Derecho, Derecho administrativo

Energía hidráulica

1.- Energías renovables: fundamento, tecnologías y aplicaciones.

1.- Definición de la energía: la palabra energía viene del griego energos y significa actividad, trabajo. Todos utilizamos con frecuencia esta palabra, pero su definición no es sencilla. Se puede decir que energía es la capacidad de producir trabajo. Generalmente se asocia la energía con las fuentes utilizadas para su generación. Así tenemos: energía térmica, energía química, energía luminosa, energía eléctrica, energía radiante, energía mecánica, energía solar, energía nuclear, energía geotérmica, energía eólica, energía  de las olas y de las mareas, energía procedente de la biomasa, energía hidráulica, energía gravitacional, energía procedente del petróleo, energía procedente del carbón, etcétera. Muchos de esos grupos se superponen y se mezclan entre sí. Uno de los principios fundamentales en este campo es que la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Esta es la llamada “Ley de Conservación de la energía”.

2.- Formas de energía: el hombre ha utilizado la energía desde siempre. Al comer está tomando energía de otros seres (plantas y animales) para generar su propia energía. Al quemar madera está generando calor para combatir el frío o transformar alimentos. Utiliza las olas del mar y el viento para navegar, el sol con su luz y calor le dan energía, el hombre al moverse consume energía, etc. Con objeto de estudiar la energía, la podemos clasificar en dos grandes formas:

  1. Energía cinética, que es la energía desarrollada por los cuerpos, partículas u objetos en movimiento.
  2. Energía potencial, que es la energía de los cuerpos en reposo.

La energía hidráulica es la que se puede obtener de la energía potencial y/o cinética que contiene el agua, tanto en corrientes, como en saltos de aguas, mareas, etc. La energía hidráulica es una energía renovable debido a que en los mares siempre hay corrientes, mareas, olas, etc. y en tierra las corrientes de agua de los ríos se renuevan automáticamente gracias al ciclo natural del agua. Normalmente la energía hidráulica también se puede denominar energía verde ya que no tiene efectos negativos en el medio ambiente. Entre otras aplicaciones, hace miles de años ya se utilizaban los molinos de agua, que se usaban para mover grandes piedras de molinos de harina, entre otras cosas. Entre los usos más frecuentes de la energía hidráulica, existen la generación eléctrica en centrales hidroeléctricas, situadas en presas, embalses o saltos de agua, la generación eléctrica mediante caudales de agua en tuberías de transporte de agua, etcétera.

2.- Regulación Legal.

Los artículos de la Constitución que se van a desarrollar a continuación se encuadran dentro de los principios rectores de la política social y económica, dentro del Capítulo III del Título I de la Constitución española de 1978. Por eso, y debido a que la materia que en este trabajo se trata se encuentra dentro de esta serie de principios, se ha creído conveniente empezar la regulación legal de la energía hidráulica por estos principios rectores.

1) Artículo 38 de la Constitución: El derecho a la libertad de empresa reconocido en este artículo forma parte de lo que ha sido denominado como “Constitución económica”, cuyos rasgos  característicos se resumen de la forma siguiente:

  1. Abundancia de preceptos constitucionales de naturaleza económica, dentro de los cuáles cabría destacar los llamados principios rectores de la política económica y social.
  2. Flexibilidad e indeterminación de éstos preceptos, en cuanto pretenden fundamentalmente una Constitución económica abierta y no sometida a modelos económicos fijos.
  3. Dualismo en la interpretación de los preceptos que comprenden esta Constitución económica, según se interpreten en el marco de la economía general o en función de la distribución territorial del poder a favor de las Comunidades Autónomas.

Hay que destacar que el hecho de que el artículo 38 esté en el Título I de la Constitución le dota de una posición preeminente, en la medida en que el legislador no puede desconocer su contenido esencial en virtud del artículo 53.1 de la Constitución, el cual garantiza la protección de estos derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución. Por otra parte, la economía de mercado, como marco de la libertad de empresa, supone la legitimación de actuaciones en defensa de la competencia, que no es una restricción a la libertad de empresa, sino un mecanismo de protección. También hay que enmarcar este precepto en el contexto de la Unión Europea, uno de cuyos postulados es, precisamente, la libertad de mercado, que se articula a través de diversas previsiones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, y de la variada normativa comunitaria sobre libertad de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, así como sobre aquellas otras normas relativas a la libre competencias. Principio del formulario

2) Artículo 40: El artículo 40 de la CE es uno de los preceptos que mejor justifican la denominación de “Principios rectores de la política social y económica” que el Constituyente dio al Capítulo III del Título I de la Constitución. Aunque como ha señalado la doctrina el análisis jurídico pormenorizado de ese Capítulo III nos llevaría a concluir que está compuesto por una suma muy heterogénea de materias, lo cierto es que con el artículo 40 estamos ante una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés general pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. En este caso los fines de interés general que se persiguen son: la redistribución de la riqueza; el pleno empleo; y la mejora de las condiciones laborales para los trabajadores.

3) Final del formulaArtículo 51 de la Constitución: No hay precedentes de este artículo ni en las Constituciones extranjeras europeas, aunque en algunas pueden encontrarse medidas que de alguna manera suponen una defensa de los consumidores, ni en las españolas; como en otras ocasiones referidas a este Capítulo, es nuevamente en la Constitución portuguesa de 1876 donde hay una referencia directa cuando en el art. 81 afirma que corresponde prioritariamente al Estado proteger al consumidor, especialmente mediante el apoyo a la creación de cooperativas y de asociaciones de consumidores. Es este un precepto que hay que encuadrar en el marco del concepto de Estado social de Derecho (art. 1.1 de la Constitución) y de la economía de mercado, teniendo en cuenta que éste aborda el fundamento actual de la economía de mercado neocapitalista, basada en la llamada sociedad de consumo, de manera que la protección específica a los consumidores como sostén básico del modelo económico se convierte en una fórmula de reforzamiento del citado modelo. Desde este punto de vista, siendo el bienestar social exigencia y meta del neocapitalismo y por ello integrante del actual estado social, la inclusión de la protección de los consumidores en la Constitución parece exceder el campo que le correspondería formalmente por su ubicación en el ámbito de los derechos sociales, que es el correspondiente a la actividad normativa ordinaria de los poderes públicos, para convertirse en un verdadero principio del modelo económico adoptado por la Constitución. Ahora bien, es este un principio que opera en forma de límite del modelo de economía de mercado y de libertad de empresa que establece básicamente el art. 38 de la Constitución, límite cuyo fundamento se encuentra en los derechos de los consumidores y en la acción reguladora de los poderes públicos en consonancia con aquellos derechos. En desarrollo de este precepto constitucional se dictó la Ley 26/ 1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ley dictada con cierto apresuramiento como consecuencia del conflicto social que supuso el síndrome tóxico producido por el aceite de colza adulterado, verdadero toque de atención sobre la necesidad de garantizar a los ciudadanos un mínimo de seguridad en relación con el consumo. La Ley fue objeto de varias modificaciones, la mayoría para integrar Directivas comunitarias.

4) Artículo 148.1.10 CE: este artículo permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales termales. Aquí hay que tener en cuenta que, en el término podrán con que se inicia el precepto se identifica el principio dispositivo según el cual el Estatuto, de acuerdo con el artículo 147.2.d) asume competencias dentro de la lista de materias posibles o sólo algunas, hacerlo en términos de exclusividad o de compartición y arrogarse todas las materias asumidas o sólo algunas. Téngase en cuenta que este artículo es, en realidad una disposición transitoria. Es la lista de competencias que podrían asumir inicialmente las Comunidades Autónomas de segundo grado, esto es, las que accedieron a la autonomía a través del artículo 143 CE.

5) Artículo 149.1.22 CE: este artículo hay que relacionarlo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el cual, aunque está derogado en lo referente a procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de autorizaciones de vertido de aguas continentales de cuencas intracomunitarias por disposición derogatoria única Se exceptúan de la derogación establecida los preceptos de esta Ley 16/2002, que regulan la existencia de los requisitos establecidos en el legislación sectorial aplicable. La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la redacción dada por la Ley 6 /2001, de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto Ambiental, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, dicte un Real Decreto Legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de aguas.

Para ello, se hace preciso incorporar las modificaciones que en el texto de la Ley de Aguas, se introducen por la propia Ley 46/1999, antes citada y por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre, en la que se estiman parcialmente tanto los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Aguas, como el conflicto positivo de competencias planteado contra determinados preceptos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; por la disposición adicional 9ª 2 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que modifica los apartados 1º, segundo párrafo y 2º, del artículo 109 de la Ley de Aguas en materia de sanciones; etcétera.

En consecuencia, se ha elaborado un Texto Refundido de la Ley de Aguas, que se incorpora a este Real Decreto Legislativo y que tiene por objeto, en cumplimiento del mandato legal, recoger las modificaciones que han quedado detalladas.

6) Directiva Europea de Energías renovables: Es necesario instaurar acciones más concretas con el fin de aprovechar el gran potencial de ahorro de energía aún sin realizar en los edificios y reducir las grandes diferencias que existen entre Estados miembros en este sector. Las medidas para mejorar más la eficiencia energética de los edificios deben tener en cuenta las condiciones climáticas y las particularidades locales, así como el entorno ambiental interior y la rentabilidad en términos de coste- eficacia Dichas medidas no deben afectar a otros requisitos aplicables a los edificios, tales como la accesibilidad, la seguridad y el uso previsto del edificio.  La eficiencia energética de los edificios debe calcularse con una metodología que puede ser diferente a escala nacional y regional. En ella se incluyen no solo las características térmicas, sino también otros factores que desempeñan un papel cada vez más importante, tales como las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, la utilización de energía procedente de fuentes renovables, los elementos pasivos de calefacción y refrigeración, el sombreado, la calidad del aire interior, la adecuada iluminación natural y el diseño del edificio. Es necesario contemplar la posibilidad de que los Estados miembros revisen periódicamente sus requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios, en vista del progreso técnico. El objetivo de alcanzar niveles rentables u óptimos de eficiencia energética puede justificar en determinadas circunstancias (por ejemplo, por diferencias climáticas) el establecimiento por los Estados miembros de requisitos de rentabilidad o de rentabilidad óptima para elementos de los edificios que, en la práctica, limitarían la instalación de productos de construcción que cumplan las normas establecidas por la legislación de la Unión, siempre que dichos requisitos no constituyan trabas injustificadas al mercado. Al establecer requisitos de eficiencia energética para instalaciones técnicas de los edificios, los Estados miembros deben utilizar, cuando existan y proceda, instrumentos armonizados, en particular métodos de ensayo y cálculo y clases de eficiencia energética desarrollados con arreglo a las medidas de aplicación de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía y la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada, para garantizar la coherencia con iniciativas conexas y reducir al mínimo posible una posible fragmentación del mercado. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El término «incentivo» que se emplea en la presente Directiva no debe interpretarse, por tanto, como constitutivo de ayuda pública. La Comisión debe establecer un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética. Los Estados miembros deben utilizar este marco para comparar los resultados con los requisitos mínimos de eficiencia energética por ellos adoptados. De existir discrepancias importantes, es decir que superen un 15 %, entre los niveles óptimos de rentabilidad calculados de los requisitos mínimos de eficiencia energética y los requisitos mínimos de eficiencia energética vigentes, los Estados miembros deben justificar la diferencia o prever las medidas pertinentes para reducir la discrepancia. Los Estados miembros han de determinar el ciclo de vida útil estimada de un edificio o de uno de sus elementos, teniendo en cuenta la práctica y la experiencia actuales en la definición de ciclos de vida útil típicos. Los resultados de esta comparación, así como los datos usados para llegar a aquellos, deben ser comunicados periódicamente a la Comisión. Tal información debe permitir a la Comisión evaluar los progresos de los Estados miembros hacia unos niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética e informar acerca de dichos progresos.

8) Directiva europea sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (2004/17/CE): La Directiva 2004/17/CE, relativa a los «sectores especiales» del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (conocida como «sectores especiales») se aplicará a los contratos públicos celebrados por un poder adjudicador en los sectores en cuestión para suministros; servicios y obras que no estén excepcionalmente excluidos por la propia Directiva. Aunque, a diferencia de la Directiva «clásica», no se aplicará a las concesiones de las obras. En cuanto al ámbito de aplicación, hay que destacar en la sección de entidades adjudicadoras que la Directiva «sectores especiales» se aplica a: cualquier poder adjudicador o empresa pública  que ejerza sus actividades en uno de los ámbitos siguientes: el gas, la electricidad, el agua, los servicios de transporte, los servicios postales, la extracción de combustibles o la puesta a disposición de puertos o aeropuertos; cualquier entidad adjudicadora que, sin ser poder adjudicador ni empresa pública, ejerza una (o varias) de las actividades mencionadas y tenga derechos especiales o exclusivos concedidos por una autoridad competente de un Estado miembro, como los definidos por la Directiva. Dentro de este ámbito de aplicación, en cuanto a las actividades reguladas, la Directiva se aplicará a las actividades siguientes: La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio público en el ámbito de la producción, el transporte o la distribución de gas, calor o electricidad, o el suministro de gas, calor o electricidad a dichas redes; la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio público en el ámbito de la producción, el transporte o la distribución de agua, o el suministro de agua a dichas redes; cuando la entidad adjudicadora opere en el sector del agua potable, los contratos o concursos relacionados con la irrigación, el drenaje o los proyectos de ingeniería hidráulica, así como los contratos vinculados a la evacuación o el tratamiento de las aguas residuales; la puesta a disposición o la explotación de redes destinadas a prestar un servicio público en el ámbito del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable. Se excluye del ámbito de aplicación de la Directiva el transporte público en autobús cuando otras entidades presten este servicio libremente en las mismas condiciones que las entidades adjudicadoras, de manera general o en una zona geográfica específica; el suministro de servicios postales; éstos incluyen: los servicios postales reservados en el sentido de la Directiva 97/67/CE, así como los servicios postales que no pueden estar reservados de acuerdo con esa misma Directiva.

