Derecho, Derecho penal, Derecho y moral, Redes sociales

El problema de las redes sociales desde el punto de vista legal

Desde el comienzo de internet, la llegada de las redes sociales ha supuesto el punto de inflexión desde que internet llegó a los hogares de los particulares, por la facilidad que otorgaban a los usuarios para comunicarse con personas de todo el mundo, y compartir nuestros mejores momentos.

Pero no todo ha sido bueno, pues las redes sociales también han permitido a los Gobiernos de todo el mundo tenernos controlados, así como permitir suplantaciones de identidad y robo de datos personales.

En primer lugar, cabe señalar que “la incursión de las nuevas tecnologías y las redes sociales en nuestra sociedad nos encaminan hacia a un sistema tecnológico que cada vez nos facilita más una nueva forma de vivir. El sistema que usamos para interrelacionarnos está cambiando definitivamente, pero genera una cierta inseguridad jurídica respecto a nuestra privacidad.

La realidad nos arroja cifras en las que actualmente se generan un total de 6.826.667 de documentos por segundo en red, los cuales contienen cada uno de ellos muchos datos explotables. La protección no sólo debe quedarse en la superficie con un tratamiento de datos puros absortos de vida más allá; sino de profundizar en como dichos datos afectan a otros campos del derecho (World Internet Users Statistics and 2019 World Population Stats, 2019).

Asimismo no sólo son documentos los que se generan en la red, cada 24 horas se envían mas de 400 millones de mensajes por Twitter, en Facebook se crean más de 3500 millones de publicaciones con más de 500.000 Gb de información vinculada a esos posts. También subimos alrededor de 30 mi-llones de fotografías a la red y mandamos casi 300.000.000.000 (trescientos mil millones) de correos electrónicos diarios (Estadísticas de Internet 2020, 2020).

Pero las cifras no se quedan ahí, esa parte es sólo la que podemos ver a simple vista; ¿pero que es-conden todos esos documentos, archivos, fotografías, posts o datos que subimos a internet a modo de correo o comentario en una red? La verdadera importancia de todo ello y con lo que se menosca-ba la parte más importante de nuestra privacidad y se pone en peligro nuestra vida privada es a través de los metadatos. El punto de partida real de la explotación de datos mediante el data mining son los metadatos.

El Reglamento General de Protección de Datos como pilar de referencia respecto a la protección de datos en Europa, establecido a través del Reglamento (UE) 2016/679, en su artículo 4 define el con-cepto “datos personales” como toda información sobre una persona física identificada o identifi-cable (Reglamento (UE) 2016/679). La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales carece de definición de conceptos pero por su contenido se puede considerar que los “datos personales” son los datos de las personas físicas que van a ser tratados de forma total o parcial a través de ficheros automatizados o no automatizados (Ley Orgánica 3/2018). La realidad jurídica nos muestra una regulación legal preocupada por la protección directa de una serie de derechos, pero poco desarrollada jurídico-conceptualmente mas allá.

La problemática principal radica en como controlar la explotación de dichos metadatos o como evi-tar que esos metadatos lleguen a enviarse. El simple consentimiento informado de un usuario quizás como veremos más adelante no es suficiente para traficar comercial o administrativamente con sus metadatos. El control sobre la creación o compartición de dichos metadatos puede ser uno de los principales debates jurídicos respecto a protección de datos y data mining en la actualidad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y partiendo de los antecedentes aquí indicados, los objetivos del presente capítulo radican en explicar primero el actual panorama jurídico respecto a la regulación de la gestión de datos obtenidos a través de redes sociales o aplicaciones con funciones similares. Por otro lado en segundo lugar se va a analizar el supuesto de los metadatos desde un punto de vista tanto funcional como etiológico respecto a la protección de datos desde el punto de vista jurídico pero teniendo en cuenta el concepto teórico expuesto en el objetivo primero. La finalidad del obje-tivo segundo es exponer en perspectiva si existe realmente una verdadera cobertura jurídica respecto a la protección de los usuarios y los metadatos suyos en concordancia con la naturaleza jurídica que persigue cualquier regulación de protección de datos según debería ser por derecho natural. Asimismo en tercer lugar se quiere realizar una vez expuestos los dos objetivos anteriores un análisis de la situación a futuro que debería encaminar el legislador y los déficits tanto técnicos como jurídicos que adolece tras identificar el riesgo jurídico que corren los usuarios respecto a la custodia, tratamiento y finalidad de sus datos. Por otro lado para finalizar como cuarto objetivo, se va a realizar una labor de análisis global a modo de conclusiones a fin de localizar las posibles incon-gruencias entre la regulación actual y el factor riesgo existentes respecto a la génesis principal que es el ámbito de aplicación de la protección de datos. Tras realizar dicho análisis, se terminará con-cluyendo cual es la realidad jurídica de todo ello y la situación actual de auge de la inteligencia artificial, el data mining como protagonistas de vertebración para la explotación de la protección de datos.

