Abogacía, COVID-19, Derecho, Pandemias

La crisis jurídica del COVID-19. Aspectos jurídicos. Parte II

El objeto principal de este artículo es dar continuidad a otro artículo anterior sobre la materia.

En primer lugar, cabe señalar que, en materia de obligaciones y contratos de carácter civil, “el mundo entero está sufriendo los terribles efectos de la crisis provocada por el coronavirus COVID-19 que, además de al ámbito sanitario, que es el que centra ahora mismo toda nuestra atención y esfuerzos y que a buen seguro que, entre todos, superaremos lo antes posible, está afectando y va a afectar seriamente en los ámbitos social, jurídico y económico.

Con prácticamente toda actividad parada merced de las medidas adoptadas con la declaración del estado de alarma, es cuestión de tiempo que se vayan sucediendo en cadena situaciones en las que cumplir una obligación contractual será extremadamente gravoso cuando no directamente imposible.

Y es que si, debido a estas imprevisibles y extraordinarias circunstancias nos vemos forzados a cesar o reducir drásticamente nuestra actividad empresarial, profesional o laboral y, por ende, nuestros ingresos se ven notablemente mermados cuando no directamente suprimidos, ¿cómo voy a poder hacer frente, por ejemplo, a mi obligación de pago de la renta en un contrato de arrendamiento? Y a partir de aquí, el efecto dominó está servido.    

Por todos es sabido que la regla general y preferente en materia contractual es la expresada en la locución latina pacta sunt servanda o, lo que es lo mismo en términos del propio Código Civil, que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos (artículos 1091 y 1278).

Así, una vez válidamente celebrado un contrato, las partes están obligadas al cumplimiento no solo de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (artículo 1258 del Código Civil).  

Y, por consiguiente, ante un incumplimiento contractual, la parte fielmente cumplidora de sus obligaciones podrá reclamar a la otra bien el cumplimiento del contrato, bien la resolución del mismo y en ambos casos, el resarcimiento de daños y perjuicios y abono de intereses que correspondan (artículo 1124 del Código Civil).

Lógico, pues la seguridad del tráfico jurídico y económico lo hace no solo deseable, sino necesario.

Pero no menos deseable que, ante situaciones excepcionales, esa normatividad del contrato pueda quebrarse de forma que el mismo pueda quedar resuelto, rescindido o modificado, atendiendo a principios como el de la buena fe o el de reciprocidad de las prestaciones y, en definitiva, a una cuestión de justicia material que el derecho debe amparar.

Que estamos viviendo una situación tan grave como imprevisible y excepcional queda fuera de toda duda.

Que muchos contratos se habrán firmado en unas circunstancias que no eran ni por asomo equiparables a las que ahora tenemos a raíz de la crisis del coronavirus se nos representa también como algo más que probable.  

La cuestión es, ¿qué mecanismos legales podemos articular para defendernos de y paliar en la medida de lo posible los efectos jurídicos y económicos de esta terrible crisis?

En el presente nos vamos a referir a dos:

  • Por un lado, la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus, que entra en juego en un plano diferente al del incumplimiento de la obligación y en el que se valora la ruptura del equilibrio contractual por la onerosidad sobrevenida de la relación negocial celebrada.
  • Por otro, la exoneración de responsabilidad ante un incumplimiento contractual por supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.  

La doctrina de la cláusula rebus sic stantibus asienta sus bases en los precitados principios de buena fe y de reciprocidad de las prestaciones en busca de un equilibrio y justicia material.  

Señalar, en primer lugar, que no estamos ante una cláusula contractual en sentido propio, sino ante una construcción doctrinal a la que se recurre normalmente en situaciones no previstas contractualmente.