9) Directiva europea de eficiencia energética de los edificios: La presente Directiva tiene por objeto promover la eficiencia energética de los edificios, y la eficiencia energética integrada de los edificios o de las unidades del edificio. En cuanto a la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar, a nivel nacional o regional, una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios que tiene en cuenta determinados elementos, en especial: las características térmicas del edificio (capacidad térmica, aislamiento, etc.); la instalación de calefacción y de agua caliente; las instalaciones de aire acondicionado; la instalación de iluminación incorporada; las condiciones ambientales interiores. La influencia positiva de otros elementos como la exposición solar local, la iluminación natural, la producción eléctrica por cogeneración y los sistemas de calefacción y refrigeración urbanos o colectivos también se tienen en cuenta. En cuanto a la fijación de requisitos mínimos, los Estados miembros tienen la obligación de establecer, con arreglo a la metodología de cálculo anteriormente citada, requisitos mínimos en materia de eficiencia energética para alcanzar niveles óptimos en términos de costes. El nivel de estos requisitos se revisa cada cinco años. Cuando fijan los requisitos mínimos, los Estados miembros pueden hacer una distinción entre edificios nuevos y edificios existentes y entre diferentes categorías de edificios. Los edificios nuevos deben respetar estas exigencias y, antes del inicio de su construcción, ser objeto de un estudio de viabilidad relativo a la instalación de sistemas de abastecimiento de energías renovables, bombas de calor, sistemas de calefacción y refrigeración urbano o colectivo y sistemas de cogeneración. Los edificios existentes, cuando son objeto de trabajos de renovación importantes, deben beneficiarse de una mejora de su eficiencia energética de tal forma que pueda satisfacer igualmente los requisitos mínimos. Quedan excluidos de la aplicación de los requisitos mínimos: los edificios protegidos oficialmente (por ejemplo, edificios históricos); los edificios utilizados como lugares de culto; las construcciones provisionales; los edificios residenciales destinados a una duración de uso anual limitada; los edificios independientes de una superficie útil total inferior a 50 m2. Cuando son de instalación nueva, se sustituyen o modernizan, los sistemas técnicos del edificio como los sistemas de calefacción, agua caliente, climatización y grandes instalaciones de ventilación también deben cumplir los requisitos en materia de eficiencia energética. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que cuando se proceda a la sustitución o mejora de los elementos de un edificio que integren la envolvente del edificio y que repercutan de manera significativa en la eficiencia energética de dicha envolvente (por ejemplo, marcos de ventana), se fijen unos requisitos mínimos de eficiencia energética para ellos, con el fin de alcanzar unos niveles óptimos de rentabilidad. Siempre que se reconstruye o renueva un edificio, la presente Directiva fomenta la introducción de sistemas inteligentes de medición del consumo de energía, con arreglo a la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En cuanto al objetivo de realizar edificios de consumo de energía casi nulo, a partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deben tener un consumo de energía casi nulo. Los nuevos edificios que estén ocupados y que sean propiedad de las autoridades públicas deben cumplir los mismos criterios después del 31 de diciembre de 2018. En cuanto a los certificados de eficiencia energética, los Estados miembros deben poner en marcha un sistema de certificación de la eficiencia energética de los edificios. Esto último incluye, en especial, la información sobre el consumo energético de los edificios, así como las recomendaciones relativas a la mejora de los costes. En cuanto a los edificios con una superficie total superior a 500 m² que estén ocupados por una autoridad pública y los edificios con una superficie total superior a 500 m² que reciban visitas frecuentes del público, se colocará el certificado de eficiencia energética en un sitio claramente visible.

8) Ley 31/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público en los sectores del agua, de la energía, los transportes y los servicios postales: con esta Ley se ha producido la transposición al ordenamiento /jurídico español la Directiva 2004/17/CE, de contratos en sectores especiales, y en la que se trata de dar una regulación general y unánime en todos los países miembros en la Unión Europea. Respecto del ámbito de actividades cubierto cabe resaltar que dejan de estar sometidas a la ley las actividades desarrolladas en el sector de las telecomunicaciones, al constituir un sector liberalizado, y se incorpora a la misma el sector de los servicios postales. La nueva Directiva en aquellos aspectos básicos conserva la regulación anterior, referida a los sectores cubiertos por la misma, e incorpora nuevas técnicas de contratación basadas fundamentalmente en el uso de los medios electrónicos y de las comunicaciones aplicados a los procedimientos de adjudicación de los contratos, conservando la necesaria aplicación de los principios derivados del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas de igualdad de trato. 

La ley recoge en el Titulo preliminar su objeto y las definiciones adecuadas a los diferentes conceptos manejados a lo largo del texto legislativo de tal manera que se respeten las interpretaciones comunitarias originarias de la Directiva 2004/17/CE. El ámbito subjetivo de la ley, tal como especifica el Capitulo I del mismo Título I, se proyecta sobre las entidades públicas y privadas, exceptuándose sin embargo las Administraciones públicas y los Organismos autónomos. Ello es plenamente compatible con el Derecho comunitario, ya que esta opción garantiza obviamente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación en materia contractual al exigirse con mayor rigor en la esfera estrictamente administrativa. La ley define en el Titulo I, con estricta fidelidad al contenido de la Directiva 2004/17/CE, su ámbito objetivo de aplicación, concretando tanto la naturaleza de los contratos que regula como el contenido material de los mismos. Igualmente, se recogen los principios que regirán la contratación con especial referencia al tratamiento de la confidencialidad y se establecen los requisitos relativos a la capacidad de los operadores económicos. En el Titulo III la Ley precisa las exigencias y particularidades de la documentación de los contratos. El Titulo IV establece los requisitos de adecuación y objetividad de los criterios de selección cualitativa. El Titulo V recoge bajo la denominación de nuevas técnicas de contratación relacionadas con las nuevas técnicas electrónicas de compra. Dichas técnicas permiten ampliar la competencia y mejorar la eficacia del sistema público de compras a través de la posibilidad de que las entidades contratantes recurran a centrales de compras, a sistemas dinámicos de adquisición y/o a subastas electrónicas.

En cuanto a los criterios de adjudicación de los contratos, la ley sigue los criterios tradicionales de adjudicación de la contratación pública. El Titulo VII recoge nuevamente, y con escasas variaciones con respecto a la ley anterior que aclaran su contenido, la Directiva 92/13/CEE y tiene por objeto garantizar la aplicación, mediante diversas medidas, de los procedimientos de adjudicación regulados en el Titulo anterior. La ley contiene, en su disposición adicional segunda una enumeración de entidades contratantes que se consideran sujetas a la misma. Estas entidades se incluyen unas veces de forma individual y otras de forma genérica, suficiente en todo caso para su identificación, por su pertenencia a una categoría, ante la imposibilidad de llegar a una relación exhaustiva, habilitando al Ministro de Economía y Hacienda para modificar la lista de entidades contratantes. Esta Ley por tanto es un buen reflejo de la Directiva 2004/17/CE cuando trata de fijar las características de los contratos del sector público en los ámbitos de la energía. Hay que tener presente que la Directiva que regula este tipo de contratos se realizó con el objetivo de que todos los contratos en esta materia en los países pertenecientes a la Unión Europea tuvieran una regulación muy similar, para evitar la confusión de las empresas a la hora de contratar con el sector público dependiendo con el país en que se hiciese el contrato.

9) Ley del Sector Eléctrico: El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la competitividad de buena parte de nuestra economía. El desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de aprovisionamiento de materias primas determinan la evolución de otros sectores de la industria.

La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico. Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional.

El presente Texto Legal también supone la plasmación normativa de los principios del Protocolo suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y las principales empresas eléctricas el 11 de diciembre de 1996. El sector eléctrico tiene unas características de complejidad técnica que hacen necesario garantizar que su funcionamiento en un marco liberalizado se produzca sin abusos de posiciones de dominio y con respeto estricto a las prácticas propias de la libre competencia.  

7) Circular 6/2012, de la Comisión Nacional de la Energía: regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. En su Exposición de Motivos, esta Ley nos dice que la disposición adicional undécima, apartado tercero, punto 1, función séptima, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector Hidrocarburos, establece que la Comisión Nacional de Energía podrá dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y las órdenes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se dicten en desarrollo de la normativa energética, siempre que estas disposiciones se habiliten de modo expreso para ello. La Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia, tiene por objeto fomentar la contribución de estas fuentes de energía a la producción de electricidad así como facilitar el comercio de electricidad producida a partir de tales fuentes. El objeto de esta circular es el de establecer las normas de organización y funcionamiento del Sistema de Garantía de origen de la electricidad procedente de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

7) Real Decreto Ley 1/2012: En los últimos años, el crecimiento que las tecnologías incluidas en el régimen especial ha permitido superar con creces en 2010 los objetivos de potencia instalada previstos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 para la tecnología eólica y en particular para las tecnologías solar termoeléctrica y solar fotovoltaica. Este elevado desarrollo no está exento, sin embargo, de crítica. La superación de los objetivos, ha puesto de manifiesto un desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las primas, suponiendo un incremento del sobrecoste para el sistema en concepto de primas para las tecnologías solares de más de 2000 millones en 2010, cifra que se incrementará en 2000 millones de euros anuales a partir de 2014. El Real Decreto-ley 6/2009 de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, estableció límites para acotar el incremento del déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sector eléctrico que deben cubrir. De este modo el citado real decreto-ley establece, a partir de 2013, el principio de suficiencia de los peajes de acceso para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas de modo que, a partir de dicho momento, no pueda aparecer déficit tarifario.

Por otro lado, los objetivos de potencia para el año 2020 recogidos en el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables permiten al Gobierno disponer de un holgado margen de maniobra en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables desde el momento actual. A ello hay que añadir que la capacidad de generación instalada en este momento es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista para los próximos años. Así, no resulta imprescindible en este momento continuar con las tasas anuales de implantación de estas tecnologías para lograr al final de la década los objetivos previstos.

3.- Energía hidráulica.

Los artículos de la Constitución que se van a desarrollar a continuación se encuadran dentro de los principios rectores de la política social y económica, dentro del Capítulo III del Título I de la Constitución española de 1978. Por eso, y debido a que la materia que en este trabajo se trata se encuentra dentro de esta serie de principios, se ha creído conveniente empezar la regulación legal de la energía hidráulica por estos principios rectores.

1) Artículo 38 de la Constitución: El derecho a la libertad de empresa reconocido en este artículo forma parte de lo que ha sido denominado como “Constitución económica”, cuyos rasgos  característicos se resumen de la forma siguiente:

  1. Abundancia de preceptos constitucionales de naturaleza económica, dentro de los cuáles cabría destacar los llamados principios rectores de la política económica y social.
  2. Flexibilidad e indeterminación de éstos preceptos, en cuanto pretenden fundamentalmente una Constitución económica abierta y no sometida a modelos económicos fijos.
  3. Dualismo en la interpretación de los preceptos que comprenden esta Constitución económica, según se interpreten en el marco de la economía general o en función de la distribución territorial del poder a favor de las Comunidades Autónomas.

Hay que destacar que el hecho de que el artículo 38 esté en el Título I de la Constitución le dota de una posición preeminente, en la medida en que el legislador no puede desconocer su contenido esencial en virtud del artículo 53.1 de la Constitución, el cual garantiza la protección de estos derechos reconocidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución. Por otra parte, la economía de mercado, como marco de la libertad de empresa, supone la legitimación de actuaciones en defensa de la competencia, que no es una restricción a la libertad de empresa, sino un mecanismo de protección. También hay que enmarcar este precepto en el contexto de la Unión Europea, uno de cuyos postulados es, precisamente, la libertad de mercado, que se articula a través de diversas previsiones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, y de la variada normativa comunitaria sobre libertad de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, así como sobre aquellas otras normas relativas a la libre competencias. Principio del formulario

2) Artículo 40: El artículo 40 de la CE es uno de los preceptos que mejor justifican la denominación de “Principios rectores de la política social y económica” que el Constituyente dio al Capítulo III del Título I de la Constitución. Aunque como ha señalado la doctrina el análisis jurídico pormenorizado de ese Capítulo III nos llevaría a concluir que está compuesto por una suma muy heterogénea de materias, lo cierto es que con el artículo 40 estamos ante una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés general pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. En este caso los fines de interés general que se persiguen son: la redistribución de la riqueza; el pleno empleo; y la mejora de las condiciones laborales para los trabajadores.

3) Final del formulaArtículo 51 de la Constitución: No hay precedentes de este artículo ni en las Constituciones extranjeras europeas, aunque en algunas pueden encontrarse medidas que de alguna manera suponen una defensa de los consumidores, ni en las españolas; como en otras ocasiones referidas a este Capítulo, es nuevamente en la Constitución portuguesa de 1876 donde hay una referencia directa cuando en el art. 81 afirma que corresponde prioritariamente al Estado proteger al consumidor, especialmente mediante el apoyo a la creación de cooperativas y de asociaciones de consumidores. Es este un precepto que hay que encuadrar en el marco del concepto de Estado social de Derecho (art. 1.1 de la Constitución) y de la economía de mercado, teniendo en cuenta que éste aborda el fundamento actual de la economía de mercado neocapitalista, basada en la llamada sociedad de consumo, de manera que la protección específica a los consumidores como sostén básico del modelo económico se convierte en una fórmula de reforzamiento del citado modelo. Desde este punto de vista, siendo el bienestar social exigencia y meta del neocapitalismo y por ello integrante del actual estado social, la inclusión de la protección de los consumidores en la Constitución parece exceder el campo que le correspondería formalmente por su ubicación en el ámbito de los derechos sociales, que es el correspondiente a la actividad normativa ordinaria de los poderes públicos, para convertirse en un verdadero principio del modelo económico adoptado por la Constitución. Ahora bien, es este un principio que opera en forma de límite del modelo de economía de mercado y de libertad de empresa que establece básicamente el art. 38 de la Constitución, límite cuyo fundamento se encuentra en los derechos de los consumidores y en la acción reguladora de los poderes públicos en consonancia con aquellos derechos. En desarrollo de este precepto constitucional se dictó la Ley 26/ 1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ley dictada con cierto apresuramiento como consecuencia del conflicto social que supuso el síndrome tóxico producido por el aceite de colza adulterado, verdadero toque de atención sobre la necesidad de garantizar a los ciudadanos un mínimo de seguridad en relación con el consumo. La Ley fue objeto de varias modificaciones, la mayoría para integrar Directivas comunitarias.

