Abogacía, COVID-19, despachos de abogados, Pandemias, Teletrabajo, Vistas y juicios

La celebración de vistas y juicios en tiempos de coronavirus. Parte I

La celebración de vistas y juicios desde que comenzó la pandemia se ha visto alterada, por la enorme cantidad de medidas que hay que tomar para evitar contagios, así como la paralización durante varios meses en 2020 en la tramitación de los diferentes procesos (sólo se celebraron durante la cuarentena la fase de instrucción en los procesos penales).

En primer lugar, cabe destacar que “una de las consecuencias de la declaración del estado de alarma y del confinamiento de la población en sus domicilios ha sido la generalización del uso de los sistemas de videoconferencias.

Estas aplicaciones o programas se venían utilizando con cierta normalidad en muchos ámbitos profesionales o particulares, pero no con la intensidad que la extraordinaria situación por la que atravesamos ha impuesto: no se trata solo de las comunicaciones internas o externas de las empresas, es que también se ha generalizado en el ámbito de la educación en todas sus etapas –desde la primaria a la universitaria– e, incluso, se han convertido en un medio a través del cual mantener nuestra vida social, con amigos y familiares, a través de los famosos aperitivos virtuales.

Naturalmente, la Administración de Justicia no podía quedar al margen de esta nueva realidad y ya se han empezado a convocar vistas virtuales a través de estos sistemas telemáticos, lo que no deja de plantear algunos problemas interesantes.

La posibilidad de celebrar vistas mediante conferencia está expresamente contemplada en nuestro ordenamiento jurídico desde hace bastante tiempo: fue la disposición adicional única de Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, la que añadió el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que expresamente admite que las actuaciones a las que se refiere el apartado anterior, entre las que se encuentran las vistas, se realicen mediante videoconferencia. El párrafo segundo de este apartado indica que en estos casos –cuando se utilice la video conferencia– «el secretario judicial del juzgado o tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo».

Este precepto viene siendo utilizado habitualmente por los juzgados y tribunales, admitiendo mediante videoconferencia las declaraciones en juicio de testigos que residen en localidades alejadas de la sede de aquellos. El procedimiento que normalmente se sigue consiste en citar al testigo en la sede del órgano judicial correspondiente a su domicilio, efectuándose desde este punto la conexión telemática.  Esto permite, por una parte, que se habiliten los medios técnicos para la conexión con la sede del juzgado o tribunal ante el que deberá declarar (medios de los que no siempre dispone un particular); y, de otra, que el testigo sea personalmente identificado por el juzgado ante el que materialmente comparece, dando así cumplimiento a lo exigido en el artículo 229.3 de la LOPJ. Añadiremos que este sistema es esencialmente el mismo que el utilizado para la declaración en juicio de testigos que se encuentran internados en instituciones penitenciarias, si bien en este caso es la Administración penitenciaria la que se ocupa de habilitar los medios técnicos para permitir la conexión y de acreditar la identidad del declarante.

Sin embargo, la celebración por videoconferencia de una vista en su totalidad (no solo de la declaración de uno o varios testigos) resulta bastante más compleja. Primero porque el número de personas que han de intervenir o, si se prefiere, que han de relacionarse por medios telemáticos es muy superior; y segundo, porque cada una de esas personas se encontrarán en lugares distintos: no se trata ya de que, reunidos en la sala de vistas que corresponda el juez, el letrado de la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, en su caso, y los procuradores y abogados de las partes, se establezca una conexión telemática para recibir la declaración de un testigo; es preciso habilitar los medios técnicos para que todas y cada una de estas personas puedan conectarse simultáneamente, quede acreditada fehacientemente su identidad y que puedan intervenir en el debate procesal de tal forma que no quede afectado el derecho de defensa. En definitiva, es preciso crear salas virtuales donde desarrollar estas vistas por videoconferencia.

A nuestro juicio a estas salas virtuales es a lo que se refiere el artículo 19 del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de mediadas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuando se refiere a los medios técnicos necesarios para la realización de los actos procesales mediante presencia telemática, opción que se declara preferente durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

Aunque ni la Ley 18/2011, de 5 de julio, de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia, ni el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet, se refieren a estas salas virtuales, tampoco hay nada en estas normas que impida que se habiliten las mismas, por ejemplo, como un servicio más de las sedes electrónicas de los órganos judiciales. De hecho, algunas comunidades autónomas, como la de Aragón, han habilitado estos sistemas telemáticos lo que ha permitido la celebración del juicio en materia de familia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Barbastro, que ha sido noticia estos días en los medios de comunicación.

Pero la pregunta que se plantea es si, en aquellas comunidades autónomas en que estos sistemas no se han implementado por la Administración competente, es posible utilizar los sistemas de videoconferencia que son utilizados por los ciudadanos para sus relaciones privadas, solución adoptada por algunos jzgados de la Comunidad Autónoma de Madrid, que recientemente han comenzado a acordar la celebración de vistas a través de una aplicación privada, como lo es Zoom. Esta forma de actuar plantea algunos problemas de no fácil solución.

El primero de ellos, más político que jurídico, pero que no puede ocultarse, se refiere a hasta qué punto la función jurisdiccional, que supone el ejercicio de una potestad básica del Estado, puede ejercitarse a través de una aplicación, no ya privada, sino que está controlada por empresas extranjeras, cuyos servidores se encuentran situados fuera del territorio nacional.

El segundo es que estas plataformas no permiten dar cumplimiento a los rigurosos requisitos que sobre la identificación de los intervinientes en las vistas judiciales imponen, no solo las leyes procesales, sino también la Ley 18/2011, incluso tras las modificaciones en la misma llevadas a cabo por el RDL 16/2020.

El tercero, que muchas de estas plataformas no garantizan en modo alguno la confidencialidad de los datos que se transmiten por medio de las mismas, hasta el punto que muchas corporaciones, públicas y privadas, han prohibido a su personal su uso.

