Derecho, Derechos fundamentales, Derechos fundamentales, libertades públicas y su protección

Crítica de las manifestaciones violentas en favor de Pablo Hássel

En esta semana hemos visto cómo, tras la detención del youtuber Pablo hásel, se están produciendo manifestaciones violentas, incitadas desde el Gobierno central del país, a favor de su excarcelación. No sé si la sociedad se está volviendo loca o, por el contrario, la democracia ha llegado a sus últimos días, al menos por lo que respecta a España.

Es cierto que manifestaciones violentas también se producen en otros países democráticos (como es el caso de Estados Unidos tras la muerte a manos de la policía de una persona de color). Pero debido a la segregación racial que hay en Estados Unidos no extraña tanto, pues las diferencias raciales son de sobra conocidas.

El caso de España también podría ser calificado de paradójico, sobre todo por estar incitadas este tipo de manifestaciones desde los partidos más radicales como Unidas Podemos, o incluso el PSOE de los últimos tiempos.

Por otro lado, también hay que destacar que este tipo de manifestaciones supone una alteración del contenido del derecho fundamental de reunión o manifestación. Cabe recordar que el derecho regulado en nuestra Constitución y desarrollado por Ley Orgánica 9/1983 habla que, para ser consideradas democráticas, las manifestaciones han de ser pacíficas.

En tercer lugar, y para justificar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen contra este tipo de manifestaciones violentas, cabe señalar, en cuanto al contenido del derecho de reunión, que “el único requisito que se exige con carácter general es que la reunión sea pacífica y sin armas. En cuanto al primer aspecto constituye en sí un límite intrínseco al derecho, pues una reunión no pacífica no constituiría ejercicio del derecho sino claramente un abuso del mismo, excluido, por tanto, de la protección por parte del ordenamiento. Con relación al término ‘sin armas’, en buena medida unido a la primera exigencia, se entiende que hay que comprender en él no sólo las armas en sentido estricto sino también cualquier instrumento que pueda ser utilizado como tal (bates de béisbol o paraguas cuando no tengan como finalidad la que les es propia, esto es proteger de la lluvia).

En el segundo párrafo, por su parte, se establecen unas limitaciones a los supuestos en que las reuniones se celebren en lugares de tránsito público, ya sean de forma estática (reuniones) o de manera ambulatoria (manifestaciones), estos supuestos cuentan con una regulación especial debido a que las repercusiones o la afectación de otros derechos o bienes será más intensa que en las reuniones que se celebran en lugares cerrados, por este motivo la Constitución exige que en esos supuestos la reunión ‘se comunique’ a la autoridad competente, que, a su vez, puede llevar a una prohibición de la manifestación cuando existan fundadas razones para presumir la alteración del orden público, que habrá de ser entendido de forma restrictiva y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento, pero además se añade ‘con peligro para personas o bienes’ con lo cual habría que interpretarlo que el riesgo de otro tipo de desórdenes que no implicaran peligro para personas o bienes no podría conducir a la prohibición de una manifestación. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la comunicación a la que se refiere el artículo 21.2 de la Constitución no es en ningún caso una autorización, sino una mera declaración de conocimiento a fin de que la Administración Pública competente pueda adoptar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del derecho y la adecuada protección de los bienes y derechos de terceros que se vean afectados (SSTC 2/1982, 66/1995, 182/2004, 110/2006).

La regulación del derecho la efectuó la L.O. 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, modificada (art. 4.3) por la L.O. 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y por la L.O. 9/1999, de 21 de abril.

     La Ley Orgánica reproduce la distinción que aparece en los dos párrafos del artículo 21 CE, a la vez que exceptúa del régimen de la Ley las reuniones privadas, de partidos, sindicatos o sociedades mercantiles, profesionales o de carácter similar, aunque hay que entender que siempre que no se celebren en lugares que no sean de tránsito público. Esta exención no tiene apenas repercusiones por lo que respecta al régimen de las reuniones en lugares cerrados, salvo en los supuestos de declaración del estado de excepción o de sitio (art. 55 CE, en relación con el art. 116 CE, desarrollado por la L.O. 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio) en los que el derecho de reunión puede ser prohibidas o sometidas a autorización previa, de conformidad con los términos de la correspondiente declaración del estado excepcional.

     La Ley Orgánica reguladora del derecho establece que la autoridad gubernativa suspenderá o disolverá las reuniones penalmente ilícitas, las que produzcan ‘alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes’ (luego parece que han de darse las dos circunstancias) y en las que se hiciere uso de uniformes paramilitares, supuesto este último criticado por no haber sido recogido por la Constitución y por plantear problemas de interpretación, ya que interpretado de forma rigorista podría conducir a situaciones absurdas.

El mayor interés de la Ley es el desarrollo que hace del sistema de comunicación y, en su caso, prohibición, de las reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. La comunicación se dirigirá a la autoridad gubernativa (delegado o subdelegado del gobierno) con un plazo máximo de 30 o mínimo de diez días de antelación (salvo por razones de urgencia en los que el plazo mínimo será de 24 horas), cuyo incumplimiento podrá suponer la prohibición del ejercicio del derecho (STC 182/2004). La comunicación deberá contener: a) la identificación de los convocantes o de sus representantes en el caso de personas jurídicas; b) lugar, fecha, hora y duración prevista, c)objeto; d) itinerario proyectado; e) medidas de seguridad previstas y/o solicitadas. Es decir todos los aspectos necesarios para que la autoridad pueda apreciar si la manifestación cumple con todos los requisitos necesarios para que pueda discurrir conforme a las previsiones del ordenamiento o si, por el contrario cabe la posibilidad de que exista un peligro real para el orden público o para personas o bienes.