4) Artículo 148.1.10 CE: este artículo permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales termales. Aquí hay que tener en cuenta que, en el término podrán con que se inicia el precepto se identifica el principio dispositivo según el cual el Estatuto, de acuerdo con el artículo 147.2.d) asume competencias dentro de la lista de materias posibles o sólo algunas, hacerlo en términos de exclusividad o de compartición y arrogarse todas las materias asumidas o sólo algunas. Téngase en cuenta que este artículo es, en realidad una disposición transitoria. Es la lista de competencias que podrían asumir inicialmente las Comunidades Autónomas de segundo grado, esto es, las que accedieron a la autonomía a través del artículo 143 CE.

5) Artículo 149.1.22 CE: este artículo hay que relacionarlo con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el cual, aunque está derogado en lo referente a procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de autorizaciones de vertido de aguas continentales de cuencas intracomunitarias por disposición derogatoria única Se exceptúan de la derogación establecida los preceptos de esta Ley 16/2002, que regulan la existencia de los requisitos establecidos en el legislación sectorial aplicable. La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en la redacción dada por la Ley 6 /2001, de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto Ambiental, autoriza al Gobierno para que, en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, dicte un Real Decreto Legislativo en el que se refunda y adapte la normativa legal existente en materia de aguas.

Para ello, se hace preciso incorporar las modificaciones que en el texto de la Ley de Aguas, se introducen por la propia Ley 46/1999, antes citada y por la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, de 29 de noviembre, en la que se estiman parcialmente tanto los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Aguas, como el conflicto positivo de competencias planteado contra determinados preceptos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; por la disposición adicional 9ª 2 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que modifica los apartados 1º, segundo párrafo y 2º, del artículo 109 de la Ley de Aguas en materia de sanciones; etcétera.

En consecuencia, se ha elaborado un Texto Refundido de la Ley de Aguas, que se incorpora a este Real Decreto Legislativo y que tiene por objeto, en cumplimiento del mandato legal, recoger las modificaciones que han quedado detalladas.

6) Directiva Europea de Energías renovables: Es necesario instaurar acciones más concretas con el fin de aprovechar el gran potencial de ahorro de energía aún sin realizar en los edificios y reducir las grandes diferencias que existen entre Estados miembros en este sector. Las medidas para mejorar más la eficiencia energética de los edificios deben tener en cuenta las condiciones climáticas y las particularidades locales, así como el entorno ambiental interior y la rentabilidad en términos de coste- eficacia Dichas medidas no deben afectar a otros requisitos aplicables a los edificios, tales como la accesibilidad, la seguridad y el uso previsto del edificio.  La eficiencia energética de los edificios debe calcularse con una metodología que puede ser diferente a escala nacional y regional. En ella se incluyen no solo las características térmicas, sino también otros factores que desempeñan un papel cada vez más importante, tales como las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, la utilización de energía procedente de fuentes renovables, los elementos pasivos de calefacción y refrigeración, el sombreado, la calidad del aire interior, la adecuada iluminación natural y el diseño del edificio. Es necesario contemplar la posibilidad de que los Estados miembros revisen periódicamente sus requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios, en vista del progreso técnico. El objetivo de alcanzar niveles rentables u óptimos de eficiencia energética puede justificar en determinadas circunstancias (por ejemplo, por diferencias climáticas) el establecimiento por los Estados miembros de requisitos de rentabilidad o de rentabilidad óptima para elementos de los edificios que, en la práctica, limitarían la instalación de productos de construcción que cumplan las normas establecidas por la legislación de la Unión, siempre que dichos requisitos no constituyan trabas injustificadas al mercado. Al establecer requisitos de eficiencia energética para instalaciones técnicas de los edificios, los Estados miembros deben utilizar, cuando existan y proceda, instrumentos armonizados, en particular métodos de ensayo y cálculo y clases de eficiencia energética desarrollados con arreglo a las medidas de aplicación de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía y la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada, para garantizar la coherencia con iniciativas conexas y reducir al mínimo posible una posible fragmentación del mercado. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El término «incentivo» que se emplea en la presente Directiva no debe interpretarse, por tanto, como constitutivo de ayuda pública. La Comisión debe establecer un marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética. Los Estados miembros deben utilizar este marco para comparar los resultados con los requisitos mínimos de eficiencia energética por ellos adoptados. De existir discrepancias importantes, es decir que superen un 15 %, entre los niveles óptimos de rentabilidad calculados de los requisitos mínimos de eficiencia energética y los requisitos mínimos de eficiencia energética vigentes, los Estados miembros deben justificar la diferencia o prever las medidas pertinentes para reducir la discrepancia. Los Estados miembros han de determinar el ciclo de vida útil estimada de un edificio o de uno de sus elementos, teniendo en cuenta la práctica y la experiencia actuales en la definición de ciclos de vida útil típicos. Los resultados de esta comparación, así como los datos usados para llegar a aquellos, deben ser comunicados periódicamente a la Comisión. Tal información debe permitir a la Comisión evaluar los progresos de los Estados miembros hacia unos niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética e informar acerca de dichos progresos.

8) Directiva europea sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (2004/17/CE): La Directiva 2004/17/CE, relativa a los «sectores especiales» del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (conocida como «sectores especiales») se aplicará a los contratos públicos celebrados por un poder adjudicador en los sectores en cuestión para suministros; servicios y obras que no estén excepcionalmente excluidos por la propia Directiva. Aunque, a diferencia de la Directiva «clásica», no se aplicará a las concesiones de las obras. En cuanto al ámbito de aplicación, hay que destacar en la sección de entidades adjudicadoras que la Directiva «sectores especiales» se aplica a: cualquier poder adjudicador o empresa pública  que ejerza sus actividades en uno de los ámbitos siguientes: el gas, la electricidad, el agua, los servicios de transporte, los servicios postales, la extracción de combustibles o la puesta a disposición de puertos o aeropuertos; cualquier entidad adjudicadora que, sin ser poder adjudicador ni empresa pública, ejerza una (o varias) de las actividades mencionadas y tenga derechos especiales o exclusivos concedidos por una autoridad competente de un Estado miembro, como los definidos por la Directiva. Dentro de este ámbito de aplicación, en cuanto a las actividades reguladas, la Directiva se aplicará a las actividades siguientes: La puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio público en el ámbito de la producción, el transporte o la distribución de gas, calor o electricidad, o el suministro de gas, calor o electricidad a dichas redes; la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio público en el ámbito de la producción, el transporte o la distribución de agua, o el suministro de agua a dichas redes; cuando la entidad adjudicadora opere en el sector del agua potable, los contratos o concursos relacionados con la irrigación, el drenaje o los proyectos de ingeniería hidráulica, así como los contratos vinculados a la evacuación o el tratamiento de las aguas residuales; la puesta a disposición o la explotación de redes destinadas a prestar un servicio público en el ámbito del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable. Se excluye del ámbito de aplicación de la Directiva el transporte público en autobús cuando otras entidades presten este servicio libremente en las mismas condiciones que las entidades adjudicadoras, de manera general o en una zona geográfica específica; el suministro de servicios postales; éstos incluyen: los servicios postales reservados en el sentido de la Directiva 97/67/CE, así como los servicios postales que no pueden estar reservados de acuerdo con esa misma Directiva.

9) Directiva europea de eficiencia energética de los edificios: La presente Directiva tiene por objeto promover la eficiencia energética de los edificios, y la eficiencia energética integrada de los edificios o de las unidades del edificio. En cuanto a la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar, a nivel nacional o regional, una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios que tiene en cuenta determinados elementos, en especial: las características térmicas del edificio (capacidad térmica, aislamiento, etc.); la instalación de calefacción y de agua caliente; las instalaciones de aire acondicionado; la instalación de iluminación incorporada; las condiciones ambientales interiores. La influencia positiva de otros elementos como la exposición solar local, la iluminación natural, la producción eléctrica por cogeneración y los sistemas de calefacción y refrigeración urbanos o colectivos también se tienen en cuenta. En cuanto a la fijación de requisitos mínimos, los Estados miembros tienen la obligación de establecer, con arreglo a la metodología de cálculo anteriormente citada, requisitos mínimos en materia de eficiencia energética para alcanzar niveles óptimos en términos de costes. El nivel de estos requisitos se revisa cada cinco años. Cuando fijan los requisitos mínimos, los Estados miembros pueden hacer una distinción entre edificios nuevos y edificios existentes y entre diferentes categorías de edificios. Los edificios nuevos deben respetar estas exigencias y, antes del inicio de su construcción, ser objeto de un estudio de viabilidad relativo a la instalación de sistemas de abastecimiento de energías renovables, bombas de calor, sistemas de calefacción y refrigeración urbano o colectivo y sistemas de cogeneración. Los edificios existentes, cuando son objeto de trabajos de renovación importantes, deben beneficiarse de una mejora de su eficiencia energética de tal forma que pueda satisfacer igualmente los requisitos mínimos. Quedan excluidos de la aplicación de los requisitos mínimos: los edificios protegidos oficialmente (por ejemplo, edificios históricos); los edificios utilizados como lugares de culto; las construcciones provisionales; los edificios residenciales destinados a una duración de uso anual limitada; los edificios independientes de una superficie útil total inferior a 50 m2. Cuando son de instalación nueva, se sustituyen o modernizan, los sistemas técnicos del edificio como los sistemas de calefacción, agua caliente, climatización y grandes instalaciones de ventilación también deben cumplir los requisitos en materia de eficiencia energética. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que cuando se proceda a la sustitución o mejora de los elementos de un edificio que integren la envolvente del edificio y que repercutan de manera significativa en la eficiencia energética de dicha envolvente (por ejemplo, marcos de ventana), se fijen unos requisitos mínimos de eficiencia energética para ellos, con el fin de alcanzar unos niveles óptimos de rentabilidad. Siempre que se reconstruye o renueva un edificio, la presente Directiva fomenta la introducción de sistemas inteligentes de medición del consumo de energía, con arreglo a la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En cuanto al objetivo de realizar edificios de consumo de energía casi nulo, a partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deben tener un consumo de energía casi nulo. Los nuevos edificios que estén ocupados y que sean propiedad de las autoridades públicas deben cumplir los mismos criterios después del 31 de diciembre de 2018. En cuanto a los certificados de eficiencia energética, los Estados miembros deben poner en marcha un sistema de certificación de la eficiencia energética de los edificios. Esto último incluye, en especial, la información sobre el consumo energético de los edificios, así como las recomendaciones relativas a la mejora de los costes. En cuanto a los edificios con una superficie total superior a 500 m² que estén ocupados por una autoridad pública y los edificios con una superficie total superior a 500 m² que reciban visitas frecuentes del público, se colocará el certificado de eficiencia energética en un sitio claramente visible.

8) Ley 31/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público en los sectores del agua, de la energía, los transportes y los servicios postales: con esta Ley se ha producido la transposición al ordenamiento /jurídico español la Directiva 2004/17/CE, de contratos en sectores especiales, y en la que se trata de dar una regulación general y unánime en todos los países miembros en la Unión Europea. Respecto del ámbito de actividades cubierto cabe resaltar que dejan de estar sometidas a la ley las actividades desarrolladas en el sector de las telecomunicaciones, al constituir un sector liberalizado, y se incorpora a la misma el sector de los servicios postales. La nueva Directiva en aquellos aspectos básicos conserva la regulación anterior, referida a los sectores cubiertos por la misma, e incorpora nuevas técnicas de contratación basadas fundamentalmente en el uso de los medios electrónicos y de las comunicaciones aplicados a los procedimientos de adjudicación de los contratos, conservando la necesaria aplicación de los principios derivados del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas de igualdad de trato. 

La ley recoge en el Titulo preliminar su objeto y las definiciones adecuadas a los diferentes conceptos manejados a lo largo del texto legislativo de tal manera que se respeten las interpretaciones comunitarias originarias de la Directiva 2004/17/CE. El ámbito subjetivo de la ley, tal como especifica el Capitulo I del mismo Título I, se proyecta sobre las entidades públicas y privadas, exceptuándose sin embargo las Administraciones públicas y los Organismos autónomos. Ello es plenamente compatible con el Derecho comunitario, ya que esta opción garantiza obviamente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación en materia contractual al exigirse con mayor rigor en la esfera estrictamente administrativa. La ley define en el Titulo I, con estricta fidelidad al contenido de la Directiva 2004/17/CE, su ámbito objetivo de aplicación, concretando tanto la naturaleza de los contratos que regula como el contenido material de los mismos. Igualmente, se recogen los principios que regirán la contratación con especial referencia al tratamiento de la confidencialidad y se establecen los requisitos relativos a la capacidad de los operadores económicos. En el Titulo III la Ley precisa las exigencias y particularidades de la documentación de los contratos. El Titulo IV establece los requisitos de adecuación y objetividad de los criterios de selección cualitativa. El Titulo V recoge bajo la denominación de nuevas técnicas de contratación relacionadas con las nuevas técnicas electrónicas de compra. Dichas técnicas permiten ampliar la competencia y mejorar la eficacia del sistema público de compras a través de la posibilidad de que las entidades contratantes recurran a centrales de compras, a sistemas dinámicos de adquisición y/o a subastas electrónicas.

En cuanto a los criterios de adjudicación de los contratos, la ley sigue los criterios tradicionales de adjudicación de la contratación pública. El Titulo VII recoge nuevamente, y con escasas variaciones con respecto a la ley anterior que aclaran su contenido, la Directiva 92/13/CEE y tiene por objeto garantizar la aplicación, mediante diversas medidas, de los procedimientos de adjudicación regulados en el Titulo anterior. La ley contiene, en su disposición adicional segunda una enumeración de entidades contratantes que se consideran sujetas a la misma. Estas entidades se incluyen unas veces de forma individual y otras de forma genérica, suficiente en todo caso para su identificación, por su pertenencia a una categoría, ante la imposibilidad de llegar a una relación exhaustiva, habilitando al Ministro de Economía y Hacienda para modificar la lista de entidades contratantes. Esta Ley por tanto es un buen reflejo de la Directiva 2004/17/CE cuando trata de fijar las características de los contratos del sector público en los ámbitos de la energía. Hay que tener presente que la Directiva que regula este tipo de contratos se realizó con el objetivo de que todos los contratos en esta materia en los países pertenecientes a la Unión Europea tuvieran una regulación muy similar, para evitar la confusión de las empresas a la hora de contratar con el sector público dependiendo con el país en que se hiciese el contrato.

