Derecho, Estado autonómico, Formas de Estado, Política, Teoría del Estado

La necesidad de reducir cargos políticos en España

El ingente número de cargos políticos en España se caracteriza por la multiplicidad de cargos políticos y la duplicidad de órganos políticos (Cortes Generales y Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, principalmente, sin descontar las diputaciones provinciales y demás entidades locales).

Llegados a este nivel del juego, y teniendo en cuenta el gasto que supone todo este englomerado de políticos, y todo lo que conllevan sus cargos (vehículos públicos, pagados por los contribuyentes, indemnizaciones cuando no logran formar gobierno en los plazos previstos en la legislación aplicable, etc.).

Dicho todo esto, cabe señalar que, “de entrada, hay que decir que no existe un censo oficial único que permita saber cuántas personas viven del erario público exactamente entre cargos elegidos, asesores y personal político o sindical que puebla distintos ámbitos institucionales. Pero reconstruyendo las cifras desde distintas fuentes oficiales, puede alcanzarse una conclusión: en torno a 400.000 personas tienen su nómina en instituciones y sus derivados, sean nacionales, autonómicas o municipales.

¿Es normal que España tenga cuatro veces más cargos públicos y políticos, asesores incluidos, que Alemania o Francia? En ambos países se cifra en 100.000 los cargos políticos. Y en la vecina Italia, en 200.000: eso significa que en España hay un “político” por cada 115 ciudadanos; uno por cada 300 en el país transalpino y uno cada 800 entre franceses y alemanes. La diferencia es obvia.

Tenemos más políticos que médicos, policías o bomberos juntos. Y en lugar de apagar fuegos, los encienden. Sin caer en la demagogia, pues, hay que pensar en hacer algo, por el propio bien de la Administración. Su crecimiento para acercarla al ciudadano ha tenido efectos muy positivos, pero también algunos muy indeseables.

Hemos multiplicado hasta el infinito el gasto en entidades públicas, a menudo triplicadas, sin una utilidad clara pero con unos costes laborales ya estables que engordan el gasto público y lo hacen endémico. Es lo que especialistas como Gay de Liébana tildan de “industria política”, el único sector que no decrece pese a la terrible crisis económicas que afecta a todos los demás: cálculos oficiosos indican que hasta el 80% de las empresas españolas perderá dinero este año y sufrirá aj”ustes laborales, algo de lo que se libra siempre la Administración.

Más que en Sanidad

Con una deuda pública que pronto puede llegar al 128% y un retroceso del PIB que el Banco de España sitúa por encima del 12%; el ajuste en la Administración parece necesario: solo en los Ayuntamientos, se calcula la existencia de 70.000 cargos políticos, una cifra desmedida que ha profesionalizado la actividad política incluso en las ciudades”.

Dicho esto, también hay que destacar que en otros países europeos (como Hungría, y hace pocos meses en Italia), se decidió por reducir el número de cargos públicos (eliminando el Senado, o reduciendo el número de políticos en las respectivas Cámaras parlamentarias).

Pero el problema no termina ahí. Cabe señalar también que “el grave problema de la política en España no es cuánto cobran los políticos sino cuántos sueldos pueden designar a dedo. Los 1.482 altos cargos en nómina, entre presidentes autonómicos, vicepresidentes, consejeros, directores generales, secretarios, directores y gerentes de organismos públicos, cuestan a las arcas públicas unos 100 millones de euros (sin contar País Vasco y Navarra). ¿Eso es mucho o poco? Depende. Tal vez la clave sea otra: ¿para qué sirven todos ellos? O mejor dicho, ¿a quién?

Cuando en un país tantos puestos dependen de quién gana las elecciones, no debería extrañarnos que acaben siendo servidores de un partido, que es quien les pone el sueldo, en lugar de velar por el interés público. En España, comparativamente con los países del entorno, por lo general los políticos no están tan bien pagados como pueda parecer. Xavier Coller, catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, lleva años analizando los currículos de los políticos en España. Su formación está por encima de la media europea. Sus sueldos, por debajo.

En España, comparativamente con los países del entorno, por lo general los políticos no están tan bien pagados como pueda parecer.

Los políticos y altos cargos están teóricamente mejor formados que la gente que accedía a esos mismos puestos en las administraciones públicas autonómicas y locales hace 40 años. Sin embargo, un alto nivel de estudios no garantiza necesariamente que conozcan ni sirvan mejor a la sociedad que representan. La titulitis puede ser contraproducente si no es más que un simulacro para enmascarar las carencias de quienes no han hecho otra cosa que militar en sus partidos desde la adolescencia y necesitan aparentar méritos académicos a falta de los profesionales.

Un sistema de nombramientos a dedo, como explica el politólogo Víctor Lapuente en su libro ‘Organizando el Leviatán’, desincentiva una relación eficiente entre políticos y altos cargos de la Administración. Estos tendrían que trabajar ‘con’ los representantes elegidos en las urnas, pero no ‘para’ ellos. Por eso, según las investigaciones de este catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo y profesor de Esade, el principal problema en España, tanto para prevenir la corrupción como para garantizar una buena calidad de los servicios públicos, no es ni cuántos funcionarios hay (España está por debajo de la media de la OCDE) ni cuánto cobran los políticos. Mucho más dañina resulta lo politizada que está la selección de los altos cargos, porque es ahí donde yacen las redes clientelares.

Cada vez que hay elecciones autonómicas, miles de cargos públicos en España dependen del resultado. ¿De verdad tiene sentido que las personas encargadas de gestionar el servicio de emergencias de una comunidad, de supervisar la recogida de basuras de un pueblo o los polideportivos de una localidad dependan de su cercanía a cierto color político y no de la aptitud y la experiencia acumulada para el cargo?

Cuando el futuro laboral de un militante político depende de sus contactos y no de su experiencia laboral para conseguir un empleo, es más probable que se esmere en lo primero que en lo segundo. El desprestigio aleja el talento de la política y el dinero a dedo acerca a los pelotas, lo que a su vez desprestigia más la política. En esta espiral de la mediocridad, en la que el que se acerca a la política tiene muchas posibilidades de acabar chamuscado, mucha gente válida no se siente atraída para involucrarse en una profesión cada vez peor vista. Ni bajar ni subir los sueldos arreglaría el problema. Ayudaría mucho más acabar con los dedazos del político de turno.

Un sistema de selección de unos servidores públicos realmente independientes mejoraría a su vez la calidad de los propios políticos. Si los altos cargos no dependieran tanto de sus relaciones personales como de su talento, ejercerían el control necesario sobre los representantes electos en las urnas. Lapuente, que ha investigado a fondo los entresijos de las administraciones públicas y su relación con la corrupción, me ha reconocido en alguna ocasión que no ha logrado averiguar cuántos sueldos públicos dependen en España de quién gobierna. Son tantos que no es posible saber el número exacto de asesores, gerentes y demás cargos afines en todos los niveles de la Administración. En algunos países escandinavos, sin embargo, son tan pocos los cargos públicos que dependen del Gobierno de turno que se cuentan con los dedos”.

Como conclusión de todo lo expuesto, cabría señalar que habría que reformar el sistema electoral español y reorientarlo, dentro de los límites de la vigente Constitución de 1978, hacia alguno de los regímenes electorales democráticos de Europa.

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