La autoridad gubernativa, por su parte, comunicará al ayuntamiento afectado los datos de la convocatoria para que éste pueda hacer las alegaciones pertinentes, sin que el informe (que debe ser motivado) sea vinculante. La autoridad gubernativa podrá prohibir la manifestación o proponer modificaciones al itinerario o momento de la convocatoria en los casos en que estime que aquélla puede provocar problemas de orden público, en cualquier caso mediante resolución motivada notificada en el plazo de 72 horas a partir de la comunicación.

Ante una resolución contraria, ya globalmente, ya por proponer alternativas, cabe subrayar el procedimiento de garantía específico -en el marco del procedimiento preferente y sumario al que se refiere el art. 53.2 CE-, que ofrece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en su art. 122, para permitir así el ejercicio del derecho en los casos en los que los órganos jurisdiccionales no aprecien la concurrencia de peligro de alteración para el orden público como había hecho la autoridad. La peculiaridad reside en que los plazos son aun más breves que los que se ofrecen en el procedimiento específico de protección de los derechos fundamentales y, en relación con el fallo, la decisión únicamente podrá mantener o rechazar la prohibición o las modificaciones propuestas. La especificidad de este procedimiento con respecto al establecido de manera general como garantía de los derechos fundamentales radica en que, en su caso, pueda tener lugar la manifestación proyectada.

Las manifestaciones que no se hubieran ajustado al régimen de la Ley no por ello habrían de reputarse ilegales -sino sólo no amparadas por la Ley Orgánica-, salvo los supuestos tipificados en el Código Penal (arts. 513-514: reuniones para cometer delitos o integradas por personas que porten armas) y hay que interpretar que de no producirse alteraciones del orden público o de incurrir en algún motivo expreso de ilegalidad no podrían ser disueltas.

Hay que destacar, como ha hecho la jurisprudencia, el principio pro libertate frente a los intentos de limitación injustificada o con escasa justificación (STC 36/1982, de 16 de junio; STC 163/2006; STC 170/2008), distinguiendo las reuniones celebradas en espacios abiertos, aun en las inmediaciones de lugares de tránsito público de éstos (STC 225/2002, de 9 de diciembre), o justificando una invasión de la vía pública, con el subsiguiente corte de tráfico (STC 42/2000, de 14 de febrero), siempre sobre la base de la correspondiente ponderación de bienes (STC 59/1990, de 29 de marzo).

La regulación del derecho de reunión al encontrarse en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución está sometido a reserva de ley orgánica (art. 81 CE), que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, y vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1 CE), y, entre las garantías jurisdiccionales además de la tutela de los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad al que se ha hecho referencia, subsidiariamente, podrá recabarse la tutela del Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo (art. 53.2 CE)”.

La verdad es que este tipo de manifestaciones, en las que incluso se ataca a las fuerzas del orden, no deben quedar impunes. En comparación con lo que ocurre en nuestro país, en el que las fuerzas del orden están desamparadas frente a estos manifestantes violentos, cabe señalar que, por lo que respecta a situaciones similares en países de nuestro entorno, “la respuesta es muy diversa y depende de las leyes de cada país: en algunos lugares la pena sería muy similar, pero en otros, como puede ser Estados Unidos, la libertad de expresión ampara prácticamente cualquier acción: desde quemar la bandera hasta defender la ideología nazi.

Alemania: firme interpretación de las leyes

Rosalía Sánchez. Berlín

En Alemania, el caso más icónico es el del popular rapero Bushido, seudónimo de Anis Mohamed Youssef Ferchichi, de origen tunecino, que ha sido acusado en numerosas ocasiones de fomentar la homofobia. En agosto de 2007 se le prohibió la participación en un concierto organizado por la cadena musical VIVA y en 2015 fue condenado en Austria a prisión por agredir a una persona a la salida de un club. Posteriormente ha sido condenado a otros once meses de prisión por fraude a una aseguradora. En numerosas entrevistas se ha declarado simpatizante de la extrema derecha, pero esas opiniones no son punibles, a diferencia de la instigación al odio contra los homosexuales.

Más recientemente, en noviembre de 2020, fue condenado a 14 meses de prisión un grafitero de 33 años de Augsburgo, conocido como el pintor de flores, que acumula con esta sentencia más de tres años de prisión por daños a propiedades. La jueza de distrito Susanne Scheiwiller dejó en claro que no era fácil para ella enviar a alguien tras las rejas por tales delitos, pero, en cumplimiento de la ley, no dejó prevalecer su derecho de libre expresión y no dejó siquiera opción a libertad condicional o bajo fianza, aunque sí ofreció al condenado la posibilidad de asistir a una terapia que él aceptó, expresando ante el tribunal su deseo de llevar «una vida normal sin grafitis».

Francia: hasta siete años por apología del terrorismo

Juan Pedro Quiñonero. París

En Francia, gobiernos de izquierda y derecha han invitado siempre a la denuncia pública de los delitos y presuntos delitos de provocación y apología del terrorismo, incitación al odio y la violencia, las amenazas de muerte, delitos tipificados y castigados con severidad por el Código Penal.