Y, por último, que el empleo de estos sistemas afectan al principio de inmediación: por muy perfectos que sean estos sistemas telemáticos, es muy distinta la valoración de las pruebas practicadas ante el juez o magistrado en la sede del juzgado o tribunal, y la de las practicadas a distancia y contempladas por el juzgador a través de una pantalla de plasma.

Pero a pesar de estos problemas, creemos que las vistas por videoconferencia son un instrumento que ha llegado para quedarse: ciertamente, la falta de inmediación en la práctica de las declaraciones ante el tribunal –sea en calidad de parte, testigo o perito– será difícil de resolver; pero si efectivamente las Administraciones estatal y autonómicas, establecen sistemas de salas virtuales que resuelvan los problemas de identificación de los participantes en las vistas y de seguridad y confidencialidad de la información, su uso no puede suponer más que ventajas para la celebración de aquellas actuaciones judiciales en las que participan exclusivamente profesionales del Derecho y en las que no se practican pruebas, como es el caso paradigmático de las audiencias previas del procedimiento ordinario: estos actos, que en la mayor parte de las ocasiones suelen ser muy breves, pueden celebrarse perfectamente por videoconferencia, con el ahorro de tiempo y de costes que el desplazamiento físico hasta la sede del tribunal implican”.

En segundo lugar, cabe destacar que “

El Boletín Oficial del Estado publicó el sábado 19 de septiembre la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

La Administración de Justicia sufrió una ralentización como consecuencia de la crisis del COVID-19 que obligó al Gobierno a aprobar el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta norma tuvo como finalidad, entre otras, procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma y adoptar medidas en previsión del aumento de litigiosidad como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas y de la propia coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria.

La nueva Ley 3/2020 establece mejoras respecto del Real Decreto-ley 16/2020, adaptando las medidas previstas en el mismo, ampliando en algunos casos los plazos para su aplicación e introduciendo nuevos aspectos en las mismas, como por ejemplo la puesta en marcha del Tablón Edictal Judicial Único para la publicación y consulta de resoluciones y comunicaciones cuando lo establezca la ley. También destaca la preferencia hasta 20 de junio de 2021 por las vistas telemáticas siempre que se cuente con medios para ello. 

También adopta medidas organizativas y tecnológicas para evitar situaciones de contagio. Así, incluye medidas de carácter organizativo para garantizar la distancia de seguridad en el desarrollo de las vistas y audiencias públicas, salvaguardando en determinados casos la presencialidad del investigado o acusado en el ámbito penal o las exploraciones médico forenses, y fomenta medidas para incorporar las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales.

Medidas procesales

El Capítulo I de la norma regula medidas de carácter procesal para establecer la tramitación preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-administrativo directamente surgidos de la crisis sanitaria por la COVID-19, así como de aquellos que se han visto afectados por las consecuencias de la misma.

Así, se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo las demandas sobre suspensiones y reducciones de jornada adoptadas en aplicación de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y dichas medidas afecten a más de cinco trabajadores.

Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive se tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y procedimientos:

Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas a que se refiere el artículo 158 del Código Civil (medidas para asegurar la prestación de alimentos de los hijos, para evitar a éstos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda, así como la sustracción de los hijos menores y otras).

En el orden jurisdiccional civil: los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, así como los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

En el orden jurisdiccional social: los procesos por despido o extinción de contrato, los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales; los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; las denegaciones de prestaciones extraordinarias por cese de actividad previstas en el artículo 17 de dcho Real Decreto-ley 8/2020; los procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 del mismo; las resoluciones denegatorias de solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y las reclamaciones sobre condiciones de trabajo de funcionarios y personal laboral de las Administraciones públicas.

No obstante, en el orden jurisdiccional social los procedimientos para la impugnación individual o colectiva de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 5 de este, las denegaciones extraordinarias por cese de actividad previstas en el artículo 17 de dicho Real Decreto-ley, las resoluciones denegatorias de solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, en los términos descritos en el apartado anterior, y los procedimientos para la aplicación del plan MECUIDA establecidos en el artículo 6 del mencionado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán carácter urgente a todos los efectos y serán preferentes respecto de todos los que se tramiten en el juzgado, salvo los que tengan por objeto la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

En materia de registro civil se tramitarán de manera preferente las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones; la expedición de certificaciones, incluidas las de fe de vida y estado; los expedientes de matrimonio y celebración de bodas; y el trámite de jura en los expedientes de nacionalidad.

Medidas concursales y societarias

En el Capítulo II se incluyen medidas en el ámbito concursal y societario. El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, extendió a las empresas concursadas la posibilidad de acceder a un expediente de regulación temporal de empleo en los términos del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. El nuevo texto añade otras medidas, con una triple finalidad.

En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos que, con anterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma, venían cumpliendo regularmente las obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos deudores, se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel. Asimismo se facilita la modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos últimos se permite además la presentación de nueva solicitud sin necesidad de que transcurra un año desde la presentación de la anterior.

En segundo lugar la ley trata de potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez, calificando como créditos contra la masa, llegado el caso de liquidación, los créditos derivados de compromisos de financiación o de prestación de garantías a cargo de terceros, incluidas las personas especialmente relacionadas con el concursado, que figuraran en la propuesta de convenio o en la propuesta de modificación del ya aprobado por el juez. En este mismo sentido, con el fin de facilitar el crédito y la liquidez de la empresa, se califican como ordinarios los créditos de las personas especialmente vinculadas con el deudor en los concursos que pudieran declararse dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma.

En tercer lugar, con el fin de evitar el previsible aumento de litigiosidad en relación con la tramitación de concursos de acreedores en los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la no necesidad de celebración de vistas, la confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación).

Finalmente se establecen dos normas que tratan de atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en la actual situación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre declaración de concurso, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas. De esta forma, se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 y se prevé que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas no se computen las del presente ejercicio”.

