Administración de Justicia, Administración de Justicia, Derecho, Derecho procesal

El Plan de Transparencia Judicial

En primer lugar, hay que señalar que “el objetivo general de transparencia de los órganos judiciales está proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Se trata de atender a los principios de transparencia, información y atención adecuada de los usuarios de la Justicia. Hay que desterrar la opacidad informativa que dificulta el seguimiento de la actividad jurisdiccional. Hay que proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento públicos y mantener la confianza de la sociedad en los tribunales.

Con esta finalidad, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, define el Plan de Transparencia Judicial como el instrumento a través del cual, las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y los propios ciudadanos puedan tener a su disposición una herramienta de información continua, rigurosa y contrastada acerca de la actividad y la carga de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales del Estado.

Lo que se pretende es lograr una justicia transparente, comprensible, atenta con el ciudadano, responsable ante él, ágil y tecnológicamente avanzada, además de protectora de los más débiles Sus objetivos concretos son:

  • Tener un conocimiento riguroso sobre la duración real de los procedimientos judiciales para ver las disfunciones que provocan los retrasos. Así, las distintas administraciones responsables tendrán elementos de juicio para acometer las reformas precisas.
  • Conocer el volumen de trabajo de cada órgano judicial para poder hacer una mejor planificación presupuestaria de las inversiones necesarias.
  • Publicar en tiempo real los resultados de los litigios (sentencias), así como de las ejecuciones, lo que es un medidor determinante de la eficacia de la Justicia.
  • Conocer la calidad del desempeño de cada interviniente en la Administración de Justicia, a través de instrumentos de control, como las estadísticas y las encuestas.

El Plan de Transparencia está encaminado a facilitar la máxima y mejor información:

  • El ciudadano debe tener información general y actualizada sobre el funcionamiento de juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos de los distintos procedimientos judiciales. Esto se hará a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano, que se implantarán en todo el territorio nacional, así como también por medios telemáticos de fácil acceso para los interesados.
  • Toda la información sobre el estado de asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos judiciales se canalizará por el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias en la materia y, también, por el CGPJ.
  • El ciudadano podrá tener un acceso actualizado a las leyes españolas y normativa europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible. Se asegura también el acceso a los procedimientos, registros, archivos y libros no reservados.
  • La justicia debe ser comprensible para el ciudadano, con un catálogo de derechos sobre notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. Se determinará el lenguaje que se debe utilizar en las vistas y comparecencias. Este tiene que ser claro, para facilitar que las sentencias y resoluciones sean inteligibles para todo el mundo. Además se dispondrán formularios para que el ciudadano ejercite sus derechos ante los tribunales cuando no sea precisa la intervención de abogado y procurador”.

Hay que destacar aquí que el objetivo principal del Plan de Transparencia judicial es el de conseguir que los ciudadanos que acudan a la justicia consigan que sus derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución se hagan efectivos, así como que comprendan el porqué de las resoluciones recaídas en el proceso, así como conseguir un lenguaje jurídico-judicial claro y sencillo para los ciudadanos.

Pero esta tarea no es tan sencilla. Y es que “promover la confianza de la sociedad en un servicio público tan esencial como el que presta la Administración de Justicia era uno de los objetivos fundamentales del Plan de Transparencia aprobado por el Ministerio de Justicia en 2005. Desde entonces, se ha seguido luchando por mejorar el acceso del justiciable a una información veraz, útil y completa que le lleve a comprender mejor el funcionamiento del sistema judicial español.

De conformidad con el primer apartado de la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, la transparencia judicial está conformada por derechos que avalan el acceso del ciudadano a informaciónrelacionada con el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales; la tramitación de los procedimientos; el estado de los procesos en los que tenga interés legítimo; el contenido actualizado de las Leyes, tanto nacionales como europeas; y en general, sobre la marcha de la Administración de Justicia.       