Esta doctrina tiene su origen ya en el Derecho Romano y, aunque no esté expresamente recogida en nuestros textos legales, sí que encuentra reflejo en cierto modo en diversos preceptos de nuestro Código Civil tales como: 

  • Artículo 3, sobre la interpretación de las normas conforme al contexto y realidad social de cada tiempo. 
  • Artículos 7 y 1258, sobre la buena fe. 
  • Artículos 1105 y 1107, sobre la falta de responsabilidad ante acontecimientos imprevistos y/o imprevisibles.
  • Artículos 1124, 1274 y 1289, que consagran el principio de reciprocidad de las prestaciones.
  • Artículos 1103, 1154, 1726 y 1801, que abren la posibilidad de que el juez pueda moderar el quantum de la obligación o responsabilidad.
  • Artículo 1736, que prevé la renuncia del mandatario sin obligación de indemnizar de serle imposible continuar con el mandato sin grave detrimento suyo.

Nuestro Alto Tribunal viene haciéndose eco de la misma ya desde 1940.

Un clásico de la jurisprudencia en esta materia es la célebre Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1944 en relación a un contrato celebrado entre la compañía aceitera Carbonell y Cía, S.A., y Pallarés Hnos. S.A.

El supuesto de hecho en cuestión parte, como decimos, de un contrato de venta de aceite celebrado el 27 de junio de 1936 en virtud del cual la compañía aceitera tenía que entregar la cantidad de aceite pactada al precio igualmente pactado en el momento en que la compradora, que ya había pagado el precio, le requiriera para ello, lo que esta última tenía que hacer antes del 15 de octubre.

El estallido de la Guerra Civil durante la fase de ejecución o cumplimiento de la obligación de entrega del aceite hizo imposible que la misma pudiera llevarse a cabo y, ante tan evidente causa de fuerza mayor, el Tribunal concluyó que:

  • La causa de fuerza mayor imposibilitó, mientras duró, cumplir con la entrega, por lo que esa obligación quedó en suspenso.
  • Al cesar la causa de fuerza mayor, la obligación revive y debe por tanto cumplirse. No otorgó pues a esa causa efectos extintivos.

Sin embargo, si modificó y rebajó la cantidad de aceite a entregar por razón, entre otras, <<del elemento de justicia objetiva implícito en la exigencia de la causa de los contratos, referida esencialmente en los onerosos a la reciprocidad o equivalencia de las prestaciones; de tal suerte, que en algunas, aunque contadas excepciones, la ley permite mitigar el excesivo rigor de aquel principio de autonomía, confiriendo al juzgador la facultad de acomodar lo convenido por las partes a las circunstancias concurrentes en el caso enjuiciado al tiempo de ser cumplido lo que se prometió>>.

En definitiva:

  • La doctrina de la cláusula rebus sic stantibus entiende implícito a todo contrato de ejecución diferida temporalmente (como puede ser por ejemplo un contrato de arrendamiento, de leasing, de suministro o de reserva de plazas hoteleras con o sin cupo de garantía) que el cumplimiento de las obligaciones contractuales es exigible en los términos pactados siempre y cuando las circunstancias y prestaciones se mantengan en el mismo estado de cosas y equilibrio existente a la hora de celebrar el contrato.
  • Ante una alteración sobrevenida, extraordinaria y sustancial de las circunstancias, el contrato no vinculará a las partes o, al menos, no lo hará sino en la medida en que sus términos y prestaciones se reequilibren y adecuen a las nuevas circunstancias concurrentes.

No obstante, hay que tener muy presente que esta doctrina es y ha sido siempre de aplicación muy restrictiva. Y es que no hay que olvidar, insistimos, que en pro de la seguridad del tráfico jurídico y económico, la regla general es que los contratos deben cumplirse en sus términos (artículo 1258 del Código Civil) y que su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de una de las partes (artículo 1256 del Código Civil) que considere que sus expectativas económicas no se han cumplido.

Requiere además para su aplicación de una serie de requisitos:

  • Que haya una alteración extraordinaria, sustancial y sobrevenida de las circunstancias concurrentes a la celebración del contrato.
  • Que con causa en esa alteración sustancial resulte un relevante y significativo desequilibrio en relación a las prestaciones inicialmente convenidas.
  • Que no exista otro mecanismo jurídico para remediar ese desequilibrio.
  • Que la aparición de las nuevas circunstancias fuera radicalmente imprevisible.
  • Que quien pretenda su aplicación tenga buena fe y no se le pueda imputar culpa.

