Derecho, Procurador de los tribunales

¿Es realmente necesaria la figura del procurador de los tribunales?

Es una cuestión difícil de responder, porque nuestro sistema procesal está basado en la existencia de las figuras de abogado y procurador, pero también permite en determinados casos (en el procedimiento contencioso-administrativo, por ejemplo) que el abogado asuma la representación de su defendido, y en otros casos, el procurador desaparece en favor de figuras como el graduado social.

En primer lugar, y para ir entrando en materia, se ha de señalar que “un Procurador es aquella persona (Licenciada o Graduada en Derecho) que asume la representación de las partes en el juicio. El abogado, en cambio, se centra en la defensa técnica. Ambas figuras son complementarias la una de la otra, formando un tándem durante el proceso judicial.

La Ley que recoge estas dos figuras es la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre algunas de las importantes funciones que tiene encomendadas el Procurador, encontramos las siguientes:

-Por un lado, realizar un seguimiento de los trámites del proceso, es decir, mantenerse al día de cómo avanza el procedimiento;

Redactar las demandas y entregar al Abogado los documentos que éste necesite;

-Realizar determinados pagos, como por ejemplo los depósitos judiciales;

Publicar anuncios oficiales (en el boletín Oficial del Estado, por ejemplo);

-Y otras.

Como vemos, sin la figura de estos profesionales sería mucho más difícil llevar un proceso con agilidad. Repartiendo las funciones es mucho más fácil (y efectivo) satisfacer al ciudadano.

La Administración de Justicia en España suele tener, de por sí, cierta lentitud en la resolución de los casos. Sin la existencia de los Procuradores sería ciertamente difícil cumplir los plazos y lograr un resultado satisfactorio”.

En segundo lugar, cabe destacar que, por el momento, “la función que desempeña el Procurador en la tramitación del proceso es fundamental, al ostentar la representación del justiciable. El Procurador actúa como garantía jurídica de la parte a la que representa, y de aquellos con los que colabora en la función de administrar justicia. Facilita, de esta forma, la labor del Abogado y del Juez-Tribunal, procurando con su actuación agilizar la justicia y ejerce de vínculo entre ellos y el justiciable.

El Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales define al Procurador como aquel que puede encargarse, mediante apoderamiento conferido adecuadamente, de representar los derechos e intereses de su poderdante ante los Tribunales de Justicia, siempre que reúna las condiciones que exige el propio Estatuto.

En esta definición, como es lógico, se recogen de manera precisa y abreviada, las competencias técnico-profesionales del procurador, siendo el art. 2 de los Estatutos quien relaciona la preceptividad de los requisitos establecidos para el ejercicio de postulante.

La colegiación es obligatoria y la primera exigencia que debe cumplir el procurador para el acceso a la profesión, supuesta su titulación de licenciatura en Derecho. Una vez colegiado, y observados los restantes requisitos, que posteriormente detallaremos, estará el Procurador facultado para ejercer.

Pero ese ejercicio ha de ser efectivo. Es decir, que el Procurador esté apoderado por aquel a quien va a representar. Es lo que el Estatuto denomina “apoderamiento suficiente”.

Con el otorgamiento del poder, se le confieren una serie de facultades que son las que van a determinar su ámbito de actuación. De la relación que mantiene con su “principal”, se derivan una serie de derechos y obligaciones que se rigen además de por las normas estatutarias y procesales, por las correspondientes al contrato de mandato.

El poder es una declaración de voluntad del poderdante para que le represente en los actos procesales. Esa representación que ostenta el Procurador, le es conferida para actuar ante los juzgados y tribunales, con los que mantiene una relación directa y diaria encaminada a la defensa de los intereses de su cliente.

Esta síntesis, sin embargo, exige un desarrollo más pormenorizado que ofrecemos a continuación, comenzando por una breve exposición de la evolución histórica de la figura del Procurador, las razones históricas de su preceptividad y carácter potestativo o la situación de la postulación procesal en el Derecho Comparado Comunitario”.

Por lo dispuesto, cabe ver que la principal función del procurador es representar a su cliente, permitiendo a este comparecer sólo las veces necesarias en juicio, y recibiendo las comunicaciones por el cliente, salvo cuando deba recibirlas éste.

También cabe afirmar que hay procesos en los que no es necesaria la asistencia de procurador. Cabe señalar que ” sin la figura de estos profesionales sería mucho más difícil llevar un proceso con agilidad. Repartiendo las funciones es mucho más fácil (y efectivo) satisfacer al ciudadano.

La Administración de Justicia en España suele tener, de por sí, cierta lentitud en la resolución de los casos. Sin la existencia de los Procuradores sería ciertamente difícil cumplir los plazos y lograr un resultado satisfactorio.

¿Es obligatorio contar con procuradores en todos los procesos?

