COVID-19, Derecho, Inmigración ilegal, Pandemias

Inmigración ilegal en tiempos de COVID-19. Necesidad de control

España ha sido desde siempre uno de los coladeros de inmigración ilegal de Europa, proveniente sobre todo del norte de África y del resto del mar Mediterráneo. Y la pandemia por COVID-19 no ha disminuido el transito ilegal de personas para llegar a Europa. El mayor problema se plantea al presentar muchos de los inmigrantes que llegan a costas españolas síntomas por COVID-19.

En primer lugar, cabe señalar que “la masiva inmigración ilegal africana es un problema que ya existía con notoriedad antes de la crisis del coronavirus, pero que persevera durante la misma y seguirá actuando cuando sobre la piel del toro superemos la crisis sanitaria (aunque está por ver cómo ésta se resuelve y para cuándo, y a qué coste). Y no estamos hablando de un problema cualquiera sino de uno delicadísimo y de extrema complejidad, pues ahora, en esta coyuntura viral, podría traer nuevas oleadas de coronavirus y llevarnos a un segundo e incluso a un tercer confinamiento, y estaríamos en una pesadilla de nunca acabar, mientras la economía nacional e internacional se irían hundiendo cada vez más.

Mientras el COVID-19 azota al mundo, en el continente europeo especialmente a Italia y España, aún continúan funcionando las horribles y desesperantes odiseas hacia las costas del continente en embarcaciones paupérrimas, en la que sus viajantes pueden perder la vida si no son rescatados en las costas.

De ahí que el gobierno español haya planteado a la Comisión Europea prohibir la entrada de tales inmigrantes en territorio comunitario. Esto ha sido aplaudido por la derecha europea llamada populista, ni más ni menos que por Viktor Orban, presidente de Hungría y enemigo declarado del magnate globalista liberal progresista George Soros (amigo del Doctor Sánchez, que según las malas lengua subvenciona a ONGs, otros las llaman directamente mafias, encargadas de traficar con seres humanos).

También el gobierno polaco ha respaldado la propuesta. Al fin y al cabo, el gobierno de Sánchez (y después en coalición con Unidas Podemos) no ha introducido cambios importantes en la política de inmigración, y los gestos al Aquarius o al Open Arms sólo fueron propagandísticos de cara a su electorado bienpensante.

 Dada la inmigración ilegal masiva, la pandemia en África, si empieza a cobrar fuerza (de momento no hay muchos casos aunque los datos son confusos), podría convertirse en un verdadero quebradero de cabeza sobre todo para España, Italia y Grecia; aunque sería un problema para toda Europa y, dada la extrema contagiosidad del virus, para todo el mundo. Si la pandemia es controlada en los países desarrollados eso a lo peor no sirve de mucho si no se controla en los países africanos, pues podría reanudarse si no se erradica del continente negro. Y pese a la crisis sanitaria y la económica que viene después, el problema de la inmigración no sólo seguirá ahí (como otros muchos problemas) sino que con el virus puede complicarse hasta llegar a extremos de pánico. Y hasta que no salga una vacuna contra el COVID-19 las epidemias e incluso una nueva pandemia seguirá latiendo como amenaza.

Ya el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, el ex ministro de Exteriores Josep Borrell (también amigo de Soros), ha advertido con toda la razón refiriéndose a los africanos: «Sus problemas serán nuestros problemas, no podemos solventar la pandemia solo en nuestra casa… Si no se resuelve en África no se resolverá en Europa», ni por tanto en el mundo.

Entre el 1 de enero y el 18 de marzo unos 14.854 inmigrantes han entrado en Europa, según la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU. En España han entrado 3.803 (aunque el Gobierno, según la ONU, sólo ha ofrecido datos hasta el 11 de marzo).

En Italia la crisis del coronavirus ha hecho que la llegada de inmigrantes ilegales registre mínimos históricos, cuando justo antes se estaban multiplicando las llegadas respecto a 2019. Si entre el 2 y el 8 de marzo ningún inmigrante arribó las costas italianas, en ese mismo tramo de tiempo, en pleno debate mediático sobre si se debían o no celebrar las marchas del 8M, llegaron a España 349 desembarcos; a su vez, en Grecia 970 y en Malta 34.

