Derecho general

La Ley Celáa. Análisis jurídico

El pasado año 2020, el Ejecutivo de Pedro Sanchez consiguió aprobar la Ley de la Ministra Isabel Celáa sobre educación, la cual, en principio favorecía la enseñanza pública. En este artículo se va a proceder a analizar la ley en profundidad, y, sobre todo, sus ventajas e inconvenientes.

En primer lugar, cabe señalar que, “de forma inmediata se aplicarán estas modificaciones: participación y competencias del Consejo Escolar, Claustro y director o directora, autonomía de los centros, selección del director en los centros públicos y admisión de alumnos. Sin embargo, estos dos últimos apartados se adaptarán a la ley vigente en el momento (ahora Lomce). Por eso, las comunidades de Madrid y Murcia (ambas del PP) aprobaron sus normas de admisión antes de lo habitual, para sortear la «ley Celaá» y blindar a la concertada, atacada por esta nueva norma.

Las cuestiones académicas se aplicarán ya en el curso 2021-22. Es decir, la nueva organización de Primaria, ESO, las nuevas asignaturas y currículos, las nuevas normas de promoción y titulación, etcétera.

Se trata de la ley con menos diálogo de la Democracia: es la primera vez que un texto educativo legal no admite comparecencias de la comunidad educativa durante su tramitación parlamentaria, ni en el Congreso ni en el Senado.

Estos son todos los cambios que la nueva norma educativa introduce en España:

1. Cambios académicos

Criterio generales de aplicación y distribución de competencias

El Gobierno, previa consulta a las comunidades, fijará los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas (desaparecen los estándares de aprendizaje).

Las enseñanzas mínimas requerirán el 50% de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial (con la LOE era el 55%) y el 60 (con la LOE era el 65%) para aquellas que no la tengan.

Las comunidades establecerán el currículo de las distintas enseñanzas, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores.

Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos. Las comunidades determinarán el porcentaje de los horarios escolares de que dispondrán los centros docentes para garantizar el desarrollo integrado de todas las competencias de la etapa y la incorporación de los contenidos de carácter transversal a todas las áreas, materias y ámbitos.

1. Educación Infantil

Se incorpora el “respeto a la específica cultura de la infancia” que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité. Asimismo, se otorga un mandato al Gobierno en colaboración con las Administraciones educativas para regular los requisitos mínimos de autorización, que deben cumplir los centros que imparten el primer ciclo de esta etapa. Esta medida realmente no es nueva y viene, nada menos que de la LOGSE de 1990. Sin embargo, los plazos establecidos para que los Centros de Infantil, primer ciclo, obtuvieran la autorización por haber cumplido los requisitos de instalaciones y titulación del profesorado, nunca se han llegado a cumplir de facto en muchos casos.

2. Primaria

Se recuperan de la LOE los tres ciclos anteriormente existentes, se reordenan las áreas, que podrán organizarse en ámbitos. La materia de Lengua cooficial, si la hay en la comunidad, pasa a denominarse Lengua propia. En cada uno los tres primeros cursos se incluirá al menos una materia del ámbito artístico.

Aparece en el tercer ciclo un área de Educación en Valores Cívicos y Éticos, en la cual se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social de los impuestos y la justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y el respeto por el entorno y los animales.

Se deberá dedicar un tiempo diario a la lectura y la creación artística, la competencia digital y el fomento de la creatividad y del espíritu científico se trabajarán en todas las áreas de Primaria.

Se regula la evaluación durante la etapa, basada en la consecución de los objetivos y de las competencias establecidas, que constituyen los criterios para la promoción de ciclo. Se establece que cuando el equipo docente considere que un alumno o alumna no haya alcanzado las competencias previstas podrá permanecer un año más en el último curso de este ciclo, siendo una medida excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la educación primaria, y que deberá ir acompañada de un plan específico y personalizado de apoyo para la adquisición de las competencias no alcanzadas.

Cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias adquiridas. En el cuarto curso de educación primaria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias adquiridas por sus alumnos y alumnas.

3. Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Todas las materias podrán integrarse en ámbitos competenciales. Se establece una organización para los cursos 1º, 2º y 3º y otra diferente para 4º curso (esquema similar a la Lomce).