En tercer lugar, en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías en cualquier tipo de jucio o proceso judicial, cabe destacar que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la utilización de la videoconferencia en los procesos judiciales siempre que se cumplan dos requisitos: en primer lugar, ha de perseguir una finalidad legítima; y, en segundo lugar, en su concreta aplicación se han de respetar los derechos de la defensa. Según el TEDH, estas finalidades legítimas son «la defensa del orden público, la prevención del delito, la protección de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los testigos y de las víctimas de los delitos, así como el respecto de la exigencia de un plazo razonable en la duración de los procesos judiciales» (apartado 72 de la STEDH 5-10-06, caso Marcello Viola c. Italia –EDJ 2006/265411-).

El ordenamiento español contempla, como principio general, que los actos judiciales han de celebrarse ante el Juez (229.2 LOPJ –EDL 1985/8754-), en la sede judicial (268.1 LOPJ), con presencia de las partes y de la persona que interviene como testigo o perito (229.2 LOPJ) y en audiencia pública (229.2 LOPJ).

Como excepción, el propio ordenamiento permite la asistencia telemática a un acto judicial bajo dos condiciones (229.3 LOPJ –EDL 1985/8754-): a) que así lo acuerde el juez o tribunal en el caso concreto; y b) que se asegure la posibilidad de contradicción y la salvaguarda del derecho de defensa. Examinamos seguidamente cada uno de estos requisitos.

1.- Decisión del juez

La jurisprudencia considera que la asistencia a la actuación judicial realizada mediante videoconferencia o medio similar, como modalidad que excepciona el régimen general de asistencia (la presencia física en el lugar de celebración), se ha de fundamentar en motivos que lo justifiquen.

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las finalidades legítimas son «la defensa del orden público, la prevención del delito, la protección de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de los testigos y de las víctimas de los delitos, así como el respecto de la exigencia de un plazo razonable en la duración de los procesos judiciales» (apartado 72 de la STEDH 5-10-06, caso Marcello Viola c. Italia –EDJ 2006/265411-).

Asimismo, existen algunas normas procesales que contemplan determinados supuestos. Por un lado, los art.325 LECr –EDL 1882/1– (para las diligencias de instrucción) y 731 bis LECr (para la prueba de juicio oral) que tienen el mismo contenido; el segundo de ellos dispone que «el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –EDL 1985/8754-».

Por otro lado, el art.448 LECr –EDL 1882/1– (para la fase de instrucción) dispone que «la declaración de los testigos menores de edad y de las personas con capacidad judicialmente modificada podrá llevarse a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba». Y el art.707.2º LECr (para el juicio oral) dispone que «la declaración de los testigos menores de edad o con discapacidad necesitados de especial protección, se llevará a cabo, cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado. Con este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación».

El art.707,3º LECr –EDL 1882/1– establece que «estas medidas serán igualmente aplicables a las declaraciones de las víctimas cuando de su evaluación inicial o posterior derive la necesidad de estas medidas de protección», y el art.25.2 L 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito –EDL 2015/52271– contempla que, durante la fase de enjuiciamiento, pueden ser adoptadas las siguientes medidas para la protección de las víctimas: a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación; b) Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas….; y también prevé que la medida de la letra a) pueda ser adoptada también durante la fase de investigación. De esta manera, la Ley contempla como causa que justifica el uso de la videoconferencia (entre otros medios técnicos) cuando resulte necesario para proteger a los testigos menores de edad, a los testigos con capacidad judicialmente modificada y a las víctimas en los siguientes supuestos: para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivarse de la participación en el acto judicial; y/o para evitar la confrontación visual con el inculpado.

Como recuerda la STS 161/2015, de 17 marzo –EDJ 2015/24771-, «la casuística jurisprudencial ha visto plenamente justificada la videoconferencia, por ejemplo, cuando un testigo residente en la península tiene que declarar en Mallorca (STS 172/2007, 27-2-07 –EDJ 2007/13432-), o cuando unos peritos de A Coruña tienen que declarar en Las Palmas de Gran Canaria (ATS 2314/2006, de 23 de noviembre de 2006 –EDJ 2006/333129-). Con mayor motivo, por tanto, cuando el testigo reside en Gran Bretaña (ATS 2171/2006, 26-10-06 –EDJ 2006/307913-). El ATS de 19 de septiembre de 2002 contempla el supuesto de un testigo que está de baja médica durante un período de seis meses, y concluye que en tal caso es razonable acudir a la videoconferencia. En la STS 971/2004, 23-7-04 –EDJ 2004/159798-, por ejemplo, admitimos la validez de la declaración de un testigo prestada mediante videoconferencia desde Estados Unidos, antes incluso de su regulación expresa en nuestras leyes procesales».

En relación con testigos, peritos o investigados/encausados que se encuentran en otro Estado miembro de la UE, la Dir 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3-4-14 –EDL 2014/60572-, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, contempla la posibilidad de práctica mediante videoconferencia (art.24) o incluso por conferencia telefónica (artículo 25). Y la videoconferencia se contempla como medio para la declaración de la víctima residente en el extranjero, según dispone el art.17.1.b) Dir 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 –EDL 2012/234536-. Estos instrumentos se examinan en el apartado sobre la cooperación judicial internacional.

2.- Respeto de las garantías procesales

La concreta modalidad de participación telemática utilizada y sus condiciones de ejecución han de respetar el contenido esencial de los derechos y garantías procesales, sin perjuicio de adaptaciones a la realidad tecnológica.