A las 5 de la madrugada del 6 de abril 260 subsaharianos intentaron entrar por Melilla y unos 50 consiguieron saltar la valla consiguiendo su propósito, siendo uno de los intentos más violentos de los últimos meses, con dos detenidos y un guardia civil lesionado.

Amnistía Internacional, esa institución que tiene «la visión de un mundo en que todas las personas disfrutan de los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», ha manifestado en sus redes sociales al respecto: «todas las personas que llegan tienen derecho a ser tratadas con dignidad y humanidad. Puede que vengan huyendo de guerras. Puede que hayan perdido a sus familias. O puede que la miseria las haya impulsado a dejarlo todo en busca de un futuro mejor».

Pero un problema político y geopolítico como es el de la inmigración ilegal masiva, que ya era tremendamente complicado pero que va a acentuarse con la crisis viral, no puede afrontarse desde la ética y desde los sacrosantos, aunque burgueses, derechos humanos de 1948. Y estos derechos son, en su mayoría, normas éticas, las cuales prescriben dar cobijo, alimento y cuidados a todos los inmigrantes que se asomen por nuestras costas, porque la ética es universal a la atención y el buen trato de los individuos corpóreos humanos, independientemente de su condición social, cultural, étnica, económica y política. Sin embargo las normas políticas, que son acentuadas por la geopolítica -siempre en vigor pero hoy en día aún más por la pandemia de COVID-19 y la enorme crisis económica, social y política que va a dejar a su paso-, procuran limitar el número de inmigrantes ilegales, porque un excesivo número de los mismos complicaría la economía política y la vida social de cualquier país. De hecho, en plena crisis coronavírica, el Ministerio del Interior del Gobierno de España aceleró el 1 de abril los trámites para expulsar a unos inmigrantes que llegaron a Tenerife en una patera y con un caso de coronavirus, aunque es muy probable que sus compañeros también estuviesen contagiados.

El problema que hay con la llegada de inmigrantes a Canarias, como a otros puntos de España, es que no pueden ser enviados en vuelos a Mauritania o a cualquiera país africano, porque este país, como han hecho otros, ha cerrado sus aeropuertos a los vuelos españoles”.

En segundo lugar, sí que cabe señalar un parón durante los meses más duros de la pandemia de la inmigración masiva hacia Europa, pero desde hace escasos meses se ha vuelto a intensificar. Y lo peor de todo no es la llegada masiva de inmigrantes, sino el hecho de que muchos de ellos llegan con síntomas de COVID-19 y luego encima perjudican al sector económico más grande de España, el turismo, además de provocar que España sea el país con más contagios de Europa, y eso sin tener en cuenta que no se dispone de medios necesarios para hacer frente a toda esta avalancha de positivos.

Aún así, en tercer lugar se ha de indicar que “el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social publicó el 5 de junio un “Protocolo de actuación ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular”. Entre las medidas que contempla, firmadas por la Secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, se encuentra la realización de las pruebas diagnósticas siguiendo el protocolo estatal para cualquier viajero con síntomas que llega a España. También se observa la trazabilidad, por lo que “se deberá identificar a todos los migrantes que viajen en una misma patera, por si fuese necesario tomar medidas específicas, ante un eventual caso positivo”.

En su cuenta oficial de Twitter, la Secretaría de Estado de Migraciones insistía en la existencia de “nuevos recursos para adaptar la acogida a las indicaciones sanitarias”.

Cambio de ruta, menos personas y más pateras

El COVID-19 cortó en seco la llegada de inmigración regular a través del aeropuerto de Barajas durante el estado de alarma y redujo en un 35% la llegada de inmigrantes en patera a las costas españolas.

Según los datos sobre inmigración irregular publicados por el Ministerio de Interior, en los seis primeros meses del año del confinamiento hemos recibido a 4.677 personas menos que en el mismo periodo del año pasado. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este 2020 han llegado a las costas españolas de manera irregular 8.546 personas. En 2019 fueron 13.223.

