Derecho de Extranjeria, Economía, inmigración

Los centros de internamiento de extranjeros

En primer lugar, se ha de señalar que “los CIE pueden definierse como Centros de Internamiento de Extranjeros dependientes del Ministerio del Interior. Estos emplazamientos no son institucionesde carácter penitenciario: no es una cárcel ni una prisión, aunque en ellos se retienede forma cautelar y preventiva a los extranjeros sometidos a un expediente de expulsión del terrirorio nacional o a los que esperan que se ejecute suorden de salida.

Para ser internado en un CIE, la ley determina una serie de requisitos, entre los que se encuentran no tener lospapeles que autorizan la permanencia en España durante más de tres meseso trabajar sin permiso para ello. Variasorganizaciones civiles han protestado ante la Justicia y han pedido que se declaren nulas esas claúsulas que rigen los CIE, donde solo es posible el internamiento si un juez así lo ordena. 

Si bien es cierto que los Centros de Internamiento de Extranjeros no son cárceles, el ingreso en ellos impide la libertad de movimientos y por ello no se puede permanecer en los CIE más de 60 días. Si pasado el plazo de los dos meses establecido por la leylos inmigrantes continúan entre las paredes del recinto, deberán ser puestos en libertad.

Ocho CIE en España

A lo largo de la geografía española se registran un total de ocho Centros de Internamiento de Extranjeros, aunque en años pasados llegaron a duplicar el número. Aunque la actualidad mediática ha dado relevancia a los CIE de Aluche (Madrid) ySangonera la Verde (Murcia), hay otros repartidos en Barcelona, Valencia, Algeciras y las Islas Canarias. 

Según los datos facilitados por el Global Detention Center (GDP), los Centros de Internamiento de Extranjeros tienen capacidad para albergar en sus instalaciones a entre 150 y 250 personas cada uno de ellos. La ONU condenó a España en 2012 por la reclusión arbitraria, discriminación racial y tortura a un interno magrebí llamado El Hadj, detenido en el madrileño CIE de Aluche”.

En segundo lugar, se ha de decir que “los centros de internamiento de extranjeros (CIE) constituyen desde su creación un tema controvertido ante la amenaza que suponen para el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico confiere a los extranjeros, y ello tanto en España como en todos los países en los que se contemplan como un elemento de control de la política migratoria. Este tipo de centros se han multiplicado con el tiempo hasta convertirse en un fenómeno social global (Valluy, 2005:). Sólo en la Unión Europea existen más de 250 de lugares de internamiento de extranjeros (Miralles, 2012:733), ocho de ellos en España (cinco en la península y tres en Canarias) con un total de 2.572 plazas (2.346 para hombres y 226 para mujeres).

Hace unos años en nuestro país, la muerte de dos internos en un corto espacio de tiempo, Samba Martine el 19 de diciembre de 2011 en el CIE de Aluche (Madrid) e Ibrahim Sissé el 6 de enero de 2012 en el de Zona Franca (Barcelona), situó esta problemática en el centro de la opinión pública, sumando estas dos tragedias a otras que se han ido sucediendo en distintos centros en los últimos años. Parte de la ciudadanía ni siquiera conocía su existencia, lo que constituye una muestra más de la opacidad que rodea a estas instituciones.

Los CIE son establecimientos que funcionan como prisiones en la práctica aunque rehúyan en el papel de la calificación de penitenciarios. Señala el art. 60.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx, BOE núm. 10 de 12 de enero de 2000) -relativo al internamiento por denegación de entrada si el regreso al punto de origen se retrasa más de setenta y dos horas-, que “los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios”.

En la misma línea, según el art. 62 bis.1 LOEx los CIE son “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, en los que el ingreso y la estancia “tendrán únicamente finalidad preventiva y cautelar”, debiéndose salvaguardar durante el internamiento los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico “sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada”.