En relación con el derecho de defensa, se ha de respetar la asistencia letrada efectiva, así como la igualdad de partes. No puede generar situaciones de indefensión, de tal manera que las partes puedan alegar y probar, contradictoriamente (principio de contradicción) y en situación de igualdad, con posibilidad de interrogar a testigos y peritos así como a los acusados y víctimas (sin perjuicio de que puedan acogerse su derecho a no declarar o a la dispensa del art.416 LECr –EDL 1882/1-). Se ha de respetar el derecho a un proceso público (principio de publicidad) en la fase de juicio oral. También ha de ser salvaguardado el principio de inmediación, que en este ámbito despliega tres tipos de efectos: la concurrencia de un control judicial del marco escénico de la actuación procesal, garantizando la espontaneidad de quien declara y el cumplimiento de los requisitos procesales aplicables; que la asistencia telemática sea seguida por el tribunal en los mismos términos que se produzca (las alegaciones, el interrogatorio y las respuestas han de poder ser objeto de seguimiento en su totalidad por el juez o tribunal) y en tiempo real; y que sea posible la adecuada valoración por el juez de la prueba personal (2).

Resulta importante abordar los efectos de la asistencia telemática de una parte, testigo o perito en relación con la valoración de la prueba por parte del juez o tribunal. La participación telemática desde un lugar distinto a la sede judicial no afecta a la nulidad/validez de la prueba, siempre que concurran los requisitos anteriormente mencionados, pero sí que puede desplegar efectos sobre el otorgamiento de eficacia probatoria en aquellos supuestos en los que no haya quedado garantizada la espontaneidad y libertad de la persona que declara. A estos efectos, resultan relevantes las condiciones del lugar donde se encuentra la persona cuando presta la declaración.

Esta garantía de intangibilidad de la prueba concurre cuando se realiza desde otra sede judicial; de esta manera, la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» afirma que «se considera que lo más adecuado es que las personas diferentes de los profesionales que tengan intervención en el acto -partes, testigos, peritos- lo hagan en una dependencia judicial, ya sea la propia del órgano en el que se desarrolle el acto u otra más cercana al lugar de residencia de quien intervenga en él. A tal efecto, sin perjuicio de la disponibilidad de las salas de vistas correspondientes, y cuando las medidas de alerta sanitaria sean más extremas, podrían habilitarse dependencias en las sedes judiciales destinadas a ser ocupadas exclusivamente por quienes hayan de prestar declaración telemática para facilitar la racionalización de la distribución de espacios y su rápida higienización después de su uso. Es conveniente la adopción de medidas, ya sean técnicas -“salas de espera virtuales”- o físicas, que impidan que testigos y peritos tengan conocimiento del desarrollo de la sesión en tanto se produce su intervención» (apartado 43). Pero esta garantía de intangibilidad también puede concurrir en otros supuestos, como cuando la intervención de peritos pertenecientes a organismos públicos se realiza desde la sede del organismo preceptivo; en estos casos será relevante la postura de las partes.

3.- Covid-19

El art.19 RDL 16/20 –EDL 2020/10060– se refiere a la celebración de actos procesales mediante presencia telemática de la siguiente forma: «durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello». En la interpretación de este precepto se pueden establecer las conclusiones que se exponen a continuación.

En primer lugar, la necesidad de protección de la salud derivada de la crisis sanitaria constituye causa legítima para justificar la asistencia virtual de las personas en las diferentes actuaciones procesales orales.

En segundo lugar, la participación no presencial no ha de ser objeto de interpretación restrictiva, sino que ha de ser fomentada siempre que se respeten adecuadamente las garantías y principios procesales.

En tercer lugar, la concreta modalidad elegida ha de respetar las garantías y principios procesales en los términos vistos, para lo cual se tendrán en cuenta tres elementos:

  • Dimensión objetiva. Se habrá que atender a la complejidad y naturaleza de cada acto procesal: no es igual una audiencia previa en un proceso civil, que la declaración del sujeto pasivo de un proceso penal
  • Dimensión subjetiva. Se tendrá que considerar la concreta naturaleza de la intervención de la persona que lo hace telemáticamente (no es lo mismo las alegaciones de un abogado que el testigo que responde telemáticamente a un interrogatorio)
  • Se tendrá en cuenta la postura procesal de las diferentes partes, que en la práctica puede resultar determinante.

En cuarto lugar, resultará necesario que cuenten con los medios técnicos adecuados tanto el órgano judicial (medios dotados por la Administración prestacional) como la persona que interviene telemáticamente.

3. Intervención de intérpretes

El art.123.5 LECr –EDL 1882/1– recoge como general la asistencia por videoconferencia o u otro medio de comunicación, salvo que el órgano judicial acuerde su presencia física. Recordemos que este precepto dispone que «la asistencia del intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Tribunal o Juez o el Fiscal, de oficio o a instancia del interesado o de su defensa, acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los derechos del imputado o acusado». En esta situación excepcional ligada al Covid-19, la aplicación de esta medida facilitará la intervención de intérpretes con reducción del riesgo de contagio.

Desde la perspectiva del sistema de Administración de Justicia, resultaría muy adecuado organizar, al amparo de los art.229.3 LOPJ –EDL 1985/8754-, un sistema que fomente la intervención no presencial de intérpretes en actos judiciales por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación. La organización de este sistema presenta grandes ventajas que trascienden esta situación coyuntural: agilizará la propia actuación del intérprete, evitando sus desplazamientos, por lo que podrá atender a más actuaciones; reducirá costes, dado que en muchas ocasiones la forma de pago del intérprete se realiza en función del tiempo transcurrido para la prestación del servicio; y contribuirá a optimizar el sistema, que tiene una organización y funcionamiento mejorable en determinados lugares.

4. Intervención del Ministerio Fiscal

El art.306.4º LECr –EDL 1882/1– dispone que «cuando en los órganos judiciales existan los medios técnicos precisos, el fiscal podrá intervenir en las actuaciones de cualquier procedimiento penal, incluida la comparecencia del artículo 505, mediante videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido». Como puede observarse, la asistencia virtual del Ministerio Fiscal no se somete a la concurrencia de alguna causa justificada, sino que basta con que existan los medios técnicos precisos

En la situación excepcional de la pandemia, la Fiscal General del Estado da prioridad a la intervención telemática del fiscal. En este sentido, ha dictado un D 29-3-20 que afirma lo siguiente: «Los fiscales que se encuentren prestando servicios esenciales o de guardia, de acuerdo con la juez o magistrado competente y cuando resulte necesario para garantizar la salud de los asistentes y la suya propia, deberán agotar todas las posibilidades de comunicación telemática que la legislación procesal dispensa y la flexibilidad de la situación impone, en orden a la toma de declaración de las personas detenidas y a la celebración de comparecencias de medidas cautelares, evitando en lo posible el traslado de aquéllas o incluso el desplazamiento» del fiscal a las dependencias judiciales, «asegurando siempre y en todo caso los derechos de la persona detenida y de su defensa letrada de acuerdo con la legislación procesal».

