Derecho, Derecho Financiero y Tributario, Derecho general, TJUE, Tribunales, Tribunales, Unión Europea

IRPH. Análisis a raíz de la sentencia del TJUE

Hace unos meses, a comienzos del tan desastroso año 2020, se dictó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una sentencia sobre el IRPH, en la que se establecía que este impuesto debía ser soportado por los bancos, desatando desde entonces la subida del precio de concesión de las hipotecas.

Para comenzar este artículo, hay que comenzar diciendo, en primer lugar, que “se trata de la cláusula financiera que durante algunos años se ha utilizado en multitud de casos por las entidades financieras, como medio para fijar el tipo de interés variable que remunera al banco o caja por la concesión de préstamos hipotecarios; para la determinación de dicho tipo de interés, se parte de un índice de referencia, el Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (en sus siglas, IRPH), que se define por el Banco de España como el “tipo de los préstamos hipotecarios a más de tres años”, o lo que es lo mismo, “la media simple de los tipos de interés medios ponderados de las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a tres años para la adquisición de vivienda libre iniciadas o renovadas por los bancos y cajas de ahorro en el mes a que se refiere el índice”. A dicho índice o tipo de referencia se le sumaba un diferencial, para fijar definitivamente el tipo de interés aplicable durante cada periodo de intereses.

El problema que planteaban estas cláusulas financieras referenciadas al IRPH era que, a pesar de que se presentaban a los consumidores como el índice que más les favorecía por tratarse de un valor “estable” (publicado por el Banco de España), la realidad es que su aplicación encarecía el precio de la hipoteca, pues se trata de un índice bastante más alto que el Euribor (normalmente entre un 1,5% y un 3% superior), que además incluía comisiones y gastos sobre el interés nominal. Igualmente, cuando, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Euribor empezó a bajar (llegando a valores negativos en febrero de 2016), el IRPH, sin embargo, se mantuvo en valores apenas inferiores al 2%; por otro lado, se ha revelado la capacidad de las entidades para manipular este índice.

Que un producto referenciado a un determinado índice sea más caro que otro no lo convierte en nulo por abusivo; por tanto, la controversia, que motivó que los consumidores acudieran en masa a los tribunales, no era si la cláusula IRPH era válida o abusiva en sí misma considerada, sino si su comercialización por las entidades que lo utilizaban se había llevado a cabo con la debida transparencia e información, de forma que el consumidor pudiera conocer, en el momento de contratar, cuál podía ser el coste financiero de la operación.

Y lo que ha venido a decir la Sentencia del TJUE es, en síntesis, lo siguiente:

–    En primer lugar, que la cláusula IRPH está sujeta al control de los tribunales nacionales, que pueden determinar si la misma es “transparente” o no, y, en consecuencia, si procede anular dicha cláusula por abusiva y, en su caso, sustituirla por otra; la defensa de las entidades (en el caso analizado por el TJUE, se trataba de Bankia) argumentaba que, al ser el IRPH un índice definido y regulado por una norma legal o reglamentaria, el control sobre la transparencia con que había sido comercializado el producto en sí, escapaba de la competencia de los tribunales (aplicando tanto la Ley de Condiciones Generales de Contratación como la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas).

Sin embargo, el TJUE ha dictaminado que la aplicación de dicha cláusula, no obstante, su previsión normativa, no viene impuesta por una norma imperativa, de forma que su utilización es una decisión puramente voluntaria de cada entidad, lo que implica que quede sujeta al control de transparencia por parte de los tribunales.

–    En segundo lugar, que corresponde al juez nacional determinar si, dadas las circunstancias propias del caso concreto, la cláusula en cuestión cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia que impone la Directiva 93/13, y ello, en cualquier caso, incluso cuando se trate de una cláusula sobre el objeto principal o que afecte a un elemento esencial del contrato.

Por tanto, corresponde solo al juez nacional “llevar a cabo las comprobaciones necesarias a este respecto, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que figuran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación de un contrato de préstamo, y verificar que, en el asunto de que se trate, se hubieran comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo”.

–    Que el control de transparencia del juez nacional debe buscar determinar, no solo si la cláusula en cuestión es comprensible en un plano formal y gramatical, sino que debe interpretarse de manera extensiva, en el sentido de que dicha cláusula “posibilite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo de dicho tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de tal cláusula sobre sus obligaciones financieras”.