9) Ley del Sector Eléctrico: El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la competitividad de buena parte de nuestra economía. El desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de aprovisionamiento de materias primas determinan la evolución de otros sectores de la industria.

La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas las características de este sector económico. Sin embargo, a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional.

El presente Texto Legal también supone la plasmación normativa de los principios del Protocolo suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y las principales empresas eléctricas el 11 de diciembre de 1996. El sector eléctrico tiene unas características de complejidad técnica que hacen necesario garantizar que su funcionamiento en un marco liberalizado se produzca sin abusos de posiciones de dominio y con respeto estricto a las prácticas propias de la libre competencia.  

7) Circular 6/2012, de la Comisión Nacional de la Energía: regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. En su Exposición de Motivos, esta Ley nos dice que la disposición adicional undécima, apartado tercero, punto 1, función séptima, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector Hidrocarburos, establece que la Comisión Nacional de Energía podrá dictar las circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los reales decretos y las órdenes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se dicten en desarrollo de la normativa energética, siempre que estas disposiciones se habiliten de modo expreso para ello. La Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia, tiene por objeto fomentar la contribución de estas fuentes de energía a la producción de electricidad así como facilitar el comercio de electricidad producida a partir de tales fuentes. El objeto de esta circular es el de establecer las normas de organización y funcionamiento del Sistema de Garantía de origen de la electricidad procedente de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.

7) Real Decreto Ley 1/2012: En los últimos años, el crecimiento que las tecnologías incluidas en el régimen especial ha permitido superar con creces en 2010 los objetivos de potencia instalada previstos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 para la tecnología eólica y en particular para las tecnologías solar termoeléctrica y solar fotovoltaica. Este elevado desarrollo no está exento, sin embargo, de crítica. La superación de los objetivos, ha puesto de manifiesto un desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las primas, suponiendo un incremento del sobrecoste para el sistema en concepto de primas para las tecnologías solares de más de 2000 millones en 2010, cifra que se incrementará en 2000 millones de euros anuales a partir de 2014. El Real Decreto-ley 6/2009 de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, estableció límites para acotar el incremento del déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sector eléctrico que deben cubrir. De este modo el citado real decreto-ley establece, a partir de 2013, el principio de suficiencia de los peajes de acceso para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas de modo que, a partir de dicho momento, no pueda aparecer déficit tarifario.

Por otro lado, los objetivos de potencia para el año 2020 recogidos en el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables permiten al Gobierno disponer de un holgado margen de maniobra en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables desde el momento actual. A ello hay que añadir que la capacidad de generación instalada en este momento es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista para los próximos años. Así, no resulta imprescindible en este momento continuar con las tasas anuales de implantación de estas tecnologías para lograr al final de la década los objetivos previstos.

4.- Política energética.

El Tratado de Lisboa sitúa a la energía en el centro de la actividad europea. De hecho, dota a la energía de una nueva base jurídica que no poseía en los tratados precedentes (artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)). Los instrumentos basados en el mercado (esencialmente tasas, subvenciones y régimen de intercambio de derechos de emisiones de CO2), el desarrollo de las tecnologías energéticas (en particular las tecnologías dedicadas a la eficiencia energética y a las energías renovables, o las tecnologías con bajas emisiones de carbono) y los instrumentos financieros comunitarios apoyan concretamente la consecución de los objetivos políticos. Por otra parte, en diciembre de 2008 la UE adoptó un conjunto de medidas cuyo objetivo es reducir la contribución al calentamiento global y garantizar el abastecimiento energético. Aquí vamos a empezar hablando de la Estrategia para una energía sostenible, competitiva y segura. Los objetivos de la presente comunicación se inscriben en el marco de la Estrategia 2020 de la Unión Europea (UE), así como en la iniciativa «una Europa que utilice eficazmente sus recursos». Su propósito es modificar sustancialmente la forma en que Europa produce y consume la energía y al mismo tiempo dar continuidad a los resultados ya obtenidos en materia de política energética. Los sectores de la construcción y los transportes presentan un potencial de ahorro energético considerable. Para capitalizar eficazmente este potencial, sería preciso:

  1. acelerar el ritmo de las renovaciones;
  2. establecer criterios energéticos en todos los contratos públicos de obras, servicios y productos;
  3. diseñar programas financieros que contemplen proyectos de ahorro energético de manera específica;
  4. mejorar la sostenibilidad de los transportes;
  5. reducir la dependencia del petróleo.

En cuanto a reforzar los vínculos exteriores, la presente estrategia pretende, por un lado, consolidar el mercado interior, y por otro, fomentar la participación de los países vecinos en el mismo. Para alcanzar estos objetivos es preciso armonizar los acuerdos internacionales vigentes y las normas por las que se rige el mercado interior, para de este modo reforzar la cooperación entre Estados miembros mediante el establecimiento de nuevos acuerdos. La UE pretende desempeñar un papel importante en la promoción de un futuro energético con bajas emisiones de carbono a nivel mundial. Entre otras medidas, prevé establecer una intensa cooperación con África en materia de energía sostenible. Entre las prioridades de la UE se encuentra, además, la promoción de normas jurídicas vinculantes en materia de seguridad, protección y no proliferación nuclear. La consecución de dicho objetivo implica una intensificación de la cooperación de la UE con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (EN) y la firma de acuerdos Euratom con los principales proveedores y países usuarios de la energía nuclear.

Para respaldar el desarrollo de un proyecto, podrá prestarse una ayuda técnica a las autoridades locales, regionales o nacionales. Uno o varios intermediarios financieros se encargarán de poner en marcha este instrumento. La Comisión velará por que los costes vinculados a estas operaciones sean limitados. En cuanto al presupuesto, la dotación financiera de 3980 millones de euros estará destinada a los tres subprogramas y al instrumento financiero según el desglose siguiente: los proyectos de infraestructuras de gas y electricidad recibirán 2267 millones de euros; los proyectos de energía eólica marina recibirán 565 millones de euros; los proyectos de captura y almacenamiento de carbono recibirán 1000 millones de euros; el instrumento financiero recibirá 146 millones de euros.

En este apartado hemos de hablar también del Séptimo Programa Marco (2007-2013), en el cual, la investigación forma parte del «triángulo del conocimiento» que debe impulsar el crecimiento y el empleo de la Unión Europea (UE) en una economía mundializada. El Séptimo Programa Marco de investigación, que abarca el período 2007-2013, ofrece a la UE la ocasión de poner su política de investigación a la altura de sus ambiciones económicas y sociales mediante la consolidación del Espacio Europeo de la Investigación. Para alcanzar este objetivo, la Comisión desea aumentar el presupuesto anual de la UE en materia de investigación y, de este modo, atraer más inversiones nacionales y privadas. Durante su aplicación, el Séptimo Programa marco también debe responder a las necesidades, en términos de investigación y conocimiento, de la industria y de forma más general de las políticas europeas. El Programa se articula alrededor de cuatro programas principales y se ha simplificado en gran parte para ser más accesible a los investigadores y más eficaz. Este programa marco contiene cuatro programas específicos principales, en los cuales el objetivo del programa Cooperación se centra en estimular la cooperación y reforzar los vínculos entre la industria y la investigación en un marco transnacional. Pretende construir y consolidar un liderazgo europeo en ámbitos clave de la investigación. Incluye nueve campos temáticos, autónomos en su gestión pero complementarios en su aplicación: salud; alimentos, agricultura y biotecnología; tecnologías de la información y la comunicación; nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción; energía; medio ambiente (incluido el cambio climático); transporte (incluida la aeronáutica); ciencias socioeconómicas y humanidades; la seguridad y el espacio.

El programa Ideas debe servir para reforzar la investigación exploratoria en Europa, es decir, el descubrimiento de nuevos conocimientos que cambian fundamentalmente nuestra visión del mundo y nuestro modo de vida. Para ello, el nuevo Consejo Europeo de la Investigación apoyará los proyectos de investigación más ambiciosos y más innovadores. Un consejo científico definirá de forma autónoma las prioridades y estrategias científicas de esta nueva estructura a la cabeza de la investigación europea con el objetivo de reforzar la excelencia de la investigación europea favoreciendo la competencia y la asunción de riesgos. El programa Personas moviliza importantes recursos financieros para mejorar las perspectivas de carrera de los investigadores en Europa y atraer más jóvenes investigadores de calidad. La Comisión desea fomentar la formación y la movilidad para explotar todo el potencial del personal investigador en Europa. Este programa se basa en el éxito de las acciones Marie Curie que ofrecen desde hace varios años posibilidades de movilidad y formación a los investigadores europeos. El programa Capacidades debe ofrecer a los investigadores herramientas potentes para poder reforzar la calidad y la competitividad de la investigación europea.

El Séptimo Programa Marco retoma numerosos elementos de programas anteriores que tuvieron una repercusión positiva en la investigación europea. Es el caso de los proyectos realizados por grupos de socios europeos que seguirán siendo el centro del programa marco. Del mismo modo, la Comisión inscribe el programa marco en el Espacio Europeo de la Investigación, que reagrupa todas las actividades de la UE en este ámbito. La prolongación del programa de cuatro a siete años simboliza la voluntad de actuar a largo plazo para impulsar la Europa de la investigación. Sin dejar de conservar los mejores aspectos de los programas anteriores, el Séptimo Programa Marco de investigación introduce nuevas medidas para mejorar la coherencia y la eficacia de la política de investigación de la UE. Las principales innovaciones aportadas por este programa marco son:

  1. la simplificación de los procedimientos de participación en el programa;
  2. la aplicación del programa y su presupuesto por temas y no por instrumentos, para una acción más coordinada y más eficaz;
  3. la creación del Consejo Europeo de la Investigación en el marco del programa Ideas para apoyar la investigación exploratoria;
  4. las cooperaciones reforzadas con la industria a través de las «iniciativas tecnológicas conjuntas» que combinarán inversión privada y financiación pública;
  5. el apoyo de una política europea de las infraestructuras de investigación;
  6. la creación de un «mecanismo de financiación del riesgo compartido» para facilitar el acceso de los participantes a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

Desde 1984, los distintos programas marco de investigación han aumentado el número de procedimientos administrativos y financieros que encuadran la acción de la UE en materia de investigación. La Comisión desea mantener el esfuerzo de simplificación lanzado en el último programa marco para mejorar la eficacia de la financiación y la gestión de los proyectos de investigación. Las medidas específicas para simplificar la aplicación del programa marco implican: la racionalización de los sistemas de financiación con una elección reducida de instrumentos para una mayor coherencia en la financiación; el uso de un lenguaje más simple y menos burocrático para que la opinión pública pueda comprenderlo; la reducción del número y del tamaño de los documentos oficiales; la simplificación de las gestiones exigidas por parte de los participantes; la reducción de los controles preparatorios antes de la aprobación de un proyecto; mayor autonomía de los grupos asociados; la simplificación del proceso de selección de proyectos.

La interdependencia entre Estados es cada vez más fuerte. Por este motivo, el abastecimiento energético debe considerarse una prioridad en las relaciones internacionales. La Comunidad de la Energía supone la creación de un mercado integrado de la energía en Europa meridional. Este mercado, que está sujeto a las normas de la Unión Europea, debería ampliarse, en un principio, a países tales como Ucrania, la República de Moldavia y Turquía, lo cual contribuirá a la aplicación del acervo comunitario en materia energética y a la seguridad energética de estos países. Rusia constituye un socio estratégico fundamental en el ámbito energético. Por ello, es importante consolidar esta asociación, para que sea más estable. El nuevo acuerdo de colaboración y de cooperación, que en estos momentos está en curso de negociación, debería incluir disposiciones jurídicamente vinculantes en el ámbito de la energía. Asimismo, es importante intensificar las relaciones en el campo de la energía con África del Norte, dado el importante potencial energético de esta región. En este contexto, se prevé la construcción de un gasoducto transahariano.

En cuanto al mayor aprovechamiento de los recursos energéticos interiores de la Unión Europea, la UE produce un 46% del total de la energía que consume. En estos momentos, el 9% de la energía consumida en el interior de la UE procede de fuentes renovables y la UE quiere ampliar este porcentaje a un 20% de aquí a 2020. Con el fin de fomentar las energías renovables, la Comisión presentará una comunicación sobre la supresión de los obstáculos a los que se enfrentan. Además, se colaborará con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BEIRD) y otras instituciones financieras en la elaboración de la iniciativa de financiación en pro de la energía sostenible. Por otra parte, la Comisión va a presentar las siguientes propuestas: una comunicación sobre la financiación de tecnologías energéticas con baja emisión de carbono; una comunicación sobre la capacidad de refinado y la demanda de petróleo en la UE; una propuesta de revisión de la directiva por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear. l suministro estratégico, una reducción concreta de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la producción o el consumo de energía, así como la afirmación de una voz única de la UE en el ámbito internacional.

Ahora se va a hablar de los fundamentos de una política europea de la energía. La Unión Europea ha de responder a verdaderos retos energéticos, tanto en lo que se refiere a la sostenibilidad y a las emisiones de gases de efecto invernadero, como a la seguridad del suministro y a la dependencia respecto de sus importancias, sin olvidar la competitividad y la plena realización del mercado interior de la energía. Definir una política europea de la energía resulta la respuesta más eficaz a esos retos, que constituyen un denominador común para el conjunto de los Estados miembros. La UE se propone provocar una nueva revolución industrial y crear una economía de alta eficiencia energética y baja emisión de CO2. Para ello ha definido varios grandes objetivos energéticos.

La utilización de energías renovables (energía eólica, solar y fotovoltaica, biomasa y biocarburantes, calor geotérmico y bombas de calor) contribuye indiscutiblemente a limitar el cambio climático. Por otra parte, favorece también la seguridad del suministro energético, así como el crecimiento y la creación de empleo en Europa, merced al aumento de la producción y del consumo de energía local. Las fuentes de energía renovables siguen siendo marginales en la combinación energética europea, ya que su coste continúa siendo superior al de las fuentes de energía tradicionales. Para una mayor aceptación de las energías renovables, la UE ha adoptado, en su programa de trabajo al respecto, el objetivo vinculante de aumentar su porcentaje de energías renovables a un 20 % de su combinación energética de aquí al año 2020. Para alcanzar ese objetivo serán precisos avances en los tres sectores a los que más afectan las fuentes de energía renovables: la electricidad (aumentar la producción de electricidad a partir de energías renovables y autorizar la producción de electricidad sostenible a partir de combustibles fósiles, gracias, en particular, al establecimiento de sistemas de captura y almacenamiento de CO2); los biocarburantes, que deberán representar, de aquí al año 2020, un 10 % de los combustibles destinados a los vehículos; y, por último, los sistemas de calefacción y de refrigeración.