A pesar de lo anterior, constataremos en este trabajo cómo de acuerdo con numerosos informes y denuncias tanto de organizaciones de apoyo a inmigrantes como de los propios internos, no se cumplen dichas previsiones. No se está acordando el internamiento en estos centros únicamente con finalidad preventiva y cautelar, con el objetivo de garantizar la expulsión (gubernativa o judicial). No se están salvaguardando los derechos y libertades de los extranjeros internos más allá de la privación de libertad, habiéndose documentado incluso situaciones de abuso policial. Y tampoco se proporcionan adecuadamente los servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios legalmente contemplados. Son prisiones encubiertas en las que teóricamente se ejecutan medidas cautelares, en condiciones más duras que en las cárceles españolas como vienen denunciando las organizaciones civiles que desempeñan dentro de los CIE una meritoria labor como ojos de la sociedad y voz de los internos”.

En tercer lugar, se ha destacar que “los aspectos más importantes de la medida de internamiento de extranjeros se contienen en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (en adelante LOEX), consecuencia lógica del principio de reserva de Ley Orgánica vigente en la materia, que la configuran con carácter cautelar y judicial [artículo 61.1.e LOEX) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero], y han sido objeto de desarrollo por el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, aprobado por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo.

Supuestos

El internamiento sólo puede acordarse por el Juez de Instrucción competente a propuesta del instructor de alguno de los siguientes expedientes (artículo 62.1 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero):

– De expulsión cuando el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados (artículo 57.2 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero).

A estos supuestos recogidos en la legislación sobre extranjería hay que añadir el previsto en el artículo 89.8 del Código Penal, que contempla el ingreso como medida judicial tendente a asegurar, en determinados casos, la salida del territorio español de aquellos extranjeros a los que los jueces y tribunales hubieran sustituido penas de prisión o parte de las mismas, por la medida de expulsión.

Procedimiento

En cuanto al procedimiento, el Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud del propio extranjero (artículo 62.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero)”.

En cuarto lugar, cabe destacar que “hasta 2014 no se aprobó un reglamento interno para estos centros –en España hay siete, entre ellos el de la Zona Francade Barcelona–. “A raíz de detectar abusos y maltratos, diferentes organizaciones reclamaron al Gobierno que se regulase esa situación, porque existía un vacío legalabsoluto para garantizar unos mínimos hacia los internos”, explica Sandra Queraltó, también activista y trabajadora social. Aún así, “la última palabra la tiene el director del centro, por eso siempre le hemos llamado reglamento de la vergüenza”, sostiene Martín. No es hasta después de la aprobación de estas normas que que se permite que organizaciones puedan acceder al interior de los CIE, aunque sigue siendo una tarea complicada. “Hay que demostrar que uno forma parte de una organización regularizada, como una ONG. Lo que busca dificultar el acceso”, apunta.

Entrada del CIE de la Zona Franca / EFE

Entrada del CIE de la Zona Franca / EFE

¿Cómo se decide internar a alguien? “Existen tres vías: una de ellas es por frontera. Personas que llegan a la costa en patera, o a través de la valla de Ceuta y Melilla, la Guardia Civil los intercepta, y los llevan a un CETI o a un CIE”, sostiene Sandra, quien denuncia que en ese momento ya se produce la primera vulneración de derechos. “Nunca les preguntan si huyen de un país en guerra, o si son homosexuales y escapan por ser perseguidos, tienen que ser ellos los que pidan asilo, y en muchas ocasiones ni si quiera saben hablar el idioma”, relata. 

Diferencias por país de origen 

Además, el perfil de los internos ha cambiado con el último Ejecutivo. Tal y como explican estas dos activistas, “en los últimos 12 meses ha bajado el número de internos subsaharianos, y hay más magrebíes, argelinos o marroquíes”. El motivo es que pueden ser expulsados con mayor facilidad y a menor coste debido a los acuerdos de readmisión del Gobierno español con sus países de origen. “A los que son de otras partes de África se les envía de manera prioritaria a Barcelona o Bilbao, sin ningún tipo de ayuda”. Estos traslados se producen en autobuses de línea. En el caso de la capital catalana, cuando llegan a la Estación del Norte, se encuentran sin saber qué hacer. Por ello, existen espacios como Casa África, “uno de los puntos que gestionan personas que han llegado en patera y que han enviado desde el sur”, cuenta Sandra. Así, el Estado evita tener que hacerse cargo de los gastos de avión que requeriría expulsar a los oriundos de países más lejanos. 