II. Asistencia telemática del sujeto pasivo del proceso penal

1. Principio general: presencia física en la sala del órgano judicial

El acusado tiene derecho a participar de forma activa en el juicio y ello se cumple, como principio general, mediante su asistencia física a la sala del órgano judicial.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene considerando que el artículo 6, interpretado en su conjunto, reconoce el derecho del acusado a participar en su juicio, lo que incluye, en principio, el derecho no sólo a asistir sino también a escuchar y seguir los debates (apartado 26 de la STDH Stanford c. Reino Unido, 16757/90, 23-2-94 –EDJ 1994/13566-). En la STEDH 5-10-06 (caso Marcello Viola c. Italia) –EDJ 2006/265411– se afirma (apartado 50) que «la comparecencia de un acusado es de crucial importancia para un juicio penal justo y equitativo (Lala v. Países Bajos, sentencia de 22 de septiembre de 1994 –EDJ 1994/13591-, serie A no 297-A, p. 13, § 33, Poitrimol v. Francia, sentencia de 23 de noviembre de 1993 –EDJ 1993/14332-, serie A no 277-A, p. 15, § 35, y De Lorenzo v. Italia (dec.), No 69264/01, 12 de febrero de 2004), por razón tanto por su derecho a ser escuchado como por la necesidad de verificar la exactitud de sus declaraciones y confrontarlas con las declaraciones de la víctima, cuyos intereses deben ser protegidos, así como de los testigos (Sejdovic v. Italia [ GC], no 56581/00, § 92, 1 de marzo de 2006 –EDJ 2006/7912-)».

2. Excepción: asistencia telemática

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la utilización de los sistemas de videoconferencia u otros análogos para la intervención de las personas acusadas en el proceso penal, siempre que se persiga una finalidad legítima y sus modalidades de desarrollo sean compatibles con las exigencias de respeto de los derechos de la defensa (apartado 29 de la STEDH Zagaria c. Italia, 27-11-07 –EDJ 2007/205968-). Como afirma el apartado 67 de la STEDH 5-10-06 (caso Marcello Viola c. Italia) –EDJ 2006/265411-: «Si la participación del acusado en los procedimientos por videoconferencia no es, en sí misma, contraria a la Convención, corresponde a la Corte asegurarse de que su aplicación en cada caso individual persiga un objetivo legítimo y que sus procedimientos son compatibles con los requisitos de respeto de los derechos de defensa, según lo establecido en el artículo 6 de la Convención».

La utilización de la videoconferencia o sistema similar para la asistencia a un acto judicial de la persona contra la que se dirige el proceso penal ha de responder a una razón excepcional, y en todo caso ha de practicarse con pleno respeto al derecho de defensa y garantías procesales en la concreta modalidad de presencia telemática utilizada. Veamos cada uno de estos elementos de forma individualizada.

1.- Causa excepcional

El papel activo del acusado o inculpado en el acto judicial, así como la relevancia de la asistencia letrada efectiva en estos supuestos, determinan que la asistencia telemática solamente pueda producirse en aquellos casos en los que concurra una razón con especial intensidad de tal forma que evite perjuicios graves para el propio acusado y/o para los intereses públicos.

La STS (Penal) 161/2015, de 17 marzo –EDJ 2015/24771– afirma lo siguiente: «cuestión distinta, ajena al recurso que nos ocupa, es la prevención referida a la utilización de la videoconferencia para el interrogatorio del acusado. En este caso, parece evidente que el sacrificio de la comunicación directa de aquél con su Abogado puede encerrar, como regla general, una inevitable erosión del derecho de defensa. De ahí que, pese a la mención específica que el art.731 bis LECr –EDL 1882/1– hace al imputado entre aquellos cuyo testimonio puede ser ofrecido mediante videoconferencia, es lógica la exigencia de fundadas razones de excepcionalidad que, mediante el adecuado juicio de proporcionalidad, respalden la decisión de impedir el contacto visualmente directo del órgano de enjuiciamiento con el imputado (cfr. STS 678/2005, 16 de mayo –EDJ 2005/108825-)».

2.- Pleno respeto del derecho defensa y garantías procesales

Y el cumplimiento de los derechos y garantías procesales ha de exigirse con un especial rigor, de tal manera que los mismos sean efectivos en la concreta modalidad de presencia telemática utilizada. En relación con el respeto de los derechos de la defensa, la STEDH 5-10-06 (caso Marcello Viola c. Italia) –EDJ 2006/265411– razona lo siguiente:

a) «El Tribunal observa que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 146 bis de las disposiciones de aplicación de la CPP, el solicitante pudo beneficiarse de un vínculo audiovisual con la sala del tribunal, que le permitió ver a las personas que estaban allí y escuchar lo que se dijo. También fue visto y escuchado por las otras partes, por el juez y por los testigos, y fue libre de hacer declaraciones ante el tribunal desde su lugar de detención» (apartado 73).

b) Y «el Tribunal destaca que el abogado del solicitante tenía derecho a estar presente en el lugar donde se encontraba su cliente y a hablarle confidencialmente. Esta posibilidad también se reconoció para el defensor presente en la sala del tribunal (véase el párrafo 4 del artículo 146 bis de las disposiciones de aplicación del CPP). No hay nada que demuestre que en el presente caso se infringió el derecho del solicitante a comunicarse con su abogado sin ser escuchado por un tercero» (apartado 75). A estos efectos, es necesario tener presente que el apartado 4 del artículo 146 bis del Código de Procedimiento Penal italiano contempla que «el defensor o su adjunto presente en la sala del tribunal y el acusado pueden consultarse de manera confidencial, utilizando herramientas técnicas adecuadas».