Es cierto que la Ley exime de la obligación de contar con un Procurador en determinados casos. En la jurisdicción Social (relativa al ámbito Laboral), por ejemplo, no es necesario contar con Procurador. Sí que lo son en el resto de casos, como en los procesos penales y civiles. Por lo tanto podemos deducir que la norma general es contar con la representación de un Procurador, situación que sólo puede salvarse en ciertas situaciones”.

Por tanto, sí que se prevé que haya ciertos casos en que no se utilice esta figura.

En tercer lugar, por el contrario a esto último, cabe decir respecto a los procuradores que “lo cierto es que encarecen el coste de los litigios, pues no es lo mismo tener que pagar a un solo profesional, el abogado, que a dos, incluyendo al procurador.

Procuradores que además cobran con arreglo a un Arancel, y que aplican automáticamente, de forma que les da exactamente igual que el pleito se haya ganado, se haya perdido, o incluso se hayan impuesto a nuestro cliente las costas de los profesionales de la parte contraria, con lo cual puede acabar pagando a cuatro profesionales, dos abogados y dos procuradores… ¡Visto lo cual, no creo que le queden ganas de volver a pleitear en su vida!

Al tema dediqué en 2014 el trabajo “Los procuradores en la nueva ley de servicios y colegios profesionales”, y puede verse gratuitamente en mi web Navegando Contracorriente.

Huelga decirles que de esa ley nunca más nada se supo, pues fue abortada por las presiones de los colegios profesionales, y la inoperancia del PP, partido para ayudar…

Como estos de la Unión Europea son muy pesados, y siguen presionando a España, nuestro gobierno que es experto en no hacer nada –para lo cual es necesario hacer ver que se está haciendo algo-, ha encargado un nuevo informe a la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y así, de paso, justifican su sueldo.

El informe anterior tenía 34 páginas, pero el actual solamente tiene 18, lo que es muy de agradecer, puesto que aunque parece obvio que no servirá para nada, y solamente está destinado a calmar a la UE, al menos evitamos la devastación de nuestros ya escasos bosques, y no aburrimos en exceso al personal, que está ya harto de volver a las andadas, sin que luego se haga absolutamente nada.

La Comisión Europea envió a España una Carta de Emplazamiento, el 18 de julio de 2015, en el marco del procedimiento de infracción 2015/4062, y casi tres años después, con la “tradicional” celeridad de la administración pública, se solicitó informe a la CNMC, que tuvo entrada en ese organismo el 6 de febrero de 2018… (Una muestra más del desinterés de España por afrontar el problema, cogiendo al toro por los cuernos).

El informe IPC/CNMC/04/18 Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, que es de fecha 22 de marzo de 2018, propone lo siguiente (a grandes rasgos):

  • Que la formación para ejercer ambas profesiones sea idéntica, con una única vía de acceso a ambas.
  • Que se modifique la ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, para permitir la prestación de servicios de abogado y procurador por una misma sociedad profesional. (Con lo cual el cliente tendrá que seguir pagando a dos profesionales, por un trabajo que podría hacer perfectamente uno solo de ellos, el abogado).
  • Que los abogados puedan asumir la representación de sus clientes, de la misma forma que ya lo hacen los abogados del estado, letrados de la seguridad social y administraciones públicas –autonomías, corporaciones locales, gestores administrativos y graduados sociales.
  • Yo añado a los fiscales, que tampoco han utilizado nunca procuradores de los tribunales, asumiendo las funciones jurídicas y de representación propias de la profesión, en forma similar a los abogados del Estado. ¡Y hasta la fecha, ningún “cliente” se ha quejado, al menos que yo sepa!

Asimismo se cuestiona la fijación de aranceles de los procuradores por el Estado, o más bien por el Gobierno, lo que impide la existencia de una real competencia entre ellos…, y redunda en perjuicio de los clientes, es decir, los usuarios de su representación procesal.

La Comisión Europea “consideró que impedir el acceso de los abogados a tareas como la “representación técnica” y la realización de actos de comunicación de las partes a los Tribunales, de la manera en que están reservados actualmente a los procuradores, resulta desproporcionado y no está claramente justificado por una razón imperiosa de interés general. La Comisión considera que España no ha aportado argumentos sobre los motivos por los que la cualificación profesional de los abogados, en particular el contenido de su formación, no basta para ejercer actividades como las citadas…”.

Para la CNMC: “… existen tres profesiones cuyo ejercicio resulta incompatible con la profesión de Procurador: Abogado, Gestor Administrativo y Graduado Social. Se trata de incompatibilidades entre profesiones y no entre actividades profesionales. Eso explicaría que sea incompatible la profesión de Procurador con la profesión de Abogado, pero, al mismo tiempo, que un Abogado pueda realizar conjuntamente actividades de defensa y de representación de las partes, tal y como sucede, por ejemplo, en el contencioso administrativo o en el laboral”.