Todo ello deriva, a su vez, en obligaciones para el legislador y para las autoridades públicas, quienes han de dotar de contenido fáctico a todos esos derechos. Una labor en la que adquieren un papel fundamental las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), al hacer posible la creación de nuevos canales de actuación y de acceso a la información.

¿Cuáles han sido las últimas novedades en materia de transparencia judicial?

1. La Sede Judicial Electrónica:

Una de las principales novedades introducidas en el último año (art. 4.1 Ley 18/2011, de 5 de julio) ha sido la puesta en marcha de la Sede Judicial Electrónicapara el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares y Región de Murcia, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) por la Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio.

Se trata de una dirección electrónica en la que, tanto profesionales como ciudadanos, pueden acceder (en buena parte de los supuestos con certificado electrónico) a servicios como:

  • Consultar el estado de sus expedientes.
  • Obtener información sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales.
  • Suscribirse para la recepción de avisos a través del correo electrónico o por SMS de aquellos señalamientos asociados a procedimientos judiciales en los que el usuario actúe como interviniente.
  • Acceder a otras Sedes Judiciales Electrónicas, aún en desarrollo, dependientes de otras Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
  • Conocer el calendario de días inhábiles oficial.
  • O, incluso, acceder a servicios de validación de firmas y certificados digitales.

Especial importancia cobra en esta plataforma el proyecto del Expediente Judicial Electrónico, que, como sabemos, tiene como principal objetivo la eliminación del soporte papel en nuestros Juzgados y Tribunales, quedando todo el expediente judicial en formato electrónico y accesible online para todos los intervinientes (art. 26 de la Ley 18/2011).

Efectivamente, gracias al desarrollo de las TIC en el ámbito jurisdiccional, la publicidad del proceso (Art. 120 CE) puede ir más allá de los muros físicos de los órganos jurisdiccionales, resultando posible acceder a las actuaciones judiciales en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de Internet.

2. Sistema de Subastas Judiciales Electrónicas:

La implantación del sistema de subastas judiciales electrónicas a partir del 15 de octubre de 2015 (medida prevista en la Ley 19/2015, de 13 de julio), supuso una auténtica ruptura con el pasado al introducir en nuestro ordenamiento jurídico un procedimiento de subasta judicial de bienes muebles e inmuebles que se tramita íntegramente por medios electrónicos a través de un Portal único dependiente de la Agencia Estatal del BOE (art. 648 LEC).

En definitiva, se trata de un procedimiento más simplificado y transparente gracias a una mejor publicidad de las subastas y a una mayor disponibilidad temporal para la participación en ellas (desde la apertura de la subasta, 20 días).

Cabe destacar que se facilita el acceso del público general a las subastas judiciales pues, cumpliendo con los requisitos de disponer de un certificado electrónico reconocido y estar registrado en el Portal, cualquier interesado en la puja tendrá pleno acceso a la información completa de los bienes subastados y podrá actuar de forma anónima y en condiciones de igualdad con el resto de postores.

Con todo, no solo vemos reducida la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, sino que también se ve beneficiado el acreedor pues, a mayor participación de postores, mayor posibilidad de alcanzar un buen rendimiento económico de los bienes subastados.

3. Directorio Público de Jueces y Órganos Judiciales y Publicación de la Agenda de Señalamientos:

Otras manifestaciones de la actuación del legislador en materia de transparencia judicial podemos encontrarlas, por ejemplo, en la apertura del primer Directorio Público de Jueces y Órganos Judiciales, que permite el acceso de cualquier ciudadano, a través de Internet, al nombre y apellidos del Juez que tramite su causa, así como a la dirección y el teléfono del Juzgado; o en la publicación de la agenda de señalamientos del Juzgado o Tribunal en un lugar visible el primer día hábil de cada semana, por modificación del artículo 232 de la LEC por la Ley 7/2015, de 21 de julio.

¿Hablamos de herramientas verdaderamente útiles para el ciudadano?