Por ello, la metodología empleada para el presente capítulo es una metodología basada en la inves-tigación analítica. Por ello, el desarrollo que se va a presentar a continuación se basa en una investi-gación jurídico-proyectista con naturaleza propositiva y bajo un sistema que emplea fundamental-mente un método inductivo-comprensivo con diferentes momentos en los que se usará una metodo-logía hipotético-deductiva para el análisis de ciertas partes. La pretensión metodológica jurídico-proyectista propositiva tiene su principal finalidad conseguir averiguar la evolución del marco jurí-dico de la protección de datos respecto a su génesis teorética en perspectiva al objetivo a proteger que son los datos de las personas y la causa de los déficits protectores.

Por otro lado, existe la necesidad de entablar un hilo argumental entre los retos jurídicos originarios de la génesis de la protección de datos en lo que respecta su ordenación jurídica y la capacidad real evolutiva. Todo ello permitirá tras un análisis pormenorizado esbozar una imagen a futuro que per-mita mediante un análisis de método inductivo-comprensivo encontrar conclusiones. Por ello, te-niendo en cuenta lo anterior, este análisis nos permitirá entender si la evolución sufrida hasta el RGPD encaja con la evolución natural real de la explotación de datos de usuarios en redes sociales y aplicaciones con fines similares respecto a los metadatos. Asimismo, mediante la metodología inductivo-comprensiva e hipotético-deductiva se analizarán las diferentes teorías y su construcción a la luz de la hermenéutica jurídica. Para tras ello finalizar con una conclusión de todo lo analizado que nos permita arrojar luz sobre el actual panorama jurídico y la eficiencia protectora respecto a las necesidades actuales y las necesidades pasadas basadas en su origen.

La protección de datos es un campo jurídico en constante evolución y ello nos lleva a pensar que quizás debería irse mucho más allá en sus proposiciones jurídicas de protección básica; en sus pre-misas protectoras. La creación de una legislación no puede tener proposiciones que únicamente se queden en la superficie del problema poniendo un parche temporal que permita quitarse el problema de encima. El legislador debe proteger realmente al ciudadano, y si no entiende como puede inter-venir la realidad de la evolución tecnológica respecto a como puede afectar la misma la sociedad perjudicando sus derechos; es su obligación formar nuevos juristas especializados en nuevos campos del derecho tecnológico que permita proteger dichos nuevos ámbitos de protección social”.

Y es que, en segundo lugar, cabe indicar que “las redes sociales son importantes canales de comunicación e interacción. La información personal suministrada a través de las redes sociales y, en la mayoría de los casos, con el consentimiento de sus titulares, parece no conocer límites. Por ello, la actual protección jurídica se revela insuficiente.

Los usuarios de las redes sociales revelan tranquila y conscientemente su privacidad y la de sus conocidos. Hoy en día (hasta ahora algo impensable) la gente muestra sus emociones e imágenes por Internet, sin ningún tipo de problema y parecen felices al hacerlo, ofreciendo todo tipo de información sin ningún tipo de control. Y una vez que la información personal se publica en Internet, el peligro de que se haga accesible a todo el mundo es incontrolable, y el daño que se puede generar es irreversible.

Desde el primer momento en el que pasamos a formar parte de una red social on line, estamos suministrando información, datos personales que pueden ofrecer un perfil de nuestra persona, y que en algunos casos nos ayudará a desarrollarnos más libremente como personas, pero, en otros casos -y por desgracia, en la mayoría- suponen un grave riesgo para nuestra vida privada.

La cara: las ventajas

Una de las principales ventajas que ofrecen las redes sociales es el gran “poder de convocatoria” que ofrecen. Las redes sociales on line se han convertido en lugar de encuentro de miles de personas, y les permiten compartir aficiones, ideologías, trabajo y encontrar respuesta a casi cualquier expectativa o incluso, problema, como acabamos de señalar.