Al objeto de establecer si el consumidor ha estado en disposición de comprender las consecuencias económicas que supone firmar una escritura de préstamo hipotecario que incluya la cláusula analizada, se deduce de la Sentencia que no basta con que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resultaran fácilmente asequibles a cualquier persona que tuviera intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la publicación del modo de cálculo de dicho tipo de interés, sino que resultaba igualmente pertinente que la entidad hubiera suministrado información al consumidor sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés, de forma que el prestatario pudiera comparar el coste que le supondría contratar aplicando la cláusula IRPH o, en su lugar, otras fórmulas de cálculo del tipo de interés (como podrían ser el Euribor, por ejemplo).

–    Concluido por el juez nacional que la cláusula es abusiva, se plantea cuál es la consecuencia que ello conlleva. En este punto, para evitar que una declaración de nulidad del contrato [por no poder subsistir éste sin la cláusula anulada (por la extensión que queremos dar a este artículo, no vamos a entrar a analizar otras alternativas a esa nulidad radical y total del contrato de préstamo, que desde luego se ofrecen por nuestro ordenamiento jurídico)] pueda suponer más un perjuicio que un resarcimiento del consumidor, que de este modo podría verse obligado a reintegrar la totalidad del préstamo de una sola vez, la Sentencia reconoce al juez nacional la posibilidad de sustituir el IRPH por un índice de referencia supletorio (que, con seguridad, será el Euribor), que permita de esta forma reestablecer el equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.

La sustitución del IRPH por otro índice de referencia daría lugar a la obligación de la entidad de crédito de reintegrar el exceso que el prestatario hubiera abonado por la aplicación de la cláusula controvertida.

Analizado el contenido, significado y efectos más probables que conllevará la Sentencia del TJUE de 3 de marzo 2020, nos atrevemos a afirmar que la misma no resulta totalmente satisfactoria, ni para los deudores, ni para las entidades de crédito prestamistas.

Para las entidades de crédito, pues, si bien las consecuencias podrían haber sido peores (básicamente, una declaración directa de nulidad de la cláusula), cualquier resolución que pueda conllevar la obligación de reintegrar cantidades a los prestatarios (que, en suma, puede suponer un importante quebranto para el balance de algunas entidades), no es nunca plato de buen gusto para éstas. Las estimaciones son que la aplicación de la cláusula IRPH podría haber supuesto para los prestatarios un sobrecoste de entre 20.000 y 30.000 euros de media por operación, que debería ser restituido por la entidad de crédito”.

Para entender mejor el porqué de esta decisión del TJUE y conocer así los antecedentes del fallo, hay que señalar que “todo comenzó cuando el Juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona elevó a este Tribunal Europeo una serie de cuestiones prejudiciales para que fueran aclaradas por este órgano de carácter internacional, dado que nuestro Tribunal Supremo había declarado la legalidad de este índice, y la imposibilidad de analizar su abusividad, al considerar que dicho clausulado se encontraba  fuera del control de transparencia marcada por la directiva europea al interpretarse que, la aplicación de dicho índice obedecía a la aplicación de una disposición legal  y de carácter imperativo.

Sin embargo, el TJUE ha señalado que dicha cláusula de fijación del Índice de Referencia del Préstamo Hipotecario si se encuentra incluido dentro del control de transparencia, y por lo tanto procede analizar su abusividad, toda vez la misma no obedece a ninguna disposición legal ni de carácter imperativo como así planteaba el juzgado que elevó la causa a este Tribunal. A tal efecto el TJUE señala que:

“En consecuencia, la referencia al IRPH de las cajas de ahorros en la cláusula controvertida para el cálculo de los intereses adeudados en el marco del contrato sobre el que versa el litigio principal no es el resultado de una disposición legal o reglamentaria imperativa, en el sentido de la jurisprudencia que se ha recordado en los apartados 31 y 32 de la presente sentencia. Por ello, sin perjuicio de que el juzgado remitente compruebe este extremo, la cláusula sí está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13”.