En este sentido, la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas», elaborada por CGPJ (25 de mayo de 2020) considera que «en las circunstancias excepcionales en las que el abogado y el acusado no se encuentren en la misma estancia durante la celebración de un juicio penal, el acusado, mientras no preste declaración, deberá contar con la posibilidad de mantener contacto permanente y reservado con su abogado por vía telemática» (apartado 38).

Cabe destacar la STS (penal) 678/2005, de 16 mayo –EDJ 2005/108825-, que anuló un juicio por haberse celebrado sin la asistencia personal de los acusados, quienes se encontraban en Centros Penitenciarios y estuvieron comunicados durante el plenario con la Sala de Audiencia en la que eran juzgados a través de videoconferencia. Razona la sentencia que «no puede ignorarse que la proyección de los principios básicos del procedimiento es, en esta materia, diferente según que nos hallemos ante la declaración distante de un testigo o la práctica del informe de un perito, que tan sólo requieren garantizar la exactitud y fiabilidad de la información recibida por el Juzgador, así como el sometimiento de su generación a la contradicción de las partes, que cuando estamos ante la participación de los propios acusados, especialmente en el momento cumbre del Juicio oral, a los que ha de permitírseles intervenir activamente en el ejercicio de su propio derecho de Defensa». En relación con la intervención de los acusados, utiliza dos argumentos:

  • «Mientras que otros elementos probatorios, como los testimonios y las pericias, tan sólo ofrecen una posición pasiva, que permite la posibilidad de su correcta percepción a pesar de la distancia, el acusado no sólo puede ser “objeto” de prueba, a través del contenido de sus manifestaciones, sino que también representa un papel de “sujeto” activo en la práctica de las actuaciones que se desarrollan en el acto de su propio Juicio».
  • «Y, para ello, adquiere gran relevancia tanto su presencia física en él, como también la posibilidad constante de comunicación directa con su Letrado que, de otro modo, podría ver seriamente limitadas sus funciones de asesoramiento y asistencia».

En el caso concreto, la utilización de la videoconferencia se fundamentó en razones de seguridad, atendiendo a la elevada peligrosidad apreciable en alguno de los acusados. Razona la STS que «aunque pudiera encontrar inicialmente un soporte normativo en los preceptos antes indicados, no se ha justificado adecuadamente, visto el aporte de su escasa, por no decir nula, fundamentación, más allá de la mera afirmación de su concurrencia, al extenderla por añadidura y sin discriminación alguna a todos los acusados, máxime si tenemos en cuenta, por otro lado, la existencia de medios más que suficientes para neutralizar ese peligro, sin necesidad imperiosa de suprimir derechos fundamentales de los juzgados. Piénsese, si no, en los numerosos Juicios que se celebran en órganos especializados en el enjuiciamiento de individuos acusados de pertenencia a organizaciones terroristas, bandas armadas u otros supuestos semejantes, para los que, a pesar de su indudable peligrosidad potencial, no por ello se les restringe su derecho a estar presentes en la Sala de Audiencia, sino que se adoptan las medidas oportunas, incluso mediante la especial adecuación de la Sala, para la celebración del acto con su asistencia al mismo». Y concluye que «esta Sala no puede permitir la apertura generosa de tan discutible portillo, facilitando una interpretación amplia de las posibilidades del Juicio mediante videoconferencia que, antes al contrario, deben ser entendidas desde planteamientos rigurosamente restrictivos».

Por último, cabe recordar que el art.197 L 23/2014, de 20 noviembre –EDL 2014/195252-, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, se refiere a emisión de la orden europea de investigación para que la declaración del investigado o encausado que se encuentra en otro Estado miembro de la UE se realice «por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual».

Con carácter general, la necesidad de proteger la salud del investigado o acusado y de los otros participantes en el acto judicial, derivado del peligro de contagio, ha de ser uno de los elementos que han de ser tenidos en cuenta por el juez o tribunal a la hora de valorar y motivar la concurrencia de una causa excepcional (juicio de proporcionalidad) la posible presencia telemática del acusado. En todo caso, y en relación con los procesos por delito grave, cabe recordar que el art.19.2 RDL 16/20 –EDL 2020/10060-, al regular la celebración de actos procesales mediante presencia telemática, establece que «no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave». Como puede observarse, el ámbito de esta prohibición afecta al acto de juicio en los procesos penales por delito grave. Para interpretar lo que ha de considerarse delito grave, cabe acudir al concepto legal contenido en el art.13.1 CP: «son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave»; siendo penas graves las enumeradas en el art.33.2 CP –EDL 1995/16398-.

La «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020) afirma lo siguiente: «Con arreglo al art. 19 del RDL 16/2020 –EDL 2020/10060-, la declaración de los acusados por delito grave será presencial. Sólo en situaciones de manifiesta imposibilidad de celebración presencial, y siempre que no resulte indicada la suspensión y aplazamiento, se considera aconsejable llevar a cabo la celebración telemática, para lo que se procurará cumplir con las exigencias de defensa y garantías procesales consideradas por la jurisprudencia» (apartado 45); citando al efecto las STC 2/2010, de 11 enero –EDJ 2010/2566– -Zagaria v. Italia- o 5 de octubre de 2006 -Marcello v. Italia-  –EDJ 2006/265411– y STS 161/2015 de 17 marzo –EDJ 2015/24771-: STS 812/2015 –EDJ 2015/244081– y 678/2005 de 16 mayo –EDJ 2005/108825-.

III. Asistencia letrada al detenido

1. Régimen jurídico

El art.520.2 c) LECr –EDL 1882/1– dispone que, en caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.

