Abogacía, Alquiler de pisos, Arrendamientos rústicos, Arrendamientos Urbanos, Derecho, Derechos fundamentales, libertades públicas y su protección

El problema de los Okupas. Introducción

La okupación de viviendas se ha vuelto a poner de moda, aunque es un problema que viene de largo. Y lo peor es que la legislación a veces entorpece la investigación de los hechos y pone muchos problemas en cuanto a si es primera o segunda vivienda el local okupado.

En primer lugar, cabe señalar que “la ocupación ilegal de viviendas va en aumento en España, según datos del Ministerio del Interior. Ha crecido un 50 % desde el año 2016, un 20 % entre 2018 y 2019, y casi a diario conocemos noticias sobre ocupaciones de casas, más aún desde el inicio de la pandemia. Y pasa tanto en viviendas vacías como en pisos vacacionales o habituales. Al mismo tiempo, crece la indefensión de los propietarios, que incluso son denunciados por las personas que viven ilegalmente en estos inmuebles. ¿Qué puedes hacer si ocupan tu casa? ¿Basta con denunciar para recuperar la propiedad? En realidad, no es fácil desalojar a los okupas, pero en este artículo expertos en el tema te brindan consejos sobre cómo prevenir una ocupación o cómo actuar si viven en tu propiedad de manera ilegal.

Okupas: qué hacer para evitarlos

Ante el creciente número de ocupaciones, expertos legales e inmobiliarios recomiendan una serie de pautas que pueden resultar muy útiles para tratar de evitar que los okupas invadan tu propiedad (o poder recuperarla lo antes posible):

  • Instalar alarmas. La alarma actúa como efecto disuasorio para entrar en la vivienda, por lo que tener una supone más seguridad para el propietario. El sistema de seguridad se dispara cuando entra un intruso, por lo que puedes percatarte al instante de la ocupación de la casa y avisar a la policía, y así intentar proceder al desalojo inmediato. Es importante que la caja de la alarma esté en un lugar alejado y escondido de la puerta para que no sea destruida.
  • Poner puertas “antiokupación”. En el mercado existen puertas de acero (en agosto se disparan los encargos de estas puertas) que se colocan de manera provisional evitando el asalto a las viviendas mientras estén vacías. Conviene tener asegurados y protegidos no solo la puerta principal, sino todos los posibles accesos: puertas y ventanas.
  • Contar con vecinos atentos. Conviene tener algún vecino de confianza que sepa de tu marcha y tenga tu teléfono para que te avise lo antes posible si hay alguna incidencia.
  • No “facilitar” la ocupación. Es importante no dejar copias de llaves en buzones, macetas o felpudos. Asimismo, no conviene anunciar en redes sociales (ni en correos electrónicos o teléfonos) que te marchas de vacaciones.
  • Tener copia de la documentación de la casa. Como te puedes encontrar en la situación de no poder acceder donde están los documentos (tu despacho, tu ordenador…), es recomendable tener una copia de las escrituras, del contrato de arrendamiento y del empadronamiento escaneada en el móvil, en un ordenador portátil o en una nube (los recibos los puedes recuperar por la cuenta corriente del banco). Esto ayudará a que, en caso de denunciar la ocupación de tu vivienda, todo vaya más rápido.
  • Realizar vídeos del estado del inmueble. Es interesante grabar algún vídeo de la casa para que —llegado el caso de interponer una denuncia— se pueda demostrar el estado en que estaba antes de la ocupación.
recuperar casa okupada


Imagen: Skitterphoto

Cómo echar a los okupas y recuperar mi propiedad

No es fácil desalojar de tu vivienda a quienes la habitan de manera ilegal, aunque el momento en que lo intentes puede favorecerte.

