Administración de Justicia, Administración Pública, Servicios públicos, Transparencia del sector público

La transparencia en las Administraciones Públicas. ¿Existe realmente en este tipo de entidades? Parte I

Como introducción, cabe señalar que todas las entidades y organismos pertenecientes al sector público están sujetos al principio de transparencia, que es uno de los principios que sustentan la actividad pública.

Una vez dicho esto, cabe señalar, en cuanto a esa transparencia, que “el principio de transparencia en la gestión pública es uno de los pilares sobre los que se asienta esta forma de gobierno. Es necesario tener confianza en nuestros representantes políticos y trabajadores públicos para que funcione la democracia, y a ella contribuye la transparencia. El objetivo final de las entes públicas, es el ciudadano como usuario y fuente de financiación de los bienes y servicios públicos. Por ello tenemos por una parte, al ciudadano que financia la actividad pública de la cual es destinatario y por otro al estado que gestiona los recursos para satisfacer las necesidades públicas. Este planteamiento explica la obligación de todo mandatario público de rendir cuentas del resultado de su gestión. 

La transparencia  se refiere al deber de los poderes públicos de exponer y someter al análisis de la ciudadanía la información relativa a su gestión, al manejo de los recursos que la Sociedad les confía, a los criterios que sustentan sus decisiones, y a la conducta de sus funcionarios.

En el sector privado, el principio de transparencia es un factor fundamental para el buen funcionamiento del mercado, para garantizar accesibilidad de información a todos los inversores para la toma de decisiones y proteger los intereses de accionistas e inversores a través de la rendición de cuentas, que es el principal fin de la información económica financiera. En este sentido surgió la Ley 26/2003, de 17 de  julio, Ley de transparencia,  destacando la obligación de que las sociedades anónimas cotizadas creen una Página Web para atender al derecho de información de los accionistas. Debemos mostrar especial atención a éste último punto, ya que supone una forma de apertura exterior de la sociedad cotizada y la utilización de Internet como herramienta de comunicación.

En el ámbito público no hay ninguna ley que expresamente ponga de manifiesto la obligación legal de cómo, qué y donde difundir información. Sí que es verdad que es ahora cuando poco a poco van surgiendo iniciativas en este sentido, ya que antes únicamente se hacía referencia a la necesidad de transparencia en el sector público de forma general, por ejemplo en la Ley 30/92, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común señala en el Art. 3.5 Principios generales “ En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación”,  Pero es necesario  un compromiso legal en el que se materialice cómo se va a hacer realidad, y poco a poco se está haciendo.

 El ciudadano tiene tanto derecho a recibir información como el accionista. Es a través del BOE y de los medios de comunicación, la forma en la que percibe el ciudadano cómo se están utilizando los recursos públicos, con la subjetividad y falta de rigor a veces demostrada.

 EL CIUDADANO COMO USUARIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

En el ámbito de la información financierapúblicala amplitud de usuarios es mayor que en el sector privado, portanto el contenido y la forma de presentación debe ser adecuada a las diferentes necesidades de los mismos. El PGCP recoge, en el apartado nº 7 de su Introducción, a los siguientes usuarios:

“los destinatarios de la contabilidad pública se abre una gama muy amplia de colectivos, desde los órganos de gobierno de las entidades a los mismos ciudadanos” …”y, en general, cuantos colectivos se vean afectados de una u otra manera por la actividad económico-financiera del sector público, que prácticamente son, por una u otra razón, y desde diferentes ópticas, todos los que componen el tejido político, económico e institucional de la sociedad”.

El Documento nº 1 de la IGAE (1991) constituye el primer trabajo que identifica de forma metódica a los usuarios de la información financiera pública en España. Éstos aparecen reunidos en cinco grandes grupos, los mismos que más tarde han sido incluidos en el párrafo nº 7 de la introducción del PGCP de 1994:

“?-Órganos de representación política, es decir, las asambleas legislativas elegidas   por sufragio universal en cada uno de los niveles en que se estructura la organización territorial del Estado,

-?Órganos de gestión, encargados de las distintas administraciones públicas tanto en    los niveles político-administrativos como en los niveles puramente de gestión,

-?Órganos de dirección y gestión de las sociedades y empresas públicas,

-Órganos de control externo y órganos encargados del control interno, y

-?Entidades privadas, asociaciones y ciudadanos interesados en la ‘res publica’.

