 2ª época, julio/agosto 1998-). Siendo lo más significativo aún en tan honroso empeño y para mi propio sonrojo que, en mi caso, lo hice desconocedor de la existencia y vigencia de la tan repetida directiva que nos ocupa, del año 1993, aunque bien es cierto que sólo fue traspuesta al ordenamiento jurídico español en el año 2007 (!) mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (arts. 80 y sigs.).

Pese a tan denodados esfuerzos y con la Directiva de cita reiterada con ocho años de vigencia cumplidos, en diciembre de 2002 se aprueba el CD vigente en los términos que quedan señalados más arriba, con unas
exigencias éticas en la materia (pacto de honorarios) claramente inferiores a las ya entonces exigidas por el derecho común europeo que, si bien no traspuesto aún, sí era indicativo de su obligada aplicación.
Sin embargo, la falta de interés de la abogacía en regular éticamente cuanto ya exigía el derecho común respecto de la contratación y fijación de honorarios en la prestación de servicios jurídicos, alcanza su
apoteosis en el Estatuto General de la Abogacía (EGA) presentado en 2013
al ministro de Justicia para su aprobación y publicación, aún pendientes: en su capítulo quinto dedicado a los honorarios
profesionales sigue sin obligar al abogado bajo sanción a extender la hoja de encargo y sin obligar en ella a la mención del pacto alcanzado en relación con su importe, que quedan como mera actitud a promover,
prácticamente en los términos del Código vigente. El problema consiste en que en ese año (2013) ya estaba en vigor la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobada por el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en la que ya se obligaba a los abogados a firmar con su cliente pacto expreso e individualizado en relación con su importe y no a informarles meramente en relación con el mismo, para evitar prácticas y cláusulas abusivas en relación con los
honorarios.

Por su parte, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) en fase de Anteproyecto, tampoco es que se luzca al respecto. Bien es cierto que su art. 18.5 (versión última de 11 de noviembre de 2014)
establece genéricamente que es obligación de los profesionales “cumplir con las (…) obligaciones previstas en la normativa de defensa de consumidores y usuarios y el resto de la normativa sectorial aplicable”
en clara remisión al derecho común como venimos comentando. Pero no lo
es menos que su art. 40 no incluye dicha normativa entre los contenidos obligados de los Códigos Deontológicos profesionales. Un olvido incomprensible en una ley que predica que la finalidad esencial de los
Colegios se centra en ¡la defensa de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales!.

Siendo de esperar y desear que el déficit ético señalado quede resuelto al fin en ambos textos, a la vista de la sentencia que nos ha venido ocupando”.

También cabe señalar que “el problema más importante de la nueva Deontología que propone el EGA de 2013 no nato no es lo que desregula, que lo es, sino lo que sigue sin regular en puntos éticos clave como el de la “hoja de encargo” y el obligado pacto de honorarios previo del que hablábamos al inicio de estas reflexiones o en cuestiones técnicas decisivas como lo es su renuencia a avanzar decididamente en la tipificación de las obligaciones éticas. Tipificación que no resuelve el catálogo de infracciones que
tan prolijamente despliega (ciertamente por vez primera) en sus artículos 123, 124 y 125, para determinar su punición. De un lado porque no es lugar para hacerlo la sede del “Régimen Disciplinario” por ser el sitio donde se establecen las consecuencias de las infracciones y no sus tipos (algo así como el libro primero del Código Penal en miniatura), sino los títulos del EGA destinados “al ejercicio de la abogacía” o el Código Deontológico (algo así como el libro segundo del Código Penal en miniatura). Y de otro porque un catalogo nominal de
infracciones no es en modo alguno su tipificación.

Y es que modernizar la Deontología de la Abogacía de verdad, como los de cualquier otra profesión, requiere fundar de forma decidida la redacción de sus preceptos en tres ejes inseparables entre sí. La honestidad, la tipicidad y la buena sistemática. Siendo la fundamental la primera pues de ética estamos hablando y es la honestidad su principio activo, lo que significa o impone que las normas éticas
aborden los núcleos de conflicto más agudos entre los intereses personales del abogado y los intereses de su función de defensa o
aquellos que defiende, como ocurría por ejemplo con la obligación del pacto previo e inicial sobre honorarios y no con la de presentar factura, pues la instauración de esta última en realidad sólo sirve para
enmascarar que se continúa prolongando la carencia de la primera. Y, desde luego, partir en su inicio de los principios éticos fundamentales de la deontología de todas las profesiones (Honestidad, Integridad,
Dignidad, Desinterés y Voluntad de intervención).