Sin embargo, el número de embarcaciones interceptadas se ha incrementado en un 10%. Se podría pensar que las mafias dedicadas al tráfico ilegal de personas dedican más pateras para menos pasajeros con el fin de mantener la distancia social en tiempos de coronavirus. Por desgracia los motivos tienen que ver más con burlar la presión policial, especialmente en los puntos de salida. El Gobierno aprueba un decreto para incorporar a parados y migrantes al campo por la falta de temporeros RUBÉN HERAS

El director del Instituto Universitario de Estudio sobre Migraciones (IEME) de Comillas, Alberto Ares, explica que “la Unión Europea ha aumentado la presión para que Marruecos acabe con los campamentos donde esperaban antes de salir hacia Europa”. Es por eso que las mafias han cambiado su ruta y Canarias ha registrado un incremento en la llegada de pateras y cayucos de más del 100%. Si en los seis primeros meses de 2019 llegaban 462 personas a Canarias, en el mismo periodo de 2020, en plena pandemia, han llegado 2.700.

Ares recuerda que “el número de personas irregulares que llega a España en pateras es muy pequeño en comparación con los que llegan por el aeropuerto con visado de turista, de estudios o de trabajo y que luego se quedan entre nosotros”. Las cifras del año 2019 le dan la razón. De manera regular entraron 748.759 personas y tan solo 32.513 lo hicieron de modo irregular en cayuco, patera o escondidos en algún vehículo para atravesar la frontera en Ceuta o Melilla.

Protegidos del COVID para proteger vidas en el mar

Muchas de estas embarcaciones precarias no llegan a la costa y tienen que ser rescatadas. Las patrulleras de la Guardia Civil, en algunos casos, y Salvamento Marítimo (SASEMAR), en otros, son los encargados de proteger las vidas de estas personas desesperadas que se echan al mar en busca del sueño europeo.

Durante el estado de alarma –entre el 14 de marzo y el 21 de junio- SASEMAR ha mantenido su actividad como servicio esencial y ha asistido a más de 3.800 personas. “El protocolo en materia de inmigración es el mismo que se estaba aplicando anteriormente”, aclaran fuentes de esta entidad pública. Es un protocolo “implantado hace varios años para evitar posibles contagios de enfermedades procedentes del África subsahariana a nuestras tripulaciones”, en referencia al ébola y el dengue, entre otras”.

En cuarto lugar, se ha de señalar que “

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta 2018 unos 800,000 latinoamericanos residían en España, un número que podría ser mayor debido a que miles viven en las sombras, sin registrar sus domicilios a falta de documentos o contratos de arrendamientos a su nombre. La mayoría de los inmigrantes ha llegado a este país a trabajar en el cuido de ancianos, de meseros o cocineros en restaurantes y hoteles, la construcción o bien en el campo, en cortes de lechuga y naranjas y cuidado de ovejas, principalmente.

Antes de la pandemia

Los extranjeros que decidieron empezar una nueva vida en este país se han enfrentado a una explotación laboral que se acentuó con la crisis económica global que empezó en 2008 y se extendió en España hasta 2013, y por tanto abarató la mano de obra.

Sin embargo, para miles cualquier situación en España es mejor que seguir en sus países de origen: con trabajo regular o en negro (como le dicen acá) era suficiente para sobrevivir y mandar remesas a sus familias al otro lado del Atlántico, las que siguen viviendo en desigualdad o soportando los problemas de inseguridad y dictaduras de la región.

Y a diferencia de Estados Unidos, España es atractiva para los inmigrantes latinoamericanos por dos razones: hay un sistema sanitario universal que en tiempos como ahora, con pandemia, les permite ir al médico sin el miedo de que llegue a sus casas una factura de cobro; y hay una norma jurídica que le da la opción de ser residentes a los tres años bajo una figura de arraigo, siempre y cuando encuentren a un empleador que les asegure un puesto laboral por al menos un año. Aunque la burocracia extendía este trámite hasta por cinco años, ayudaba a los migrantes irregulares a legalizarse.

Con la crisis del coronavirus muchos miedos despertaron, pero todos terminan en el tema laboral. España es la quinta economía de la Unión Europea, y pese a su crecimiento, seguía siendo uno de los países del bloque comunitario con uno de los déficits públicos más serios.

En 2019 la tasa de desempleo fue de 13,78% de su población activa, y aunque el empleo crecía ya mostraba síntomas de agotamiento. Ahora con la crisis sanitaria, España tiene casi todas sus actividades económicas paralizadas, y el turismo, una de las más fuertes al aportar al PIB un 14%, será la más afectada. Datos de medios de comunicación apuntan que la crisis destruirá más un millón de empleos.