Durante mucho tiempo, la información contable elaborada en el ámbito público ha estado dirigida a los gestores internos o grupos vinculados a la administración publica  como instrumento de seguimiento de gestión, principalmente de los presupuestos, y de control para elaborar los documentos necesarios para la rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas.

 El control es  ejercido por los representantes políticos y por los órganos de control externo quedándose el ciudadano en un segundo plano.

Actualmente la cultura sobre rendición de cuentas se concibe  como una fase interna y difícilmente entendible por los ciudadanos de a pie.

El papel que tiene el ciudadano como destinatario de la información publica es residual en España.  Los cambios de orientación producidos durante las últimas décadas en la Contabilidad Pública han ido modificando esta situación al otorgar un protagonismo creciente a los usuarios externos, admitiendo de este modo su importancia e influencia sobre la organización.

LA FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

La regulación normativa comparada muestra el interés en que la información financiera sirva para su objetivo: rendir cuentas. Así, el GASB (1987) en su Concepts Statemen
ts nº 1enfoca el objetivo de la información financiera pública como la obligación del gobierno de ser públicamente responsable y permitir a los usuarios su valoración. El PGCP (1994), dispone:

“1) La obligación de suministrar información presupuestaria y financiera.
2) La introducción del principio del devengo (modificado).
3) El requisito de elaboración y publicidad de cuentas públicas.
4) Mayor información a través de las notas a los estados financieros o memoria.
5) Una mayor conciencia de la importancia de las cuentas públicas como instrumento de control.”

Es necesario acercar la rendición de cuentas al ciudadano, adecuar  información presentada a él a sus necesidades, alguna de las medidas que serían úties para ello, podrían ser:

  1. Mayor difusión de información económico-financiero, fundamentalmente a través de Internet, bibliotecas públicas, boletines de información para el ciudadano, canal digital… Necesidad de una ley que regule la forma y el contenido.
  2. Informes destinados especialmente a los ciudadanos, donde figure de forma concisa, entre otros aspectos los objetivos a cumplir por cada uno de los órganos públicos, las actividades realmente efectuadas, el coste de las mismas, y prácticas de eficacia y eficiencia en los recursos empleados etc conceptos entendidos por todos.
  3. Memorias que expliquen los datos económicos, y sobre todo la utilización de medios gráficos  e indicadores de gestión de fácil comprensión que pongan de manifiesto economía, eficacia y eficiencia en la gestión.
  4. Acercar temporalmente estos documentos al momento de la gestión
  5. Transmitir confianza al ciudadano sobre la gestión que se está realizando.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN ESPAÑA.

Vamos a hacer un breve recorrido sobre el sistema de rendición de cuentas existente en España.

Todas las entidades del sector público estatal están obligadas a formular sus cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que le sean de aplicación, en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico, y rendirlas al Tribunal de Cuentas por conducto de la IGAE.

La Ley de Presupuestos, como se deduce de nuestra regulación constitucional, es el documento legislativo que contiene el Plan económico-financiero del Gobierno para un periodo de tiempo determinado, que plasma la actuación pública prometida y esperada por los ciudadanos,  que no debe ser aprobado por las Cortes Generales, sino también ser controlado posteriormente en su ejecución por el Órgano parlamentario legislativo. El elemento básico para la realización del control externo ha sido tradicionalmente un documento, que pone de manifiesto cómo el poder Ejecutivo, ha cumplido el mandato recibido del poder Legislativo en las correspondientes Leyes de Presupuestos. Este documento es la Cuenta General del Estado (CGE)”.

Por tanto, como se puede hacer notar, cabe señalar que el principio de transparencia es un principio básico en cualquier sociedad democrática, sobre todo por el hecho de la necesidad de los ciudadanos de saber cómo los gobernantes utilizan el poder para el beneficio de la sociedad. Además, hay que destacar que, sin transparencia, la democracia está condenada al fracaso.