Los delitos de provocación y apología del terrorismo son castigados con entre cinco y siete años de cárcel, y entre 75.000 y 100.000 euros de multa. Los delitos de incitación al odio pueden castigarse con un año de prisión y 45.000 euros de multa.

El Código Penal tipifica diversas formas de amenazas de muerte. En primer grado, se castigan con seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa. En segundo y tercer grado, las penas de muerte se castigan con penas de 3 a 5 años de cárcel, acompañadas de multas de 45.000 a 75.000 euros.

Reino Unido: no es delito insultar a la Reina

Ivannia Salazar. Londres

En Reino Unido, de acuerdo con el Crown Prosecution Service (CPS), que procesa casos penales que han sido investigados por la policía en Inglaterra y Gales y cuyo deber es asegurarse de que la persona adecuada sea procesada por el delito correcto, el término «crimen de odio» describe una variedad de comportamientos delictivos en los que el perpetrador demuestra hostilidad hacia la discapacidad, raza, religión, orientación sexual o identidad transgénero de la víctima. Estos aspectos de la identidad de una persona se conocen como «características protegidas». Un crimen de odio puede incluir abuso verbal, intimidación, amenazas, acoso, agresión e intimidación, así como daños a la propiedad. Las autoridades diferencian los «incidentes de odio» y los «delitos de odio», y la organización Citizens Advice explica que los incidentes que se basan en otras características personales, como la edad o la pertenencia a un grupo, no se consideran delitos de odio según la ley.

Fuera de este marco, la difamación y los insultos no son un delito en el país, ni siquiera si son vertidos contra la Reina. Según los especialistas en materia legal de Hamilton Fraser, la difamación es una infracción civil, ya que «la difamación penal fue derogada en el Reino Unido en el 2010, cuando se abolieron también los delitos de sedición y difamación sediciosa, difamatoria y obscena». No obstante, la ley todavía clasifica como calumnias las declaraciones habladas o escritas sobre otros que no sean verdad. «Muchos países todavía tienen una ley de difamación penal. El Reino Unido revocó estos delitos para demostrarle al resto del mundo que el concepto de delito no era necesario en un sistema legal moderno. En el Reino Unido, la difamación se permite como parte de la libertad de expresión, pero se controlan las mentiras que podrían dañar la reputación o el negocio de alguien», aseguran. Con respecto a los cantantes, una de las canciones más icónicas que reflejan duras cítricas a la Corona es «God save the Queen», de los Sex Pistols, aunque hay muchas más. Sin embargo, habría sido impensable llevarlos a los tribunales por ello. La única consecuencia fue su prohibición por parte de la BBC. Otras han surgido en los últimos meses, aunque con poca difusión, como críticas a la brutalidad policial, sobre todo en el contexto del movimiento Black Lives Matter.

Estados Unidos: se puede quemar la bandera o defender la ideología nazi

Javier Ansorena. Nueva York

El Tribunal Supremo de EE.UU., el máximo órgano judicial del país y árbitro definitivo de su sistema jurídico, ha defendido que la Primera Enmienda de la Constitución -la que establece la libertad de expresión- es «la matriz, la condición indispensable para cualquier otro tipo de libertad».

En EE.UU. se hace una interpretación muy amplia de la libertad de expresión. Por ella, se puede quemar una bandera del país, mostrar y defender ideología nazi, insultar el himno, gritar cánticos racistas u ofender al presidente de EE.UU.

La extensión de la libertad de expresión alcanza hasta el punto de que permite la financiación ilimitada de campañas electorales: para el Tribunal Supremo fue más importante consagrar la Primera Enmienda que permitir un sistema electoral que no depende de quién tenga los bolsillos más largos.

Este derecho tiene algunas excepciones, que el Supremo define como «bien definidas y limitadas con estrechez». Incluyen la obscenidad, la difamación, el fraude, la incitación al crimen y las amenazas.

En el caso del rapero Pablo Hasel, un tribunal estadounidense tendría que determinar si sus mensajes agresivos y violentos suponen una incitación a la violencia o a la comisión de un crimen. Pero, de nuevo, el Supremo exigiría que se tratara de «un peligro claro y presente» y que tuviera la intención y muchas posibilidades de producir «una acción criminal inminente».

Es la misma razón que los abogados de Donald Trump utilizaban en su segundo ‘impeachment’ para negar que el expresidente de EE.UU. incitara el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero. Defendían que utilizaba su libertad de expresión -como han hecho muchos demócratas con anterioridad en un año de mucha agresividad retórica- y que no tenía conexión directa con los incidentes trágicos de aquel día. Sería muy difícil que un tribunal estadounidense, con las salvaguardas de la Primera Enmienda, determinara algo diferente.

Italia: castigos severos para quien incite al odio

Ángel Gómez Fuentes. Roma

En Italia, la propaganda e incitación al odio, la discriminación racial, étnica y religiosa se castigan severamente. De acuerdo con el Código Penal, las penas van desde seis meses hasta cuatro años de cárcel y multa hasta 6.000 euros, para quien, de cualquier forma, instigue a cometer o comete violencia o actos de provocación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos.

El Código penal entiende por propaganda una acción dirigida a incidir en la psicología de los demás y en su comportamiento; por tanto, implica que hay una difusión para recoger consensos en torno a la idea expresada y divulgada. En el caso de la instigación se presupone una actividad dirigida a convencer a terceros y a incurrir en conductas discriminatorias o violentas”.