Todas estas medidas que potencian la transparencia judicial dan sentido a los derechos de la ciudadanía a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia (Art. 4.1 Ley 18/2011, de 5 de julio) y al acceso a la información pública (art. 105.b CE).

Ahora bien: ¿Será fácil para cualquier ciudadano, sin conocimientos jurídicos ni informáticos, comprender toda la información que se pone a su alcance y acceder a ella?

Debemos subrayar la necesidad de que el usuario comprenda en su totalidad la información que se le ofrece. De poco servirán las herramientas y canales eficaces de información si la ciudadanía se abstiene de hacer uso de ellos al carecer de los conocimientos necesarios para su empleo y entendimiento. Sólo así podremos hablar de una transparencia judicial real y efectiva.

Dicho esto, se debería evitar la confluencia de requisitos excesivos y complejos que impidan el uso de dichos medios a quienes carezcan de asistencia y/o conocimientos técnicos y jurídicos, así como potenciar el contenido de carácter formativo puesto al alcance del usuario en las plataformas virtuales judiciales. Asimismo, será vital el empleo de un lenguaje que permita la comprensión por parte del ciudadano de las notificaciones, citaciones, requerimientos y, en general, del contenido de las resoluciones que reciba”.

Para ir terminando, también cabe señalar que “la doctrina jurisprudencial sobre el carácter público de los procedimientos es pacífica y encuentra asiento desde hace años. Así, por ejemplo, ya desde la Sentencia de 22 de febrero de 1984 en el caso «Sutter contra Suiza», el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido expresando que la publicidad judicial protege a los litigantes contra una administración de justicia secreta sin control público y es también un medio por el que se puede mantener la confianza en el tribunal. Al impartir la administración de justicia de una forma visible, la publicidad contribuye a alcanzar una audiencia equitativa, garantía que es fundamento de una sociedad democrática.

En nuestro entorno jurídico «nacional», el derecho a la publicidad del proceso —vinculado intrínsecamente a la transparencia en el actuar judicial— tiene el rango de derecho fundamental (artículo 24.2 Constitución Española (LA LEY 2500/1978)) pero también es una regla ateniente a la organización del Poder Judicial (artículo 120.1 Constitución Española (LA LEY 2500/1978)) y, en esta naturaleza bifronte, es en la que se delata que la transparencia supone una relación de bilateralidad entre el Estado y el ciudadano.

Históricamente, la correspondencia Estado-Ciudadano en términos de vinculación pública venía establecida por el control absoluto del primero sobre el segundo, al que se le negaba sustancialidad y valor propio, ostentando con carácter general el rango miserable de «súbdito», sujeto individual prescindible en pro de la colectividad —falsa— de los intereses del poder establecido. Fruto de esta concepción en la que prima el Estado sobre el hombre son los primeros modelos feudales, el régimen absolutista francés y, desde luego, los totalitarismos europeos alemán y ruso de tan infausto y cercano recuerdo. En el plano social, científico o literario, encontramos ejemplos muy variados de esa observación absoluta del poder hacia el individuo: el concepto arquitectónico de muralla (ideado no sólo para controlar el exterior, sino, sobre todo, para hacerlo con el interior), el panóptico de Jeremy Bentham, la aplicación al ámbito penitenciario del anterior —estudiada y criticada por Michel Foucault en «Vigilar y castigar»—, o la obra imprescindible de Orwell: «1984»). Desde sus orígenes, en definitiva, el ciudadano ha aceptado una posición pasiva en el rol de relaciones de observación y control con el Estado. Ese paradigma social, superado parcialmente en la civilización democrática contemporánea, debe concluir su proceso de derribo: el ciudadano no solamente ostenta un derecho de observación sobre la actuación pública de las instituciones y poderes del Estado…se trata de un deber. En el caso de la Administración de Justicia, de una obligación superlativa. Otra cosa sería desistir del más elemental deber cívico: controlar al controlador. No podemos olvidarlo.

