Abogacía, Administración de Justicia, Derecho, despachos de abogados

¿Cómo será la Justicia del futuro? Las nuevas herramientas para la modernización de la Justicia. Parte I

La introducción de las nuevas tecnologías, así como nuevos mecanismos de resolución de conflictos entre particulares, entre particulares y Administraciones Públicas, así como entre Administraciones Públicas, está provocando un cambio en la forma de administrar justicia.

En primer lugar, cabe indicar que “el futuro de la Justicia será digital. En un mundo que ya depende para todo de la tecnología, aún es necesario hacer proclamas como ésta cuando se refieren a los juzgados y tribunales: los ciudadanos usuarios se asombran cuando se enfrentan a una administración cuya dotación informática parece menos eficiente que las equipaciones domésticas, mientras que los profesionales y operadores jurídicos han clamado por frenar su informatización porque se estaba convirtiendo en un grave lastre para el funcionamiento de órganos judiciales y fiscalías.

El sistema de papel cero entró en vigor el 1 de enero de 2016.

No fue un proyecto afortunado ni pacífico, sino aventurado y poco meditado cuyo principal defecto consistió en la falta de diálogo con los profesionales de la Justicia, que sufrieron las deficiencias de algunas soluciones nada satisfactorias y carentes de garantías de integridad, seguridad y eficacia.

Esa incomunicación con los órganos judiciales y fiscales, a los que se impuso el criterio ministerial sin conocer su realidad ni recoger su opinión, estuvo siempre condenada al fracaso.

Esa es la dinámica que era necesario revertir.

Era el momento de tomar aire, testar el panorama y deshacer los caminos mal planteados.

En estos meses, la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos ha cursado visitas a las veintinueve sedes judiciales y oficinas fiscales del territorio ministerio para mantener reuniones con jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de Justicia y miembros de las juntas de personal.

Se ha recuperado así un modelo de relación que ha permitido detectar los problemas y carencias del proyecto de informatización judicial, pues son sus usuarios quienes mejor conocen los defectos del sistema y las posibles vías de mejora.

Darles la voz ha permitido detectar las carencias a solucionar y diseñar los mecanismos para hacerlo.

La primera evidencia fue la necesidad de renovar la infraestructura informática que sustenta la actividad judicial de los 659 órganos judiciales unipersonales, 153 salas de audiencias provinciales y 89 salas y secciones de tribunales superiores del territorio ministerio, que han recibido 8.215 nuevos ordenadores personales, 4.313 escáneres multifunción, 4.400 pantallas y 2.600 equipos de trabajo móvil que facilitan el teletrabajo a jueces y magistrados, fiscales y letrados de la administración de Justicia.

Otro de los principales motivos de queja de los profesionales de la Justicia era el funcionamiento del sistema de gestión procesal.

Además de sostener la actualización de Minerva hacia nuevas versiones más eficientes, ha sido necesario diseñar su migración tecnológica hacia un entorno web que permitirá incorporar las últimas tecnologías y herramientas de monitorización e iniciar el cambio técnico de Uniface a Java para mejorar su velocidad y estabilidad.

Este proceso se prolongará hasta el 2021.

Hasta entonces, era ineludible renovar el 76 por ciento de los servidores que dan servicio al sistema de gestión procesal, lo que ha permitido a Minerva doblar su rendimiento y aumentar su capacidad catorce veces consumiendo para ello solo el 3 por ciento de la memoria disponible en la red, cuando ante necesitaba el 50 por ciento.

Gracias a estas innovaciones, cada juez o magistrado ahorra unas 45 horas de trabajo al año, 25 en el caso de los letrados la administración de Justicia, al haber desaparecido algunas de las causas que ralentizaban el funcionamiento de los equipos y la labor de los profesionales”.

En segundo lugar, cabe señalar que “el concepto justicia es esencial para la supervivencia de nuestro día a día, como lo sería el agua, los alimentos o el aire. Lógicamente cualquiera puede pensar que esto es una exageración, y no le faltará razón, pero piensen en una situación de injusticia manifiesta enquistada en nuestra sociedad; injusticia por la que no se nos reconocieran nuestros derechos, o que los delincuentes no ingresaran en prisión, o que la corrupción permitiera a cualquiera obtener un título universitario sin haber estudiado.

La justicia a través del derecho, es lo que permite el equilibrio en nuestras sociedades; que el débil no esté desamparado frente al fuerte, que los bienes que adquirimos tengan unas garantías, que la propiedad privada se respete, que uno pueda opinar libremente, o que contribuyamos (debiéramos) al sostenimiento del estado.

Creo firmemente, que una amplia mayoría que lea lo anterior, estará de acuerdo en la importancia capital de la justicia en cualquier sociedad civilizada, y sentirá una gran tranquilidad al saber que la justicia protege sus derechos e intereses.

Estas reflexiones tan sencillas, y que a cualquiera le permite siempre soñar con un mundo más justo, son atacadas en muchos lugares por dignatarios o gerentes de la cosa común, a los que el control de la justicia le es tremendamente molesto y superfluo.

Entrando en materia política, no hay concepto más deseable que el del “equilibrio de poderes”, que permite un control efectivo entre los tres poderes políticos, en las sociedades de los países en que hay instaurada una democracia. Que el presidente de una nación, sepa que su actuación abusiva puede ser anulada por otro poder (judicial), o que el poder legislativo pueda evaluar la acción del poder ejecutivo, pidiendo las pertinentes explicaciones y en su caso aprobando leyes que limiten las decisiones del gobierno de turno, es la piedra filosofal de nuestra convivencia.

Si este es el mecanismo natural de un país libre que ha optado por el sistema democrático, ¿Por qué hay gobernantes que se empeñan en eliminar este magnífico equilibrio, que sin duda alguna contribuye a crear una sociedad más justa? La respuesta puede ser muy variada, e ir desde conceptos tales como que el gobernante legítimamente elegido, no tiene que ser controlado por otro poder, o que él realmente es el que debe determinar lo que es justo, mejor para los ciudadanos y sobre todo para él, y por lo tanto los controles en su actuación sobran. Es más, en estos escenarios existe la tentación, de crear situaciones o colocar peones en sitios estratégicos, para evitar que la acción de la justicia ponga en duda, o límite su acción de gobierno.

El Derecho, que es el generador de la justicia, no puede ser utilizado perversamente para adormecer o eliminar a esta, mediante el uso partidista de leyes y nombramientos que no tienen como finalidad crear una sociedad más justa, sino alimentar egos y cercenar el deseable control que evite la hegemonía de un solo poder sobre los otros.

Si de verdad los gobernantes tienen que buscar el bienestar y seguridad de sus gobernados, es un torpedo en la línea de flotación, el utilizar los mecanismo que pone a nuestra disposición la justicia, para lograr exclusivamente un fin de mantenimiento en el poder, pervirtiendo las normas jurídicas, la utilización aviesa de órganos o figuras judiciales maleables, escapando infantilmente a controles molestos de otros de los poderes, o simplemente minusvalorando a instituciones clave de la organización estatal”.

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