Siguiéndole en importancia la tipicidad, que también es honestidad, que exige la necesaria precisión en la construcción de los tipos deontológicos y que sólo será suficiente en el punto en el que su
interpretación y aplicación no pueda ser arbitraria o en uso alternativo del derecho. Honestidad y tipicidad que reclaman y finalmente culminan en la buena sistemática, destinada no sólo al encuadramiento correcto de los tipos sino, sobre todo, a darle coherencia a su desarrollo evitando que no se sepa a cuento de qué viene cada una de las normas o parezca, como parece, que están arrojadas arbitrariamente a su suerte en cada uno
de los ámbitos de afectación de la actividad profesional (cliente, parte contraria, compañeros, tribunales, Colegio etc.).

Lo que sólo se solventa cuando se comprende, primero, que las normas éticas elementales o básicas son exclusivamente cuatro, que requieren la debida y exhaustiva tipificación: Independencia o lealtad, Diligencia o dedicación facultativa, Dignidad o respeto a uno mismo, a la función, a la ley, a los derechos fundamentales y a todos los seres humanos sin distinción, y Secreto o habilitación de confidente obligado. Y, después, que todos los tipos deontológicos de todos los ámbitos de afectación referidos constituyen la concreción en ellos de las cuatro obligaciones elementales o de alguna de ellas, de forma que se agruparán bajo su
rúbrica correspondiente dentro de cada uno de dichos ámbitos, pudiendo apreciarse que, por ejemplo, la prohibición de defender intereses contrapuestos no es sino una de las concreciones de la obligación de independencia (lealtad) en el ámbito de afectación del cliente y que el respeto a la parte contraria, no es sino una de las concreciones de la obligación de Dignidad en dicho ámbito de afectación.

Tipificación y sistemática que, además y finalmente, evitarían que esos tipos objetivados (condenas penales y otras) o esos otros tipos sin patria ética como las toxicomanías y otros, queden incrustados a voleo en el Régimen Disciplinario estatutario como están porque nadie sabe
dónde ponerlos y se trasladarían debida y directamente al tipo elemental de Dignidad, como obligaciones de respeto del letrado a sí mismo y a su función, que no es sino el lugar en el que deben estar. Del mismo modo que evitarían esas referencias que aún quedan en el Régimen Disciplinario a la dignidad de la abogacía, como norma penal en blanco de aplicación arbitraria, absolutamente opaca, incomprensible y sin
contenido típico cierto y que también lo tendría en el elemental de Dignidad”.

Para terminar el artículo, también hay que decir que en mayo de 2019 se aprobó un nuevo Código deontológico de la abogacía española, respecto al cual cabe señalar que “el nuevo Código Deontológico recoge expresamente la importancia de la función de la Abogacía, que alcanza su definitiva trascedencia a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando los estados consagran la
dignidad humana como valor supremo que informa todo el ordenamiento jurídico. La Abogacía, tal y como señala el Código, facilita a la persona y a la sociedad en que se integra, la técnica y conocimientos
necesarios para el consejo jurídico y la defensa de los derechos de las personas. «De nada sirven éstos si no se provee del medio idóneo para defender los que a cada cual le corresponden».

El preámbulo trae a colación el Código Deontológico del CCBE (Conseil Consultatif des Barreaux Européens), máximo órgano representativo de la Abogacía ante las instituciones de la UE. Señala que el nuevo Código ha asumido íntegramente ese Código Deontológico europeo y ahora incorpora
novedades y corrige las disfunciones que se han observado desde 2002, con el fin de que sea aplicable a todos los territorios autonómicos y en todos los ámbitos de los Colegios profesionales. En este sentido, el
nuevo Código tiene vocación de norma básica.

Es importante no olvidar los valores fundamentales que rigen el ejercicio de la profesión: independencia, libertad, dignidad, integridad, servicio, secreto profesional, transparencia y colegialidad. Cada uno de ellos es desarrollado en el preámbulo del nuevo Código.