Si denuncias la ocupación en el momento en que se está produciendo, se puede actuar de inmediato. Es decir, “si nos acabamos de percatar que nos han ocupado el inmueble, lo aconsejable es interponer de forma inmediata una denuncia ante la policía”, explica Ignasi Vives, abogado especializado del despacho Sanahuja Miranda. Hay que intentar que la policía se dirija al inmueble y proceda al desalojo urgente de la vivienda, ya que podríamos entender que estamos ante un delito flagrante. “Es muy importante, en todo caso, que no transcurran más de 24-48 horas“, indica Vives. Después de ese plazo, las fuerzas de seguridad no pueden actuar sin una orden judicial. La presencia policial a veces “hace que reconsideren su postura o se marchen voluntariamente”, señala Ramón Riera, presidente de FIABCI España.

En el resto de casos, cuando no nos percatamos en el momento de la ocupación, hay otras vías:

  • Demanda civil. Se inicia un procedimiento judicial para reclamar la posesión de la casa, ya sea por una demanda de desahucio por precario o bien mediante interdicto de recuperación de la posesión, apunta Vives. Riera recomienda que se haga “lo antes posible”, por lo que recomienda la contratación de un abogado.
  • Vía penal. Se puede poner una denuncia ante la policía o bien ante el juzgado de guardia; incluso podría ser una querella. Es importante llevar a la policía (o adjuntar a la denuncia o querella) indicios de prueba que acrediten que la finca es de tu propiedad y que es tu vivienda (recibos de suministros, escrituras, empadronamiento…), asegura Vicenç Hernández, CEO de Tecnotramit. Esta denuncia se instruirá por la vía penal por usurpación, “y no siempre al final esto puede comportar el desalojo de los intrusos”, advierte Ramón Riera. Es importante que si se opta por la vía penal se pida una medida cautelar, que consistiría en la recuperación del inmueble, exigiendo que se adopten medidas que impidan que el delito se siga cometiendo.
  • Contratar una empresa para desocupar la casa. Una tercera opción es contratar una empresa especializada que logre la desocupación, señala Hernández. En España hay varias, como Desokupa o Fuera Okupas, entre otras.
Okupas

Denunciar a los okupas: lo que dice la ley

No hay una ley que regule las ocupaciones ilegales como tal, aunque desde distintos ámbitos se reclama cada vez con mayor insistencia. Si bien los okupas no son todos iguales (hay gente sin hogar, pero también existen grupos de jóvenes organizados que ven en este tipo de acciones una forma de independizarse e incluso cometer delitos), los expertos solicitan al poder político “una actuación más contundente para facilitar la labor a los magistrados y la policía”, tal y como señala el magistrado Fernando Valdivia. Además, habría que “establecer juzgados especializados en esta materia y dotarlos de los medios necesarios”, añade.

A nivel penal, la ocupación de una vivienda puede constituir la comisión de diferentes delitos:

  • Ocupar la casa donde resida alguien supone la comisión de “un delito de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal), con penas de seis meses a dos años”, apunta Vicenç Hernández, quien agrega que el delito se agrava si media violencia o intimidación.
  • Para el caso de que el inmueble no sea la vivienda donde resida el propietario o el arrendatario, la ocupación ilegal puede ser tipificada como un delito de usurpación (artículo 245 del Código Penal), donde solo se prevén penas de multa.
  • Podrían darse otros delitos acumulados, dado que la ocupación suele ir acompañada de una desaparición de mobiliario, lo que podría constituir un delito de daños o un delito de hurto o incluso robo.

A nivel civil, las vías más utilizadas son el desahucio por precario o el juicio verbal para la efectividad de derechos reales inscritos. Estos procedimientos solo tienen como objetivo recuperar la posesión del inmueble lo antes posible. No obstante, la duración del procedimiento dependerá mucho del partido judicial, el juzgado que nos toque y la actitud del okupa (si se opone o no)”.

El problema viene principalmente, en cuanto a su duración, si se utiliza la vía civil o la penal, según se ha podido informar este servidor. En este sentido, cabe señalar que “la okupación, como fenómeno urbano en el estado español, ha recorrido un ya largo camino desde sus comienzos a finales de los años 70 hasta su renacimiento en esta última época. Un camino, siempre tortuoso, que lleva desde la marginalidad  a la necesidad .Porque el movimiento okupa ha hecho precisamente eso, hacer posible lo necesario. El colmo de la rebeldía.