En todo caso se fomentarán de manera trasversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

En cuarto curso desaparecen los 2 itinerarios fijados en la Lomce o «ley Wert» (uno encaminado al Bach y otro a la FP), se precisan las materias que deberá cursar todo el alumnado (como obligatorias, ya no se llaman troncales), además de otras tres entre un conjunto que establecerá el Gobierno, previa consulta a las comunidades. En este cuarto curso, que tendrá carácter orientador para el alumnado, se podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de bachillerato y los diversos campos de la formación profesional.

A las materias establecidas con carácter obligatorio, se añade la posibilidad de ofrecer materias optativas, con la novedad de que puedan configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad.

En uno de los cursos de la etapa, todo el alumnado cursará la Educación en Valores cívicos y éticos.

Se recuperan de la LOE los denominados Programas de diversificación curricular (PDC), en sustitución de los PMAR (Programas de Refuerzo) de la Lomce. Los PDC permiten modificar el currículo desde el tercer curso de educación secundaria obligatoria, para el alumnado que no esté en condiciones de promocionar a dicho curso de forma ordinaria. Su finalidad es que esos alumnos con mayor dificultad, obtengan el título de ESO.

Se regula la evaluación que será continua, formativa e integradora. Los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica (pueden promocionar sin límite de suspensos). En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La permanencia en el mismo curso debe entenderse como una medida de carácter excepcional, por lo que solo se podrá utilizar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria (Primaria y ESO).

Al finalizar el segundo curso de educación secundaria obligatoria se entregará a cada alumno o alumna y a sus padres, madres o tutores legales un consejo orientador, que podrá incluir la incorporación a un Programa de diversificación curricular o a un ciclo formativo de grado básico.

Durante el segundo curso de educación secundaria obligatoria todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico.

El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. A fin de orientar la elección de los alumnos y alumnas, se podrán establecer agrupaciones de las materias mencionadas en distintas opciones, orientadas hacia las diferentes modalidades de bachillerato y los diversos campos de la formación profesional, fomentando la presencia equilibrada de ambos sexos en las diferentes ramas de estudio.

La Formación Profesional Básica de la Lomce (dentro de la ESO), se sustituye por los Ciclos Formativos de Carácter Básico. La superación de esas enseñanzas conducirá a la obtención del título de Graduado en ESO y recibirán asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad correspondiente que les permite acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

Quienes no obtengan el título, recibirán una certificación académica, en la que se hará constar los ámbitos y módulos profesionales superados y su correspondencia con unidades de competencia asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición por la Administración laboral del certificado o certificados de profesionalidad o acreditación parcial correspondientes.

Desaparece la Prueba Final de ESO contemplada en la Lomce y que no se llegó a aplicar en virtud del Real Decreto-Ley de 2016. Los alumnos que al terminar la ESO hayan alcanzado las competencias y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las decisiones adoptadas de forma colegiada por su profesorado.

Los alumnos que no obtengan el título correspondiente recibirán una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias. Asimismo, recibirán un consejo orientador individualizado.

4. Bachillerato

El Bachillerato se organizará en materias comunes, de modalidad y optativas, mencionándose en esta ley las que se consideran comunes. Corresponde a las comunidades la ordenación de las materias optativas. Los centros concretarán la oferta de estas materias en su proyecto educativo. Por otra parte, el Gobierno, oídas las comunidades, fijará las condiciones en las que el alumnado pueda realizar el Bachillerato en tres cursos, en régimen ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen.

Con respecto a la evaluación en el Bachillerato, el profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Los alumnos y promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. No obstante, se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título, de modo análogo a los procedimientos de compensación que existen en la enseñanza universitaria. Desaparece la Prueba Final de Bachillerato contemplada en la Lomce y que no se llegó a aplicar, en virtud del Real Decreto-Ley de 2016.

La Ley incluye también algunas precisiones acerca de las enseñanzas artísticas, particularmente la relativa a que el alumnado que finalice las enseñanzas profesionales de música y danza o las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño obtendrá el título de Bachiller en su modalidad de Artes si supera las materias comunes del bachillerato, aunque no haya realizado el bachillerato de dicha modalidad.

