Abogacía, Derecho, despachos de abogados, Jurisdicción Contencioso-Administrativa

¿Cómo ha de actuar el abogado ante la jurisdicción contencioso-administrativa?

En primer lugar, cabe señalar que, como base para conocer el procedimiento contencioso-administrativo, se ha de acudir a la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Dicho esto, cabe señalar que “el abogado no puede ejercer funciones de representación de los intereses de su cliente si no le ha sido conferido expresamente este poder.

Para la interposición del recurso contencioso administrativo, en único régimen jurídico aplicable hasta la fecha, es el recogido en la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998, que establece un régimen común o uniforme que no hace distinciones por las personas o el tipo de acto que se cuestione ante los tribunales.

Los preceptivos requisitos de postulación para la comparecencia en juicio los establece el art. 23.1 y 2. El primer apartado permite que la representación ante órganos unipersonales sea conferida a un abogado y será a este a quien se le notifiquen las actuaciones. Luego en principio, nada impide ante los Juzgados el que la representación sea conferida al letrado al que se le haya confiado la dirección técnica.

Sin embargo, esta posibilidad ni significa que la representación conste debidamente conferida al letrado, de ahí que el órgano jurisdiccional debe exigir su constancia en el proceso, a través de las dos diferentes manera de otorgamiento: por poder notarial o por apoderamiento apud acta ante el Secretario judicial del órgano jurisdiccional que conozca del recurso contencioso administrativo. De no ser así, deberá requerir a la parte para su subsanación en el plazo de 10 días de conformidad con lo establecido en el art. 45.3 de la LJCA , con apercibimiento de archivo de las actuaciones; archivo que deberá materializarse si en el plazo conferido no se subsana el defecto de representación.

Si la representación no ha sido debidamente otorgada al letrado y así consta, deberá comparecer ante el Juzgado y por sí mismo el interesado. En el presente caso, si el particular ya no se encontraba en España, debió conferir la representación mediante poder al letrado a través de los medios previstos en los servicios de las oficinas diplomáticas y consulares, si su intención tras la expulsión era efectivamente la interposición del recurso contencioso administrativo, conforme a las funciones notariales que les son atribuidas por el art. 5.f) del Convenio de Viena sobre relaciones consulares de 24 de abril de 1.963 .

En consecuencia, carecen de la debida representación procesal los recursos contenciosos que no sean debidamente firmados y ratificados por los propios litigantes, salvo que estos hayan atribuido su representación procesal a un procurador o al abogado mediante el correspondiente poder, o mediante la designación apud acta. El abogado no puede ejercer funciones de representación de los intereses de su cliente si no le ha sido conferido expresamente este poder. Lo que a la postre se está omitiendo es la autentica o fehaciente voluntad del particular, si admitimos que el letrado designado para la asistencia en dependencias policiales continúe por su cuenta y riesgo el recurso contencioso administrativo.

Por tanto, no puede considerarse que la inadmisión y archivo del recurso contencioso administrativo contencioso administrativo por falta de representación suponga vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del extranjero, ya que no consta su voluntad auténtica o fehaciente de interponer en recurso contencioso administrativo, ni tampoco puede considerarse que se haya producido trato discriminatorio a los extranjeros. Consecuencia de lo expresado es que no puede considerarse procedente que se practique requerimiento por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que se nombre Procurador de oficio”.

Por lo tanto, se puede observar que la actuación de abogado en el proceso contencioso-administrativo se ha de sujetar, principalmente, a los artículos 23 y 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, además de a sus códigos deontológicos, las normas de los respectivos colegios profesionales, así como a las demás normas que le sean aplicables (principalmente Ley Orgáncia del Poder Judicial y Ley de Enjuiciamiento Civil).

Tras esto, cabe señalar que “los Art. 2324 ,Ley 29/1998, de 13 de julio se ocupan de la representación y defensa de las partes en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y lo hacen en los siguientes términos:

  • Representación de las partes ante órganos unipersonales: el apartado 1 del Art. 23 ,Ley 29/1998, de 13 de julio dispone que las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado; cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones. Dicho de otro modo: ante órganos unipersonales (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo), las partes pueden estar representadas por abogado, sin que se necesite, en consecuencia, la intervención de procurador en ningún momento.
  • Representación de las partes ante órganos colegiados:el apartado 2 del Art. 23 ,Ley 29/1998, de 13 de julio señala que en sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. Con otras palabras: ante órganos colegiados (Salas de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia) las partes, inexcusablemente, deben ser representadas por procurador.
  • Representación de los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios: como indica el apartado 3 del Art. 23 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, podrán comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.
  • Representación y defensa de las Administraciones Públicas:la representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas, tal y como se dispone en el Art. 24 ,ley 29/1998, de 13 de julio. Así:
    • Representación y defensa del Estado: según el apartado 1 del Art. 551 ,Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo.
    • Representación y defensa de la Administración de la Seguridad Social: la representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades de naturaleza pública, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, sin incluir, en consecuencia, la de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto (Párrafo 2º del apartado 1 del Art. 551 ,Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio).
    • Representación y defensa de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Senado, Junta Electoral Central: la representación y defensa de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, del Senado, de la Junta Electoral Central y de los órganos e instituciones vinculados o dependientes de aquéllas corresponderá a los Letrados de las Cortes Generales integrados en las secretarías generales respectivas (Apartado 2 del Art. 551 ,Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio).
    • Representación y defensa de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales: la representación y defensa de las comunidades autónomas y las de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas Administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a las comunidades autónomas y a los entes locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo (Apartado 3 del Art. 551 ,Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio)”.

Por lo dispuesto en estos últimos párrafos, también existen ciertas especialidades respecto a determinados sujetos cuando éstos tienen que actuar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, acudiendo con los cuerpos propios de defensa que tienen en su plantilla.

Hay otra excepción a la regla de actuación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo con anbogado y procurador, en el caso de los funcionarios públicos, los cuales pueden actuar en su propia representación en todo momento, como consecuencia del carácter de autoridad.

Por último cabe destacar que la actuación de las partes ante órganos jurisdiccionales unipersonales con abogado o procurador no es obligatoria, al contrario de lo que pasa cuando se actúa ante órganos jurisdiccionales colegiados.

FUENTES:

  1. La representación y defensa de las partes en el procedimiento Contencioso-Administrativo. IBERLEY: https://www.iberley.es/temas/representacion-defensa-partes-procedimiento-contencioso-administrativo-61839
  2. El funcionario y la defensa en juicio de sus derechos estatutarios. Art. 23.3. LJ. RAFAEL ROSSI IZQUIERDO ABOGADO: https://www.contenciosos.com/funcion-publica/el-funcionario-y-la-defensa-en-juicio-de-sus-derechos-estatutarios-art-23-3-lj/
  3. Cómo ganar un juicio contencioso-administrativo: veinte reglas de oro. DELAJUSTICIA.COM: https://delajusticia.com/2010/10/06/como-ganar-un-juicio-contencioso-administrativo-veinte-reglas-de-oro/
  4. El abogado no puede ejercer funciones de representación. ECONOMIST&IURIST: https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/el-abogado-no-puede-ejercer-funciones-de-representacion/

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