Son cerca de 30.000 las personas que carecen de un techo en todo el estado[1], a ello hemos de añadir las dificultades que encuentran la mayoría de los jóvenes para emanciparse, incluso pese a contar con un puesto de trabajo, pero cuyo exiguo salario no les alcanza para hacer frente a abusivos alquileres o a estratosféricas hipotecas. Junto a eso encontramos el fenómeno de los “pisos patera” donde se hacinan personas, en la mayoría de los casos migrantes que hacen auténtica alquimia para poder pagar la renta entre las 5, 6 o 7 personas que ocupan una habitación.

Ante esta realidad decir que en el estado español podría haber hasta 6 millones de viviendas vacías[2] es entre grotesco e insultante.

Pero la okupación más allá, o además, de ser una opción como solución al problema habitacional de la ciudadanía, ha tenido desde sus orígenes un potente contenido político y cultural. En lo político como experiencia de construcción colectiva y comunitaria al margen de las burocráticas, rígidas y hoy en día ya deslegitimadas formas de participación ciudadana institucionalizadas; y en lo cultural como alternativa a la “sopa boba” que desde ayuntamientos, comunidades autónomas o ministerios ofrecen como terapia aturdidora a la ciudadanía, en claro continuismo con la ya obsoleta “cultura de la transición”

Por todo ello la okupación ha conseguido, con el paso del tiempo, legitimarse ante una ciudadanía que pudo inicialmente mirar con cierto recelo a este movimiento ciudadano  que ha conseguido convertir “la necesidad en virtud”.

Consecuencias: Justicia y ley.

Más de 30 años de opción ciudadana por la okupación darían para un análisis amplio y profundo, y para un debate complejo y largo pero que sin duda no es el objeto del presente artículo, cuya humilde intención es hacer unas breves anotaciones sobre las consecuencias judiciales de las acciones de okupación.

En primer lugar me gustaría señalar que la constitución española en su artículo 33 reconoce el “derecho a la propiedad privada”, pero supeditada ésta a la “función social” de la misma por lo que el estado podrá privar de ella en aras del interés social a la que se pudiera atribuir dicha propiedad privada, y para lo cual articula los oportunos mecanismos de expropiación.

El delito.-

El “ataque” a la propiedad privada que supone la okupación de un inmueble abandonado, viene sancionado por el código penal en su artículo 245.2:

 “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”

Un análisis pausado de dicha disposición legal, y de la jurisprudencia[3] asociada, nos da las pautas que configuran dicho delito:

a) Ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble o edificio que en ese momento no constituya vivienda habitual de alguien, realizada con cierta vocación de permanencia.

b) La entrada y permanencia en el inmueble ha de carecer de la autorización del titular de la propiedad.

c) Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio “contra la voluntad de su titular”, que en tal caso deberá ser expresa. Dicha voluntad contraria del propietario suele expresarse en forma de denuncia ante la policía o el juzgado correspondiente.

d) Que concurra dolo en el autor o autores,  esto es que el o los que comenten el hecho sepan que el inmueble tiene dueño y que no cuentan con sus autorización para entrar y permanecer en él.

El desalojo.

La experiencia nos dice, lamentablemente, que los CSOA son tarde o temprano desalojados por la policía, oscilando entre 6 meses y 3 años su “vida” activa en un mismo espacio.

Debemos saber que todo desalojo ha de ser consecuencia de una resolución judicial que así lo acuerde, y cuyo texto ha de ser entregado por la policía a los ocupantes del inmueble en el momento de la intervención en el mismo.

En el presente artículo se tratan, someramente, solo las consecuencias penales de la okupación, pero no está de más señalar que los procedimientos de desalojo pueden darse también por vía civil o incluso contencioso-administrativa, en función de la titularidad del inmueble. En general la vía penal es la más rápida y la civil (más lenta) la que peores consecuencias económicas puede tener para los sancionados.