5. Acceso a estudios universitarios

Se recupera la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) de la LOE. Las características básicas de las pruebas de acceso a la universidad serán establecidas por el Gobierno, previa consulta a la Conferencia Sectorial de Educación y a la Conferencia General de Política Universitaria y con informe previo del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar del Estado. Esta prueba tendrá en cuenta las modalidades de Bachillerato y las vías que pueden seguir los alumnos y alumnas y versará sobre materias del segundo curso. Las administraciones educativas y las universidades organizarán la prueba de acceso y garantizarán su adecuación al currículo del bachillerato, así como la coordinación entre las universidades y los centros que imparten esa etapa.

6. Formación Profesional

Se crean, dentro de la Educación básica, los Ciclos Formativos de Grado Básico, que se suman a los ya existentes Ciclos de Grado Medio y de Grado Superior.

Con respecto al acceso a los distintos ciclos, se establece, en primer lugar, que el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Básico requerirá tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, haber cursado el tercer curso de educación secundaria obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso y que el equipo docente haya propuesto a los padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo formativo de grado básico.

Con respecto a las titulaciones de los ciclos de formación profesional, hay que resaltar que los alumnos que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que permitirá el acceso a cualquier enseñanza postobligatoria. Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos de grado básico, o de cada uno de los ciclos formativos de grado medio o superior, recibirán una certificación académica de los módulos profesionales y en su caso ámbitos o materias superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

2. Concertada

Como se ha venido anunciando desde hace tiempo, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un «eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada».

Además, PSOE, Podemos y Mas País aprobaron una enmienda en el camino parlamentario de la norma que señala que la educación es garantizada solo con «plazas públicas» dejando afuera a la concertada. El texto señala lo siguiente: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».

El añadido: «mediante una oferta suficiente de plazas públicas» de Más País va contra la propia Constitución, que en su artículo 27 alude tanto en su apartado 1 como en su apartado 5 al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada. «Todos tienen el derecho a la educación»; «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

3. Castellano

Este cambio, posiblemente el más polémico de la ley, se hizo en la tramitación parlamentaria de la norma en el Senado a través de una enmienda transaccional pactada por PSOE, Podemos y ERC. Con ella, se elimina la referencia al castellano como lengua vehicular en la educación y oficial en España.

El redactado inicial de la Lomloe decía (en un redactado muy similar a la Lomce) que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable».

Se ha cambiado este último párrafo por otro que señale que las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía.

Además, cuando se menciona que las «administraciones garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios», se tacha la alusión al mismo como «lengua oficial del Estado».

4. Educación en valores

Mientras que con la Lomce existía la opción de cursar la asignatura Valores Culturales y Éticos, tanto en el primer ciclo (1, 2 y 3) como en el segundo (4), la Lomloe solo da una opción (Educación en Valores cívicos y éticos) que los alumnos cursarían en 5 o 6 de Primaria o en alguno de los 4 cursos de ESO de forma obligatoria.

Esta asignatura es para muchos similar a Educación para la Ciudadanía, instaurada en la LOE que generó rechazo por su configuración como obligatoria y el pronunciamiento jurisprudencial sobre la objeción de conciencia escolar. Ahora, en medio de la polémica por el pin parental, las organizaciones de padres pondrán el foco en el contenido de esta nueva materia.

5. Educación Especial

Las familias con niños escolarizados en la educación especial -actualmente 37.500- llevan años luchando, incluso antes de que Isabel Celaá fuera ministra de Educación, por los derechos de sus hijos.

La Lomloe alude en su disposición adicional cuarta a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada», es decir, alumnos con muy graves discapacidades.

Esta disposición ya estaba en el redactado origal, es decir, antes de que el texto pase por las manos de los grupos parlamentarios que fueron introduciendo enmiendas y el actual es más agresivo: en aras de la «inclusión», se pone en segundo lugar el interés superior del menor.

6. Educación diferenciada

Una de las grandes perdedoras de la nueva ley educativa. Se eliminana los conciertos a los colegios que separan por sexo. Ya lo habían advertido PSOE y Unidas Podemos en el documento que plasmaba su acuerdo allá por diciembre de 2018, en el que anunciaban que se impediría «la segregación educativa en los centros sostenidos con fondos públicos»; en otras palabras, que los colegios de educación que separan a niños y niñas se quedan sin concierto. Dicho y hecho.