En todo caso resulta necesario que la forma concreta de la utilización de la videoconferencia o sistema similar respete el contenido esencial del derecho a comunicar de forma efectiva con el abogado: confidencialidad, no demora injustificada y con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado sea citado a personarse ante el tribunal competente… En este sentido, el considerando 23 de la Dir 2013/48/UE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de octubre –EDL 2013/200352-, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, afirma que «los sospechosos o acusados deben tener derecho a comunicarse con el letrado que los represente. Esta comunicación puede tener lugar en cualquier momento del proceso, inclusive antes de ejercer el derecho a reunirse con el letrado. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones prácticas sobre la duración, la frecuencia y los medios de dicha comunicación, incluido el uso de la videoconferencia y otras tecnologías de la comunicación con el fin de que pueda tener lugar tal comunicación, siempre que dichas disposiciones prácticas no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho de esas personas a comunicarse con sus letrados».

2. Asistencia letrada en la situación de Covid-19

El ordenamiento español (letra c del art.520.2 LECr –EDL 1882/1-) exige una causa justificada que concreta en la lejanía geográfica que dificulta la inmediata asistencia letrada; pero cabe reflexionar sobre si la situación excepcional ligada al Covid-19 ha de conducir a unas mayores posibilidades de uso para proteger la salud de los intervinientes. En este sentido, la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas», elaborada por CGPJ (25 de mayo de 2020) considera que «cuando se den circunstancias excepcionales de alarma sanitaria que aconsejen que un detenido declare desde una dependencia policial sin que el abogado se encuentre físicamente presente, debe procurarse que se adopten las medidas oportunas para que pueda tener lugar la entrevista reservada con el abogado, y que esa reserva es efectiva.» (segundo inciso del apartado 38)”.

Por lo que podemos ver, sí que es admisible la utilzación de medios electrónicos en la tramitación de los procesos, no sólo por el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admita su utilización, sino que, además, en este aspecto cabe destacar que la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y el Plan de Modernización de la Justicia obligan a introducir estos mecanismos, así como a ayudar a los ciudadanos a la utilización de los mismos en sus relaciones con la Justicia, exisitiendo determinados sujetos obligados a relacionarse obligatoriamente por medios electrónicos con la Administración de Justicia.

En cuarto lugar, por lo que respecta al tratamiento de los datos personales que aparezcan relacionados en cada uno de los procesos llevados a cabo, al tener que realizarse de manera electrónica por la pandemia, cabe señalar que “

Entra las obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento (responsabilidad proactiva) cabe destacar el deber de confidencialidad del art.5.1.f) del RGPD –EDL 2007/241465-, por el que deben evitar que el dato personal sea conocido indebidamente por un tercero (evitar el acceso indebido al acto telemático y/o la difusión indebida de la imagen y el sonido), debiendo adoptar medidas para evitar violaciones de seguridad del art.4.12 RGPD –EDL 2007/241465– (especialmente por ataques procedentes del ciberespacio); en definitiva ha de evaluar riesgos y adoptar medidas para evitarlos (principio de minimización).

La participación telemática supone un incremento del riesgo, no solamente por el acceso indebido por terceros (hackers), sino también por grabaciones por asistentes u otros que lo visualicen (peligro de ulterior difusión), por lo que el responsable y el encargado del tratamiento han de adoptar medidas de minimización del riesgo en una doble dimensión:

Medidas técnicas de minimización del riesgo (ciberseguridad): me refiero a mecanismos de control de acceso, medidas de segmentación de la red, aplicación que impida la grabación…Corresponde su adopción al Administración prestacional (Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma con competencias), sin perjuicio de las funciones del CGPJ como autoridad de control de protección de datos personales (art.236 quinquies.1 LOPJ –EDL 1985/8754-) y de las funciones del Comité Técnico Estatal de la Administración judicial electrónica (CTEAJE) en materia de seguridad de la información (1).

Medidas organizativas en relación con el acto concreto: prohibición de grabaciones distintas a la oficial, o de grabaciones por quien asiste al acto en sede judicial. Su adopción corresponde al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia (de conformidad con sus competencias procesales), destacando el papel que el art.236 sexies.3 LOPJ –EDL 1985/8754-. Se otorga los Letrados de la Administración de Justicia en materia de seguridad. Recordemos que este precepto dispone que «en todo caso corresponderá al Letrado de la Administración de Justicia que se indique en el acuerdo de creación velar por la adopción de las medidas que impidan la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no deseado a los datos de carácter personal incorporados a los ficheros, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, ostentando aquél la condición de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos de carácter personal».

II. Otras cuestiones relativas a la forma de realización de la asistencia telemática

1. Identificación de la persona

Sobre la acreditación de la identidad de las personas que intervengan de forma no presencial, hay que tener en cuenta que el art.229.3,2º LOPJ –EDL 1985/8754– permite al Letrado de la Administración de Justicia que tal acreditación se realice mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo; a estos efectos resultará muy relevante la postura de las partes, especialmente si no ponen reparo alguno a la identidad de la persona que comparece de forma no presencial.

2. Documentación del acto

La documentación se ha de realizar en la forma a la que se refieren los art.146 y 147 LEC –EDL 2000/77463-. En este sentido. El art.146.1 LEC dispone que «las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas y diligencias. Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, el Letrado de la Administración de Justicia garantizará la autenticidad de lo grabado o reproducido».

En la práctica se procederá a su grabación utilizando el sistema de reproducción audiovisual, siempre que los sistemas informáticos usados en la comunicación fueran compatibles; y será necesario unir a los autos el DVD con la grabación, considerando que se trata de un documento que cumple las garantías de integridad y autenticidad a las que se refieren los art.230.2 LOPJ –EDL 1985/8754– y 146.2 LEC –EDL 2000/77463-, contando con la fe pública del Letrado de la Administración de Justicia. Todo ello sin perjuicio de otras formas de documentación que se realicen en aquellos órganos judiciales en los que esté implantado el expediente judicial electrónico.