A continuación, y en segundo lugar, cabe señalar que “la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política, y lo que hace la ley es regular el marco mínimo al que deben ajustar su actividad todas las Administraciones públicas. Esto es importante porque, por vez primera, se aborda no solo un marco común, sino que al configurarse como contenido mínimo la norma desencadena una labor pro activa, tanto en su aplicación, como en su papel dinamizador de la actividad que cada gobierno y Administración pública debe poner en marcha en la forma de relacionarse con el ciudadano.

En este sentido, la ley cubre una asignatura pendiente puesto que tanto la Unión Europea como los diferentes Estados miembros, así como otros muchos países, contaban ya, en algunos casos desde hace varias décadas, con una legislación específica que regula la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

¿Han legislado las comunidades autónomas en materia de transparencia?

Al final de la legislatura 2011-2015, doce comunidades autónomas tienen aprobada su ley de transparencia y la del País Vasco se encuentra en tramitación. Quedan así pendientes Madrid, Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Las leyes autonómicas aprobadas hasta la fecha son:

  • Ley 4/2006, de 30 de julio, de Transparencia y de Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega.
  • Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la Buena Administración y del Buen Gobierno de las Illes Balears.
  • Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra.
  • Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
  • Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
  • Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.
  • Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
  • Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información pública de Canarias.
  • Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Cataluña.
  • Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
  • Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
  • Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

¿Pueden las entidades locales aprobar una regulación propia en materia de transparencia?

La ley de transparencia, así como la ley autonómica respectiva, en su caso, son de aplicación directa a las entidades locales. Sin perjuicio de ello, las entidades locales pueden aprobar una norma propia en materia de transparencia y derecho de acceso, cuyo contenido habrá de partir de la regulación de mínimos contenida en la norma estatal, debiendo asumir igualmente las obligaciones adicionales que pudiera haber incorporado la norma autonómica. En el plazo de dos años del que disponen las entidades locales para adaptarse a las obligaciones contenidas en la ley de transparencia, habrán de cumplir con las previsiones contenidas en ella, sin perjuicio del momento en que decidan, si optan por ello, aprobar la norma local.

Las entidades locales podrán abordar esa regulación mediante una ordenanza específica, lo cual parece que debiera ser la opción más lógica y generalizada, o bien decidir incorporar su contenido al reglamento de participación ciudadana, dada la evidente relación con los derechos de los ciudadanos, aun cuando no se habrá de olvidar en este caso, como veremos más adelante, que el derecho de acceso se extiende a todos los ciudadanos con independencia de su relación de vecindad con la entidad local. A este respecto, la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó el 27 de mayo de 2014 una ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización.

Sea cual fuere la opción elegida, la entidad local lo que sí deberá abordar es la adaptación de sus medios materiales y humanos a las obligaciones derivadas de la ley, en el marco de su potestad de autoorganización”.

En tercer lugar, en cuanto a la regulación de la transparencia para la exigencia de la misma a los poderes públicos, se debe de destacar que esta regulación se encuentra en la Ley 19/2003, desarrollando la Constitución en cuanto a la obligación de los poderes públicos de dar cuenta de sus actuaciones.

Incluso, cabe señalar que “el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) nos abre un debate muy sugerente sobre sus potencialidades como instrumento de mejora democrática, un debate que ya en esta revista ha sido tratado muy acertadamente (Vitale, 2014). Ciertamente, antes de situarnos apriorísticamente en el debate, tal vez deberíamos, con Barber (1998), preguntarnos de qué tecnologías hablamos y de qué democracia; pero, en cualquier caso, no podemos negar que hoy en día ya existe, en ese espacio de reflexión, una rica tradición de análisis que ha generado inicialmente dos campos de partidarios, unos que asumen de forma optimista que las NTIC van a permitirnos mejorar la democracia y otros ciberpesimistas que ven lo contrario, que las NTIC van a producir una sociedad mucho más manipulable y controlada que antes. En todo caso, tras el intercambio cruzado de ideas e investigaciones de los últimos 20 años, tal vez lo más sensato sea situarse en el ciberrealismo, un espacio en el que se analizan con detalle los aspectos positivos y los negativos y se elaboran argumentos que consideran ambos (Shane, 2004). Este texto, desde esta perspectiva realista, va a analizar la política de transparencia que el gobierno nacional desarrolla en España1, una política que es parte de esta nueva realidad en la que las NTIC permiten conocer mucho mejor qué hacen los gobiernos y por qué, mejorando, se supone, la calidad de nuestra democracia. Y la vamos a analizar desde un enfoque empírico, tratando de dar respuesta a la pregunta de qué hace que este valor de la transparencia se ponga de moda y por qué, y cómo se articula por el gobierno esta política. No obstante, antes vamos a intentar dar respuesta a las demandas de Barber y situar estas políticas dentro de un modelo de democracia, un modelo tecnológico y un modelo de transparencia.