Tiempo de ajustes

Hace unos días hablé con Marly, una nicaragüense que tiene tres años de residir en Madrid en situación irregular, y expresó con mucha preocupación que se quedó sólo con uno de los tres empleos que tenía previo a la crisis del coronavirus. Ganaba 1,300 euros al mes con los que pagaba renta, comida y la manutención de sus tres hijos, pero ahora depende sólo de 550.

Lo mismo comentó otra mujer nicaragüense de Pamplona, que quedó desempleada y con la presión de no tener dinero en abril para pagar la renta donde vive. Todos los días pone anuncios en páginas de empleo en los que se ofrece a cuidar a ancianos o infantes. No tiene éxito. Por su condición migratoria, y a falta de contrato, tampoco se beneficiará de las medidas de rescate diseñadas por el Gobierno para los trabajadores regulares.

Otras que tienen empleo irregular comentaron que están trabajando más horas sin un aumento de su paga mensual. Margini dijo que labora en una casa más con de 15 horas al día, cuidando a una anciana, cocinando y limpiando, pero no se atreve a pedir más pago porque asume que su jefe argumentará que le están dando techo y comida.

“Qué le vamos a hacer”, dijo. Era eso o quedarse desempleada.

Edimar y Leo, de El Salvador y Nicaragua, son solicitantes de protección internacional y están preocupados por el empleo, y piensan que se complicará más en vista que se suspendieron los trámites presenciales en las delegaciones de Extranjería. A ambos sus permisos de residencia se les vence en abril y mayo.

En el caso de Edimar, que recibe ayudas del Estado, teme que le quiten la subvención, aunque ya el Gobierno dijo que estas están garantizadas. “Uno nunca sabe”, duda. Leo trabaja en el campo y le preocupa que su empleador no lo siga contratando cuando su documento esté vencido.

Luis, el venezolano que huyó de la dictadura de Maduro, aunque tiene empleo, avizora un panorama oscuro. Cree que con la crisis él no será una prioridad para los empleadores, por lo que se podría contratar sólo a los españoles. A falta de un contrato, la renovación de su tarjeta está comprometida, dice, pero legalmente no es un requisito que exija el Gobierno de España. Hasta ahora.

Sobre la situación que enfrentan los inmigrantes regulares en España, Ana María Corral, responsable del Departamento de Migraciones del Sindicato General de Trabajadores (UGT) dice que han pedido a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, que adopte medidas para los inmigrantes cuyos documentos de residencia están próximos a vencer.

“Los trabajadores, que cuentan con un permiso de trabajo temporal, están siendo despedidos y para renovar sus documentos depende de un contrato de trabajo, y será difícil si no adoptamos medida”, comenta Corral. “Por ahora, el Ministerio dijo que algún tipo de medida va a adoptar, aunque no he visto la propuesta por escrito”, agregó.

El Gobierno aprobó a mediados de marzo prorrogar la validez de los documentos de identidad vencidos durante el Estado de alarma, que empezó el 14 de marzo y terminará el 25 de abril. En materia de migración, las medidas de Pedro Sánchez han dejado fuera a miles de extranjeros. Ayer, dio una salida temporal: aprobó un decreto en el que permite trabajar en el campo a los inmigrantes irregulares jóvenes”.

En quinto lugar, también se plantean cuestiones relativas al acogimiento de estos inmigrantes. Se ha de señalar que “tanto los países emisores como receptores pueden brindar un apoyo fundamental a los migrantes a través de mecanismos de protección social, entre ellos las redes de protección social, las políticas de conservación del empleo y las políticas de promoción del empleo. Los ajustes a las regulaciones migratorias pueden ayudar a respaldar estas políticas y programas. Hemos abordado las intervenciones en materia de remesas en otra entrada de blog.

Las redes de protección social proporcionan apoyo directo en forma de efectivo o bienes y servicios en especies para estabilizar el consumo, contrarrestar las alzas de precios y prevenir que las personas caigan en la pobreza. Los Gobiernos podrían considerar tres opciones. En primer lugar, se puede ampliar la elegibilidad para los actuales programas de redes de protección social (i) y así enfrentar los desafíos de los migrantes. En segundo lugar, los programas recientemente creados (i) en respuesta a la COVID-19 se pueden implementar sin tener en cuenta la situación migratoria de los migrantes. En tercer lugar, se pueden crear programas nuevos para ayudar a los migrantes a solucionar los distintos problemas que enfrentan. Esto incluye proporcionar exámenes y terapias (i) para detectar y tratar el virus, alimentos y alojamiento, asistencia para el transporte (en indonesio) y donaciones en efectivo (i).