Por su frecuencia y las incidencias que a veces ocasiona, conviene significar que el nuevo Código consagra la libertad del profesional de la abogacía para asumir la dirección de un asunto o rechazarlo. Así
como, una vez aceptado, cesar en dicha intervención. Señala el Código que «de la antigua institución de la «venia» conviene conservar la necesaria comunicación del sustituto al sustituido , pero encomendando a éste una responsable actuación informativa, como ya venía sucediendo en
la práctica». Esta forma de proceder garantiza que el ciudadano no quede indefenso.

El artículo 8 del nuevo Código, relativo a la sustitución en la actuación, se ocupa de ello en los siguientes términos:

«Artículo 8. Sustitución en la actuación
1. Quien se encargue de la dirección profesional de un asunto encomendado a
otro deberá comunicárselo –lo que tradicionalmente se conoce como venia
que nunca podrá denegarse– en alguna forma que permita acreditar la recepción o, al menos, el intento de haberla procurado, dando cuenta de haber recibido el encargo del cliente. La comunicación se hará
inmediatamente después de aceptar el encargo y antes de iniciar cualquier actuación. Todo ello se realiza para continuar el asunto, en aras de la seguridad jurídica, de la buena práctica profesional, de una continuidad armónica en la defensa del cliente y de la delimitación de las respectivas responsabilidades. Lo anterior no regirá cuando el sustituido mantuviera una relación laboral con el cliente.

2. Se deberá acusar recibo de la comunicación a la mayor brevedad,
poniendo a disposición del peticionario la información y documentación relativa al asunto que obre en su poder, así como proporcionarle los datos e informaciones que le sean necesarios.

3. En caso de sustitución, subsiste la obligación de respetar y preservar el
secreto profesional sobre la información y documentación recibida, con especial atención a la confidencialidad de las comunicaciones habidas entre los profesionales que hayan intervenido.

4. Igualmente, se deberá informar al cliente, en su caso, del derecho del profesional que le haya precedido en la dirección del asunto a cobrar sus honorarios y de la obligación de aquél de abonarlos, sin perjuicio de una eventual discrepancia.

5. Si la sustitución entre profesionales tiene lugar en el marco de un expediente judicial
electrónico, se estará además a lo establecido en la normativa legal y sus disposiciones de desarrollo.

6. También serán de aplicación las normas antes relacionadas cuando el Letrado o Letrada designados de oficio sea sustituido por otro compañero o compañera de
libre designación. En tal caso, la sustitución deberá ser comunicada al Colegio por el sustituido.

7. Si se está desempeñando la defensa en un asunto que se tramita ante un Juzgado o Tribunal, podrá comunicársele que se cesa para evitar futuras responsabilidades. Deberá
hacerlo en todo caso quien, tras la sustitución, asuma la dirección letrada.

8. Tendrá especial gravedad la sustitución en un acto procesal sin previa comunicación escrita y tempestiva al relevado, por afectar a la eficacia de la defensa y a la dignidad de la
profesión.

9. Cuando sea imposible por cualquier
circunstancia participar la sustitución o acreditar la recepción de la comunicación, podrá hacerse ésta al Decano, Decana u órgano colegial competente, que acusará recibo, entendiéndose completada la sustitución a todos los efectos.»

Existen pocas variaciones en relación
con las relaciones con el Colegio, los Tribunales y los compañeros. Ahora bien, sí se han concretado otras cuestiones como las obligaciones de información, incrementándose las precauciones para evitar el conflicto de interés. El artículo 12, relativo a las relaciones con los clientes, tiene una estructura más detallada que la anterior norma y recoge expresa y extensamente en su apartado C el conflicto de intereses. También es interesante el detalle con el que se concretan los deberes de identificación e información, contenidos en el apartado B del artículo 12 citado.

Tras esta actualización del Código Deontológico, quedamos a la espera de la actualización del Estatuto General, tal y como informa la propia institución”.

En relación con este tema, y con respecto al nuevo Marco regulatorio de la protección, hay que destacar que “se da la circunstancia de que los Abogados tenemos en nuestro ADN el secreto profesional como uno de los rasgos distintivos de nuestra profesión. No en vano se trata de un derecho/deber con fundamento constitucional y que se establece en diferentes normas, como el artículo 542.3 de la LOPJ.