Ni siquiera pasan por una inspección médica. “Los llevan a comisaría o a Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATEs), donde pasan retenidos 72 horas –tiempo máximo permitido de retención sin pasar ante un juez–“, narra Aurea. “Aunque no sean refugiados, la teoría indica que Cruz Roja u otra organización deberían proveerlas de una acogida mínima, pero resulta que no”, lamenta. 

Redadas y delitos

Otra de las causas que hace que los extranjeros acaben encerrados en uno de estos lugares es una redada policial. “En la zona de la Barceloneta, sobretodo en la salida del Metro, hay un coche de patrulla de fronteras. Es un punto en el que salen muchos trabajadores de la zona, y también manteros, probablemente sin papeles. Un método que llevan a cabo pese a que las identificaciones por perfil étnico están prohibidas por ley”, subrayan desde Tanquem els CIE. Así, recuerda que años atrás, se descubrió cómo una comisaría madrileña de la Policía Nacional fijó cupos de arrestos a personas sin papeles. El objetivo: detener a 35 inmigrantes a la semana. “Es economía, pura economía”, denuncia Aurea. 

Un policía camina por el interior del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona / EFE

Un policía camina por el interior del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona / EFE

Durante algunos meses, los arrestos también se producían en el Registro Civil. “Casarse es una de las maneras para obtener los papeles, con lo que era obvio que mucha gente que acudía no los tenía”, razona la activista. “Alguien alertaba a la policía, y allí los detenían”. Algo que sucedió en varios territorios, por lo que sospechan que detrás pudiese haber “algún tipo de instrucción”. También hablan de la “doble condena”: a una persona migrante se la juzga por haber cometido un delito y se le ofrece conmutar parte de la pena por la deportación. ¿Qué sucede? “Aunque se niegue, porque lleva aquí más de 15 años, y considera que este es su país, cuando sale de prisión, le está esperando la Policía Nacional para llevarlo ante el juez y poder expulsarlo”. ¿Por qué? “Por tener antecedentes; o porque no va a poder conseguir los papeles por tener antecedentes”, explica Martínez. Además, a diferencia de los reclusos patrios, no pueden acceder a beneficios penitenciarios como el tercer grado, y sostiene que “las condiciones en los CIEs son mucho peores que en la prisión”.

Internos sin derechos

En los centros no hay personal especializado para tratar con los internos, como sucede en las cárceles –funcionarios de prisiones–. “Son policías nacionales, y no están formados para tratar con personas privadas de libertad. Tampoco hay un espacio de socialización, ni programas de actividades, ni de formación”, explica Aurea, que ha estado en varias ocasiones en el CIE de la Zona Franca. “Siempre lo justifican diciendo que pasan muy poco tiempo”, apunta Sandra. 

Un agente de la Policía Nacional, en el Centro de Internamiento de Barcelona (CIE) / EFE

Un agente de la Policía Nacional, en el Centro de Internamiento de Barcelona (CIE) / EFE

Además, “el servicio médico es deficitario”. No hay personal suficiente para atender a todos los internos, tampoco formación sobre el tipo de enfermedades que pueden sufrir y, en ocasiones, son los propios recluidos los que deben alertar de un caso de tuberculosis entre sus compañeros. “Hace unas semanas había un chico con sarna y, después de raparle la cabeza, solo limpiaron la máquina con alcohol. Nadie más ha querido usarla”, cuenta la activista. Al haber cambiado el perfil de interno –antes eran personas que llevaban años residiendo en España; ahora la gran mayoría lleva escasos días aquí– muchos no hablan el idioma, “y si les pasa algo grave no pueden contarlo, porque no hay traductores. En algunos casos otros internos pueden hacer de traductores, pero en ocasiones puede que no quieras que un paisano tuyo sepa lo que te pasa, porque puede correr la voz y llevarte una paliza”, sostiene”.

Por tanto, se puede afirmar que losCIES surgieron como conswcuencia de la inmigración masiva, en este caso desde paísesde Mediterráneo de África hacia el surnde Europa, en oleadas masivas. Ante la imposibilidad de dar respuesta inmediata a los inmigrantes, se tuvo que crear estos centros.

