Derecho, Derechos fundamentales, Estados de alarma, excepción y sitio, Suspensión de derechos fundamentales

Confinamiento ilegal durante la crisis sanitaria y desescalada lenta

Además de no haber tomado medidas a tiempo para prevenir la nueva pandemia que se avecinaba, sin comprar el material necesario para detectar y prevenir el virus, el gobierno también ha estado vulnerando los derechos fundamentales de los españoles durante más de dos meses al tener confinados a los ciudadanos, sin que la normativa del estado de alarma permita confinar y suspender los derechos fundamentales.

Por otro lado, también hay que destacar la falta de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria y poder frenar en cierta medida la influencia en la economía de la pandemia.

Dicho esto, cabe señalar que “los modelos de gestión de crisis constan, básicamente, de sistemas y procedimientos. Los procedimientos –protocolos en terminología sanitaria– comprenden una evaluación del contexto general de la crisis (riesgos y objetivos), la forma en la que se pretende gestionar (concepto operativo) y las medidas adoptadas para desarrollar las anteriores (planes de acción). El sistema –no todo el Sistema Nacional de Salud sino la parte que se ocupa de la gestión de crisis– sigue la situación, propone medidas y adopta o ejecuta decisiones relacionadas con la misma. El sistema funciona permanentemente entre pandemia y pandemia (período interpandémico) para seguir las crisis en curso y elaborar planes de preparación y respuesta para las siguientes. Cuando surge una nueva como la del COVID-19, se activa para adaptar las estrategias y planes previos a las particularidades específicas de la nueva pandemia.

La gestión de las enfermedades contagiosas se ha mantenido tradicionalmente en el ámbito sanitario mientras que las enfermedades contagiosas se consideraban un problema de salud. Sin embargo, y a medida que las epidemias han creado daños colaterales a los de salud, se ha hecho necesario involucrar en la gestión a responsables de otros ámbitos de la Administración. La necesidad se ha vuelto perentoria con la aparición de las pandemias, unas epidemias de proporciones globales y efectos disruptivos que trascienden la salud y afectan al modo de vida y la prosperidad de las sociedades.3 Ante esta tendencia, la pregunta es si los sistemas de gestión sanitaria que se han mostrado capaces de afrontar las epidemias hasta ahora son idóneos para gestionar las complejas crisis pandémicas. El análisis comienza por la deconstrucción del sistema empleado en sus elementos para, posteriormente contrastarlos con los elementos de otros sistemas nacionales, y finalmente, analizar sus posibilidades para afrontar la crisis del COVID-19.

La deconstrucción del sistema

En España, la gestión de crisis se asumió inicialmente por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2004, mediante el denominado Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo (SICAS) para coordinar la detección, información y el apoyo logístico al Sistema Nacional de Salud en situaciones de alerta sanitaria. La estructura del SICAS se lideraba por el titular del Ministerio, apoyado con un grupo asesor ad hoc, y contaba con un órgano colegiado para gestionar situaciones de crisis: el Comité Director en Situaciones de Crisis y Emergencias (CODISCE) responsable de la elaboración y activación de los planes de respuesta, la dirección estratégica y ejecutiva de la gestión. en el que participaban todos los responsables departamentales. El CODISCE se apoyaba en un Grupo Operativo de Emergencias de menor nivel, encargado de ejecutar las decisiones colectivas. Como complemento a los anteriores se creó el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) –que todavía existe– cuya función se circunscribía al seguimiento y evaluación de la situación y al apoyo a las distintas unidades del Ministerio. La creación del SICAS no se acompañó de una partida presupuestaria porque la Orden excluyó expresamente cualquier incremento del gasto público.

En 2005 la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó un Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para prevenir la propagación internacional de enfermedades y proteger la salud pública global limitando su impacto en el tráfico y el comercio internacionales. Siguiendo sus recomendaciones, el SICAS amplió sus responsabilidades previas en materia de vigilancia epidemiológica y virológica, la provisión de vacunas y fármacos antivirales, la elaboración de planes de respuesta y la comunicación social. Posteriormente, y para reforzar el enlace con las redes de alerta de la OMS y de la UE, se designó a la Dirección General de Salud Pública como centro de enlace nacional que, a su vez, delegó su función operativa en el ya mencionado CCAES.