La elaboración de una política europea de la energía fue una de las bases del proyecto europeo, con los Tratados CECA (Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero) en 1951 y Euratom (Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica) en 1957. Pese a los cambios económicos y geopolíticos que se han producido desde entonces, esta política sigue siendo ineludible. El paquete sobre energía presentado por la Comisión Europea el 10 de enero de 2007 se inscribe en la dinámica iniciada por el Libro Verde sobre una estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura de marzo de 2006, y reubica la energía en el centro de la acción europea. Basándose en las medidas propuestas en el paquete sobre la energía, los Jefes de Estado o de Gobierno adoptaron el 9 de marzo de 2007, con motivo del Consejo Europeo de primavera, un plan de acción global en el ámbito de la energía para el período 2007-2009.tica, la investigación y la política exterior deben contribuir a impulsar en Europa un sector energético con peso en el contexto internacional. El primer paso para construir una política energética común es desarrollar los mercados interiores del gas y de la electricidad. La apertura de los mercados significa garantizar una competencia leal entre las empresas en el ámbito europeo para dotar a Europa de una energía más segura y competitiva. A partir de julio de 2007, los consumidores tendrán derecho, asimismo, a escoger entre los distintos proveedores de gas y electricidad existentes en Europa. Cada Estado miembro es libre de escoger su combinación energética global entre las distintas fuentes de energía disponibles; las decisiones tomadas en este sentido por los diferentes Estados miembros revestirán gran importancia para la seguridad energética de Europa, y podrían coordinarse, además, a escala europea mediante una Revisión estratégica de la política energética de la UE. Esta revisión permitiría a los Estados miembros escoger su combinación energética dentro de un marco europeo claro, que tendría en cuenta las diferentes posibilidades de abastecimiento y su impacto sobre la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad de la energía en la UE. La revisión serviría asimismo de base para facilitar un debate transparente y objetivo sobre el papel futuro de la energía nuclear en Europa, así como para definir objetivos estratégicos para la combinación energética global de la UE.

5.- Mercado interior.

Dadas las deficiencias en el funcionamiento del mercado interior de la electricidad, la Comisión Europea ha considerado necesario redefinir las normas y medidas aplicables en él al objeto de garantizar una competencia leal y una protección adecuada de los consumidores. La presente Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo tiene como objetivo establecer normas comunes en materia de generación, transporte, distribución y suministro de electricidad. También define las obligaciones de servicio universal y los derechos de los consumidores, y aclara las obligaciones en materia de competencia. Las normas de organización del sector tendrán por objetivo la consecución de un mercado de la electricidad competitivo, seguro y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas obligaciones de servicio público en relación con la seguridad, incluida la seguridad del suministro, la regularidad, la calidad y el precio de los suministros, así como la protección del medio ambiente, incluida la eficiencia energética. Los Estados miembros garantizarán la existencia de un mecanismo independiente, como un defensor del pueblo para la energía o un órgano de los consumidores, encargado de tramitar eficazmente las reclamaciones y la solución extrajudicial de conflictos. Los Estados miembros también se harán cargo de supervisar los aspectos relacionados con la seguridad del suministro. Definirán criterios técnicos de seguridad para garantizar la integración de sus mercados nacionales a uno o más niveles regionales. Además, las autoridades reguladoras nacionales cooperarán con la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para garantizar la compatibilidad de los marcos reguladores entre las regiones.

Los Estados miembros fijarán los criterios para la construcción de instalaciones generadoras en su territorio tomando en consideración los siguientes elementos:

  1. la seguridad y la protección de las redes eléctricas;
  2. la protección de la salud y la seguridad públicas;
  3. la contribución para cumplir los objetivos “20-20-20”de la Comisión.

A partir del 3 de marzo de 2012, los Estados miembros han tenido que garantizar la separación entre las redes de transporte y sus gestores. Las empresas tendrán que ser previamente autorizadas y designadas como gestores de la red de transporte. Después se publicará una lista de los gestores de la red de transporte designados por los Estados miembros en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Las redes europeas de transporte de energía deben ser sometidas a una profunda transformación, con el fin de adaptarlas a las crecientes necesidades de una Unión Europea ampliada y a los objetivos climáticos y energéticos fijados por la Comisión. Así pues, las redes transeuropeas de energía necesitan nuevas interconexiones así como fuentes de financiación diversificadas para consolidar una red energética europea más segura y solidaria. La dimensión exterior es otro elemento fundamental para el desarrollo de las redes de energía. El mercado interior energético depende en gran medida de las importaciones y, por tanto, será necesario integrar nuevas rutas de importación en la red procedentes de:

  1. Asia Central;
  2. Mar Caspio;
  3. Oriente Medio;
  4. África.

6.- Eficiencia energética.

Aquí se van a tratar varios puntos, empezando por el Plan de Eficiencia Energética 2011. La eficiencia energética se considera un elemento fundamental de la política energética europea. Por ello, constituye una de las piedras angulares de la Estrategia 2009 de la Unión Europea (UE). El presente Plan propone algunas pistas para lograr una transición hacia una economía más eficiente en materia de utilización de recursos energéticos. El acto relativo al mismo es la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones de 8 de marzo de 2011 denominada «Plan de Eficiencia Energética 2011». El Plan de Eficiencia Energética 2011 se inscribe en el objetivo del 20 % de la Unión Europea (UE) (que pretende reducir el consumo de energías primarias) y en la Estrategia Energía 2020. Su objetivo es:

  1. promover una economía que respete los recursos del plantea;
  2. crear un sistema que genere pocas emisiones de carbono;
  3. mejorar la independencia energética de la UE;
  4. reforzar la seguridad del abastecimiento energético.

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión Europea propone actuar a distintos niveles. En cuanto a favorecer el bajo consumo de energía en el sector de la construcción, el Plan insiste en la necesidad de aplicar medios que permitan reducir el consumo final de energía en la construcción, en la medida en que este sector es responsable de cerca del 40 % del consumo final de energía en Europa. Sin embargo, destaca varios obstáculos como la «división de incentivos» que impiden la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Para promover eficazmente un consumo bajo de energía en el sector de la construcción, también es necesario adaptar la formación de los profesionales como los arquitectos, los ingenieros y los técnicos, en el marco de la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», por ejemplo. Además, el Plan evoca la posibilidad de que las empresas de servicios energéticos (ESE) ayuden financieramente a los poderes públicos a modernizar los edificios para que necesiten menos energía. La Comisión quiere fomentar la construcción de nuevas capacidades e infraestructuras de producción para sustituir a los antiguos equipos. Las nuevas infraestructuras deben ajustarse a los requisitos de la Directiva relativa al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de la Directiva sobre las emisiones industriales. Asimismo, es crucial instaurar un sistema eficaz de recuperación de las pérdidas de calor derivadas de la producción de electricidad y de producción industrial, así como valorizar el principio de cogeneración.

La Comisión también propone crear instrumentos que permitan aportar un valor financiero al ahorro energético y vincular los beneficios de los servicios de distribución (proveedores y distribuidores) con la eficiencia energética y no con el volumen de energía suministrada. La Comisión propone, en un primer momento, reforzar el planteamiento de la Directiva «Diseño ecológico» y establecer normas más rigurosas para calderas de calefacción, los calentadores de agua y los ordenadores, por ejemplo.

A) Medidas para mejorar la eficiencia energética de los productos: La Comisión ha presentado una Propuesta de Directiva por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los productos relacionados con la energía, destinada a ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico. También se ha presentado una propuesta de revisión de la Directiva 92/75/CEE sobre el etiquetado energético. Este paquete de medidas incluye asimismo otra propuesta destinada a la creación de un sistema de etiquetado de neumáticos. Se adoptarán medidas de diseño ecológico en la iluminación (bombillas, aparatos eléctricos, fuentes de alimentación externas, etc.)

B) Cogeneración: Se reforzará la Directiva actual sobre cogeneración. En una futura comunicación se explorarán nuevas posibilidades de fomento de la cogeneración.

C) Financiación: Cada vez son más los proyectos de desarrollo urbano y renovación relacionados con la eficiencia energética. Para promover este tipo de proyectos, es preciso instaurar un marco de financiación bien coordinado. En este sentido, la Comisión colabora con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para crear una iniciativa de financiación de la UE para las energías sostenibles. En el marco de la Estrategia de Lisboa revisada, la Comisión procurará igualmente que se destinen más fondos públicos a proyectos orientados a luchar contra el cambio climático. En el contexto de crisis económica que atraviesan actualmente los Estados miembros, la Comisión trabaja en estrecha colaboración con éstos en el desarrollo de nuevas oportunidades económicas para favorecer las tecnologías asociadas a la eficiencia energética y ecológica, por ejemplo en el sector de la construcción y en el de la contaminación producida por los automóviles. También se ha previsto una desgravación fiscal en materia energética.

D) Evaluación delplan de acción para la eficiencia energética: En 2009 se evaluará el plan actual 2007-2012, con la finalidad de presentar un plan de acción revisado. La evaluación abordará los potenciales de ahorro energético y la relación coste-eficacia de los instrumentos estratégicos. Se prevé integrar la eficiencia energética en el contexto, más amplio, de la política energética y en el paquete de medidas sobre la energía y el clima. Se espera que para 2030, o incluso para 2050, las medidas adoptadas sean más exigentes. El plan revisado se centrará en los sectores del abastecimiento, la transmisión y el consumo de energía.

La eficiencia energética es un área prioritaria en las relaciones con terceros países. También constituye una prioridad en las relaciones con los países candidatos a la adhesión y en la política de vecindad y regional. Por otro lado, en junio de 2008 se creó una asociación internacional para la cooperación en materia de eficiencia energética en la que participan el G8 y la Comunidad.

La necesidad de aumentar la eficiencia energética forma parte de los objetivos de la iniciativa “20-20-20” para 2020, consistente en reducir un 20% el consumo de energía primaria de la Unión Europea; reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero; y elevar la contribución de las energías renovables al 20% del consumo.

7.- Dominio público hidráulico.

El dominio público está constituido por el conjunto de bienes que siendo propiedad de un ente público están afectos a un uso público (plaza o calle), a un servicio público (edificios oficiales) o al fomento de la riqueza nacional (aguas, montes), tal y como se recoge en la Constitución, que indica que será cada Ley la que determine estos bienes.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, constituyen el dominio público hidráulico, entre otros bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos. Se consideran como dominio privado, los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales, en tanto atraviesen desde su origen, únicamente, fincas de propiedad particular. Hay que tener en cuenta que este Real Decreto Legislativo está derogado en lo referente a procedimientos de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de autorizaciones de vertido de aguas continentales de cuencas intracomunitarias por disposición derogatoria única. Se exceptúan de la derogación establecida los preceptos de esta Ley 16/2002, que regulan la existencia de los requisitos establecidos en el legislación sectorial aplicable, en particular los regulados en los arts. 5 b), 12.1 c), 12.1 e), 19.3, 22.1 d), 26.1 e) y 31 de Ley 16/2002.

La delimitación y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico se realiza a través del Proyecto Linde incluido en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y su conservación y restauración, entre otros programas, se realiza a través de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y su Programa de voluntariado en ríos. Aquí vamos a hablar también de la delimitación del dominio público hidráulico establecida en el Proyecto Linde. De acuerdo con la legislación de aguas, la zonificación del espacio fluvial está formada por las siguientes zonas:

  • Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.
  • Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de aguas bajas.
  • Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo
  • Zona de policía es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida por la unión de la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.
  • Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento.
  • Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.
  • Zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En estas zonas no se prejuzga el carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer limitaciones en el uso, para garantizar la seguridad de personas y bienes.

De conformidad con el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, corresponde a la Administración del Estado el apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico, que serán efectuados por los Organismos de cuenca.

1.- La Administración Pública del Agua.

  1. Principios generales. El Texto refundido de la Ley del Agua determina los principios a los cuales debe someterse la administración pública del agua: unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios; respecto a la unidad de cuenca hidrográfica y a la unidad del ciclo hidrológico; compatibilidad de la gestión del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y restauración de la naturaleza. Se define la cuenca hidrográfica como «el territorio en el que las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único». El mismo precepto (artículo 16) señala que la cuenca hidrográfica como «unidad de gestión del recurso, se considera indivisible». Como consecuencia de la integración en nuestro derecho de las disposiciones contenidas en la Directiva marco de aguas se ha añadido un artículo: el 16 bis, que recoge el concepto de demarcación hidrográfica.  El texto refundido de la ley del agua enumera en el artículo 17 las competencias que corresponden al Estado sobre el dominio público hidráulico: aprobar la planificación hidrológica y los planes estatales de infraestructura hidráulica; el cumplimiento de los convenios y acuerdos internacionales en materia de aguas; el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y tutela sobre el dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas cuyo territorio exceda de una comunidad autónoma.  El artículo 18 fija unos principios generales aplicables a las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas íntegramente comprendidas en su territorio y constituyan una administración pública hidráulica. Por último, el Texto Refundido de la Ley del Agua crea y determina las funciones del Consejo Nacional del Agua, órgano consultivo superior en la materia, donde participan los representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Organismos de Cuenca y de las organizaciones profesionales y económicas. Estos principios generales de  la administración pública del agua deben ser interpretados de conformidad con la STC 227/1988, de 9 de noviembre, que en su fundamento jurídico 21 analiza los preceptos homólogos de la Ley de Aguas de 1985. Además, las funciones que la Ley de 1985 encomendaba a esta figura se le asignan, con carácter general, al Delegado del Gobierno previsto en el artículo 154 de la Constitución. El Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, aprobó la nueva estructura departamental, creando el Ministerio de Medio Ambiente, al cual se atribuyen las competencias sobre Obras Hidráulicas y Confederaciones Hidrográficas.
  2. Los organismos de cuenca: los actuales organismos de cuenca tienen su origen en el Real Decreto de 5 de marzo de 1926, por el que se creaban las Confederaciones Sindicales Hidrográficas (1931-1934) y Confederaciones Hidrográficas (1934-1985). La idea originaria ha ido degradándose hasta convertirse en organismos autónomos del Estado encargados de proyectar y construir las obras hidráulicas, sobre todo porque el Decreto de 8 de octubre de 1958 atribuyó a las Comisarías de Aguas las funciones relativas al otorgamiento de autorizaciones, concesiones, servidumbres, deslindes y policía de aguas. Bien es cierto que, un día antes de la sanción regia de la Ley de Aguas de 1985, se aprobó el Real Decreto 1821/1985, de 1 de agosto, por el que se integran en las Confederaciones Hidrográficas las funciones de las Comisarías de Aguas y se modifica su estructura orgánica. En los últimos veinte años el desapoderamiento de funciones y cometidos de las Confederaciones ha venido marcado por la creación de sociedades estatales que tienen por objeto la construcción, explotación o ejecución de la obra pública hidráulica. En lo concerniente a la naturaleza de los organismos de cuenca, cabe recordar el Texto Refundido de la Ley de Aguas (artículo 22) los configura como organismos autónomos de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (a partir de ahora LOFAGE), adscritos a efectos administrativos al antiguo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (ahora llamado Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
  3. El Consejo Nacional del Agua. Es el órgano consultivo superior en la materia, compuesto por los representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los organismos de cuenca, y de las organizaciones profesionales y económicas más representativas (artículo 19 de TRLA de 2001). Constituye, en apariencia, un claro ejemplo de órgano administrativo creado para lograr tanto la participación de los sectores sociales y económicos interesados en la materia como la coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas.