El texto ha reemplazado al primer redactado de la Lomloe que defendía el mantenimiento de estos conciertos, aunque le daba «atención preferente» a aquellos centros «que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual».

El texto inicial decía: «Aquellos centros que separen por género a su alumnado deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas». Ahora, se lee un texto completamente distinto: «Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas».

7. Religión

PSOE, Podemos y ERC pactaron una enmienda transaccional (es decir, una modificación a un proyecto de ley fruto del acuerdo de varios partidos) que añade a la ley la enseñanza «no confesional de cultura de las religiones» tanto en Primaria como Educación Secundaria Obligatoria que, en la práctica podría ser una asignatura espejo de la Religión, es decir, una alternativa a la misma.

Actualmente, en España la asignatura de Religión es, como en gran parte de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Italia o Estonia) de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos. Es decir, solo la cursa el que quiere. Esto ha sido así con las leyes socialistas (como la LOE, de 2006) y populares (como la Lomce, de 2013). Lo que hace la «ley Celaá», tal cual está ahora (es decir, sin esta polémica enmienda) es establecer que «la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español» y que, a tal fin «se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas».

8. Eliminación de itinerarios

Al contrario que en la Lomce, la Lomloe elimina los itinerarios, que según la nueva ley, «tienen desigual valor educativo». Los itinerarios de la Lomce suponen que en 4º de ESO hay dos vías: una dirigida a los alumnos que vayan a cursar Bachillerato y otra vía dirigida a los alumnos que desean cursar FP. Pero no son vías cerradas ya que desde cualquiera se puede cursar Bachillerato o FP. 4º ESO se configura en la Lomce como un curso propedéutico, es decir, de preparación al Bachillerato o a la FP”.

En segundo lugar, cabe destacar como novedad superimportante y ataque a un derecho importante recogido en la Constitución, como es la posibilidad de estudiar en castellano. Se ha de señalar aquí que “los juristas consultados han avisado sobre las líneas que este proyecto de Educación no puede cruzar. De hecho, explican que ya ha habido polémica otras veces sobre esta cuestión, ante la que hay incluso jurisprudencia por disputas anteriores.

Entonces, la clave pasa porque la ‘ley Celaá’ respete el artículo número 3 de la Constitución, el cual afirma que: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=%2F20301922%2FElEspanol%2Fe_Como_300x600_2_amp&adk=1752501668&sz=300×250&output=html&impl=ifr&ifi=4&msz=650x-1&psz=650x-1&fws=4&scp=etiqueta%3DEducacion%2CBOE_Boletin_Oficial_del_Estado%2CReligion%2CLomloe%2CLOMCE%2CMinisterio_de_Educacion_y_Formacion_Profesional&adf=1755835167&nhd=0&adx=610&ady=2467&oid=2&ptt=13&npa=1&gdfp_req=1&sfv=1-0-37&u_sd=1.25&gdpr=1&is_amp=3&amp_v=2102060044003&d_imp=1&c=832003015&ga_cid=amp-8DO_oW3iz2hTlEXrXhdmOw&ga_hid=3015&dt=1613819557151&biw=1536&bih=750&u_aw=1536&u_ah=824&u_cd=24&u_w=1536&u_h=864&u_tz=60&u_his=1&vis=1&scr_x=0&scr_y=0&bc=7&url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fcomo%2Fclaves-ley-celaa-nueva-educativa%2F499450195_0.amp.html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&bdt=372477&dtd=12&aet=n&__amp_source_origin=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com

El Gobierno, por su parte, ha insistido en que no quieren eliminar el castellano de las aulas, pero la oposición considera que esta nueva ley educativa no respeta el “deber de conocer” ni el “derecho a usar” el castellano. https://d-38797505581756243912.ampproject.net/2102060044003/frame.html

Además, el PP ha dejado claro que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, pues asegura que la ‘ley Celaá’ busca la “exclusión” de esta lengua solo en Cataluña, Valencia y Baleares. Por otro lado, Ciudadanos pretende denunciar el hecho de que ha sido violado uno de los derechos básicos para muchos niños: “recibir una educación vehicular también en castellano”.