Lo relevante es que el usuario de las redes sociales toma un papel más activo. Internet cambia la perspectiva: el internauta es un sujeto activo, que se diferencia del sujeto pasivo que ve la televisión o lee la prensa, y que no sabemos lo que piensa en esos momentos.

La cruz: los problemas

A nadie se le escapa el increíble valor que las redes sociales poseen o el valor potencial que representan en tanto fuente de publicidad y de recopilación de información personal (para un uso lícito o ilícito). Y es éste, el principal origen de los problemas para sus usuarios. De esta forma, como la otra cara de la moneda, nos encontramos con los problemas que las redes sociales on line llevan aparejado.

Así, uno de los principales problemas proviene de la posibilidad que ofrece la red de permanecer en el anonimato. En Internet cualquier puede ser quien quiera ser. Esto pone de manifiesto lo fácil que es en Internet fingir una personalidad o, incluso, suplantar la personalidad de otro y cometer delitos bajo un supuesto anonimato.

Otro de los problemas se da respecto de los contenidos publicados en las redes sociales. En este sentido, aunque la normativa sobre propiedad intelectual y derechos de autor se muestra clara al respecto (se requiere el consentimiento del autor para la utilización de su obra), en la práctica prima el “libre” intercambio de información”.

En tercer lugar, también cabe señalar que “cada vez son más frecuentes los asuntos que llegan a los Tribunales por publicación de comentarios lesivos en las Redes Sociales. En este sentido, la semana pasada salía a la luz la noticia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había acusado de cometer un delito de humillación a las víctimas del terrorismo a una estudiante de historia de 21 años por hacer bromas en Twitter sobre Carrero Blanco, pidiendo para ella dos años y medio de cárcel, tres de libertad vigilada y más de ocho de inhabilitación absoluta.

En esta misma línea, hace unos meses el Tribunal Supremo publicaba una sentencia por la que se condenaba, por primera vez, a un año de cárcel a una joven como autora de un delito de odio y de enaltecimiento del terrorismo cometido a través de Twitter, por haber difundido diversos tuits burlándose de las víctimas de ETA.

Otros casos polémicos por cuestionarse los límites de la libertad de expresión son el de Guillermo Zapata, ex edil de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, quien se vio obligado a dimitir al ser denunciado por difundir en su cuenta de Twitter mensajes burlándose de los judíos o de víctimas del terrorismo, o el revuelo desatado tras la muerte del torero Víctor Barrio en una plaza de toros, recogiéndose numerosas publicaciones en las Redes Sociales celebrando su muerte o vertiendo insultos hacia a él y su familia.

Todo lo anterior nos hace reflexionar acerca del alcance del derecho a la libertad de expresión para poder determinar hasta qué punto están amparadas nuestras opiniones, manifestaciones e ideas por la misma. Resulta indudable que la libertad de expresión, derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, es el derecho que todos tenemos a expresar y difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Entonces, ¿tenemos derecho a publicar lo que se nos antoje en cada momento en nuestros perfiles en las Redes Sociales? ¿tenemos derecho a expresarnos libremente? Por supuesto que tenemos derecho a expresarnos libremente siempre y cuando nuestros pensamientos, ideas y opiniones no colisionen con otros derechos igualmente protegidos. Es decir, la libertad de expresión prevalece sobre cualquier otro derecho siempre que no se vulnere el derecho al honor, intimidad personal y familiar o propia imagen de alguien y, siempre que no se caiga en el insulto o desprestigio gratuito.

Por ello, el hacer comentarios ofensivos, bromas o verter opiniones en las Redes Sociales podría constituir una vulneración del derecho al honor por “divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre” o por “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, tal y como establece la propia ley sobre protección civil del derecho al honor.

Además, la publicación en las Redes Sociales de comentarios o juicios sobre determinados temas, como pueden ser el terrorismo o la violencia, podrían ser constitutivos de diversas figuras delictivas como enaltecimiento del terrorismo, delito de incitación al odio o violencia, injurias, calumnias, acoso, amenazas, delitos contra la intimidad, humillación a las víctimas, etc.

Sin duda, las consecuencias serían diversas, precisamente, por la comunicación pública que se estaría produciendo en el segundo caso. No es lo mismo bromear en un ámbito privado o cerrado que en uno público, por su alcance y difusión y, consecuentemente por la mayor vulneración del derecho de que se trate”.

Por tanto, como conclusión, se puede afirmar que las redes sociales han provocado la producción de información falsa para provocar confusión en la sociedad y ocultar los verdaderos datos a la sociedad.

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