2.- Elprocedimiento de actuación administrativa. Aparece definido en los artículos 240 a 242 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por RD 606/2003 de 23 de mayo, modificado por RD 9/2008 de 11 enero, siendo asimismo de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero a la que hay que adaptar todos los procedimientos administrativos.

3.- Protección del dominio público hidráulico. La calificación de las aguas continentales como dominio público hidráulico otorga a las Administraciones públicas competentes  en esta materia las técnicas propias para la protección de este tipo de bienes. No obstante, con independencia de estas potestades generales derivadas de la condición de bienes demaniales, el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001), en sus títulos V, VI y VII, contempla una serie de técnicas específicas que merecen nuestra atención, como son la conservación de la calidad de las aguas, el deslinde y apeo del cauce y la estimación de las riberas, la policía de aguas, la autorización y canon de vertidos, las normas sobre reutilización de aguas, el régimen económico-financiero del dominio público hidráulico y el régimen sancionador.

El Título V del Texto Refundido de la Ley de Aguas incluye una serie de disposiciones de diferente alcance y finalidad. Ahora bien, hasta la reforma introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, la casi totalidad de los preceptos de este Título V regulaban la denominada policía demanial. La policía de las aguas y sus cauces se ejercerá por la Administración hidráulica competente. En cambio, el apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, en cumplimiento de los mandatos establecidos en el artículo 132.1 de la Constitución, sin perjuicio de delegar dicha competencia en los organismos de cuenca o Administración Hidráulica autonómica en las cuencas intracomunitarias. El Título V de la Ley de Aguas de 1985 fue complementado en su día por el Real Decreto-Ley 11/1985, de 28 de diciembre, por el que se establecieron las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales  urbanas. Dicho Real Decreto-Ley supuso la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 91/271/CEE y tuvo por objeto proteger la calidad de las aguas continentales y marítimas de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas.

Llegados a este punto, cabe recordar que el artículo 88.1 de la Ley de 1985 –que permitía al Gobierno de la Nación establecer áreas de protección alrededor de los lechos de lagos, lagunas y embalses- fue considerado inconstitucional por ser una medida de ejecución que no encontraba respaldo en el artículo 149.1.23ª CE, con relación a las cuencas intracomunitarias, y por desconocer las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio, cuando se trate de cuencas intercomunitarias. Una de las modificaciones más importantes y profundas realizadas por la repetida Ley 46/1999, de 13 de diciembre, corresponde a la regulación del régimen jurídico de los vertidos, cuya regulación por la legislación estatal encuentra justificación en el artículo 149.1.23ª. en primer lugar, cabe destacar que se producido una extensión del propio concepto de vertido, dado que se entiende por tal toda evacuación directa o indirecta en el dominio público hidráulico, con independencia del procedimiento o técnica utilizada (artículo 100.1 del Texto Refundido de la Ley del Agua de 2001). Se ha optado por una definición omnicomprensiva, de vocación universal, que elimina anteriores referencias a tipos y maneras diversas de vertidos.

Como no podría ser de otra manera, las autorizaciones de vertido tendrán por objeto  la consecución de los objetivos medioambientales establecidos, por lo que en ellas deberán especificarse las instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control  de su funcionamiento, así como los límites cualitativos y cuantitativos que se impongan a la composición del efluente y el importe del canon del control del vertido definido con arreglo a los parámetros fijados en el artículo 113. Además, cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones podrán establecerse plazos y programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que se fijen en la misma.

Como consecuencia de la transposición de la Directiva Marco al Derecho español, se ha añadido una nueva sección al Texto Refundido de la Ley de Aguas, que lleva por rúbrica «vertidos marinos». El artículo 108 bies del TRLA establece que la protección de las aguas marinas tendrá por objeto interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias. Por otro lado, se atribuye al Gobierno la facultad para establecer las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, precisando y preservando la calidad exigible de las aguas depuradas en atención a los usos previstos para ello (artículo 109). Cuando la reutilización de las aguas proceda de un aprovechamiento, será necesaria la obtención de la correspondiente concesión administrativa. Por el contrario, cuando la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas se requerirá solamente autorización administrativa. El régimen jurídico previsto en la Ley para las zonas húmedas supone una modificación sustancial de la normativa hasta entonces vigente (leyes de 13-06-1879 y 24-07-1918). Estas leyes iban dirigidas a la eliminación de las mismas por su insalubridad.  

En lo relativo al régimen económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico, la Ley 62/2003, por la que se ha procedido a la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las determinaciones contendías en la Directiva marco del Agua, añade el artículo 111 bis, en el que se reproducen los principios generales establecidos en la norma europea en relación a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas. Ahora bien, la reproducción prácticamente literal de los principios comunitarios no ha venido acompañada de una reforma de los mecanismos que regulan el régimen económico-financiero  de la utilización del dominio público hidráulico. A tal efecto, cabe recordar que el TRLA de 2001 contempla la existencia de tres figuras impositivas, de las cuales dos (canon por la utilización de ciertos elementos del dominio público hidráulico y canon de vertidos) son una manifestación de la protección del dominio público hidráulico. Tal vez, y en relación a estos aspectos, la innovación más importante introducida en su día se encontraba en la nueva regulación del canon de vertidos. Dicha innovación consistió en el establecimiento de una figura tributaria denominada canon de control de vertidos., que consiste en una tasa que grava los vertidos al dominio público hidráulico con objeto de proceder a un estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica.

Con referencia al régimen sancionador, la legislación de aguas supone la plena adaptación del régimen administrativo sancionador en materia de aguas terrestres a lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución. La Ley determina las infracciones administrativas; las califica de leves, menos graves, graves y muy graves (artículo 117 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Por otro lado, en el Título VII también se impone la obligación de reparar los daños y perjuicios causados al dominio público hidráulico por los infractores, así como el deber de reponer las cosas a su estado anterior, atribuyéndose a los órganos administrativos la potestad de exigir por vía de apremio el importe de la indemnización y la posibilidad de imposición de multas coercitivas de conformidad con la LAP y de medidas cautelares como el sellado de instalaciones, aparatos, equipos y pozo y el cese de actividades.

4.- La participación de los usuarios en la gestión del dominio público hidráulico. Las Comunidades de Usuarios son instituciones de gran arraigo social y tradicional en nuestro Derecho de Aguas con la denominación de Comunidades de Regantes. El Texto Refundido de la Ley de Aguas procede a generalizar este modelo asociativo con la denominación de Comunidades de Usuarios. La nueva Ley quiere aprovechar al máximo los aciertos de la anterior conservando, entre otras, estas organizaciones por considerarlas adecuadas para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por los usuarios. Incluso, en determinados supuestos, los organismos de cuenca pueden obligar la constitución de una comunidad como requisito previo para el otorgamiento de una concesión. Las Comunidades de Usuarios son calificadas como Corporaciones de Derecho público adscritas al Organismo de cuenca correspondiente y realizan las funciones de policía, administración y distribución de las aguas que tengan concedidas por la Administración pública (artículo 82 TRLA de 2001). La doctrina científica ha realizado serios y fundamentados  reparos a dicha calificación, pues, si bien nadie duda de su naturaleza corporativa, no se les puede otorgar el carácter de públicas. Junto a las Comunidades de Usuarios, la legislación vigente prevé otras fórmulas participativas de carácter asociativo: Comunidad General, integrada por varias Comunidades de Usuarios para la defensa de sus derechos y fomento de su interés (artículo 81.2 TRLA); Junta Central de Usuarios, se constituyen mediante acuerdo entre Comunidades de Usuarios para proteger  derechos e interés frente a terceros (artículo 81.3); Convenios específicos celebrados entre titulares de un mismo aprovechamiento, etcétera. Toda Comunidad de Usuarios tiene su norma fundamental (Estatutos u Ordenanzas) y sus propios órganos de gobierno y administración. Los Estatutos u Ordenanzas son la norma básica de cada Comunidad. Estos Estatutos u Ordenanzas deben ser presentados por la Comunidad ante el Organismo de Cuenca para su  aprobación (artículo 82.4). La Disposición Adicional Cuarta y la Disposición Transitoria primera del Reglamento del Dominio Público Hidráulico obligan a las Comunidades de Regantes a revisar sus Estatutos u Ordenanzas para adaptarlos a los principios de representatividad y estructura democrática. En los Estatutos u Ordenanzas se determina la finalidad, ámbito territorial, representación y participación de los usuarios, así como la equitativa distribución de los gastos comunes. Las Comunidades de Usuarios pueden ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario los acuerdos incumplidos que imponga una obligación de hacer, pueden ser beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de servidumbres y exigir, por vía administrativa el importe de las deudas a la Comunidad de Usuarios. Toda Comunidad de Usuarios tiene una organización mínima:

  1. Junta General o Asamblea: constituida por todos los usuarios, es el órgano fundamental de la Comunidad. Le corresponden todas las funciones no atribuidas a otros órganos.
  2. Junta de Gobierno: es el órgano encargado de ejecutar las Ordenanzas y los acuerdos propios y de los adoptados por la Junta General.
  3. Jurado: conoce de las cuestiones de hecho suscitadas entre usuarios en el ámbito fijado por los Estatutos. También le corresponde imponer las sanciones a los infractores y fija las indemnizaciones que deban satisfacer a los perjudicados y las obligaciones de hacer que puedan derivarse de la infracción. Su naturaleza jurídica también ha sido objeto de controversia.

8.- Régimen jurídico de la electricidad.

La electricidad es una de las fuentes energéticas de mayor relevancia, dato que ha justificado el papel interventor del Estado en pos de una mayor integración que produjese una mejor calidad del servicio, así como una mayor eficacia desde un punto de vista económico. Dicho esto, hemos de advertir que este subsector energético puede ser individualizado  en tres fases diferentes (producción, transporte y distribución), pero que, por su carácter de monopolio natural, se encuentran claramente interrelacionadas.

El sector eléctrico reviste un carácter esencial que ha justificado tradicionalmente su configuración como servicio público a fin de garantizar a los ciudadanos su prestación de forma regular y continua. Este fue el objeto de la primera declaración de servicio público del suministro de electricidad efectuada en España en 1924 y vigente hasta la aprobación de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. No obstante, en los últimos años, ha surgido la presencia de dos nuevos condicionantes (el constitucional y el comunitario) que han dado pie a reavivar, respecto al sector eléctrico, la vieja polémica de la intervención pública en la actividad económica.

Conviene decir que nuestra incorporación a la Unión Europea ha repercutido en el papel del Estado de cara a la configuración del sector eléctrico, ya que el sector energético, en general, y el sector eléctrico, en particular, son trascendentes para el correcto desarrollo económico y para el progreso social de la Unión Europea y, por ello, no será posible un mercado interior europeo sin la existencia de un mercado interior eléctrico. Por ello, la postura del Estado español ha sido la de aceptar la necesidad de liberalización del sector, para lo que se considera necesario favorecer la creación de una gran red de transporte interconectada a todos los países comunitarios, así como la aceptación del derecho de tránsito a través de ésta, implantándose para ello el sistema de Common carrier, tal como lo exigía la Directiva 96/92/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (derogada por la Directiva 2003/54/CE) que potencia el alcance liberalizador pero con imposición de obligaciones de servicio público.

A) La evolución de la intervención administrativa en el sector eléctrico: la primera intervención del poder público tiene su origen en la declaración formal como servicio público del suministro de electricidad efectuada por el Real Decreto Ley de 12 de abril de 1924, a fin de garantizar su correcta prestación a los ciudadanos y corregir el ánimo de lucro de las compañías eléctricas. A partir de este momento se inicia un proceso de integración en busca de una mayor eficiencia y calidad del suministro, y que permitió la reglamentación por parte de la Administración de todas las fases de la industria eléctrica, aunque sea sólo en la fase de suministro en la que se producen las prestaciones  al público. Al declararse servicio público el suministro de electricidad a través del Real Decreto-Ley de 1924, se produjo un solo reforzamiento de unas competencias que la Administración ya tenía anteriormente, sin que ésta debiera otorgar una concesión administrativa formal a favor de las empresas del servicio público. Esto resulta así porque la declaración de servicio público no implicaba una asunción de la titularidad de la actividad por parte de la Administración, sino que imponía sólo la obligatoriedad de garantizar el correcto funcionamiento del suministro eléctrico, lo que supone la inexistencia de la iniciativa privada. Por tanto, podemos afirmar que existían actividades formalmente declaradas servicio público cuya gestión a cargo de los particulares no se realizaba bajo el título de concesión administrativa, sino a través de una autorización administrativa. A su vez, dicha declaración afectaba exclusivamente a la fase de suministro y no a la de producción y transporte, que mantenían su configuración de actividades privadas, aunque, por su interés, se encontraban sometidas a una intensa regulación.