Son muy numerosas las resoluciones judiciales al respecto, pero en este momento cobran especial interés las dictadas a partir del año 2013 sobre los efectos de la crisis económica iniciada en el año 2007 en relación a la aplicación de esta doctrina

Siguiendo el criterio totalmente restrictivo y excepcional que se venía siguiendo hasta entonces, los pronunciamientos iban en la dirección de concluir que la crisis económica por sí sola no comportaba una alteración extraordinaria de las circunstancias que permitiera aplicar esta doctrina y modificar y reequilibrar las prestaciones del mismo.

Pero en 2014 encontramos un punto de inflexión. El Tribunal Supremo empezó a flexibilizar en cierto modo los criterios de interpretación de esta doctrina en una tendencia a su aplicación plenamente normalizada que puede ser de mucho interés y utilidad en este momento en el que la crisis económica que mucho nos tememos -ojalá nos equivoquemos- que está por venir puede ser mucho peor que la vivida por aquel entonces.

Así, partiendo como hecho notorio de que esa crisis económica podía <<ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias>>, se consideró que podía por consiguiente <<alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido>>.

Y, en definitiva, sin olvidar que la incidencia de la circunstancia sobrevenida y la alteración del equilibrio en las prestaciones <<debe ser relevante o significativa respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato celebrado>> y que, por tanto, debe ser cuidadosamente valorada en atención a cada contexto y caso concreto, empezamos a encontrar bastantes más resoluciones en las que el Tribunal Supremo concluye que procede la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y, por tanto, la modificación del contrato.  

De este modo, la alegación de esta doctrina en relación a la crisis económica sirvió al Alto Tribunal para, por ejemplo, modificar y rebajar el canon a pagar por una empresa de publicidad por la cesión de espacios publicitarios o para, en el marco de un contrato de arrendamiento de un edificio destinado a la actividad hotelera y de su respectivo aparcamiento, rebajar un 29% la renta del arrendamiento durante un periodo determinado.

Expuesto todo lo anterior y a modo de resumen, consideramos que:

  • La crisis del coronavirus es una circunstancia externa al contrato radicalmente imprevisible que va a comportar en muchos casos un importante desequilibrio de las prestaciones acordadas a la hora de celebrar determinados contratos.
  • Ello va a suponer que una de las partes tenga que hacer un desproporcionado sacrificio en relación con las circunstancias y prestaciones inicialmente concurrentes y acordadas.
  • Si una crisis como la de los años 2007 y siguientes se consideró como hecho notorio suficiente para alterar de forma sobrevenida y extraordinaria las circunstancias y bases valoradas a la hora de celebrar determinados contratos y sirvió para, analizando caso por caso, aplicar la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus buscando un reequilibrio en las prestaciones, lo razonable es pensar que esta crisis que está por venir y que puede ser mucho peor que la anterior permitirá en muchos casos alegar y solicitar la aplicación de esta doctrina.

Finalmente, señalar que:

  • Esta doctrina se aplica no solo en derecho privado, sino también en contratación administrativa.
  • En palabras del propio Tribunal Supremo, no se valora la satisfacción del acreedor desde el propósito negocial perseguido conforme al desenvolvimiento de la relación contractual, sino que en un plano diferente al incumplimiento de la obligación y, por tanto, al desenvolvimiento del programa de prestación, se valora la ruptura del equilibrio contractual por la onerosidad sobrevenida de la relación negocial celebrada.
  • Los Tribunales vienen aplicando esta doctrina con efectos modificativos más que extintivos o resolutorios, de forma que el contrato subsista si bien adaptado a las nuevas circunstancias.