Dicho lo anterior, será el juez nacional quien deberá dictaminar si la cláusula es abusiva en cada caso, atendiendo al control de transparencia marcado por la directiva europea 93/13 en concordancia con los artículos 80 81 y 82 de la Ley de Consumidores y usuarios. Para ello, y en aras de orientar a los jueces nacionales, el TJUE hace un extenso análisis de lo que se debe tener en consideración por parte de estos para determinar si existió transparencia en la contratación del préstamo hipotecario, así como en la explicación del índice de referencia aplicado y su evolución. A tal efecto el TJUE señala que:

“La Directiva 93/13, y en particular sus artículos 4, apartado 2, y 5, debe interpretarse en el sentido de que, para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario, dicha cláusula no solo debe ser comprensible en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras. Constituyen elementos especialmente pertinentes para la valoración que el juez nacional debe efectuar a este respecto, por un lado, la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resulten fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la publicación del modo de cálculo de dicho tipo de interés, y, por otro lado, el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés”.

En virtud de lo anterior, las entidades deberán acreditar para superar este control de transparencia que explicaron de manera detallada y comprensible dicho índice, así como su sistema de evolución y forma de seguimiento, no siendo ni mucho menos suficiente que este esté redactado, pactado y firmado en el contrato de préstamo. Tales requisitos exigidos para esquivar este control de transparencia por parte de las entidades, resultan cuanto menos difíciles de superar (por no decir prácticamente imposibles), toda vez que el IRPH es un índice fijado entre las cajas y entidades de ahorro, de difícil seguimiento, ya que son fijados por estas en pro de sus propios intereses y cuya evolución y entendimiento no están al alcance del consumidor medio.

En este sentido, os recordamos que son las propias entidades las que envían los datos al Banco de España para la publicación del índice. La cuestión es que esos datos se corresponden no en relación al precio del dinero oficial, sino a los propios préstamos concedidos por las entidades.

Por lo tanto, si los préstamos se conceden a un interés más alto, el IRPH será alto. El IRPH entonces no es un indicador objetivo, sino que es un índice basado en la contratación propia y, por tanto, absolutamente subjetivo e impuesto por uno solo de los contratantes, la entidad bancaria y en favor de los interésese de esta”.

Se puede deducir de lo dispuesto al comienzo de esta entrada que lo principal es que el IRPH es, en principio, perfectamente legal, siempre que entre las cláusulas incluidas en el contrato por el que ha hecho este tipo de transacción (IRPH) no perjudiquen al consumidor o usuario final del bien sujeto al IRPH.

Esperemos que este artículo sirva de ayuda.

FUENTES:

  1. Análisis de la Sentencia del TJUE sobre el IRPH. CORAZA LEGAL: https://corazalegal.es/blog/irph/analisis-sentencia-tjue-irph/
  2. Análisis técnico-jurídico a la STJUE de 3 de marzo sobre cláusula IRPH. ECONOMIST IURIST: https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/analisis-tecnico-juridico-a-la-stjue-de-3-de-marzo-sobre-clausula-irph/
  3. Análisis de la sentencia del TJUE, de 3 de marzo de 2020 sobre la cláusula IRPH. INSTITUTO DE DERECHO IBEROAMERICANO: https://idibe.org/tribuna/analisis-la-sentencia-del-tjue-3-marzo-2020-la-clausula-irph/
  4. Sentencias de las Audiencias sobre el IRPH: pocos cambios tras la sentencia del TJUE. BLOG HAY DERECHO DE EXPANSIÓN: https://hayderecho.expansion.com/2020/05/26/sentencias-de-las-audiencias-sobre-el-irph-pocos-cambios-tras-la-sentencia-del-tjue/
  5. La jurisprudencia declara la nulidad del IRPH por abusivo. UNIVE: https://www.unive.es/174__la_jurisprudencia_declara_la_nulidad_del_irph_por_abusivo.html?art=1&gclid=EAIaIQobChMI6aD4qvOc7AIV44BQBh0SUguuEAMYAyAAEgIYZfD_BwE
  6. La sentencia del TJUE sobre la cláusula IRPH ¿Resuelve el problema? BLOG SEPÍN: https://blog.sepin.es/2020/03/sentencia-tjue-clausula-irph-marzo-2020/
  7. Análisis de la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020 (C-125/2018) sobre las cláusulas IRPH de los contratos de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda. NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/15042-analisis-de-la-sentencia-del-tjue-de-3-de-marzo-de-2020-c-125-2018-sobre-las-clausulas-irph-de-los-contratos-de-prestamo-hipotecario-para-la-adquisicion-de-vivienda/
  8. Claves para entender la Sentencia del TJUE sobre hipotecas referenciadas al IRPH. LEFEBVRE EL DERECHO: https://elderecho.com/claves-entender-la-sentencia-del-tjue-hipotecas-referenciadas-al-irph

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