Ya se puede ver de lo expuesto que en otros países democráticos, en cuanto el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en los respectivos textos constitucionales supera los límites establecidos en esos textos constitucionales, y en relación a la interpretación que hayan establecido los respectivos intérpretes máximos de los mismos, las fuerzas del orden actúan para establecer el orden. Es lo que debería pasar aquí cuando las manifestaciones, que en teoría tienen que ser pacíficas, superan los límites establecidos.

También cabe destacar en cuanto al derecho de manifestación los siguientes puntos:

1.- El ejercicio constitucionalmente adecuado de este derecho es, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia constitucional (STC 170/2008, de 15 de diciembre, F. 3), una “técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión dominante, el subjetivo -una agrupación de personas-, el temporal -su duración transitoria-, el finalístico -licitud de la finalidad- y el real u objetivo -lugar de celebración-.”

2.- Las reuniones y manifestaciones, de acuerdo con nuestra Constitución y la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que desarrolla el derecho, no están sujetas “al régimen de previa autorización” (artículo 3 de la Ley) aunque “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo” (artículo 8.1 de la Ley).

3.- La celebración de concentraciones o manifestaciones sin previa comunicación podría implicar la aplicación del artículo 23.c) de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pero exigiendo la responsabilidad, en principio, tan solo a los organizadores o promotores, considerándose tales “a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, puedan determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas”. Por tanto, la ausencia de comunicación previa puede tener consecuencias sancionadoras para los organizadores o promotores, pero no para los meros participantes, que no tienen por qué conocer la inexistencia de esa notificación previa.

4.- “Para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión, restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo, es preciso que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión producirá una alteración del orden público o la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución. Pero para ello no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión…” (STC 96/2010, de 5 de noviembre).

5.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983 dispone que la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos: a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

6.- Lo que sean concentraciones ilícitas penalmente viene definido en el artículo 513 del Código Penal: “Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración: 1.- Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 2.- Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso”. Para que concurra el supuesto 1 sería necesario que existiera una concreción y planificación del supuesto delito; el supuesto 2 exige que sean los promotores o asistentes los que lleven las armas u objetos, no personas ajenas a la reunión.

7.- La noción de alteraciones del orden público “con peligro para personas y bienes” se refiere a una situación de hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en lugares de tránsito público, no al orden como sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento del orden social, económico y político, puesto que, como recuerda la STC 301/2006, de 23 de octubre, “el contenido de las ideas sobre las reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse mediante el ejercicio de este derecho no puede ser sometido a controles de oportunidad política”.

8.- La STC 66/1995, de 8 de mayo, concreta cuándo nos encontramos ante un desorden público con peligro para personas o bienes: es una “situación de desorden material en el lugar de tránsito público afectado, entendiendo por tal desorden material el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o moral de personas o a la integridad de bienes públicos o privados. Estos son los dos elementos que configuran el concepto de orden público con peligro para personas y bienes consagrado en este precepto constitucional. Ciertamente, el normal funcionamiento de la vida colectiva, las pautas que ordenan el habitual discurrir de la convivencia social, puede verse alterado por múltiples factores, que a su vez pueden afectar a cuestiones o bienes tan diversos como la tranquilidad, la paz, la seguridad de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos o el normal funcionamiento de los servicios esenciales para el desarrollo de la vida ciudadana; sin embargo, sólo podrá entenderse afectado el orden público al que se refiere el mentado precepto constitucional cuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas o de bienes… [y] no cualquier corte de tráfico o invasión de calzadas producido en el curso de una manifestación o de una concentración puede incluirse en los límites del artículo 21.2 CE…” (F. 3).

9.- La celebración de concentraciones de manera habitual, si las mismas son notificadas y discurren sin actos de violencia, implica el uso del espacio urbano como un ámbito de participación y su reiteración, por sí misma, no es motivo suficiente para su prohibición y/o disolución en tanto no se impida el acceso a determinadas zonas o barrios de la ciudad.

10.- La actuación de las Autoridades ante una concentración no ajustada a derecho debe siempre regirse por el principio de proporcionalidad, lo que significa que si la concentración es pacífica pero no ha sido notificada con anterioridad se puede requerir a los participantes para que pongan fin a la misma y abrir, en su caso, un expediente por una posible infracción administrativa de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, pero no ha lugar a un desalojo violento que suponga una utilización desproporcionada de la fuerza. Y, como ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo (Sentencias de 30 de abril de 1987, 6 de febrero de 1991, 16 de octubre de 1991,…), debe valorarse el comportamiento de los manifestantes, su permanencia en la situación y la forma de reaccionar frente a la presencia de las Fuerzas de Seguridad”.

Llegados a este punto, cabe señalar, respecto al caso de Pablo Hásel, en cuanto a su detención, que “fue detenido el pasado martes en la Universidad de Lleida tras ser condenado a nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y a casi 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona vertidas en canciones y mensajes de Twitter.

Paralelamente, la Audiencia de Lleida ha confirmado este jueves otra condena de dos años y medio para el rapero por amenazar a un testigo de un juicio contra unos guardias urbanos de Lleida, pena que podría sumarse a los nueve meses de cárcel que ya está cumpliendo.