Tras la Constitución de 1978, la técnica de reserva de actividades económicas prevista en el artículo 128.2 CE fue utilizada para declarar como servicio público de titularidad estatal la explotación unificada del sistema eléctrico nacional (artículo 1 de la Ley 49/1989, de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico nacional), debiendo ser entendido el objeto de esta publicatio de la siguiente manera: el Estado realizaba una reserva en su favor para que sea gestionada por una empresa pública (la entonces REDESA), la fase de transporte de energía eléctrica a través de las redes de alta tensión, como medio para la obtención de una adecuada optimización del sistema. Por tanto, esta declaración de servicio público no afectaba ni a la actividad de producción ni a la distribución, que mantenían un distinto régimen jurídico. Evidentemente, estas actividades quedaban seriamente limitadas, al tener que someterse a un sistema de explotación unificada administrada por el gestor de la red de transporte primario. Pero ello no es todo. Por ello, a falta de una declaración expresa de publificación de dichas fases, hay que entender, de conformidad con lo dispuesto en nuestra constitución, que se encontraba dentro del ámbito de la libertad de empresa.

Esta nacionalización vino acompañada de medidas complementarias destinadas a reforzar el protagonismo estatal en el proceso de integración del sector. Así, debe tenerse en cuenta el intercambio de activos financieros entre empresas eléctricas, que ha supuesto la mayor operación financiera realizada en nuestra historia económica., y la instauración del llamado marco legal estable para la fijación de tarifas de conformidad con criterios económicos y no meramente políticos como hasta ahora. Estas medidas contribuyeron a la consecución del objetivo de mayor integración y mayor estabilidad del sector bajo el control del Estado. Sin embargo, a pesar de este incremento de la intervención estatal, cabe afirmar que existía un amplio margen para el correcto funcionamiento del derecho de libertad de empresa de las compañías eléctricas, teniendo en cuenta que la Administración, con la regulación entonces vigente, con contaba con títulos habilitantes suficientes para excluir la iniciativa privada del sector eléctrico. Ello era así porque la nacionalización afectó exclusivamente a la fase del transporte primario, y aunque su incidencia en las otras fases era notable, no supuso el cercenamiento del contenido esencial de las decisiones empresariales de las empresas eléctricas.

La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional de 30 de diciembre de 1994 (LOSEN) aportó como principal novedad el ser una ley que regulaba de forma completa y sistemática el sector eléctrico, dado que hasta la fecha, como se ha visto, la regulación era dispersa y, principalmente, en normas de rango reglamentario. La LOSEN se dictó al amparo del artículo 149.1, 13, 22 y 25 de la Constitución Española de 1978, tratándose de una ley básica (Disposición Adicional Primera) que permitió diseñar una política unitaria en la creación del Sistema Eléctrico Nacional, atendiendo a un doble criterio para determinar cuándo una instalación es de competencia eléctrica y cuándo es de competencia automática: por un lado al establecido en el artículo 149.1.22ª CE y, por otro, al criterio de sometimiento de las instalaciones a explotación unificada. La LOSEN introdujo, aunque de forma ambigua, principios de competencia en un sector que, por obligación comunitaria, se encontraba inmerso en un proceso de liberalización que cumpliera adecuadamente con su carácter de actividad de interés público.

B) La actual regulación del sector eléctrico: la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (desarrollada con carácter general por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y más específicamente por los Reales Decretos 2016, 2017, 2018 y 2019 de 26 de diciembre de 1997, sobre tarifas, liquidación de costes de transporte, distribución y comercialización, puntos de medida de los consumos y tránsitos de electricidad y funcionamiento del mercado de producción, respectivamente, y por los Reales Decretos 2818, 2819 y 2820, de 23 de diciembre de 1998, sobre producción de energía con fuentes renovables, actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y tarifas de acceso a las redes, respectivamente, y Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector público), modificada parcialmente por Ley 17/2007, de 4 de julio, ha transformado  radicalmente el régimen jurídico del suministro de electricidad, que, calificado como actividad esencial, ha dejado de tener la consideración de servicio público, introduciendo la competencia en aquellas fases del suministro no sujetas a restricciones. La nueva regulación obedece no sólo a la tendencia liberalizadora de los distintos sectores económicos, sino también a la incorporación de las disposiciones de la Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2003, sobre nuevas normas comunes para completar el mercado interior de la electricidad, que se asienta sobre los siguientes principios: libertad de establecimiento; condiciones equitativas en el ámbito de la generación; libertad de acceso a las redes; gestión independiente de la red; libertad de importación y exportación; separación de las actividades eléctricas e información medioambiental (se encuentra pendiente de transposición la Directiva 2005/89/CE, de 18 de enero de 2006), sobre medidas de salvaguardia de la seguridad del abastecimiento de electricidad).

Destaca en la Ley, no obstante, entre las técnicas de intervención-regulación, la planificación estatal (artículo 4), que, con carácter vinculante, se reduce a las instalaciones de transporte, que deberá coordinar la planificación urbanística y la ordenación del territorio.

El artículo 3 de la Ley detalla la distribución de competencias de las autoridades reguladoras. Se reserva la Administración General del Estado el ejercicio de la planificación eléctrica, establecer la retribución de la garantía de potencia; fijar el régimen económico de la producción en régimen especial; regular la estructura de precios; regular la organización y funcionamiento del mercado de producción; desarrollar la gestión económica y técnica del sistema; establecer la regulación básica de la generación, del transporte, de la distribución y de la comercialización de energía eléctrica y sancionar la comisión de las infracciones previstas en la Ley. Dentro de la ordenación del suministro eléctrico, ciertamente complejo, se definen, en el artículo 9 de la LSE, aquellos sujetos que desarrollarán las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica:

  1. Los productores, que tienen la función de generar energía eléctrica, así como construir, operar y mantener las centrales de producción. Debe destacarse las peculiaridades de los productores acogidos al régimen especial de producción, que son aquellos titulares de instalaciones cuya potencia no supera los 50 MW que generan energía por sistemas de energías renovables.
  2. Los autoproductores, que son los que generan electricidad fundamentalmente mediante su propio uso.
  3. El importador, que se encarga de la incorporación a las redes de transporte y distribución nacionales de energía procedentes de otros sistemas exteriores.
  4. El operador de mercado, sociedad mercantil que tiene a cargo la gestión económica del sistema.
  5. El operador del sistema, sociedad mercantil que tiene a cargo la gestión técnica del sistema.
  6. Los transportistas, sociedades mercantiles que tienen la función de transportar energía eléctrica, así como mantener las instalaciones de transporte.
  7. Los distribuidores, sociedades mercantiles que tienen la función de distribuir energía eléctrica y mantener las instalaciones de distribución de energía eléctrica.
  8. Los comercializadores, personas jurídicas que accediendo a las redes de transporte o distribución tienen como función la venta de la energía eléctrica a los consumidores cualificados o a otros sujetos del sistema.
  9. Se establece, además, que los consumidores podrán adquirir la energía eléctrica a la tarifa o, cuando sean clientes cualificados (mediante el Real Decreto 2820/1998, de 23 de diciembre, por el que se establecen mediante el que se establecen tarifas de acceso a las redes).
  10. Finalmente, como entre regulador, de naturaleza independiente, se encuentra la CNE (Comisión Nacional de Energía), sustitutiva de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (DT 10 de la LSH), que se presente en este contexto liberalizador como uno de los principales instrumentos vertebradores del sistema eléctrico, del que dependerá su adecuado funcionamiento; que tiene por objeto velar por la competencia efectiva en el mismo y por su objetividad y transparencia. Entre sus principales facultades se pueden destacar: funciones consultivas, funciones normativas o de desarrollo reglamentario, funciones propiamente regulatorias, funciones inspectoras y sancionadoras de orden técnico y económico, funciones arbitrales, funciones con relación a la competencia en el sector eléctrico, y funciones organizativas internas. La CNE asume nuevas e importantes en virtud  de la reforma operada por la Ley de 4 de julio de 2007, añadiendo además de las funciones que se le atribuyen en el apartado tercero de la disposición adicional undécima de la LSH, la función de supervisión en:
    1. La gestión y asignación de capacidad de interconexión.
    1. Los mecanismos destinados a solventar la congestión de la capacidad en las redes.
    1. El tiempo utilizado por el transportista y las empresas de distribución en efectuar conexiones y reparaciones.
    1. La publicación de información adecuada por parte de los sectores de red de transporte y distribución sobre las interconexiones, la utilización de la red, y la asignación de capacidades a las partes interesadas.
    1. La separación efectiva de cuentas con objeto de evitar subvenciones cruzadas entre actividades de generación, transporte, distribución y suministro.
    1. Las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores de electricidad.
    1. La medida en que los gestores de redes de transporte y distribución están cumpliendo sus funciones.
    1. El nivel de transparencia y de competencia.
    1. El cumplimiento de la normativa y procedimientos relacionados con los cambios de suministrador que se realicen.
    1. El cumplimiento de las obligaciones de información que sea proporcionada a los consumidores acerca del origen de la energía que consumen, así como de los impactos ambientales de las distintas fuentes de energía utilizadas.

La regulación de las actividades necesarias para el suministro eléctrico se estructura de la siguiente forma:

  1. Producción: se reconoce la libertad de instalación previa autorizada administrativa de carácter reglado, y se organiza bajo el principio de libre competencia. Su funcionamiento se asienta en la organización de un mercado mayorista basado en criterios económicos, mercado regido por el operador del mercado. Los productores de energía eléctrica efectuarán ofertas de venta a través del Operador del Mercado, el cual casará ciertas ofertas con la adquisición, en función de su precio.
  2. Transporte: constituye una actividad regulada, no sometida a competencia. Se liberaliza el acceso de terceros a las redes para facilitar la competencia en generación y la comercialización. La propiedad de las redes no garantiza su uso en exclusividad. Existe un gestor de la rede de transporte en alta tensión, que garantice su funcionamiento; este gestor será Rede Eléctrica de España, S.A. (REE). La retribución económica del transporte se fijará administrativamente con el fin de evitar el abuso de posición de dominio. La explotación del sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal y pasa a ser asumida por dos sociedades mercantiles privadas que se encargan de la gestión económica y de la gestión técnica del sistema, cuyas funciones recoge el artículo 34.2 de la LSE.
  3. Distribución: al igual que el transporte, constituye una actividad regulada sometida a autorización administrativa. Se crea la figura del gestor de la red de distribución, en cada zona eléctrica de distribución.
  4. Comercialización: actúa bajo los principios de libertad de contratación  y de elección de suministrador. Para que el proceso de libertad de elección del suministrador alcance a todos los clientes, se establece un periodo transitorio de diez años.
  5. Intercambios intracomunitarios: se podrán realizar libremente, de acuerdo con lo establecido en la Ley (artículo 13). Los intercambios internacionales estarán sometidos, en todo caso, a autorización administrativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría General de la Energía).

La retribución económica de las actividades eléctricas se realizará con cargo a tarifas, peajes y precios, establecidos con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios (artículos 17 a 19). La retribución de cada una de las actividades incorporará los siguientes conceptos. En la producción, el precio del mercado mayorista, garantía de potencia y servicios complementarios; para el transporte, los costes de inversión, operación y mantenimiento, energía circulada, modelo de la zona de distribución, etcétera. Además, se deberán retribuir los costes permanentes del sistema, entendiendo por tales los derivados de las actividades extrapeninsulares, los derivados del operador del mercado y del operador del sistema y los de la CNE.

Las tarifas serán únicas en todo el territorio nacional, e incluirán todos los costes señalados, así como la diversificación y seguridad en el abastecimiento. Los peajes de transporte y distribución serán también únicos y se determinarán atendiendo a los niveles de tensión y a las características de los consumos. Los consumidores cualificados abonarán el precio pactado libremente. Para garantizar el libre juego de la competencia en producción y comercialización, se liberaliza el acceso de terceros a las redes de transporte y distribución. Se permite su uso a los sujetos y consumidores cualificados, y a sujetos no nacionales autorizados. Sólo podrá ser denegado el acceso por el gestor de la red en caso de conflicto su resolución corresponde a la CNE. Asimismo, con la finalidad de salvaguardar la transparencia, se exige que las empresas eléctricas adopten una separación jurídica entre actividades reguladas y no reguladas. El artículo 14 de la Ley prevé que las sociedades que realicen alguna de las actividades reguladas (transporte, distribución y operación del mercado y del sistema) deberán tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas.

9.- Uso de la energía.

La electricidad es una de las fuentes energéticas de mayor relevancia, dato que ha justificado el papel interventor del Estado en pos de una mayor integración que produjese una mejor calidad del servicio, así como una mayor eficacia desde un punto de vista económico. Dicho esto, hemos de advertir que este subsector energético puede ser individualizado  en tres fases diferentes (producción, transporte y distribución), pero que, por su carácter de monopolio natural, se encuentran claramente interrelacionadas.

El sector eléctrico reviste un carácter esencial que ha justificado tradicionalmente su configuración como servicio público a fin de garantizar a los ciudadanos su prestación de forma regular y continua. Este fue el objeto de la primera declaración de servicio público del suministro de electricidad efectuada en España en 1924 y vigente hasta la aprobación de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. No obstante, en los últimos años, ha surgido la presencia de dos nuevos condicionantes (el constitucional y el comunitario) que han dado pie a reavivar, respecto al sector eléctrico, la vieja polémica de la intervención pública en la actividad económica.

Conviene decir que nuestra incorporación a la Unión Europea ha repercutido en el papel del Estado de cara a la configuración del sector eléctrico, ya que el sector energético, en general, y el sector eléctrico, en particular, son trascendentes para el correcto desarrollo económico y para el progreso social de la Unión Europea y, por ello, no será posible un mercado interior europeo sin la existencia de un mercado interior eléctrico. Por ello, la postura del Estado español ha sido la de aceptar la necesidad de liberalización del sector, para lo que se considera necesario favorecer la creación de una gran red de transporte interconectada a todos los países comunitarios, así como la aceptación del derecho de tránsito a través de ésta, implantándose para ello el sistema de Common carrier, tal como lo exigía la Directiva 96/92/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (derogada por la Directiva 2003/54/CE) que potencia el alcance liberalizador pero con imposición de obligaciones de servicio público.