Como de todos es bien sabido, supongo, en ambos ámbitos, el contencioso-administrativo y la jurisdicción social, el abogado puede asumir conjuntamente la defensa y representación de sus clientes.

Lo mismo sucede con los graduados sociales en la jurisdicción social o laboral, sin problema alguno.

Es más, anteriormente también se podía asumir la representación ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Territoriales (art. 33, 1, LRJCA de 27 de diciembre de 1956), pero posteriormente se suprimió ese “derecho” sin que la Abogacía como Institución hiciera nada por recuperarlo, dicho sea de paso…

En el ámbito del proceso penal, la LECrim. en su art. 768 permite en el marco del procedimiento abreviado, que es el proceso básico, que: “El Abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención de Procurador hasta el trámite de apertura del juicio oral. Hasta entonces cumplirá el Abogado el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos”.

Dice la Comisión: “No se considera que el que un abogado realice las tareas de un procurador pueda acarrear conflictos de intereses y retrasar la administración de justicia, ya que las normas establecen una responsabilidad, un comportamiento ético y una obligación de secreto profesional similares para ambas profesiones”. Y para que no haya dudas, remata: “En otros Estados Miembros esta labor –se refiere a la representación procesal- la realizan los abogados y en España también los graduados sociales en asuntos laborales”.

Más claro, agua.

Y respecto a los Aranceles de los Procuradores, o precios fijos, establecidos por normativa reglamentaria del Ministerio de Justicia, considera que es “algo inexistente en cualquier otra actividad profesional…, bajo una configuración de precios fijos o cuasi fijos. Se permite un descuento máximo de un 12%…”.

Se proponen tres medidas para limitar el impacto de los aranceles sobre los consumidores, que deben acudir obligatoriamente al Procurador, por exigirlo la normativa procesal correspondiente:

  • Que el arancel tenga el carácter de máximo, en sustitución del actual, que es de mínimos obligatorios.
  • Que se permita la negociación entre las partes por debajo de esos valores (en el bien entendido supuesto de que esto beneficiará a los grandes litigantes, bancos, compañías de seguros, etc., pero no al consumidor o litigante ocasional).
  • Que se obligue al Procurador a presentar un presupuesto previo, de forma que el usuario pueda decidir si emprende el pleito o no…

En otras palabras, ¿estamos cerca o lejos de la desaparición de la figura del Procurador, al menos en su actual estatus privilegiado de representante procesal obligatorio…?

Con el actual gobierno, la verdad es que lo dudo, pues parece que come de la mano de la procura. Solo con ver que han tardado prácticamente tres años en comenzar a tramitar el emplazamiento de la Comisión Europea, es más que suficiente.

Y no me extraña. El actual –y esperemos que por poco tiempo- Ministro de Justicia está tan ocupado poniendo a parir a los jueces, haciendo demagogia al peor estilo podemita, que no tiene tiempo para hacer el trabajo por el que le pagamos los españoles”.

Y es que cabe señalar que las funciones que desempeña el procurador también pueden ser desempeñadas por los abogados (proceso contencioso-administrativo), o, incluso, como ya se ha señalado, por otros profesionales (como los graduados sociales en el proceso laboral).

En cuarto lugar, y para justificar la necesidad de cambiar nuestra normativa procesal sobre la procura y que sus funciones las asuman los abogados, se ha indicar que “la profesión de procurador tal como existe en España es un fenómeno único e inédito en las sociedades y en las economías desarrolladas. En los países europeos en los que existía una figura similar se ha tendido a eliminarla. Estados tan poco neoliberales o símbolos del corporativismo como Italia y Francia suprimieron en 1997 el primero y en 2011 el segundo la institución de la procura. Por su parte, desde hace años, la Comisión Europea ha planteado a los gobiernos españoles dos preguntas elementales: ¿por qué está prohibido el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y de procurador? y ¿por qué existe un arancel en lugar de libertad de precios por el cobro de esa última actividad?

La separación entre representación y defensa en juicio vigente en España carece de justificación. Un abogado puede cumplir perfectamente ambas funciones sin que exista ninguna razón objetiva para impedirlo. El escenario actual eleva de manera artificial los costes de transacción, esto es, en los que se incurre para realizar un intercambio económico; en este caso, la prestación de servicios legales. Como el sistema imperante no cumple los mínimos requisitos de racionalidad y de eficiencia económica ni cabe atribuirle aportación sustancial alguna al mejor funcionamiento de la justicia, su pervivencia sólo tiene una explicación: la creación de un nicho de mercado monopólico en beneficio exclusivo de los procuradores. Por tanto, el presente marco regulatorio es contrario e incompatible con las reglas básicas de la competencia.