Las políticas de transparencia conectan de forma indirecta con las relacionadas con la e-democracia. En realidad, están más cerca de lo que denominaríamos e-government en sentido amplio y actualizado. En sus orígenes, la “administración electrónica” consistió básicamente en la utilización de las TIC en las administraciones públicas, como simple herramienta tecnológica que permitía hacer más rápido y mejor el trabajo que ya se venía haciendo usando otros procedimientos. Se centraba, así pues, en la eficacia y la eficiencia. En la actualidad, ya hemos asistido a la explosión en el uso de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, las tabletas digitales y la consolidación del movimiento del “open data” y de las iniciativas de “gobierno abierto”. Por ello, “el objetivo ahora no es sólo mejorar las prestación de los servicios públicos, sino también aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y facilitar la participación y la colaboración ciudadana en el diseño y en la implementación de las propias políticas, así como a la reutilización de la inmensa cantidad de datos en poder de las administraciones públicas y de los gobiernos para crear nuevos servicios innovadores e imaginar nuevos usos para esos datos, tanto en el ámbito privado como en el público” (Márquez, 2014, pp. 7-9). A esto podríamos añadir que, además, el gobierno electrónico ha llegado al poder judicial y al legislativo, dejando de ser una herramienta exclusiva del ejecut. ivo”.

Por tanto, se puede afirmar que falta una transparencia total en las Administraciones públicas españolas, y también en ciertas entidades privadas, lo cual hace desconfiar de las entidades públicas y privadas y hace necesario reformar el sistema para mejorar el mecanismo de transparencia, ofreciendo así mejores resultados. Como ejemplos de todo esto, sólo basta señalar los relativos a los gobiernos de las distintas entidades públicas administrativas en todos los niveles, así como de las grandes empresas privadas, que en muchos casos acaban pagando grandes multas, o incluso desapareciendo como consecuencia de la falta de transparencia.

FUENTES:

  1. ¿En qué hay que transformar la Administración Pública española? PWC:
  2. 10 razones por las que España NO es un país transparente. NOSOLOAYTOS: https://nosoloaytos.wordpress.com/2018/11/25/10-razones-por-las-que-espana-no-es-un-pais-transparente/
  3. La transparencia de las Administraciones Públicas en tiempos de coronavirus (COVID19); por Juan Francisco Mestre Delgado, Catedrático de Derecho Administrativo. LA ADMINISTRACIÓN AL DÍA: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1197545
  4. La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia denuncia la desidia de la Administración. CONFILEGAL: https://confilegal.com/20191003-la-red-de-consejos-y-comisionados-de-transparencia-denuncia-la-desidia-de-la-administracion/
  5. Guía de la política pública local. La administración local. EL SECTOR PÚBLICO: https://www.elsectorpublico.es/elsp/capitulo/1687903/1662143/viii-la-transparencia-en-la-administracion-local.html
  6. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. EL PAPEL DE INTERNET Y EL CIUDADANO. ASOACEX: https://asocex.es/transparencia-en-la-gestion-publica-el-papel-de-internet-y-el-ciudadano
  7. Transparencia y Buen Gobierno. PORTAL DE TRANSPARENCIA: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Gobierno_Abierto_Inicio/transparencia_y_buen_gobierno.html#.X5AOae3tZPY
  8. ¿Existe transparencia en la legislación española? MIGUEL ÁNGEL BLANES. BLOG DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO: https://miguelangelblanes.com/2016/04/27/existe-transparencia-en-la-legislacion-espanola/

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