La condena.-

Son escasas las condenas por usurpación referidas a centros sociales (CSOAs), principalmente por la dificultad en identificar a los autores de “la entrada inicial” en el edificio y separarlos de los meros participantes en las actividades del centro, lo que hace que sea más fácil la defensa judicial de un centro social okupado que el del caso de la usurpación como solución habitacional o de vivienda, o de CSOAs con este tipo de proyectos integrados.

No obstante, se ha de tener presente que aunque si bien es cierto que las condenas que el código penal contempla para el delito de okupación son bastante leves y de mero carácter económico[4], no lo es menos que las mismas generan antecedentes penales que podrían suponer un problema serio si existiesen condenas anteriores o posteriores por otros delitos.

Es importante saber también que el impago de la multa impuesta en el proceso penal puede conllevar el ingreso en prisión[5]

Los antecedentes por delitos de usurpación son cancelables a los dos años desde el cumplimiento de la condena (es decir, a los dos años desde el momento en que se abona el último plazo de la multa).

Cuestiones conexas.-

Además de lo anteriormente expuesto, no podemos dejar de señalar que durante los procesos de desalojo y los procedimientos judiciales posteriores, se pueden dar delitos o condenas conexas pero por hechos distintos al propio hecho de la okupación, tales como la resistencia, el atentado o/y la desobediencia a la autoridad, daños, defraudación de fluido eléctrico o situaciones análogas, o las sanciones administrativas (ruidos, ausencias de permisos para “cafeta”, obras, antenas de radio, etc)

Conclusión.

Lo interesante y amplio del asunto, desde un punto de vista jurídico, y la infinidad de aspectos que se pueden dar en los distintos casos y circunstancias de los procesos de okupación, hacen que este espacio se quede extraordinariamente limitado para acometer todos esos matices que se deberán afrontar en los casos concretos.

La okupación es una alternativa necesaria que nace de un acto de desobediencia civil, y que encuentra su legitimidad en la propia deslegitimación de un sistema que deja seres humanos en las calles, hacinados en pequeños espacios o sin posibilidades emancipadoras pese a que la oferta inmobiliaria cubriría dichas necesidades con creces; o que deja sin alternativas de ocio o participación ciudadana a un amplio sector de la población que saben que otras formas de organización social comunitarias configurarían una sociedad más libre, más justa, mas igual, más democrática. En definitiva más humana”.

Aunque, dicho esto, también cabe señalar que la forma de actuación es mucho más rápida desde la entrada en vigor de la Ley 5/2018. Se debe señalar aquí que “durante los últimos años se ha producido un considerable número de desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y exclusión residencial.

En paralelo a dicho indeseable fenómeno, han aparecido otras situaciones –muy distintas– de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, en las que, aprovechando sus actores (en ocasiones auténticas estructuras organizadas de signo mafioso) la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad. En determinados casos, incluso se han llegado a dar situaciones tan injustas y flagrantes como ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos o personas desvalidas con pocos recursos. En dichos supuestos de ocupación ilegal el modus operandi de los usurpadores suele reproducirse, llegándose a exigir para el abandono de la vivienda ocupada el previo pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o incluso a extorsionar al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2018 ninguno de los cauces legales para impedir las referidas situaciones eran del todo satisfactorios y, además, la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico se demoraba en exceso, impidiendo a los perjudicados por dicho ilegal fenómeno obtener la restitución de su vivienda en un plazo razonable.

Desde el punto de vista penal, el fenómeno de la ocupación ilegal encuentra respuesta, esencialmente, en el artículo 245.2 y concordantes del Código Penal referidos al delito de usurpación si bien nuestra jurisprudencia ha venido a señalar que dicho remedio, en cuanto respuesta penal, ha de ser la “ultima ratio” reservada para los casos en los que la perturbación tiene mayor significación y gravedad. Por tanto, dicho mecanismo no puede erigirse en modo alguno en solución general ante el problema de la ocupación ilegal de viviendas.