Abordando ya el segundo mecanismo a que hacíamos referencia, nuestro Código Civil también prevé que, de igual modo ante situaciones excepcionales, la exoneración de responsabilidad ante el incumplimiento de un contrato por caso fortuito o de fuerza mayor.

En efecto, el artículo 1105 del Código Civil establece que <<fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables>>.

Doctrina y jurisprudencia han venido desarrollando ampliamente estos supuestos. En este sentido, traemos a colación por todas y como mero botón de muestra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 3ª) núm. 88/2013 de 27 febrero, que se remite a su vez a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo:

<<Según reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo, el concepto de fuerza mayor debe aplicarse solamente a todo acontecimiento inesperado, aunque puede no serlo, pero que a pesar de que se quiera prevenir, es imposible resistirlo, es decir, lo que no puede preverse o que, aún previsto, fuera inevitable o irresistible y sin intervención de culpa alguna en el agente al proceder el evento decisivo exclusivamente de un acontecimiento impuesto y no previsto ni previsible, insuperable e inevitable, extraño al ámbito de la actividad de que se trata, en la que irrumpe como un obstáculo externo (como por ejemplo, un rayo, huracán, tornado, inundación, y situaciones catastróficas semejantes). En tanto que el caso fortuito es todo suceso no previsible utilizando una diligencia media o normal, pero que si se hubiera llegado a prever no era absolutamente inevitable o insuperable (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1981, 11 de noviembre de 1982, 11 de mayo de 1983, 23 de junio de 1990). Pero cuando el acaecimiento dañoso sea debido al incumplimiento del deber relevante de previsibilidad, no puede darse la situación de caso fortuito ni de fuerza mayor, debido a que faltaría la adecuada diligencia por omisión de los cuidados requeridos con arreglo a las circunstancias del caso lo que haría inaplicable la excepción establecida en el artículo 1105 citado, al no darse la situación de imprevisibilidad o irresistibilidad requeridos por el precepto>>.

En este marco tiene indudable encaje, entendemos, la situación provocada por la irrupción de este coronavirus y los terribles efectos que en todos los ámbitos ya está provocando.

Sin embargo, no hay que obviar que dicha previsión legal:

  • Es perfectamente disponible por las partes que, por tanto y como regla general, pueden pactar lo que consideren oportuno bien en sentido contrario (esto es, de prever responsabilidad aún en caso de acaecimiento de tales circunstancias), bien previendo expresamente en el contrato la exoneración de responsabilidad en el modo y grado que consideren oportuno.
  • Parte de la ausencia de mora o culpa en quien lo alegue”.  

Por lo tanto, en materia de contratación, el coronavirus ha provocado un flujo de impagos y de reducción en algunos casos del alquiler, así como procesos por impago del alquiler.

Respecto a este aspecto económico de la crisis sanitaria del coronavirus, cabe señalar que “

1. Relaciones contractuales

Los efectos de la epidemia sobre los contratos comerciales de nuestros clientes ya están surgiendo en forma de suspensiones de servicios, retraso en las entregas, incumplimientos contractuales o resoluciones anticipadas. Varios asuntos nos parece que deben ser objeto de medidas preventivas:

  • Análisis de las relaciones contractuales existentes y futuras con clientes y proveedores para diseñar una estrategia comercial y legal en función de su contenido (especial consideración a los conceptos de “fuerza mayor”, “rebus sic stantibus” y jurisprudencia existente).
  • Gestión de situaciones pre contenciosas o contenciosas como consecuencia de la generación de daños y perjuicios, tanto en los clientes como en terceras partes.
  • En nuevos contratos, atención en la selección de proveedores sin afectación por la crisis sanitaria, y a los que se les puede exigir a nivel contractual un protocolo de respuesta ante el COVID-19.
  • En particular, análisis de las coberturas de seguro contratadas.
  • En el ámbito de la contratación pública, atención a la influencia de la epidemia en plazos, equilibrio financiero, etc.

Todo ello, no sólo en el ámbito español sino en todas las jurisdicciones donde esté presente el grupo que pueden plantear situaciones normativas cambiantes y con matices procesales muy distintos.