También nuestra propia normativa profesional le dedica diversos preceptos. Así, el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española en su art. 32.1 consagra la obligación del abogado de guardar secreto profesional y de no poder declarar sobre hechos protegido por tal secreto. Esta obligación se reitera en el art. 42.1 del EGAE.
También el CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA DE LOS ABOGADOS EUROPEOS y nuestro CÓDIGO DEONTOLÓGICO en su Preámbulo citan al secreto profesional entre los principios fundamentales de nuestra profesión regulándose en este último en su Art. 5.
Esta normativa resulta extremadamente estricta puesto que impide llevar asuntos a terceros que puedan conllevar la vulneración de este secreto utilizando información de otros clientes a la que se haya accedido por razón profesional.
Por otro lado los Abogados debemos servir en materia de secreto profesional no solamente a la normativa deontológica, sino que su alcance se amplía también a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Como veremos, aunque existe una íntima relación entre ambos cuerpos jurídicos, cada uno de ellos ocupa un lugar propio en el ejercicio profesional, con sus circunstancias concretas y por ello
debemos delimitar su ámbito de aplicación.
El contenido del deber de secreto, que tiene una duración indefinida, abarca todas las confidencias del cliente, las del adversario, las de los compañeros, y hechos o documentos de los que haya tenido noticia o recibido, extendiéndose a todas aquellas personas que puedan tener acceso a ello, tanto en el caso de los despachos colectivos
como en los individuales, con personal o sin él.
Sin embargo, con ser esencial para el ejercicio profesional, este deber de secreto no alcanza determinadas situaciones, como, por ejemplo, algunos supuestos de la normativa de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, o la exención de este deber por el Decano en casos de art. 5.8 del Código Deontológico, a quien podrá consultarse y éste orientar sobre el caso y, si fuera posible, determinar medios
alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto.
Finalmente vemos que el deber de secreto se extiende en la normativa profesional tanto a las personas físicas como a las jurídicas, mientras que la normativa de protección de datos afecta exclusivamente a
las personas físicas.
En el caso de la normativa de protección de datos nos vamos a encontrar con un sistema normativo complejo que además tiene una
amplitud mucho mayor ya que no solamente va a referirse a los aspectos
de confidencialidad, sino a un concepto jurídico autónomo como es el de la privacidad
Es decir, que el deber de secreto afecta a los aspectos de confidencialidad, y se vería reforzado por la aplicación de las normas
de seguridad técnicas necesarias para garantizar este derecho de los clientes de los despachos, así como de los contrarios, mientras que la privacidad debe ser garantizada mediante medidas de diferente
naturaleza.
Por ejemplo, para garantizar que la recogida de datos de nuestros clientes afecte solamente a aquellos datos estrictamente necesarios para la finalidad legítima que supone la prestación del servicio a nuestros
clientes, no se requiere ninguna medida técnica pero sí establecer procedimientos que nos permitan cumplir con este requerimiento
Lo mismo puede decirse de la necesidad de garantizar que los datos que nos entregan nuestros clientes no van a utilizarse con una
finalidad diferente o durante más tiempo del estrictamente necesario para la prestación del servicio”.

Por tanto, la finalidad de la deontología es obligar a los profesionales jurídicos a actuar conforme a unos cánones que respeten no sólo el ordenamiento del ordenamiento jurídico en su conjunto, sino también los derechos de las víctimas y demás personas que intervienen en el proceso que corresponda (tanto los profesionales como los testigos, peritos, etc.).

FUENTES:

Deontología profesional y protección de datos de carácter personal en la práctica profesional de los abogados: http://revista.reicaz.es/numeros-anteriores/n-013/deontologia-profesional-y-proteccion-de-datos-de-caracter-personal-en-la-practica-profesional-de-los-abogados/

Nuevo código de la abogacía española: https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/otras-ramas/nuevo-codigo-deontologico-de-la-abogacia-espanola/

Etica jurídica: http://eticajuridica.es/2015/03/28/la-deontologia-profesional-en-la-reforma-de-la-abogacia-espanola/

Nuevo Código Deontológico de la Abogacía Españolaa: https://www.acalsl.com/blog/2019/05/nuevo-codigo-deontologico-de-la-abogacia-espanola

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