Opiniones sobre la novedosa ley Celaá

En contraposición a las afirmaciones de los partidos políticos, la mayoría de los juristas consultados prefiere esperar a ver lo que sucede en el Congreso con la nueva ley educativa. Sin embargo, no han podido resistirse a dar su opinión al respecto.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Ángel Sánchez Navarro, declaró que, aunque en el Estatut se plantee que el catalán sea vehicular, el Tribunal Constitucional deja muy claro que esto no supone que el castellano tenga que dejar de serlo. Y añade que todos los españoles tienen legítimo derecho a conocer y utilizar esta lengua si así lo desean.

Por su parte, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, Andrés Boix, asegura que el sistema actual ha funcionado bien durante muchos años. De hecho, en Cataluña se decidió instaurar el catalán como lengua vehicular y se consideró constitucional. Por lo tanto, la nueva ley educativa sería una cuestión que se debe decidir en los parlamentos.

Una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que plantea este asunto, respaldó la enseñanza en catalán siempre y cuando se garantizase también el dominio del castellano. Por lo tanto, correspondería al Estado proteger el respeto por los derechos lingüísticos dentro del sistema educativo, sobre todo el de recibir una enseñanza básica en la lengua oficial del Estado.

Apoyando esta idea, otros juristas consideran que la decisión de eliminar el castellano como lengua vehicular con la ‘ley Celaá’ sobrepasa los límites infranqueables. Asimismo, la doctora en Derecho y profesora de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, Ainhoa Uribe Otalora, defiende que la Constitución Española dictamina que el castellano sea la lengua oficial del Estado español, aunque reconoce la existencia del plurilingüismo.

Por esta razón, la reforma planteada por la nueva ley educativa supone una infracción de la Constitución, así como de los derechos de los españoles. Además, la ‘ley Celaá’ afectaría a otros principios constitucionales como la igualdad, el principio de integración o la libertad.

¿Qué es la ley Celaá entonces? Una enmienda que eliminaría la disposición adicional número 38 de la ley, que dice lo siguiente: “Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”.

De este modo, mucho son los juristas que consideran que la ‘ley Celaá’ es inconstitucional, a pesar de que sus promotores subrayan que su intención no es la exclusión en las aulas del castellano.

El catedrático de Constitucional de la Universidad de Valencia, Carlos Flores Juberías, declaró que ninguna de las enmiendas de la nueva ley educativa puede modificar el artículo 3 de la Constitución. Además, sostiene que una ley de enseñanza no puede modificar el principio de cooficialidad de dos lenguas, ni el derecho de los ciudadanos a utilizar una de ellas. Es decir, no se puede negar la educación en castellano dentro de una institución pública.

Todo parece indicar que la ‘ley Celaá’ terminará por llegar al Tribunal Constitucional para valorar ciertos temas. Por un lado, los artículos de la normativa en cuestión, y por otro, las partes que han sido eliminadas de las mismas.

También se tendrá en cuenta la falta de referencias claras al uso del castellano como lengua vehicular, así como la supresión del reconocimiento de la lengua castellana como oficial en todo el territorio español, entre otros asuntos. Puesto que esta batalla se librará en el marco político, serán los jueces los que decidan el futuro de la nueva ley educativa”.

Se puede ver en esta primera parte que supone una vulneración del derecho de educación y del derecho que asiste a los padres sobre dar a sus hijos la educación moral y religiosa que crean más conveniente para sus hijos. Y eso por no decir el ataque que dirige esta ley contra el castellano, lengua de unión en España, en favor de las lenguas autonómicas, y, por tanto, minoritarias (las cuales está bien que se proteja, pero no a este precio).

En tercer lugar, se ha de continuar diciendo que “es preciso, pues, aclarar el alcance del artículo 27 CE y para ello cabe   preguntarse si los tratados internacionales suscritos por España aportan algo a nuestro debate. Varios textos internacionales se refieren al derecho a la educación (artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de noviembre de 1948; artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de noviembre de 1966; artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de noviembre de 1966; y el artículo 2 del Protocolo Adicional 1º, de 20 de marzo de 1952, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950). Todos ellos, ex artículo 10.2 CE podrían ayudar a integrar el significado de nuestro precepto constitucional, especialmente el Protocolo Adicional 1º junto con la interpretación que de él ha hecho el Tribunal europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sin embargo el artículo 27 CE es mucho más generoso y brinda una protección mayor que la ofrecida por los documentos citados. La jurisprudencia del TEDH no afecta, sino en muy pocos aspectos, al entendimiento de los derechos educativos reconocidos por nuestra Constitución. 