2. Reclamaciones masivas de consumidores y usuarios

Los incumplimientos generados directa o indirectamente por la epidemia pueden frustrar en ocasiones las expectativas de grupos muy amplios de consumidores o usuarios, dando lugar a procesos masivos de reclamación.

La prevención de estas situaciones y el soporte legal y operativo en la gestión y contestación de estas reclamaciones masivas, cuando se produzcan, son aspectos que hay que anticipar.

3. Protección de datos

Un aspecto jurídico particular en la gestión de esta crisis puede surgir en el tratamiento de datos de salud, especialmente en relación con empleados, proveedores y visitas a instalaciones. La adopción de medidas internas contra la propagación y contagio del coronavirus puede dar lugar a la creación de bases de datos sensibles, que gozan de una especial protección por parte de la normativa de protección de datos.

Será necesario un adecuado asesoramiento regulatorio en materia de protección de datos en relación con los límites y obligaciones derivados de dicho tratamiento por su especial intromisión en la privacidad de los afectados”.

También hay que destacar, respecto al comercio internacional, que “

son varias las empresas que han comenzado a declarar escenarios de fuerza mayor en respuesta a las dificultades a las que enfrentan, tratando así de protegerse frente a distintas reclamaciones por incumplimientos contractuales.

En España, el debate se inició a raíz de la cancelación del Mobile World Congress (MWC) por parte de su organizadora —GSMA—, en la que se alegó una situación de fuerza mayor, dejando en el aire tanto contratos millonarios con compañías expositoras, como reservas y desplazamientos.

En las últimas semanas se han presentado reclamaciones en las que se invoca fuerza mayor

Sin embargo, durante las últimas semanas se han presentado distintas reclamaciones en las que se invoca fuerza mayor que involucran a un comprador o proveedor hasta ahora mayoritariamente chino.

En efecto, debido a la posición de China en el comercio internacional —que representa más del 16% del PIB global—, así como a su presencia en las distintas industrias, los efectos del coronavirus empezaron a manifestarse en el ámbito de las relaciones contractuales hace ya unas semanas (i.e. contratos de suministro).

Uno de los sectores que más se ha visto afectado por la propagación del COVID-19 es el automovilístico, en el que China es la principal exportadora de componentes para su producción, como el cobre, cubriendo el gigante asiático la mitad de la demanda a nivel mundial.

Asimismo, el sector tecnológico está sufriendo un gran impacto, dado que China es el mayor fabricante de componentes electrónicos, siendo el responsable de casi un 30% de las exportaciones a nivel mundial.

En un intento de hacer frente a esta situación, el gobierno chino ha emitido más de 3.000 certificados para evitar que las empresas chinas se enfrenten a potenciales reclamaciones legales relativas a incumplimientos contractuales relacionados con el coronavirus, aludiendo a causas de fuerza mayor.

No es baladí, si los certificados serán vinculantes y reconocidos por las jurisdicciones

No obstante, la cuestión sobre si dichos certificados tendrán fuerza vinculante, y serán reconocidos por el resto de las jurisdicciones, no es baladí.

De igual forma tenemos que tener en cuenta que la invocación de fuerza mayor puede ser relevante no sólo para los proveedores, que pueden verse impedidos de cumplir en plazo, sino también para los compradores que han podido ver imposibilitada la entrega y pueden verse a su vez incapacitados de cumplir posteriormente.

Si bien con la invocación de la fuerza mayor lo que se pretende es ganar la exención de responsabilidad, de cara a alegar su invocación debemos llevar a cabo una labor de interpretación del contrato porque esta limitación de responsabilidad es una excepción al criterio preferencial que es el de la “lealtad de la palabra” o lo que se conoce como pacta ‘sunt servanda’.

Es decir, que los contratos se firman para cumplirse y si no se cumplen este incumplimiento acarreará consecuencias en el ámbito jurídico.