En 2014, Pablo Hasel ya fue condenado por el contenido amenazante de 12 canciones que había publicado en YouTube. En esos temas se incluían estas frases:

“¡Merece que explote el coche de Patxi López!”.

“No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto“,

“Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono”.

“Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética”.

“En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra”.

“Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos”.

“Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza”.

“Que li fotin una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la Paeria”.

En la última condena a Pablo Hasel se han considerado también los siguientes mensajes que el músico ha publicado en redes sociales:

“¿50 policías heridos? Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos”. (23/03/2014)

“Ahora van de lloricas los antidisturbios cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas, han desahuciado a porrazos, etc.”. (25/03/2014)

“La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos “violentos terroristas, chusma, etc”. (27/03/2014)

“Pretenden ocultar que muchas personas han salido hoy a exigir el fin de la monarquía fascista y golpean hasta a periodistas”. (30/03/2014)

“Policía Nazi-onal torturando hasta delante de las cámaras”. (30/03/2014)

“¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras. ¿Asesina la policía? Ni se investiga bien”.

“Dos años desde que Iñigo Cabacas fue asesinado por la policía sin que haya habido condenados por ello. 23/04/2014

¿Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes? Democracia ¿Chistes sobre fascistas? Apología al terrorismo”. (04/04/2014)

“Detenidos en Galiza por “enaltecimiento del terrorismo”, es decir, por decir que hay que luchar contra el Estado fascista”. (30/10/2015)

“El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo”. (02/12/2015)

“El ladrón de Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotr@s”. (25/12/2015)

“Constancia en la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo”. (25/12/2015)

“El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca España”. (25/12/2015)

“Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena, finjan preocuparse por el pueblo”. (25/12/2015)

“El PCE apoyó a la monarquía impuesta por Franco en la “transición” mientras el PCE(r) se dejaba la vida denunciando esta maniobra”. (27/12/2015)

“Miles de ancianos pasando frío y sin un techo seguro mientras monarcas dan lecciones desde palacios”. (27/12/2015)

“Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles”. (27/12/2015)

“Ante el terrorismo de Estado, el barrio organizado” (29/12/2015).

“Llaman banda criminal a grafiteros y no a la monarquía. Menudo estado demencial. (30/12/2015)

“La monarquía mafiosa que da lecciones a países donde nadie es desahuciado. (Incluye una imagen con un cómic donde aparece el Rey emérito junto a un saudita decapitado)”. (18/01/2016)

“Quieren exterminarlo como a su camarada Isabel Aparicio. Que se sepa. (20/01/2016)

“Los amigos del reino español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de putas con ellos”. (21/01/2016)

“Uno de CUP hablando claro contra la monarquía mientras IU anda de risitas con esta en la Zarzuela”. (21/01/2016)

“El mierda de P. Iglesias de risitas en la Zarzuela sin reprocharle al Borbón las atrocidades de las que son responsables”. (24/01/2016)

“Mientras llaman terrible tiranía a Cuba donde con menos recursos no se desahucia, ocultan los negocios mafiosos del Borbón con Arabia Saudí. . (25/01/2016)

“Por más millones que inviertan en manipulación, por más que sean “intocables”, la monarquía pasará a la historia como los parásitos que son”. (25/01/2016)

“El estado español dando armas a los criminales amigos de la monarquía para que puedan bombardear Yemen. Que se sepa”. (26/01/2016)

“Por culpa de Arabia Saudí los niños en Yemen sufren así. Cosas de los amigos demócratas de los mafiosos Borbones”. (29/01/2016).

“Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la Audiencia Nazi-onal”. (07/02/2016)

“Joseba Arregi asesinado por la policía torturándolo”. (14/02/2016)

“Dicen escorias policías: “velamos por tu seguridad”, mientras pagados por ti te vienen a desahuciar”. (15/02/2016)

“En la “ciudad libre de desahucios” que dijo Carmena, la policía agrediendo y deteniendo a quien lucha contra los desahucios, ahora mismo”. (17/02/2016)

“Ada Colau no le llamará criminal al Rey por vender armas a Arabia Saudí o vivir a todo lujo a costa de la miseria, criminaliza la huelga”. (21/02/2016)

“Policías que te matan a un hijo, siguen impunes y encima piden dinero”. (22/02/2016)

“Si yo fuera el padre de Iñigo Cabacas se iba a enterar la policía que encima pide dinero por asesinarlo”. (22/02/2016)

“El policía que mandó disparar provocando el asesinato de Iñigo Cabacas, pide 777.000 euros a la familia por investigarlo. Es para…”. (22/02/2016)

“La policía siembra racismo y recoge rabia ¿A quién le sorprende?”. (07/03/2016)

“Hasta el policía que parezca más majo, detiene por luchar y no a los que explotan y saquean. No son amigos”. (09/03/2016)

“Las manifestaciones son necesarias pero nosuficientes, apoyemos a quienes han idos más allá”. (14/03/2016)

“La policía trata con racismo a los inmigrantes y cuando reciben una hostia en respuesta, se hacen las víctimas. El cuento de siempre”. (16/03/2016)

“Estudiantes respondiendo a la brutalidad policial en Euskal Herría”. (17/03/2016)

“Luchar por la educación digna supone que la policía te detenga o abra la cabeza a porrazos, otra vez sucede en Gasteiz”. (17/03/2016)

“Cuando la policía utilice sus armas contra los opresores y no contra los oprimidos, empieza a contarnos que son aliados”. (17/03/2016)

“Hoy la policía, enemiga de la democracia, ha abierto cabezas y detenido a jóvenes que luchaban por educación digna”.

