Derecho general

¿Cuál es el máximo que puedes ir a la cárcel?

Según nuestro Código penal, las penas o castigos que nuestra legislación penal impone por la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el Código penal se clasifican en penas privativas de libertad, penas privativas de derechos y penas de multa. Entre las primeras encontramos las penas de prisión y las penas de localización permanente. En este caso, nos vamos a centrar principalmente en la duración de las penas de prisión.

En primer lugar, cabe señalar que “un buen método para rebatir la regresión pasa por recordar los fundamentos de la justificación de la pena en una sociedad democrática que predica la justicia y la igualdad como valores superiores del ordenamiento jurídico. La proporcionalidad, la racionalidad y la equidad son los pilares básicos que sustentan el sistema punitivo. Son muchos los sectores que admiten la duración ilimitada o desmesurada de las penas de prisión, esgrimiendo como argumento el dolor de las víctimas o la repulsa instintiva que provocan determinados crímenes que impactan en la sensibilidad social. Ya nos advertía  Claus Roxin que no se puede dejar en manos de los políticos las ponderaciones y delimitaciones de las penas, sino que debe reconocerse que estas son tareas de primer rango de la ciencia del derecho y de las ciencias sociales.

Nuestro sistema punitivo, siempre se caracterizó por una dureza excesiva no sólo en cuanto a la duración de las penas sino también en cuanto a los sistemas  de cumplimiento y los regímenes penitenciarios. Con la aparición de las declaraciones universales de derechos humanos y de los pactos internacionales que los precisan y desarrollan se instauró, en las sociedades democráticas, un debate sobre la legitimidad y justificación de la respuesta punitiva del Estado frente a hechos delictivos. Esta reflexión lleva a un cambio total de enfoque penitenciario buscando sobre todo la individualización de las penas, el acortamiento de las mismas, la posibilidad de utilizar opciones alternativas a la pena, centros especiales de rehabilitación y reinserción y sobre todo erradicar, por imperativo de la propia coherencia democrática y de los compromisos internacionales contraídos, cualquier vestigio de penas inhumanas crueles o degradantes. El limite máximo de duración de la pena privativa de libertad marca la frontera infranqueable entre la venganza, repudiada por la Constitución y los valores democráticos. Todos los expertos coinciden en que una estancia continuada en la cárcel por más de 15 o 20 años, anula la personalidad del condenado.

España, inmersa en una larga Dictadura y ajena a cualquier  veleidad con los derechos humanos y las libertades fundamentales, basó todo su sistema punitivo en los juicios sumarísimos de la jurisdicción militar con frecuente imposición de la pena de muerte  o su conmutación por la de 30 años de reclusión mayor y con una jurisdicción ordinaria  que manejaba un Código Penal de 1944, modificado ampliamente en 1973, en el que la desproporción de las penas era notoria.

Promulgada la Constitución de 1978 había que adaptar el sistema punitivo a las previsiones constitucionales y a los compromisos internacionales contraídos por España. La resocialización y reinserción es un objetivo irrenunciable y la prohibición de los tratos inhumanos crueles o degradantes un imperativo constitucional.

“No es el momento de lamentaciones sino de afrontar dialéctica y serenamente la avalancha de propuestas en pro del endurecimiento permanente de las penas de prisión”.

La escueta Exposición de Motivos del Código de 1995 propone una reforma total del actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización y reinserción que la Constitución le asigna. Manteniendo el principio del cumplimiento sucesivo de las penas que correspondan a las diversas infracciones que pueden ser imputadas a una persona establece, en el artículo 76.1, que el máximo del cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido. Dicho máximo con carácter general no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente el límite se podía extender hasta los 25 o 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de penas de hasta o superiores a 20 años.

El crescendo punitivo parece no tener límites. La redacción original del Código de 1995, sufre una primera modificación por Ley orgánica 7/2003 del 30 Junio, denominada de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas que, según su .Exposición de Motivos, “trata de activar una respuesta penal más efectiva frente a los autores de crímenes muy graves, que además han cometido una pluralidad de delitos”.
Las presiones mediáticas y los oportunismos políticos, llevan a una nueva  intensificación de la medida de la pena en la Ley orgánica 5/2010 de 22 Junio que permite la elevación del tope máximo hasta los 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por delitos de terrorismo con pena superior a 20 años. Las posibilidades de valoración por parte del tribunal y del Juez de Vigilancia Penitenciaria a las que hemos hecho referencia se controlan y reducen y se impone preceptivamente que la aplicación de los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias cuando se trate de casos de terrorismo. Asimismo el Juez de Vigilancia Penitenciaria no puede acordar la vuelta al régimen general de cumplimiento cuando se trata de hechos relacionados con el terrorismo o bandas armadas y organizadas.