Ahora bien, de cara a poder determinar si una parte contratante puede invocar o no la exención contractual en caso de epidemia depende principalmente de si pactó esta posibilidad en el contrato recogiendo términos como “fuerza mayor”, “frustración del contrato”, “material adverse change” y “Hardship Clause”.

Pero, ¿qué sucede si no se ha previsto contractualmente?

Si no se hubiera previsto hay que analizar si existe normativa internacional que lo regule

En el caso de que no se hubiera previsto contractualmente tendremos que analizar si existe normativa internacional que lo regule (como puede ser el caso por ejemplo de la “Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM)”, del año 1980, que en su artículo 79 prevé la exención de responsabilidad debido a un impedimento imprevisible e inevitable) y la ley aplicable a la potencial controversia.

En relación con la ley aplicable, en el caso de China por ejemplo si una empresa invoca la fuerza mayor, es altamente probable que un tribunal chino la exonere de responsabilidad aludiendo a causas de fuerza mayor.

No obstante, el resultado puede no ser el mismo en caso de que dichos certificados de fuerza mayor se invoquen ante los tribunales de los países occidentales, toda vez que el gobierno chino no tiene reconocida una autoridad global, y que éstos fueron emitidos con anterioridad a que el coronavirus fuese oficialmente calificado como pandemia.

¿Cuál es la situación en España?

En el caso particular de España, me gustaría hacer referencia no sólo a la figura de la fuerza mayor sino también a lo que se conoce como clausula ‘rebus sic stantibus’.

En cuanto a la fuerza mayor, para que sea eximente de responsabilidad civil (art. 1105 CC) debe tratarse de un suceso imprevisible, o que, a pesar de ser previsible, por lo menos fuera inevitable.

Los conceptos de inevitabilidad e imprevisibilidad no han tenido grandes cambios a lo largo de los años

Nuestro Tribunal Supremo ha analizado los conceptos de inevitabilidad y de imprevisibilidad sin grandes cambios a lo largo de los años indicando que nadie puede responder de un daño que no pudo prevenir, ni evitar empleando los medios que le eran exigibles y debiendo hacerse esta valoración atendiendo a las circunstancias concurrentes en el momento en el que se produjeron los daños.

Ejemplo de estos hechos, susceptibles de ser calificados como fuerza mayor, son, entre otros, el miedo a volar a causa de conflictos bélicos en otros países, los atentados terroristas internacionales o los efectos de una gripe de ámbito global entre los pasajeros de un crucero.

Por su parte la cláusula ‘rebus sic stantibus’ hace referencia a la relevancia del cambio o mutación de las condiciones básicas del contrato, también se perfila como el instrumento jurídico apropiado para resolver los múltiples conflictos económicos, principalmente ante incumplimientos de un contrato, que comienzan a emerger por culpa del coronavirus.

Esta cláusula fue recientemente reinterpretada por la Sala Primera del Tribunal Supremo a través de sus sentencias de 30 de junio 2014, 15 de octubre 2014 y 24 de febrero de 2014 de una forma novedosa e innovadora para paliar los efectos de la anterior crisis económica al entender que “dicha crisis pudo ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido”.

¿Ante este escenario qué podemos hacer para proteger nuestros derechos a nivel jurídico?

1.Proceder a examinar el contrato y ver si existe una cláusula de fuerza mayor, analizar si en esa cláusula puede entenderse incluido un caso como el coronavirus, de qué riesgos debe responder cada parte, si existe algún plazo específico para accionar y cuáles son las causas de terminación anticipada que puedan ser invocadas, etc.

2.Examinar cuál es la ley aplicable, ya sea como complemento a las disposiciones contractuales o de forma supletoria en el caso de que no existiera tal previsión.

3.Revisar las pólizas de seguro que tengamos suscritas para analizar cuál es su alcance, si está excluida o no la fuerza mayor, cuáles son los procedimientos y plazos a tener en cuenta a los efectos de comunicar potenciales daños, identificar las circunstancias que agravan los riesgos contratados y los deberes que de ello resultan.