“Luego pretenden que les lloremos cuando les pasa algo a esos monstruos llamados policías”. (24/03/2016)

“Ningún Guardia Civil pagó por los 16 inmigrantes asesinados a balazos de goma. Ahora llama democracia a esto”. (24/03/2016)

“No te vemos tan pesado con los golpes mucho más fuertes de los bombardeos imperialistas o las torturas de la policía”.

(31/03/2016)

“Mónica y Francisco, 12 años de prisión por daños materiales en una basílica Guardia Civil, impunidad por decenas de inmigrantes asesinados”.

(31/03/2016)

“A dos años de ser exterminada por el Estado torturador, recordamos sus palabras”. (01/04/2016)

“Y así fue, la acabaron exterminando”. (01/04/2016)

“La condenaron a 12 años de prisión por estar en el aparato de propaganda del PCE(r) 12 años sin lucha armada””.

Y esto son sólo algunas de los mensajes que ha difundido.

Por lo que respecta a este derecho, el de libertad de expresión, se ha de señalar que “especial incidencia cuenta la formulación de las libertades de expresión e información (párrafo 1, apartados a) y d), respectivamente), libertades no siempre fácilmente distinguibles, pero que es necesario matizar para hacer plenamente operativos los mandatos constitucionales; de esta forma, la libertad de expresión hace referencia a la libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por cualquier medio de difusión ya sea de carácter general o más restringido (pasquines…), aunque se garantice una especial protección en el primer caso. Por su parte, la libertad de información se refiere a la comunicación de hechos mediante cualquier medio de difusión general, esto es la libertad de expresión conlleva un matiz subjetivo, mientras que libertad de la información contiene un significado que pretende ser objetivo. Evidentemente expresión e información con frecuencia no se dan separados, sino, por el contrario, unidos puesto que con las noticias es frecuente intercalar opiniones propias del informador. De esta forma se considerará que nos enfrentamos a una manifestación de la libertad de expresión o, por el contrario, de la de información de acuerdo con el carácter predominante del mensaje (STC160/2003, 9/2007, 29/2009).

El precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles (SSTC, entre otras, 6/1988, de 21 de enero, 240/1992, de 21 de diciembre; 47/2002, de 25 de febrero; 76/2002, de 8 de abril), puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información.

Ambas libertades, expresión e información, podrán ser ejercidas por cualquier persona (STC 6/1981, de 16 de marzo), sin perjuicio de que, al menos la segunda, habitualmente sea ejercida por los profesionales de la información, lo cual conducirá a que éstos cuenten con garantías específicas como son la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional. Por otra parte, el ejercicio de la libertad de expresión puede verse restringido o matizado para determinados colectivos como funcionarios o fuerzas armadas (SSTC 241/1999; de 20 de diciembre; 102/2001, de 23 de abril) o como consecuencia de una relación laboral (SSTC 186/1996, de 25 de noviembre; 90/1999, de 26 de mayo).

     La cláusula de conciencia ha sido desarrollada por la L.O. 2/1997, de 19 de junio, de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, por la que se permite la rescisión del contrato laboral a esos profesionales cuando el medio de comunicación cambie sustancialmente su línea ideológica u orientación informativa, o cuando se produzca un traslado dentro de la empresa que suponga una ruptura con la orientación profesional del informador (art. 2), habiéndose admitido el cese de la relación previo al ejercicio de la acción (STC 225/2002, de 9 de diciembre). Por otra parte admite la negativa motivada por parte de los profesionales de la información para ‘la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la información’ (art. 3). La finalidad de la ley es ‘garantizar la independencia’ en el ejercicio de sus funciones (art. 1). Quedan fuera del marco de protección otros trabajadores de empresas informativas (STC199/1999, de 18 de noviembre).

El secreto profesional de los profesionales de la información no se ha regulado aun, por lo cual se plantean dudas en torno a su alcance, lo que ha conducido, por ejemplo, a que no se considerara suficientemente contrastada una información de la que no se quiso revelar la fuente (STC 21/2000, de 31 de enero).

     Por su parte, los afectados por el ejercicio de la libertad de información, tanto personas físicas como jurídicas, cuentan con el derecho de rectificación cuando consideren las informaciones difundidas inexactas y cuya divulgación pueda causarles perjuicios. Este derecho ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de mayo, reguladora del derecho de rectificación, y según el Tribunal Constitucional en SSTC 35/1983, 6/1988 y 51/2007, se configura como un derecho de configuración legal, subjetivo e instrumental, que se agota con la rectificación de la información publicada. La rectificación debe ceñirse a hechos y el director deberá publicarla con relevancia semejante  a la que tuvo la información en el plazo de tres días siguientes a la recepción, salvo que la publicación o difusión tenga otra periodicidad, en cuyo caso se hará en el número siguiente. De no respetarse los plazos o no difundirse la rectificación el perjudicado podrá ejercitar al correspondiente acción ante el Juez.