El proyecto de modificación del Código Penal que recientemente ha presentado el Gobierno ofrece, como novedad estrella, la prisión permanente revisable que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad. Es evidente que supone una respuesta extraordinaria y añade, creo que sin valorar la carga inconstitucional de la expresión, que supondrá la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada si bien sujeta a un régimen de revisión. Sorprendentemente añade que lo que determina la inhumanidad de una pena es la falta de un horizonte de libertad.

Como ha quedado reflejado, han sido muchas las modificaciones en materia de duración de las penas privativas de libertad, pero, a pesar de ello, la primera parte del artículo 76 se ha mantenido  inalterable e impone al juzgador, que una vez llegado a dicho tope (20,25,30 o 40 años) se declararán extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo.

“Han sido muchas las modificaciones en materia de duración de las penas privativas de libertad, pero, a pesar de ello, la primera parte del artículo 76 se ha mantenido  inalterable e impone al juzgador, que una vez llegado a dicho tope (20,25,30 o 40 años) se declararán extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo”

El legislador no puede ignorar que al mantener reiteradamente la extinción de las restantes, las hace desaparecer ya que extinción, en su auténtico significado, supone tanto como matar, aniquilar,  liquidar e incluso fundir. La regla general, en su interpretación gramatical, literal y verdadera mantiene el criterio que la jurisprudencia ha sustentado invariablemente a lo largo de los tiempos, ajustándose al texto inalterado  de nuestro tradicional y actual artículo 76. Su contenido es inequívoco, ordena sumar, comprobar si se llega al tope y una vez alcanzado declarar extinguidas o desaparecidas las demás. Ello equivale a considerar, como ha sido tradicional, que la pena resultante es una nueva pena. Esto nunca ha sido modificado.

Por tanto, resultan incompatibles con lo dispuesto en el artículo 76, las previsiones y contenido de los nuevos y sucesivos retoques del artículo 78. Si las penas que excedan de los topes máximos han sido declaradas extinguidas por imperativo del precepto general (artículo 76) no se pueden resucitar aquellas que han sido declaradas muertas y extinguidas sin caer en incongruencia y contradicción. Es necesario, antes de inclinarse por la interpretación más gravosa, que el legislador elimine la declaración terminante de extinción de las restantes haciendo una salvedad expresa o modificando la redacción del artículo 76. Es decir que para conseguir el cumplimiento integro no se pueden resucitar las penas extinguidas, solo se pueden utilizar las que han servido para llegar a los topes legales.
El debate sobre la denominada doctrina Parot parece que va perdiendo virulencia por lo que creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre los límites constitucionales de la pena de prisión. Para ello lo mejor es volver a los clásicos. Uno de los personajes a los que la humanidad debe agradecimiento imperecedero es, Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria. Recomiendo la lectura de su obra “De los delitos y las penas” .Podrán valorar la racionalidad de sus planteamientos y la facilidad de su prosa para transmitir ideas profundas sin necesidad de caer en el oscurantismo conceptual o en la evasión filosófica.

De forma sencilla sostiene que el fin de la pena no es otro que corregir al criminal y reconducirlo al buen camino garantizando, al mismo tiempo, la seguridad de la sociedad. A continuación, con lógica abrumadora añade que la pena de muerte no puede corregir a nadie porque elimina al criminal.

Afirmar esto en 1763, cuando tenía solo 25 años, fue considerado como blasfemo y contrario a las doctrinas de la Iglesia, que incluyó este manual, demoledor con las practicas de la Inquisición, en el famoso Índice de libros prohibidos.

“La respuesta está en las leyes y nunca estas deben perder su legitimidad de origen y su justificación racional, ajustándose a la proporcionalidad en la respuesta punitiva frente a los hechos delictivos aunque estos conculquen, de manera grave, los derechos de las víctimas y perturben y alteren gravemente la convivencia social”“.

En segundo lugar, y relacionado con esta primera parte, se puede ver que las penas de prisión en España son en principio bastante duras, pero el sistema penitenciario español no es tan duro y por buena conducta existen permisos penitenciarios o incluso que los presos salgan antes de prisión.

En tercer lugar, cabe señalar que “la pena prisión consiste en la restricción del derecho de libertad del que ha cometido el delito. La libertad es un derecho fundamental, y la privación de éste es la pena más grave, pero también es la pena por excelencia del derecho penal. Por ser un derecho fundamental, la pena de prisión se establece siguiendo diversas garantías, se debe establecer mediante una ley orgánica y la Administración no puede imponerla (ART. 25 de la Constitución Española).