En quinto lugar, se ha señalar que “elinternamiento sólo puede acordarse por el Juez de Instrucción competente a propuesta del instructor de alguno de los siguientes expedientes (artículo 62.1 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero):

– De expulsión cuando el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados (artículo 57.2 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero).

A estos supuestos recogidos en la legislación sobre extranjería hay que añadir el previsto en el artículo 89.8 del Código Penal, que contempla el ingreso como medida judicial tendente a asegurar, en determinados casos, la salida del territorio español de aquellos extranjeros a los que los jueces y tribunales hubieran sustituido penas de prisión o parte de las mismas, por la medida de expulsión.

Procedimiento

En cuanto al procedimiento, el Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud del propio extranjero (artículo 62.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero).

Duración

El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente (artículo 62.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero), aunque el Reglamento admitía la posibilidad de una nueva solicitud, por las mismas causas, cuando no se hubiera cumplido el plazo máximo de 60 días y por el periodo que resta hasta cumplir éste (artículo 21.3 LOEX).

No obstante la Sentencia TS (Sala 3.ª) de 10 febrero 2015, Rec. 373/2014, declaró inválidos y nulos los incisos “Podrá solicitarse un nuevo internamiento del extranjero, por las mismas causas que determinaron el internamiento anterior, cuando habiendo ingresado con anterioridad no hubiera cumplido el plazo máximo de sesenta días, por el período que resta hasta cumplir éste” del artículo 21.3 del Reglamento impugnado; anulando, por conexión, los términos “Igualmente” y “en este caso”, del segundo inciso del mismo apartado, cuya redacción queda de la siguiente manera: “Se podrán solicitar nuevos ingresos del extranjero si obedecen a causas diferentes, por la totalidad del tiempo legalmente establecido”.

Sin perjuicio de ello, cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el artículo 62.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, el extranjero ha de ser puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del Juez que autorizó su internamiento. Del mismo modo y por las mismas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal (artículo 62.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero).

El Reglamento contempla otras causas de cese del ingreso, adoptado por el director del centro, como cuando lo acuerde la autoridad judicial competente o la Comisaría General de Extranjería y Frontera, cuando se tenga constancia de que la expulsión, devolución o regreso no podrá llevarse a efecto, cuando se vaya a proceder a la inmediata ejecución de la orden de expulsión, devolución o regreso, o cuando existan razones médicas, debidamente fundadas y justificadas por el facultativo del centro, que se consideren necesarias para la de esalud del interno (artículo 37)”.

Como conclusión, cabe afirmar que los centros de internamiento de extranjeros surgen como consecuencia de no poder hacer frente a la ingente inmigración ilegal que se está produciendo al sur de Europa, sobre todo procedente del Mediterráneo. Y eso sin contar con que las mafias se aprovechan de quienes quieren llegar a Europa sin importarles su vida.

FUENTES:

  1. ¿Qué son los CIE y en qué condiciones están los extranjeros internos en ellos? PERIÓDICO 20 MINUTOS: https://www.20minutos.es/noticia/3366776/0/cie-centros-internamiento-extrajeros-inmigrantes-espana/
  2. Centro de internamiento de extranjeros. MINISTERIO DEL INTERIOR: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/centro-de-internamiento-de-extranjeros
  3. ¿Qué son los centros de internamiento de extranjeros en Europa y por qué son tan polémicos? BBC MUNDO: https://www.bbc.com/mundo/noticias-37740016
  4. ¿Qué es un CIE? Así funcionan los Centros de Internamiento de Extranjeros. PERIÓDICO EL CONFIDENCIAL: https://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-19/que-es-cie-centro-internamiento-extranjeros-funcionamiento_1276933/
  5. El futuro que espera a los migrantes liberados de unos CIE vacíos. EL SALTO DIARIO: https://www.elsaltodiario.com/cie/futuro-espera-migrantes-liberados-centros-internamiento-vacios
  6. Los centros de internamiento de extranjeros ante la situación del COVID-19. OTROSI.NET: https://www.otrosi.net/analisis/los-centros-internamiento-extranjeros-ante-la-situacion-del-covid-19

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