     Las libertades de expresión e información con frecuencia entran en colisión con los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen, que aparecen como límite expresamente reconocido en el precepto constitucional. En caso de conflicto deberá llevarse a cabo la correspondiente ponderación de bienes, teniendo que analizar cada una de las circunstancias concurrentes, de forma tal que cada caso necesitará de un examen particularizado sin que quepa la aplicación automática de reglas generales. No obstante, existen unas pautas, puestas de relieve en especial por la jurisprudencia, que será necesario tener presentes a la hora de analizar cualquier conflicto entre los derechos del artículo 18.1 y los del artículo 20: a) En ningún caso resultará admisible el insulto o las calificaciones claramente difamatorias (SSTC 204/2001, de 15 de octubre; 20/2002, de 28 de enero; STC 181/2006; STC 9/2007); b) El cargo u ocupación de la persona afectada será un factor a analizar, teniendo en cuenta que los cargos públicos o las personas que por su profesión se ven expuestas al público tendrán que soportar un grado mayor de crítica o de afectación a su intimidad que las personas que no cuenten con esa exposición al público (STC 101/2003, de 2 de junio); c) Las expresiones o informaciones habrán de contrastarse con los usos sociales, de forma tal que, por ejemplo, expresiones en el pasado consideradas injuriosas pueden haber perdido ese carácter o determinadas informaciones que antes pudieran haberse considerado atentatorias del honor o la intimidad ahora resultan inocuas; d) No se desvelarán innecesariamente aspectos de la vida privada o de la intimidad que no resulten relevantes para la información (STC 185/2002, de 14 de octubre; 127/2003, de 30 de junio). Sin embargo, más allá de estos aspectos de carácter subjetivo el Tribunal Constitucional ha destacado el carácter prevalente o preferente de la libertad de información por su capacidad para formar una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático (STC 21/2000, de 31 de enero; SSTC 9 y 235/2007). No obstante es necesario tener presente que esa prevalencia no juega de forma automática sino sólo en supuestos en los que no concurran otros factores, como pueda ser la presunción de inocencia (STC 219/1992, de 3 de diciembre), en los que la ponderación lleve a primar intimidad, honor o propia imagen sobre las libertades de expresión o, en particular, de información (STC, por sólo citar una, 158/2003, de 15 de septiembre).

     De los derechos contenidos en los apartados a) y d) del art. 20.2 de la Constitución se plantea la cuestión de si además del derecho a difundir ideas o informaciones también surge un derecho a crear medios de comunicación, el Tribunal Constitucional respondió afirmativamente en la Sentencia 12/1982, de 31 de marzo, en la que, no obstante, distinguía entre los medios escritos entre los que la creación resulta libre a otros medios que necesitan de soportes técnicos para los que la decisión se deja en manos del legislador, el cual deberá valorar tanto las limitaciones técnicas como la incidencia en la formación de la opinión pública y, con respecto a esta última cuestión, optar entre un monopolio público, sometido a las garantías que la propia Constitución impone (art. 20.3 CE) o el acceso de otras empresas en los términos que fijara el propio legislador.

La regulación de la radio y, en mayor medida, la televisión ha estado condicionada por su consideración de servicios públicos, sin embargo su régimen ha evolucionado a medida que lo hacían las condiciones técnicas de emisión y también de acuerdo con la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, el cual desde una postura de dejar en manos del legislador toda opción en ese terreno, al calificarla de ‘política’, fue matizando su postura inicial hasta estimar después que la decisión del legislador no era totalmente libre sino que debía de permitir un acceso a esos medios a medida que fueran permitiéndolo las condiciones técnicas (STC 31/1994, de 31 de enero) y, por otra parte, señaló la diferente incidencia en la opinión pública y, en consecuencia, su consideración como ‘servicio público’ de los diferentes medios, descartándola en la televisión por satélite y, en lo que a programación se refiere, en la televisión por cable (SSTC 181/1990, de 15 de noviembre; 206/1990, de 17 de diciembre; 127/1994, de 5 de mayo), necesitando, pues, cada medio de una regulación diferenciada”.

También hay que añadir aquí que “

El Código Penal de 1995 establecía que “la apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito”. Pero la reforma de 2015 introduce como nuevo delito el enaltecimiento, la incitación o promoción “directa o indirectamente” de la discriminación, el odio o la lesión de la dignidad de grupos o de personas.
Es a esa modificación a la que se aferran los tribunales a la hora de dictar sus sentencias a delitos que, en ocasiones, podrían considerarse puramente de opinión y para los cuales muchos juristas creen excesivas las penas de cárcel y les parecerían suficientes las multas.
Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, recordaba -en un artículo publicado en 2007 sobre el secuestro de la revista satírica El Jueves por injurias a la Corona- que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado en numerosas ocasiones que la libertad de expresión se aplica “no solamente para las informaciones o ideas bien acogidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que hieran, choquen o inquieten al Estado o a una parte cualquiera de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe la sociedad democrática”.
Es decir, que el Tribunal de Estrasburgo, al igual que muchos juristas, intelectuales y políticos, considera que en democracia la autoridad, sea cual sea ésta, o un grupo de influencia no pueden imponer su consideración moral como la única admisible.
Estos hechos ocurridos en España han coincidido con una ola de puritanismo o de lo políticamente correcto que recorre el mundo y que en muchas ocasiones roza el absurdo. Facebook tuvo que disculparse hace unas semanas por censurar la foto de la Venus de Willendorf, una escultura paleolítica datada entre el 25.000 y el 28.000 antes de Cristo. El pasado mes de enero el Museo de Manchester retiró el cuadro “Hilas y las ninfas” de John William Waterhouse, pintado en 1896, porque en él aparecen adolescentes desnudas tentando a un joven. Y la Lolita de Nabokov ha vuelto al debate público más de sesenta años después de ser editada por primera vez. Son solo algunos ejemplos de cómo la presión de lo políticamente correcto lleva a algunas personas a interpretar a su manera dónde se sitúan los límites a la libertad de expresión, en estos casos artística, y que lo hacen según lo que ellas consideran bueno o malo para la sociedad en su conjunto de acuerdo con su ideología, sus intereses o, simplemente, de su mirada.