La pena de prisión sufrió a lo largo del resto de su historia diversas modificaciones para poder se adaptada a las necesidades de la sociedad y del ser humano. La principal idea sobre la pena de prisión es su finalidad de rehabilitación del delincuente. A pesar de que hay sectores de la sociedad que considera que no es un buen método para reeducar a los delincuentes, es en general el método de responsabilidad más utilizado hoy en día en todo el mundo.

En cuanto a la duración de una pena de prisión, en general, ésta debe ser proporcional con el hecho delictivo cometido.

En el Código Penal español el plazo mínimo de la pena de prisión es de tres meses y el máximo de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del Código Penal (apartado 2 del 36 Código Penal). Hay que tener en cuenta lo dispuesto en el 76 Código Penal:

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será:a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.d) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.e) Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis.2. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar.

En relación al artículo anterior se encuentra la acumulación de condenas.  El artículo 988 LECrim establece que la acumulación se realizará por el Juez que hubiese dictado la última sentencia, esto implica que que son acumulables todas las condenas por delitos que no estuviesen ya sentenciados en el momento de la comisión del hecho que ha dado lugar a esta resolución , con independencia de que tuviesen relación entre sí. Deben excluirse: los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando inicia el período de acumulación; y, los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación  (STS 792/2017, de 11 diciembre; STS 780/2017, de 30 de noviembre; STS 677/2017, de 17 de octubre; STS 227/2017, de 31 marzo). La fecha relevante en este aspecto es la de la sentencia dictada y no la del juicio.

Sobre la acumulación se pronunció el pasado 27 de junio del año 2018 la Sala de los Penal en un Pleno no Jurisdiccional, acordando lo siguiente sobre la fijación de criterios en casos de acumulación de condenas:

“1. Las resoluciones sobre acumulación de condena solo serán revisables en caso de una nueva condena (o anterior no tenida en cuenta).

2. La nulidad como solución al recurso casacional, debe evitarse cuando sea dable conocer la solución adecuada, sin generar indefensión.

3. Cuando la sentencia inicial es absolutoria y la condena se produce ex novo en apelación o casación entonces, solo entonces, esta segunda fecha será la relevante a efectos de acumulación.

4. En la conciliación de la interpretación favorable del art. 76.2 con el art. 76.1 ;C.P., cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena intermedia del bloque que cumpla el requisito cronológico elegido.

5. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento.

Favorece al condenado, cuando la conclusión es que se extinguen, sin necesidad de estar sometidas al periodo de prueba.

6. No cabe incluir en la acumulación, el periodo de prisión sustituido por 6. expulsión; salvo si la expulsión se frustra y se inicia o continúa a la ejecución de la pena de prisión inicial, que dará lugar a una nueva liquidación.

7. La pena de multa solo se acumula una vez que ha sido transformada en responsabilidad personal subsidiaria. Ello no obsta a la acumulación condicionada cuando sea evidente el impago de la multa.

8. La pena de localización permanente, como pena privativa de libertad que es, es susceptible de acumulación con cualquier otra pena de esta naturaleza.

9. A efectos de acumulación los meses son de 30 días y los años de 365 días.

10. La competencia para el incidente de acumulación, la otorga la norma al Juez o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia; sin excepción alguna, por tanto, aunque fuere Juez de Instrucción (salvo en el caso del art. 801 ;LECr), aunque la pena que se imponga no sea susceptible de acumulación e incluso cuando no fuere privativa de libertad.

11. Contra los autos que resuelven los incidentes de acumulación, solo cabe recurso de casación”.

Por otra parte la STS 706/2015, de 19 de noviembre fija: “aunque la redacción del precepto pudiera haber sido más clara, ha de interpretarse en el sentido de que la acumulación deberá realizarse partiendo de la sentencia más antigua, pues al contenerse en ella los hechos enjuiciados en primer lugar, servirá de referencia respecto de los demás hechos enjuiciados en las demás sentencias. A esa condena se acumularán todas las posteriores relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia”.

Para el cómputo, se extraen dos reglas a partir del artículo 38 del Código Penal:

  1. Cuando el reo estuviere preso, la duración de las penas empezará a computarse desde el día en que la sentencia condenatoria haya quedado firme
  2. Cuando el reo no estuviere preso, la duración de las penas empezará a contarse desde que ingrese en el establecimiento adecuado para su cumplimiento.

En estos casos no podemos olvidarnos del contenido del artículo 58 CP:  “El tiempo de privación de libertad sufrido provisionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue acordada…”. 

