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Nuevo estado de alarma. ¿Nos pueden volver a confinar?

El Gobierno central ha vuelto a declarar el estado de alarma ante el avance incontrolado (previsiblemente incontrolado ante la falta de toma de medidas durante el periodo estival por el ejecutivo central) de casos por COVID-19. Además, resulta diferente del ya declarado en marzo, abril y mayo por la inclusión en este real decreto de declaración del estado de alarma de un toque de queda de 0 a 6 horas.

En primer lugar, y conforme a lo previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, este toque de queda sí que resulta legal, ya que, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y de sitio, “con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes:

a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.

b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.

c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.

d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto”.

Por tanto, a raíz de lo expuesto en este artículo, y en conexión con el artículo 116 de la Constitución española, no cabe confinar nuevamente a la población en general, sino sólo a aquellos sectores que den positivo por SARS-COV-2. Y tampoco podrían confinar las 24 horas del día a la población en casa, sino sólo en determinadas horas, como establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981. Y todo ello sobre todo porque agravaría la situación sanitaria y también la grave crisis sanitaria que ya estamos sufriendo como consecuencia del coronavirus desde principios de año.

De hecho, habría que tener en cuenta que un confinamiento como em que se impuso en marzo y abril sería perjudicial no sólo para la economía, sino también en cuanto a datos demográficos y los sistemas de salud, porque acabaríamos sin saber otra vez la cifra total de muertos, ya que mucha gente moriría en casa sin ser atendida.

Lo que hay que hacer es reducir las reuniones y cumplir con el alejamiento, solo reuniéndose por medios telemáticos o por teléfono. Aparte, claro está, de contratar a más profesionales sanitarios.

Por otro lado, también hay que destacar la falta de transparencia del Gobierno en cuanto a sus plantes para actuar contra esta segunda ola del coronavirus. Y eso sin hacer referencia a las disputas con todas aquellas Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular. En este sentido, en cuanto a Madrid, la Comunidad más “puteada” por el Gobierno central, cabe señalar que “

Sánchez, según aseguran fuentes del Gobierno, ha reclamado de la presidenta regional “abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la Orden revocada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, una revocación que según estas fuentes no se producen “por razones no de fondo, sino de mera habilitación legal para adoptarlas”.

En concreto, el presidente del Gobierno habría planteado tres posibilidades diferentes. Por un lado, que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. De este modo se aseguraría el aval del TSJM, tal y como había hecho en anteriores ocasiones.

Como segunda posibilidad, Sánchez plantea a Ayuso que solicite la declaración de estado de alarma “para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión”.

La tercera opción, sería que el propio Gobierno de la Nación sea el que, “sin necesidad de que se formule previamente una solicitud” declare el estado de alarma.

En cualquiera de los tres casos, las medidas que el Gobierno quiere implantar serían las mismas que se establecían en la orden comunicada del ministro de Sanidad, Salvador Illa. “Las medidas de confinamiento perimetral y demás normas serían exactamente las mismas que ya se venían aplicando, pues lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan, es decir, la cobertura jurídica”, explican estas fuentes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, según estas fuentes del Ejecutivo, habría pedido tiempo al presidente del Gobierno para analizar la situación y tomar una decisión.

De este modo, será “mañana por mañana” (por la del viernes) cuando Ayuso traslade su decisión a Sánchez. Previendo las diversas posibilidades, ya se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para la mañana del viernes.

La presidenta regional ha explicado en su cuenta de Twitter que desde el Gobierno de Madrid esperan “pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad”. Según Díaz Ayuso, la actuación a través del control de zonas básicas “estaba funcionando y pueden ser lo mejor”, lo que podría aventurar una falta de acuerdo ya que la intención de Sánchez es replicar las medidas que no han sido aceptadas por el TSJM”.

Y es que, siguiendo con la crítica de la gestión del Gobierno central respecto a la pandemia, cabe señalar la mano ancha con aquellas otras comunidades autónomas gobernadas por los socios de Pedro Sánchez. Y eso sin tener en cuenta que, lo más seguro, es que el estado de alarma actual tenga por objeto evitar comparecer ante la prensa y el Congreso de los Diputados.

FUENTES:

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