Desde el punto de vista civil, nuestra legislación contempla varias soluciones amparadas en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, “LEC”) si bien las mismas ofrecen problemas o limitaciones en su aplicación al fenómeno de la ocupación ilegal. Todas y cada una de las soluciones que se venían empleando hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2018 que reforma la LEC, que se desarrollan en los numerales 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la LEC, tienen como fundamento el artículo 441 del Código Civil en cuya virtud “En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello”. Estas soluciones son las que siguen.

Desahucio por precario (art. 250.1.2º de la LEC): Hasta la entrada en vigor de la referida reforma de la LEC, el desahucio por precario ha sido una de las vías empleadas recurrentemente para recuperar las viviendas que habían sido ilegalmente ocupadas. En su virtud, cabe interponer aquellas demandas que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. Este cauce plantea un problema de inexactitud conceptual, con la consiguiente inseguridad en la consecución de la tutela pretendida, dado que en los supuestos de ocupación ilegal no existe tal precario, puesto que no hay ni un uso tolerado por el propietario o titular del legítimo derecho de poseer, ni ningún tipo de relación previa con el ocupante.

Interdictos posesorios (art. 250.1.4º de la LEC): Otra de las vías empleadas, hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2018, ha sido la de las demandas que pretenden la tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute (los denominados “interdictos posesorios”). Dicha vía tampoco resulta plenamente satisfactoria frente al fenómeno de la ocupación ilegal en la medida en que pueden concurrir situaciones en las que no se produzca despojo propiamente dicho de la tenencia o posesión y que sean dignas de protección –v.gr. caso de que los ocupantes ilegales acceden a la vivienda antes de que el adquirente tome posesión de la misma, o supuestos en que los concretos adjudicatarios de una herencia yacente no hayan tomado todavía posesión de los bienes en concreto–. Por tanto, dicho cauce, sin las variantes que introduce la Ley 5/2018, se revelaba en ocasiones ineficaz.

Acciones ejercitadas por titulares reales inscritos (art. 250.1.7º de la LEC): Una tercera vía civil empleada frente a los ocupantes ilegales de viviendas consistía en el ejercicio de acciones que, al amparo de la Ley Hipotecaria, corresponden a los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad. Dicho cauce ofrece, de nuevo, limitaciones en la medida en que existen causas tasadas de oposición, no pueden ser ejercitadas por titulares de derechos que no estén inscritos en el Registro y se exige al demandado prestar caución para poder oponerse.

Todas las limitaciones que ofrecía nuestro ordenamiento jurídico ante el grave problema de la ocupación ilegal han impulsado al legislador a acometer una reforma de la LEC para que, sin necesidad de recurrir a la jurisdicción penal, los colectivos más afectados por este fenómeno puedan encontrar una respuesta ágil y eficaz por parte de nuestros Tribunales. En este sentido la Ley 5/2018 ha introducido una modificación de los artículos 150, 250, 437, 441 y 444 de la LEC con la finalidad de adecuar y actualizar el tradicional interdicto para recobrar la posesión a este fenómeno tan desgraciadamente habitual en nuestros días.

En concreto, el artículo 250.1.4º de la LEC ha añadido un segundo párrafo en el que se delimita los legitimados para ejercitar acciones frente a los ocupantes ilegales de viviendas. En concreto, dicho precepto añade tras la reforma que “Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social”. Por tanto, son tres los legitimados para iniciar ante los Tribunales acciones para la recuperación de una vivienda o parte de ella cuando hayan sido despojados sin consentimiento: (i) personas físicas que sean propietarias o poseedoras legítimas por otro título de una vivienda o parte de ella, (ii) las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y (iii) las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