A) La evolución de la intervención administrativa en el sector eléctrico: la primera intervención del poder público tiene su origen en la declaración formal como servicio público del suministro de electricidad efectuada por el Real Decreto Ley de 12 de abril de 1924, a fin de garantizar su correcta prestación a los ciudadanos y corregir el ánimo de lucro de las compañías eléctricas. A partir de este momento se inicia un proceso de integración en busca de una mayor eficiencia y calidad del suministro, y que permitió la reglamentación por parte de la Administración de todas las fases de la industria eléctrica, aunque sea sólo en la fase de suministro en la que se producen las prestaciones  al público. Al declararse servicio público el suministro de electricidad a través del Real Decreto-Ley de 1924, se produjo un solo reforzamiento de unas competencias que la Administración ya tenía anteriormente, sin que ésta debiera otorgar una concesión administrativa formal a favor de las empresas del servicio público. Esto resulta así porque la declaración de servicio público no implicaba una asunción de la titularidad de la actividad por parte de la Administración, sino que imponía sólo la obligatoriedad de garantizar el correcto funcionamiento del suministro eléctrico, lo que supone la inexistencia de la iniciativa privada. Por tanto, podemos afirmar que existían actividades formalmente declaradas servicio público cuya gestión a cargo de los particulares no se realizaba bajo el título de concesión administrativa, sino a través de una autorización administrativa. A su vez, dicha declaración afectaba exclusivamente a la fase de suministro y no a la de producción y transporte, que mantenían su configuración de actividades privadas, aunque, por su interés, se encontraban sometidas a una intensa regulación.

Tras la Constitución de 1978, la técnica de reserva de actividades económicas prevista en el artículo 128.2 CE fue utilizada para declarar como servicio público de titularidad estatal la explotación unificada del sistema eléctrico nacional (artículo 1 de la Ley 49/1989, de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico nacional), debiendo ser entendido el objeto de esta publicatio de la siguiente manera: el Estado realizaba una reserva en su favor para que sea gestionada por una empresa pública (la entonces REDESA), la fase de transporte de energía eléctrica a través de las redes de alta tensión, como medio para la obtención de una adecuada optimización del sistema. Por tanto, esta declaración de servicio público no afectaba ni a la actividad de producción ni a la distribución, que mantenían un distinto régimen jurídico. Evidentemente, estas actividades quedaban seriamente limitadas, al tener que someterse a un sistema de explotación unificada administrada por el gestor de la red de transporte primario. Pero ello no es todo. Por ello, a falta de una declaración expresa de publificación de dichas fases, hay que entender, de conformidad con lo dispuesto en nuestra constitución, que se encontraba dentro del ámbito de la libertad de empresa.

Esta nacionalización vino acompañada de medidas complementarias destinadas a reforzar el protagonismo estatal en el proceso de integración del sector. Así, debe tenerse en cuenta el intercambio de activos financieros entre empresas eléctricas, que ha supuesto la mayor operación financiera realizada en nuestra historia económica., y la instauración del llamado marco legal estable para la fijación de tarifas de conformidad con criterios económicos y no meramente políticos como hasta ahora. Estas medidas contribuyeron a la consecución del objetivo de mayor integración y mayor estabilidad del sector bajo el control del Estado. Sin embargo, a pesar de este incremento de la intervención estatal, cabe afirmar que existía un amplio margen para el correcto funcionamiento del derecho de libertad de empresa de las compañías eléctricas, teniendo en cuenta que la Administración, con la regulación entonces vigente, con contaba con títulos habilitantes suficientes para excluir la iniciativa privada del sector eléctrico. Ello era así porque la nacionalización afectó exclusivamente a la fase del transporte primario, y aunque su incidencia en las otras fases era notable, no supuso el cercenamiento del contenido esencial de las decisiones empresariales de las empresas eléctricas.

La Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional de 30 de diciembre de 1994 (LOSEN) aportó como principal novedad el ser una ley que regulaba de forma completa y sistemática el sector eléctrico, dado que hasta la fecha, como se ha visto, la regulación era dispersa y, principalmente, en normas de rango reglamentario. La LOSEN se dictó al amparo del artículo 149.1, 13, 22 y 25 de la Constitución Española de 1978, tratándose de una ley básica (Disposición Adicional Primera) que permitió diseñar una política unitaria en la creación del Sistema Eléctrico Nacional, atendiendo a un doble criterio para determinar cuándo una instalación es de competencia eléctrica y cuándo es de competencia automática: por un lado al establecido en el artículo 149.1.22ª CE y, por otro, al criterio de sometimiento de las instalaciones a explotación unificada. La LOSEN introdujo, aunque de forma ambigua, principios de competencia en un sector que, por obligación comunitaria, se encontraba inmerso en un proceso de liberalización que cumpliera adecuadamente con su carácter de actividad de interés público.

B) La actual regulación del sector eléctrico: la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico (desarrollada con carácter general por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y más específicamente por los Reales Decretos 2016, 2017, 2018 y 2019 de 26 de diciembre de 1997, sobre tarifas, liquidación de costes de transporte, distribución y comercialización, puntos de medida de los consumos y tránsitos de electricidad y funcionamiento del mercado de producción, respectivamente, y por los Reales Decretos 2818, 2819 y 2820, de 23 de diciembre de 1998, sobre producción de energía con fuentes renovables, actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y tarifas de acceso a las redes, respectivamente, y Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector público), modificada parcialmente por Ley 17/2007, de 4 de julio, ha transformado  radicalmente el régimen jurídico del suministro de electricidad, que, calificado como actividad esencial, ha dejado de tener la consideración de servicio público, introduciendo la competencia en aquellas fases del suministro no sujetas a restricciones. La nueva regulación obedece no sólo a la tendencia liberalizadora de los distintos sectores económicos, sino también a la incorporación de las disposiciones de la Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2003, sobre nuevas normas comunes para completar el mercado interior de la electricidad, que se asienta sobre los siguientes principios: libertad de establecimiento; condiciones equitativas en el ámbito de la generación; libertad de acceso a las redes; gestión independiente de la red; libertad de importación y exportación; separación de las actividades eléctricas e información medioambiental (se encuentra pendiente de transposición la Directiva 2005/89/CE, de 18 de enero de 2006), sobre medidas de salvaguardia de la seguridad del abastecimiento de electricidad).

Destaca en la Ley, no obstante, entre las técnicas de intervención-regulación, la planificación estatal (artículo 4), que, con carácter vinculante, se reduce a las instalaciones de transporte, que deberá coordinar la planificación urbanística y la ordenación del territorio.

El artículo 3 de la Ley detalla la distribución de competencias de las autoridades reguladoras. Se reserva la Administración General del Estado el ejercicio de la planificación eléctrica, establecer la retribución de la garantía de potencia; fijar el régimen económico de la producción en régimen especial; regular la estructura de precios; regular la organización y funcionamiento del mercado de producción; desarrollar la gestión económica y técnica del sistema; establecer la regulación básica de la generación, del transporte, de la distribución y de la comercialización de energía eléctrica y sancionar la comisión de las infracciones previstas en la Ley. Dentro de la ordenación del suministro eléctrico, ciertamente complejo, se definen, en el artículo 9 de la LSE, aquellos sujetos que desarrollarán las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica:

  1. Los productores, que tienen la función de generar energía eléctrica, así como construir, operar y mantener las centrales de producción. Debe destacarse las peculiaridades de los productores acogidos al régimen especial de producción, que son aquellos titulares de instalaciones cuya potencia no supera los 50 MW que generan energía por sistemas de energías renovables.
  2. Los autoproductores, que son los que generan electricidad fundamentalmente mediante su propio uso.
  3. El importador, que se encarga de la incorporación a las redes de transporte y distribución nacionales de energía procedentes de otros sistemas exteriores.
  4. El operador de mercado, sociedad mercantil que tiene a cargo la gestión económica del sistema.
  5. El operador del sistema, sociedad mercantil que tiene a cargo la gestión técnica del sistema.
  6. Los transportistas, sociedades mercantiles que tienen la función de transportar energía eléctrica, así como mantener las instalaciones de transporte.
  7. Los distribuidores, sociedades mercantiles que tienen la función de distribuir energía eléctrica y mantener las instalaciones de distribución de energía eléctrica.
  8. Los comercializadores, personas jurídicas que accediendo a las redes de transporte o distribución tienen como función la venta de la energía eléctrica a los consumidores cualificados o a otros sujetos del sistema.
  9. Se establece, además, que los consumidores podrán adquirir la energía eléctrica a la tarifa o, cuando sean clientes cualificados (mediante el Real Decreto 2820/1998, de 23 de diciembre, por el que se establecen mediante el que se establecen tarifas de acceso a las redes).
  10. Finalmente, como entre regulador, de naturaleza independiente, se encuentra la CNE (Comisión Nacional de Energía), sustitutiva de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (DT 10 de la LSH), que se presente en este contexto liberalizador como uno de los principales instrumentos vertebradores del sistema eléctrico, del que dependerá su adecuado funcionamiento; que tiene por objeto velar por la competencia efectiva en el mismo y por su objetividad y transparencia. Entre sus principales facultades se pueden destacar: funciones consultivas, funciones normativas o de desarrollo reglamentario, funciones propiamente regulatorias, funciones inspectoras y sancionadoras de orden técnico y económico, funciones arbitrales, funciones con relación a la competencia en el sector eléctrico, y funciones organizativas internas. La CNE asume nuevas e importantes en virtud  de la reforma operada por la Ley de 4 de julio de 2007, añadiendo además de las funciones que se le atribuyen en el apartado tercero de la disposición adicional undécima de la LSH, la función de supervisión en:
    1. La gestión y asignación de capacidad de interconexión.
    1. Los mecanismos destinados a solventar la congestión de la capacidad en las redes.
    1. El tiempo utilizado por el transportista y las empresas de distribución en efectuar conexiones y reparaciones.
    1. La publicación de información adecuada por parte de los sectores de red de transporte y distribución sobre las interconexiones, la utilización de la red, y la asignación de capacidades a las partes interesadas.
    1. La separación efectiva de cuentas con objeto de evitar subvenciones cruzadas entre actividades de generación, transporte, distribución y suministro.
    1. Las condiciones y tarifas de conexión aplicables a los nuevos productores de electricidad.
    1. La medida en que los gestores de redes de transporte y distribución están cumpliendo sus funciones.
    1. El nivel de transparencia y de competencia.
    1. El cumplimiento de la normativa y procedimientos relacionados con los cambios de suministrador que se realicen.
    1. El cumplimiento de las obligaciones de información que sea proporcionada a los consumidores acerca del origen de la energía que consumen, así como de los impactos ambientales de las distintas fuentes de energía utilizadas.

La regulación de las actividades necesarias para el suministro eléctrico se estructura de la siguiente forma:

  1. Producción: se reconoce la libertad de instalación previa autorizada administrativa de carácter reglado, y se organiza bajo el principio de libre competencia. Su funcionamiento se asienta en la organización de un mercado mayorista basado en criterios económicos, mercado regido por el operador del mercado. Los productores de energía eléctrica efectuarán ofertas de venta a través del Operador del Mercado, el cual casará ciertas ofertas con la adquisición, en función de su precio.
  2. Transporte: constituye una actividad regulada, no sometida a competencia. Se liberaliza el acceso de terceros a las redes para facilitar la competencia en generación y la comercialización. La propiedad de las redes no garantiza su uso en exclusividad. Existe un gestor de la rede de transporte en alta tensión, que garantice su funcionamiento; este gestor será Rede Eléctrica de España, S.A. (REE). La retribución económica del transporte se fijará administrativamente con el fin de evitar el abuso de posición de dominio. La explotación del sistema eléctrico nacional deja de ser un servicio público de titularidad estatal y pasa a ser asumida por dos sociedades mercantiles privadas que se encargan de la gestión económica y de la gestión técnica del sistema, cuyas funciones recoge el artículo 34.2 de la LSE.
  3. Distribución: al igual que el transporte, constituye una actividad regulada sometida a autorización administrativa. Se crea la figura del gestor de la red de distribución, en cada zona eléctrica de distribución.
  4. Comercialización: actúa bajo los principios de libertad de contratación  y de elección de suministrador. Para que el proceso de libertad de elección del suministrador alcance a todos los clientes, se establece un periodo transitorio de diez años.
  5. Intercambios intracomunitarios: se podrán realizar libremente, de acuerdo con lo establecido en la Ley (artículo 13). Los intercambios internacionales estarán sometidos, en todo caso, a autorización administrativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Secretaría General de la Energía).

La retribución económica de las actividades eléctricas se realizará con cargo a tarifas, peajes y precios, establecidos con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios (artículos 17 a 19). La retribución de cada una de las actividades incorporará los siguientes conceptos. En la producción, el precio del mercado mayorista, garantía de potencia y servicios complementarios; para el transporte, los costes de inversión, operación y mantenimiento, energía circulada, modelo de la zona de distribución, etcétera. Además, se deberán retribuir los costes permanentes del sistema, entendiendo por tales los derivados de las actividades extrapeninsulares, los derivados del operador del mercado y del operador del sistema y los de la CNE.

Las tarifas serán únicas en todo el territorio nacional, e incluirán todos los costes señalados, así como la diversificación y seguridad en el abastecimiento. Los peajes de transporte y distribución serán también únicos y se determinarán atendiendo a los niveles de tensión y a las características de los consumos. Los consumidores cualificados abonarán el precio pactado libremente. Para garantizar el libre juego de la competencia en producción y comercialización, se liberaliza el acceso de terceros a las redes de transporte y distribución. Se permite su uso a los sujetos y consumidores cualificados, y a sujetos no nacionales autorizados. Sólo podrá ser denegado el acceso por el gestor de la red en caso de conflicto su resolución corresponde a la CNE. Asimismo, con la finalidad de salvaguardar la transparencia, se exige que las empresas eléctricas adopten una separación jurídica entre actividades reguladas y no reguladas. El artículo 14 de la Ley prevé que las sociedades que realicen alguna de las actividades reguladas (transporte, distribución y operación del mercado y del sistema) deberán tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas.

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