Mientras adaptaba su estructura, el SICAS tuvo que afrontar las pandemias de la gripe aviar de 2005 y de 2006 cuyos efectos desbordaban los de las epidemias de gripe estacional. Para ello elaboró un Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a la primera y una Actualización del mismo para hacer frente a la segunda. Para la primera, se creó un Comité Ejecutivo nacional, un órgano presidido también por el titular de Sanidad y con presencia mayoritaria de responsables sanitarios, pero ya con participación de otros ministerios. Con la segunda crisis pandémica, el Comité Ejecutivo reforzó su naturaleza interministerial bajo la dirección del titular del Ministerio de la Presidencia y se abrió a la participación a las Comunidades Autónomas (CCAA) que hasta entonces se coordinaban mediante la Comisión de Salud Pública. El Comité Ejecutivo delegó la gestión en un Grupo Operativo apoyado por otro Técnico de Coordinación y por un Comité Científico. La apertura de la gestión sanitaria a otras administraciones representa un primer reconocimiento de las limitaciones de un modelo de gestión exclusivamente sanitario.

En 2011 se reguló el modelo General de Salud Pública mediante la Ley 30/2011. La Ley, a pesar de la importancia que las pandemias habían cobrado en las últimas décadas, no reconoció la singularidad de las epidemias y pandemias dentro del conjunto de las enfermedades ni la necesidad de contar con un sistema con personalidad propia dentro del Sistema Nacional de Salud. En lugar de consolidar la línea de desdoblamiento mencionada anteriormente, desarrollando un sistema especializado para la gestión de pandemias, se optó por centralizar la gestión de cualquier crisis epidemiológica o pandémica en un sistema único y en 2013 se creó un nuevo Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) que asumió desde entonces las funciones de coordinación, notificación, evaluación e inteligencia epidemiológica, entre otras.

El repliegue de la gestión sobre el Sistema Nacional de Salud preservó el protagonismo del SIAPR en los sistemas de alerta y respuesta de la OMS y de la UE, pero la redujo en el campo de la asistencia internacional a terceros, que es otra faceta importante de esos sistemas multilaterales. Ese componente es crítico para la gestión de las pandemias, ya que la intervención sanitaria en origen contiene la expansión geográfica de las pandemias y alivia las carencias de respuesta de los países con sistemas sanitarios frágiles. Esa faceta de la cooperación internacional quedó, por defecto, a cargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y de las Fuerzas Armadas para las actuaciones que les encomendaran los Ministerios de Exteriores y Defensa, respectivamente”.

Por otro lado, hay que comparar la gestión del COVID-19 por el Gobierno español respecto al resto de países europeos. En este sentido, cabe señalar que “

Mientras que el Gobierno de España trata de lanzar balones fuera en la gestión de la crisis, tratando de identificarla como un shock externo de la cual no hay responsabilidades internas y que simplemente el país se ha visto afectado por una gran oleada de infectados y muertes, sí hemos visto ejemplos de gestión verdaderamente eficiente durante esta crisis.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html?n=0

Hemos nombrado a Corea del Sur como el país ejemplar por excelencia para combatir mediante una política de test masivos que le permitió un confinamiento selectivo, pero si hay que hablar de un país europeo verdaderamente solvente en su gestión, hay que citar a Alemania.

El gobierno alemán ha sido eficiente en la gestión de la crisis a diferencia del gobierno español. Y una buena gestión, al final repercute en los datos económicos. Mientras que, según la Comisión Europea, Alemania se verá abocada a una recesión con una caída del PIB del 6,5%, España sufriría un hundimiento de su economía del 9,4%, el peor dato de la UE, solo superado por Italia (contracción del 9,5%).

El impacto de la crisis

El impacto de la crisis por el COVID-19 en Alemania no tiene nada que ver en España y, para ello, vamos a citar tanto los datos por número de contagios como el número de muertes ajustados por población.

Si repasamos el total de casos por población en Alemania, nos encontramos que a día de hoy acumula un total de 2.100 casos por millón de habitantes, mientras que España ha más que doblado esa cifra hasta 4.962 casos por millón de habitantes.

Pero son las cifras de muertes las que revelan la gran diferencia entre Alemania y España. Mientras que Alemania ha acumulado un total de 95 muertes por millón de habitantes, España ha disparado esta cifra hasta los 594 fallecidos por millón de habitantes, seis veces más que las cifras alemanas.

Y es que una de las claves era el número de camas hospitalarias vinculadas a su población. El sistema sanitario alemán contaba con 8,7 camas por cada mil habitantes, nada que ver con el de España se posicionaba con 2,97 camas hospitalariasEsto concedía a Alemania un mayor margen de maniobra para gestionar la demanda sanitaria por los infectados y que, consecuentemente, la tasa de mortalidad fuera notablemente inferior.

Con actuaciones como esta sí que se puede llegar a controlar, en la medida de lo posible al ser un virus nuevo y del que todavía se están conociendo muchas cosas, una pandemia.

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