Las políticas de conservación del empleo incentivan a los empleadores a mantener su fuerza laboral, ya sea mediante deducciones en las contribuciones a la seguridad social, como se está haciendo en China (PDF, en inglés), o a través de subsidios al empleo, como estamos viendo en Corea (PDF, en inglés). Estas políticas pueden abarcar a toda la fuerza laboral, pero su implementación se enfoca en evitar el desplazamiento de los trabajadores migrantes, en particular la mano de obra migrante interna.

Las políticas de promoción del empleo ayudan a las personas a encontrar trabajo y a los empleadores a encontrar trabajadores. Las regulaciones sobre los programas de migración se pueden adaptar para garantizar que se atiendan las necesidades del mercado laboral, por ejemplo prolongando las visas para los actuales trabajadores (i) y facilitando el ingreso de nuevos trabajadores (i). Los programas de búsqueda de empleo y de intermediación laboral (i), así como la asistencia para el transporte (i) pueden ayudar a los trabajadores migrantes desplazados a encontrar trabajo, especialmente para subsanar la insuficiencia de mano de obra en el mercado laboral generada por las restricciones para viajar. Esto puede requerir la incorporación de controles de salud para evitar que las personas contraigan la COVID-19.

¿Qué deben tener en cuenta los encargados de formular políticas al diseñar e implementar políticas que consideren la migración?

Los Gobiernos pueden trabajar para integrar a los migrantes en los programas existentes y asegurar que todos los grupos estén protegidos contra los efectos económicos y sanitarios de la COVID-19.  Los programas deberán tener en cuenta los obstáculos que enfrentan a menudo los migrantes para acceder a los programas de protección social, tales como los requisitos de documentación y las diferencias de idioma. Será difícil identificar a los migrantes, principalmente donde no usaron canales legales, por lo que se necesitarán enfoques innovadores que incluyan la autoselección, la autoinscripción y la cooperación de las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de remesas. Por último, en la prestación de servicios se deberán cumplir las buenas prácticas de salud pública. Por ejemplo, los programas para facilitar el empleo estacional (i) en la agricultura tendrán que incorporar exámenes de salud, pautas sobre cómo se debe realizar el trabajo y planes para responder si un trabajador migrante se enferma”.

Se puede ver que el problema se ha agravado todavía más, sobre todo por el problema de la actual pandemia y el descontrol que ya había con la inmigración masificada que ya había antes de la pandemia provoca un mayor agravamiento.

Como conclusión, se ha de señalar la necesidad de actuar con mano dura contra las mafias que operan en los países de origen para contener la inmigración, así como la necesidad de echar una mano en estos países para hacer frente en ellos a la pandemia.

FUENTES:

  1. Desde España: la pandemia pone en riesgo el refugio de los inmigrantes. SALUD CON LUPA: https://saludconlupa.com/noticias/desde-espana-la-pandemia-pone-en-riesgo-el-refugio-de-los-inmigrantes/
  2. Protección social para los migrantes durante la crisis de coronavirus (COVID-19): una decisión apropiada e inteligente. BANCO MUNDIAL BLOGS: https://blogs.worldbank.org/es/voices/proteccion-social-para-los-migrantes-durante-la-crisis-de-coronavirus-covid-19-una-decision
  3. La inmigración en los tiempos del virus. REAL INSTITUTO ELCANO: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari69-2020-gonzalezenriquez-la-inmigracion-en-los-tiempos-del-virus
  4. OCDE: el coronavirus frena la inmigración. DW: https://www.dw.com/es/ocde-el-coronavirus-frena-la-inmigraci%C3%B3n/a-55326922
  5. El regreso de los internos al CIE será «casi imposible» tras el coronavirus. ABC MADRID: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-coronavirus-regreso-internos-sera-casi-imposible-tras-coronavirus-202005010037_noticia.html
  6. Pateras, coronavirus y nueva normalidad. RTVE.

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