4. Adoptar medidas para mitigar el daño, anticipándose y evitando actos propios que puedan perjudicar posibles acciones futuras, agotando todos los medios a su alcance, incluidos los alternativos para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas

5. Contactar con la contraparte por escrito para explicar las circunstancias lo antes posible pero valorando si esté contacto y afirmaciones pueden tener algún efecto sobre otros contratos.

6. Recabar pruebas de forma paralela, por ejemplo, noticias de prensa, declaraciones en redes, grabando y transcribiendo conversaciones verbales, etc.

7. Prestar mucha atención a la hora de redactar nuevos contratos, considerando las cláusulas de fuerza mayor con cuidado, valorando la elección de la ley aplicable y de las cláusulas de sumisión a tribunales o arbitraje.

Por último, no me gustaría terminar sin hacer la siguiente reflexión, si bien es probable que haya un amplio margen para el debate legal sobre la interpretación de las cláusulas de fuerza mayor y la potencial aplicación de la cláusula ‘rebus sic stantibus’ y que es importante que sigamos las recomendaciones indicadas desde este mismo momento, pienso que las consideraciones comerciales deben tener prioridad.

Si los proveedores, subcontratistas y contratistas desean continuar trabajando juntos en el futuro, en circunstancias en las que ninguna de las partes tiene la culpa, se requerirá la comprensión de ambas partes. Si el objetivo compartido es la reanudación del desempeño lo antes posible, la colaboración, debe ser el camino a seguir”.

FUENTES:

  1. ¿Qué aspectos legales deben tenerse en cuenta para implantar el teletrabajo en cualquier empresa? CONFILEGAL: https://confilegal.com/20200318-que-aspectos-legales-deben-tenerse-en-cuenta-para-implantar-el-teletrabajo-en-cualquier-empresa/
  2. COVID-19: ¿qué aspectos deben tener en cuenta las compañías para afrontar la crisis? MAZARS: https://www.mazars.es/Pagina-inicial/Noticias/Ultimas-Noticias/COVID-19-que-deben-tener-en-cuenta-las-companias
  3. Crisis del coronavirus COVID-19 y efectos sobre las obligaciones y contratos: Doctrina de la cláusula rebus sic stantibus y exoneración de responsabilidad por incumplimiento en casos de fuerza mayor. A cargo de Iñigo Azcona Soria. ADEFINITIVAS: https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/civil/crisis-del-coronavirus-covid-19-y-efectos-sobre-las-obligaciones-y-contratos-doctrina-de-la-clausula-rebus-sic-stantibus-y-exoneracion-de-responsabilidad-por-incumplimiento-en-casos-de-fuerza-mayor/
  4. Efectos del coronavirus en las empresas: guía de actuaciones jurídicas y financieras para limitarlos. EL COMERCIO: https://www.elcomercio.es/economia/efectos-coronavirus-en-empresas-guia-juridica-y-financiera-para-limitarlos-20200319093850-nt.html
  5. Una visión laboral, jurídica y fiscal de los efectos del coronavirus en las empresas. PERISCOPIO FISCAL Y LEGAL: https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/una-vision-laboral-juridica-y-fiscal-de-los-efectos-del-coronavirus-en-las-empresas/
  6. Consecuencias sucesorias de la crisis socioeconómica post COVID-19. LEGAL TODAY: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-civil/civil/consecuencias-sucesorias-de-la-crisis-socioeconomica-post-covid-19-2020-09-03/
  7. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene el coronavirus en el comercio internacional? EL COMERCIO: https://www.eleconomista.es/opinion-legal/noticias/10432516/03/20/Que-consecuencias-juridicas-tiene-el-conoravirus-en-el-comercio-internacional-y-en-los-contratos-.html
  8. Efectos jurídicos de la crisis del coronavirus en los alquileres. DE MIGUEL LAWYERS: https://demiguellawyers.com/efectos-juridicos-coronavirus-alquileres/

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