“En un momento en que las redes sociales elevan a la enésima potencia cualquier tontería o, más grave, calumnia o injuria, los legisladores y los intelectuales tienen que reflexionar sobre dónde se establecen los límites de la libertad de expresión, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar todos los derechos democráticos”

En un momento en que las redes sociales elevan a la enésima potencia cualquier tontería o, más grave, calumnia o injuria, los legisladores y los intelectuales tienen que reflexionar sobre dónde se establecen los límites de la libertad de expresión, teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar todos los derechos democráticos. Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, escribía en El País a finales de febrero: “Habría que tomar el ejemplo del Tribunal Constitucional italiano, que ya en 1970 estableció con firmeza que el Código Penal no puede castigar una conducta que meramente pida una adhesión ideológica, intelectual, a una determinada forma de pensar o actuar. Tal conducta o manifiestación pública no es sancionable en un sistema de libertad de expresión”.
También habría que tomar en consideración la doctrina del Tribunal Supremo de Estados Unidos: “La libertad de expresión es una garantía para que las demás libertades puedan respirar”. O simplemente valdría hacer caso al cineasta y escritor David Trueba cuando dice que “sin duda, es tentador prohibir la estupidez. Todos estaríamos de acuerdo. Hasta el momento en que decidieran prohibir también la nuestra””.

Por tanto, a raíz de esto, se puede afirmar que el fundamento de la detención de Pablo Hásel es la extralimitación de su derecho de libertad de expresión, y, por tanto, su detención está justificada en cuanto a esa extralimitación, y vulnerar con esas manifestaciones los derechos de las personas contra las que dirigía sus mensajes.

FUENTES:

  1. Así actúan otros países en casos similares al de Pablo Hasel. DIARIO ABC: https://www.abc.es/espana/abci-actuan-otros-paises-casos-similares-pablo-hasel-202102200115_noticia.html
  2. Pablo Hasel: las letras y los mensajes de Twitter por los que fue condenado. DIARIO EL MUNDO: https://www.elmundo.es/cultura/2021/02/17/602d227ffc6c83ae7a8b45f6.html
  3. ¿Cuáles son las razones y delitos por los que Pablo Hasel entra ahora en prisión? DIARIO 20 MINUTOS: https://www.20minutos.es/noticia/4585958/0/cuales-son-las-razones-y-delitos-por-los-que-pablo-hasel-entra-ahora-en-prision/
  4. Los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. LEGÁLITAS: https://www.legalitas.com/actualidad/limites-redes-sociales-difamar
  5. ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? EUROPAPRESS: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-donde-estan-limites-libertad-expresion-20140520204135.html
  6. La libertad de expresión en España ¿está en peligro? BLOG HAY DERECHO: https://hayderecho.expansion.com/2018/05/11/la-libertad-de-expresion-en-espana-esta-en-peligro/
  7. La Libertad de Expresión y sus Límites. JURISPRUDENTES: https://jurisprudentes.es/la-libertad-de-expresion-y-sus-limites/
  8. ¿Cuáles son las fronteras entre la libertad de expresión y el derecho a la información? CONFILEGAL: https://confilegal.com/20180901-cuales-son-las-fronteras-entre-la-libertad-de-expresion-y-el-derecho-a-la-informacion/
  9. Límites a la libertad de expresión. IP ABOGADOS: https://www.ilpabogados.com/limites-a-la-libertad-de-expresion/
  10. Los límites de la libertad de expresión. NOTARIO DEL SIGLO XXI: https://www.elnotario.es/hemeroteca/revista-78/8502-los-limites-de-la-libertad-de-expresion
  11. La libertad de expresión y sus límites infranqueables. LA NUEVA CRÓNICA: https://www.lanuevacronica.com/la-libertad-de-expresion-y-sus-limites-infranqueables
  12. Sinopsis artículo 21. APP CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=21&tipo=2
  13. Derecho de reunión y manifestación. GUÍA WOLTERS KLUWER.
  14. El derecho de reunión y manifestación resumido para juristas y no juristas, Ministros del Interior incluidos. BLOG HAY DERECHO: https://hayderecho.com/2012/10/03/el-derecho-de-reunion-y-manifestacion-resumido-para-juristas-y-no-juristas-ministros-del-interior-incluidos/
  15. Análisis del derecho de reunión y manifestación durante el estado de alarma. CONFILEGAL: https://confilegal.com/20200526-analisis-del-derecho-de-reunion-y-manifestacion-durante-el-estado-de-alarma/
  16. SINOPSIS ARTÍCULO 22 CE. APP CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=20&tipo=2
  17. Derechos de reunión y manifestación. LEGÁLITAS: https://www.legalitas.com/actualidad/derechos-de-reunion-y-manifestacion

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