En relación con la posibilidad del abono de la obligación de comparecer en sede judicial ligada a la libertad provisional (art. 530 LECrim), puede ser compensada conforme a lo dispuesto en el artículo 59 CP “Cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta sean de distinta naturaleza, el Juez o Tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella parte que estime compensada”. Por su parte la Sala estimó, en la sentencia 1045/2013 de 7 de enero de 2014, que el criterio de la compensación, tendrá consecuencias benéficas para el sistema de cumplimiento de las penas y para la propia efectividad de las medidas cautelares. De una parte, porque contribuye a eliminar la rutinaria aplicación de una medida restrictiva de la libertad cuya ejecución, vigilancia y seguimiento jurisdiccional no siempre están siendo ejemplares. De otra parte, porque facilita el efecto pedagógico asociado a la idea de que el cumplimiento por el imputado de esas comparecencias siempre conllevará la expectativa favorable de su futura compensación (STS 629/2015, de 18 de octubre).

Por lo que respecta al cumplimiento de las penas de prisión hemos de sujetarnos a dos tipos de regulación: la LO 1/1979, de 26 septiembre, General Penitenciaria; y el Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero, Reglamento penitenciario. En todo caso deberá efectuarse en los centros penitenciarios. Existen multitud de sistemas penitenciarios, pero en España se ha instaurado un Sistema progresivo regulado por la ley anteriormente mencionada.

En esta modalidad lo que se hace es empezar con un sistema de aislamiento y se va progresando de grado hasta llegar a conseguir la libertad condicional. Se trata de conseguir que la cárcel sirva como un medio de preparación para la futura vida en sociedad del delincuente, evitando que vuelva a reincidir. En la prisión van a estar asesorados y guiados por especialistas en psicología. 

Por último es ineludible la mención a la Prisión permanente revisable cuando hablamos de las penas privativas de libertad. Se trata de una pena cuyo cumplimiento debe ser íntegro. Oscila entre los 25 y 30 años,  dependiendo si la condena es por uno o varios delito o si son delitos terroristas; y es susceptible de ser revisada una vez cumplida parte de la condena.  

No existe una regulación específica que la defina, sino que aparece dispersa a lo largo de la Ley Penal:

  • El artículo 33 CP la define como pena grave.
  • En el art. 35 CP se contempla como una pena privativa de libertad.
  • El artículo 36 CP establece que podrá ser revisada conforme al precepto 92 de esta misma ley.
  • En  el 78 bis. CP incluye los plazos y los requisitos para la progresión al tercer grado y la posible suspensión de la ejecución del resto de la pena.
  • El mencionado artículo 92 contempla las posibilidades de revisión de la pena:
    • De oficio: El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando el penado haya cumplido veinticinco años de su condena.  El tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional.
    • A instancia de parte: siempre que el condenado lo solicite.

En la Ley se han establecido una serie de supuestos para los cuales este tipo de condena es aplicable:

  • Tipos agravados de asesinatos art. 140 CP:
    • Cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable (140.1.1ª). Actualmente uno de los casos más sonados ha sido el referente al asesinato del “Pescaito”, la autora del crimen fue condenada a prisión permanente revisable fundamentada en este precepto (Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, Tribunal Jurado 379/2019 de 30 de septiembre Nº Cendoj 04013381002019100003 )                                                                                                   
    • Cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual (art. 140.1.2ª) (Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Tribunal Jurado 197/2019 de 17 de diciembre) Caso muy controvertido sobre la desaparición y muerte de Diana Quer, que desembocó en la condena de su asesino “El chicle” a prisión permanente revisable por quedar probado lo siguiente: “la dicción del art. 140.1.2ª CP. es perfectamente coherente con una situación de concurso real entre las infracciones contra la libertad sexual previamente cometida y contra la vida que se comete con posterioridad…”                                                                                                          
    • Los cometidos por miembros de una organización criminal (art. 140.1. 3ª)                                                                                                                                        
    • En los asesinatos múltiples (art. 140.2 CP) (STSJ Castilla la Mancha Nº 16/2019 de 13 de junio, Nº Cendoj 02003310012019100019. “Los asesinatos de Pioz”) La magistrada del Tribunal del Jurado establece esta pena por cada una de las muertes del tío del acusado y los 2 menores de edad, mientras que le condena a 25 años prisión por el asesinato de la mujer
  • Delitos contra la Corona, homicidio al Rey o Reina o Princesa de Asturias (art. 485.1 CP).
  • Delitos de genocidio Delitos de genocidio (art. 607 CP).
  • Delitos de lesa humanidad (art. 607 bis 2.1 CP)”.

Por tanto, se puede ver una amplia gama de penas de prisión.

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