Además, la Ley 5/2018 ha introducido un apartado 3 bis al artículo 437 de la LEC en virtud del cual se permite dirigir la demanda “genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer”. Dicho precepto viene a dar solución legal al problema que se suscitaba -en la mayoría de las ocasiones- a la hora de tener que indicar en la demanda la identificación de los demandados cuando dichos datos no se conocían ni se podían conocer a pesar de los esfuerzos desplegados. Sin perjuicio de que nuestra jurisprudencia (sentencias de la Audiencia Provincial Cádiz de 18 septiembre 2012, de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 marzo 2011 o Auto de la Audiencia Provincial de Toledo de 18 de enero de 2017, entre otras resoluciones) vino a posibilitar, en casos como los que nos referimos, el no consignar el nombre y apellidos de los demandados bastando que el actor indicara en la demanda los datos y circunstancias de que tuviera conocimiento y que pudieran permitir la identificación del demandado (o lo que es lo mismo, bastando la identificación de los ignorados ocupantes demandados por su relación con el inmueble litigioso), la reforma de la LEC introducida por la Ley 5/2018 ha venido a consagrar legalmente dicha posibilidad.

En la misma línea, el apartado 1bis del artículo 441 de la LEC introducido ex novo incide en que la “notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla. Se podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda. A efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad”. En este mismo apartado se regula, en previsión de que el ocupante ilegal se encontrara en situación de vulnerabilidad social, la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento. Además, la regulación de esta comunicación a los servicios públicos se generaliza igualmente, incorporando un nuevo apartado 4 al artículo 150 de la LEC, en todos aquellos procedimientos en los que la correspondiente resolución señale el lanzamiento de una vivienda de quienes la ocupen, sea cual sea la causa por la que se encontraran en dicha situación, para dar conocimiento a los servicios públicos competentes en materia de política social, por si procediera su actuación, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad.

Por otro lado, el referido apartado 1bis del artículo 441 de la LEC ha introducido igualmente un mecanismo con la finalidad de que quienes hayan ocupado ilegalmente una vivienda la abandonen a la mayor brevedad una vez admitida a trámite la demanda. En concreto dicho apartado 1bis señala que “Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda”.

Además, la Ley 5/2018 ha previsto un apartado 1bis en el artículo 444 de la LEC según el cual si los demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. Del mismo modo, dicho apartado señala que la única causa de oposición que podrá esgrimir el demandado en su contestación será fundar la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o la falta de título por parte del actor.

Por último, el apartado 1bis del artículo 444 de la LEC introducido por la Ley 5/2018 viene a indicar igualmente que “La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548”. Dicha previsión introducida por la Ley 5/2018 es coherente con el propósito del legislador de que los perjudicados por la ocupación ilegal de su vivienda encuentren una respuesta ágil por parte de nuestros Tribunales de justicia”.

Por tanto, sí que se ha producido, por lo que se puede ver, una mejoría en cuanto a la rapidez en estos procedimientos. Se irán haciendo más estudios al respecto.

FUENTES:

  1. Los okupas y la ley: un problema que, según los expertos, es mejor y más rápido solucionar por la vía civil que por la penal, pero no siempre es así. MALDITA.ES: https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/09/18/okupas-tempo-civil-penal-datos-2020/
  2. La “Okupación”: Derecho y consecuencias. BLOG RED JURÍDICA: https://red-juridica.com/la-okupacion-derecho-y-consecuencias/
  3. Los okupas “hacen negocio” con el covid-19: qué falla y cómo atajar este grave problema. PORTAL INMOBILIARIO IDEALISTA.COM: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/07/28/785826-los-okupas-hacen-negocio-con-el-covid-19-que-falla-y-como-atajar-este-grave-problema?gallery-item=0
  4. El error de echar a ‘okupas’ sin llamar a la policía: puedes cometer un delito. DIARIO LA INFORMACIÓN: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/como-echar-okupas-error-policia-delito/2811710/
  5. Cómo ayuda el nuevo protocolo policial a echar a los “okupas” de tu casa. DIARIO LA RAZÓN: https://www.larazon.es/espana/20200917/vkuiv2muyjdfxnrfiz3rnjlpqq.html
  6. Okupas: cómo actuar si entran en casa (y qué hacer para prevenirlo). CONSUMER: https://www.consumer.es/vivienda/okupas-como-echarlos.html
  7. Cómo evitar que “okupen” tu casa. MAPFRE: https://www.mapfre.es/seguros/particulares/hogar/articulos/consejos-para-evitar-okupas.jsp
  8. La mejor manera de evitar la okupacion no es la que piensas. BLOG SEGURIDAD: https://blogseguridad.com/alarma-evitar-okupas/
  9. ¿Será la nueva ley anti okupas la solución para evitar las consecuencias de desahucios interminables? GARÓN ABOGADOS: https://www.garonabogados.es/ley-anti-okupas/
  10. Indignación en redes contra la Ley “que protege a los okupas” y deja en la calle a muchas familias. EL CIERRE DIGITAL: https://elcierredigital.com/investigacion/417693758/ley-protege-okupas.html
  1. Los okupas y la ley: un problema que, según los expertos, es mejor y más rápido solucionar por la vía civil que por la penal, pero no siempre es así. MALDITA.ES: https://maldita.es/maldita-te-explica/2020/09/18/okupas-tempo-civil-penal-datos-2020/
  2. La “Okupación”: Derecho y consecuencias. BLOG RED JURÍDICA: https://red-juridica.com/la-okupacion-derecho-y-consecuencias/
  3. Los okupas “hacen negocio” con el covid-19: qué falla y cómo atajar este grave problema. PORTAL INMOBILIARIO IDEALISTA.COM: https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/07/28/785826-los-okupas-hacen-negocio-con-el-covid-19-que-falla-y-como-atajar-este-grave-problema?gallery-item=0
  4. El error de echar a ‘okupas’ sin llamar a la policía: puedes cometer un delito. DIARIO LA INFORMACIÓN: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/como-echar-okupas-error-policia-delito/2811710/
  5. Cómo ayuda el nuevo protocolo policial a echar a los “okupas” de tu casa. DIARIO LA RAZÓN: https://www.larazon.es/espana/20200917/vkuiv2muyjdfxnrfiz3rnjlpqq.html
  6. Okupas: cómo actuar si entran en casa (y qué hacer para prevenirlo). CONSUMER: https://www.consumer.es/vivienda/okupas-como-echarlos.html
  7. Cómo evitar que “okupen” tu casa. MAPFRE: https://www.mapfre.es/seguros/particulares/hogar/articulos/consejos-para-evitar-okupas.jsp
  8. La mejor manera de evitar la okupacion no es la que piensas. BLOG SEGURIDAD: https://blogseguridad.com/alarma-evitar-okupas/
  9. ¿Será la nueva ley anti okupas la solución para evitar las consecuencias de desahucios interminables? GARÓN ABOGADOS: https://www.garonabogados.es/ley-anti-okupas/
  10. Indignación en redes contra la Ley “que protege a los okupas” y deja en la calle a muchas familias. EL CIERRE DIGITAL: https://elcierredigital.com/investigacion/417693758/ley-protege-okupas.html
  11. ¿Qué hacer si los okupas toman mi casa? LA OPINIÓN A CORUÑA: https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2020/06/14/okupas-toman-casa/1509836.html
  12. Apuntes sobre la Ley 5/2018, de 11 de junio, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. ELDERECHO.COM: https://elderecho.com/apuntes-la-ley-5-2018-11-junio-relacion-la-ocupacion-ilegal-viviendas
  13. El Constitucional avala la ley que permite el desahucio de okupas en 20 días. PERIÓDICO EL CONFIDENCIAL: https://www.elconfidencial.com/vivienda/2019-03-05/desahucios-tribunal-constitucional-okupas_1863010/
  14. Vecinos que actúan contra ocupas, ¿qué dice la ley? LEGÁLITAS: https://www.legalitas.com/actualidad/vecinos-contra-ocupas-okupas

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