3. Aportación de documentos

También resulta recomendable, para evitar interrupciones y suspensiones, que en los juicios a celebrar de manera telemática en los que se tenga intención de presentar prueba documental, ésta se facilite con antelación al juzgado o tribunal mediante un sistema de «nube privada» o similar (2), y que se cuente con un programa similar para facilitar los traslados a las partes. Asimismo resulta conveniente que los documentos se presenten adecuadamente ordenados y paginados, de tal forma que sea fácil su utilización en juicio y su referencia a los mismos durante las intervenciones; a tal efecto puede resultar útil, entre otras cosas, el uso de índices hipervinculados. Esta idea se recoge en el apartado 30 de la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020) que añade que «el volumen de documentos que se tenga previsto presentar es un factor de complejidad para valorar la oportunidad de la celebración de los juicios y vistas de manera telemática».

4. Disponibilidad de medios técnicos

En primer lugar, se ha contar con un sistema o aplicación de videoconferencia o similar adecuado; que en todo caso ha de ser suministrado por la Administración prestacional quien se responsabilizará, por tanto, de la adopción de todas las medidas técnicas de ciberseguridad y destinadas a garantizar la confidencialidad e integridad de la comunicación telemática de la imagen y el sonido.

En segundo lugar, quien intervenga de manera no presencial ha de contar con medios técnicos adecuados para el acceso telemático: un dispositivo electrónico de conexión (smartphones, tables, ordenadores) con suficiente potencia; adecuada velocidad de acceso a la red; y garantía de suministro de electricidad/baterías del dispositivo utilizados.

Para evitar interrupciones y suspensiones de las actuaciones judiciales, resulta recomendable que, con tiempo suficiente, se realicen las comprobaciones técnicas necesarias en relación con el funcionamiento del sistema y de los dispositivos utilizados para la conexión. Con esta finalidad, la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020) aconseja que «…con tiempo suficiente se compruebe la efectiva posibilidad técnica de llevar a cabo los actos procesales correspondientes, verificando el funcionamiento de los equipos de todos los intervinientes y la calidad de la conexión» (apartado 29). Sería conveniente que la aplicación suministrada por la Administración prestacional habilitara una sala de espera virtual en la que la persona permanezca conectada, al menos 15 minutos antes del inicio del acto, y hasta el comienzo efectivo del mismo (3). También resulta adecuado que una persona que vaya a participar telemáticamente en un acto comunique con prontitud al órgano judicial si prevé alguna dificultad en dicha participación, de tal forma que pueda encontrarse una solución de manera conjunta.

Los requisitos técnicos que resultan aconsejables, así como aquellos otros que son necesarios en los términos del art.230 LOPJ –EDL 1985/8754-, se contienen en el Anexo I de la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020).

5. Lugar desde el que se realiza la conexión telemática

El lugar desde el que se realice la asistencia telemática ha de reunir una serie de características para garantizar su adecuación: ha de tratarse de un lugar tranquilo, con buena iluminación, evitando distracciones y perturbaciones de ruido, utilizando un ángulo de cámara y un fondo apropiados; y procediendo al apagado del micrófono cuando no se está hablando (4).

6. Prohibición de grabación del juicio

Las personas que intervengan en el acto judicial o que asistan al mismo, tanto si es presencialmente en la sede judicial como si lo hacen telemáticamente, han de tener prohibida la grabación del acto, sin perjuicio de la grabación realizada para su documentación oficial (5). Así se deduce de las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos personales para minimizar el riesgo, tal y como se ha examinado anteriormente.

Desde esta perspectiva, lo más adecuado resultaría la implementación de medidas técnicas que impidan la grabación. En este sentido, la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas», elaborada por CGPJ (25 de mayo de 2020), establece lo siguiente: «la confidencialidad se asegura mediante los requerimientos técnicos de los medios que se utilicen. Los programas y dispositivos que se emplean deberán impedir que puedan realizarse grabaciones de los actos diferentes de las que corresponda para su documentación oficial. También deberán permitir, en la medida de lo posible, el rastreo o trazabilidad de grabaciones diferentes a la autorizada para dejar constancia de la autenticidad e integridad de los actos» (apartado 36).

7. Instrucciones sobre la celebración del acto

Como recoge la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020) «previo al inicio del acto o en el mismo momento del inicio, se considera aconsejable que el juez o presidente del tribunal imparta a las partes e intervinientes las instrucciones relativas al desarrollo de la sesión, con mención especial a la necesidad de desenvolverse con el respeto que exige el carácter institucional del acto».(primer inciso del apartado 32)”.

De aquí se puede desprender la necesidad de tener más que nunca presente las prescripciones previstas en el Reglamento Europeo de Protección de datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal y garantía de los derechos digitales.

FUENTES:

4 comentarios en “La celebración de vistas y juicios en tiempos de coronavirus. Parte I”

  1. Gracias por instruir a las neófitas como yo. Una consideración, la letra queda en un gris flojo que cuesta de leer, y el texto es largo y espeso para los no iniciados, tal vez más intensidad de negro facilitaría la lectura….sugerencia personalísima..gracias de nuevo

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  2. En el ámbito del Ministerio está implementado el sistema de salas virtuales. La cuestión sería no utilizar, en aquellos sitios que no se disponga, de medios cuya seguridad y protección no esté avalada. Creo que todas las CCAA disponen de sistemas seguros pues se han empleado en sus órganos desde la pandemia. La cuestión, siempre básica, lograr una uniformidad de aplicacion con las máximas garantías y que la disponibilidad de esos sistemas lleguen a todos los lugares y órganos judiciales. En fin, nos queda mucho por andar desde el diseño integrado del visor para dar acceso on line a los profesionales, como en el marco de la posibilidad de realizar juicios telemáticos, con los límites y circunstancias que se precisen. Pero mi visión no es negativa, vamos avanzando. Buen artículo. Un abrazo .

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