Después de todo lo anterior conviene formular ya el gran interrogante: ¿Cómo puede convertirse en realidad la transparencia absoluta en la Administración de Justicia? La respuesta, a nuestro juicio, se proyecta sobre dos elementos diferenciados pero informantes de un mismo concepto: por un lado, la accesibilidad plena y dinámica al procedimiento judicial; por otro, la posibilidad plena de visualizar en directo o diferido cualquier actuación jurisdiccional pública. Luz y taquígrafos.

En continuación al desarrollo de esta última, y relegando la profundidad de la primera a un trabajo posterior, la Justicia española debería estar en condiciones de garantizar una sede judicial digital única que permitiese la visualización de todo juicio que se celebrarse en el territorio nacional; una suerte de gigantesca plataforma en streaming en la que, a través de un «clic» con el puntero del ratón, el ciudadano pudiese contemplar cómo se imparte justicia en un proceso civil, contencioso-administrativo…siempre a salvo, obviamente, aquellas actuaciones que por comprometer a menores o intereses especialmente protegibles (algunos juicios penales), debieren excepcionalmente celebrarse sin presencia pública.

El caso extraordinario que ejemplifica el juicio del «Procés», retransmitido en riguroso directo por diferentes televisiones y medios digitales, pone sobre la mesa la necesidad de continuar en esa línea tan beneficiosa y saludable para el sistema democrático. Todos tenemos derecho a poder contemplar cómo se administra justicia porque todos formamos parte de un mismo modelo de valores, derechos y deberes. La transparencia, en materia judicial, no puede comprometerse por las necesidades impuestas por la crisis del coronavirus; al contrario, es el tiempo decisivo de apostar por la claridad y el acceso al quehacer judicial y, con él, permitir que la Administración de Justicia no sólo sea más eficaz y eficiente, sino también más pública y participada por una ciudadanía con tendencia —natural— a la desafección frente a sus poderes públicos.

Por desgracia, hasta el tiempo presente, el valor público de la transparencia encuentra escaso arraigo en nuestro acervo jurídico-académico. A excepción de algunas opiniones tan autorizadas como singulares —véase el caso de Orduña Moreno—, la transparencia continúa considerándose territorio desconocido para una Administración de Justicia que ha resistido a la modernidad para, a la hora de la verdad, languidecer por ello ante una crisis sanitaria que ha desarmado los fundamentos tradicionales del sistema jurisdiccional. El paradigma cambia al mismo tiempo que se hacen urgentes replanteamientos de enfoque, y no sólo de método, que apuesten por el retorno a las esencias del modelo de convivencia: la libertad, el control de la actuación pública…La transparencia no es una ventana más en ese «hogar» en el que todos convivimos —el sistema democrático—; la transparencia es la puerta por la que entramos a él.”

Por último, hay que destacar que, para conseguir todos los objetivos de este Plan de Transparencia Judicial, todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la Administración de Justicia (Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, Gestores, Tramitadores, el Cuerpo de Auxilio Judicial, abogados, procuradores, etc.) han de poner empeño en esta tarea para facilitar a los ciudadanos la mejor comprensión del funcionamiento de la Justicia.

FUENTES:

  1. Transparencia judicial: una mirada sobre la Justicia post COVID-19. DIARIO LA LEY: https://diariolaley.laleynext.es/dll/2020/05/13/transparencia-judicial-una-mirada-sobre-la-justicia-post-covid-19
  2. ¿Qué es el Plan de transparencia judicial? PUNTO DE ACCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/Pagina1Columna1Fila/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjL0MjCydDRwN3k0AzA8cgI0sTRwsnIwMLA_2CbEdFADc9sTY!/?itemId=239738#
  3. La transparencia de la justicia. JUECES Y JUECES POR LA DEMOCRACIA: http://www.juecesdemocracia.es/2017/04/11/la-transparencia-la-justicia/
  4. ¿Podemos empezar a hablar de transparencia judicial? LEGAL TODAY: https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/podemos-empezar-a-hablar-de-transparencia-judicial-2016-11-28/

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