Si resulta evidente que la incompatibilidad entre ser procurador y abogado es insostenible, la remuneración de la actividad de la procura mediante un régimen arancelario es, permítase la licencia, un impuesto revolucionario. No existe ningún argumento en virtud del cual la fijación de los precios para representar a una persona física o jurídica ante los tribunales no sea totalmente libre, como sucede en el caso de los abogados.

No se entiende porqué misteriosa razón los procuradores han de tener garantizados unos ingresos mínimos y fijos, los proporcionados por el arancel, en vez de financiarse a través de tarifas negociadas con sus clientes en un régimen de libertad contractual. El resultado de este mecanismo de fijación de precios es evidente: impide la competencia y, por tanto, se traduce en un encarecimiento del servicio suministrado a los consumidores. Lo dramático es que esa práctica extractiva, que incumple la directiva de servicios de la UE, reciba el amparo de la ley y, por el momento, ningún Gobierno se haya planteado acabar con ella. Pero la historia no termina ahí…

En estos momentos, el problema no es la preservación de un statu quo privilegiado para los procuradores, sino el riesgo de que sus prebendas aumenten. Esto sucederá si se aprueba el proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este texto legal, en su artículo 26 atribuye a la procura funciones de secretario judicial. Hasta la fecha, los procuradores realizan actos de comunicación judicial y diligencian oficios de investigación de bienes y de embargos.

Ahora, el Ministerio de Justicia pretende concederles la condición judicial cuando realizan actos de ejecución. En definitiva lo que ellos entreguen a las partes sería como si lo entregase el juzgado. Ante su incapacidad de racionalizar y hacer eficiente el funcionamiento de los juzgados, el departamento encabezado por Ruiz Gallardón pretende resolver ese problema reforzando la posición monopólica de los procuradores.

Desde esta perspectiva, uno de los elementos centrales de la non nata reforma gubernamental de los servicios profesionales debería ser terminar con el anacronismo que supone la institución de la procura. La mejor opción sería hacer desaparecer la figura del procurador, concentrando en los abogados las funciones de asistencia y de representación ante los tribunales como se ha hecho en Francia y en Italia. Un subóptimo consistiría en permitir a los abogados realizar de manera simultánea tareas de procurador y, eso sí, eliminar la colegialización obligatoria en este caso. Es decir, los colegios de procuradores, de existir, serían asociaciones de carácter privado fundadas en la participación voluntaria de sus miembros en ella. Por último, los aranceles han de ser suprimidos y sustituidos por la determinación libre de los honorarios profesionales a través de las fuerzas de la oferta y de la demanda.

El Colegio de Procuradores de España es una muestra paradigmática de las élites extractivas conceptualizadas por Acemoglu y Robinson en su monumental libro, Why Nations Fail. Atrincherados tras una ley que les protege de la competencia y mantiene viva una actividad profesional cuya razón de ser ha desaparecido, disponen de los recursos necesarios para preservar sus privilegios. Su comportamiento es el descrito por los teóricos de la Elección Pública, esto es, los costes de su statu quo se distribuyen entre muchos, los usuarios obligados a consumir sus servicios, mientras sus beneficios se concentran en pocos, los procuradores. En este contexto, sus incentivos a movilizarse para salvaguardar sus prebendas son muy altos. Ante la ofensiva de un grupo de interés y ante la pasividad de sus víctimas, la tentación de cualquier gobierno es no meterse en líos o a cambiar algo para que todo siga igual”.

Por tanto, a raíz de todo, y teniendo en cuenta la normativa europea y de otros países de nuestro entorno, se ha de decir que se ha de revisar si realmente se ha de cambiar toda la normativa y cómo hacer los cambios.

FUNCIONES:

  1. Qué es un procurador y qué le diferencia de un abogado. RECLAMADOR: Estas son las diferencias entre abogado y procurador (reclamador.es)
  2. ¿LA FIGURA DEL PROCURADOR ES OBLIGATORIA EN TODOS LOS PROCESOS? MARÍA JOSÉ SOTO SOLER PROCURADORA: ¿La figura del procurador es en todos los procesos? | PROCURADOR ALICANTE
  3. EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES: LA LENTA AGONÍA DE UNA PROFESIÓN. MONSIEUR DE VILLEFORT: EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES: LA LENTA AGONÍA DE UNA PROFESIÓN. | MONSIEUR DE VILLEFORT (wordpress.com)
  4. ¿Sabes las diferencias entre un abogado y un procurador? HOY ARAGÓN: ¿Sabes las diferencias entre un abogado y un procurador? – HOY ARAGÓN (hoyaragon.es)
  5. EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES. ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID: Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Madrid (icpm.es)
  6. ‘Procura’, que algo queda. EL MUNDO: ‘Procura’, que algo queda | economia | EL MUNDO

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