Dicho todo lo anterior, toca ahora analizar la pluralidad de los derechos educativos. Parece evidente que dos son los derechos principales: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza (artículo 27.1), conectados con los cuales hallamos otros también proclamados en el artículo 27. Este principal y doble reconocimiento propende, por un lado, a garantizar la educación a todos y, por otro, a preservar el mayor pluralismo educativo posible, consintiéndolo al margen de la escuela pública.

La titularidad del derecho a la educación se extiende a todos, nacionales y extranjeros (STC 236/2007). Respecto de estos últimos así lo confirma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, cuyo artículo 9 reconoce el derecho a la educación a los menores de dieciocho años no exigiéndose para su ejercicio la autorización de estancia o residencia en España. Por contra, el artículo 21 de la LODE restringe la titularidad del derecho de crear centros docentes a quienes posean la nacionalidad española. 

El derecho a la educación presenta un innegable naturaleza prestacional, reforzada con la proclamación de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, pero que se proyecta también sobre la enseñanza no obligatoria, con independencia de que no se imponga constitucionalmente para esta última ni la obligatoriedad ni la gratuidad (STC 236/2007). Los poderes públicos vienen obligados a facilitar un puesto escolar gratuito en la enseñanza básica. Ciertamente los límites temporales de la enseñanza básica pueden variar como marca la tendencia a rebajar la edad de escolarización a los tres años, pero ello queda en el margen de apreciación de legislador a quien corresponde delimitar el alcance de las prestaciones a las que son acreedores los titulares del derecho (el artículo 15.2 de la LOE, en línea con la regulación anterior, extiende la gratuidad al segundo ciclo de la educación infantil -3 a 6 años- pero no impone su obligatoriedad). Siempre cabe mejorar las prestaciones como es propio del Estado social, contribuyendo a un aumento progresivo de la calidad de vida.

El Tribunal Constitucional (STC 86/1985, de 10 de julio) acentúa el carácter de derecho de libertad del derecho a la educación, considerando su dimensión prestacional derivada del artículo 27.4 CE y no del apartado 1. El derecho a la educación implicaría no impedimento o intromisión del poder público, tal y como se desprende de la jurisprudencia del TEDH (sentencia de 23 de julio de 1968, caso Régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica). La doctrina española rechaza en general ese reduccionismo y apuesta por interpretar el derecho a la educación, junto con la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica para inferir el derecho a un puesto escolar gratuito en la enseñanza obligatoria. 

El TEDH incluso ha inferido el derecho de acceso en condiciones de igualdad de la libertad negativa (proclamada en el artículo 2 del citado Protocolo al CEDH), si existe un sistema público de enseñanza. La diferencia con el caso español es que nuestra Constitución impone la creación de tal sistema lo que no exige el Convenio. 

Reproduciendo otras normas internacionales, en concreto el artículo 2 del Protocolo precitado, el artículo 27.3 garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es una garantía sobre todo frente a colegios públicos y se ha manifestado, sobre todo, en la organización de la asignatura de religión y de la asignatura alternativa. Como ha expuesto el Tribunal Constitucional (STC 5/1981), la prestación ha de ser ideológicamente neutral, alejada del adoctrinamiento, a lo que contribuye la libertad de cátedra. No hay, pues, ni doctrina ni ciencia oficiales, salvo lo que se deduzca materialmente de las finalidades impuestas constitucionalmente a la educación por el artículo 27.2: promover el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.ç   Es obvio que el derecho paterno a escoger el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos no puede oponerse al centro privado, concertado o no, que presente un ideario propio, puesto que los padres no están obligados a escolarizar a sus hijos y en uno de esos centros; llevarlos a ellos demuestra cierta adhesión a su ideario.

En este caso el derecho se ejerce antes de elegir colegio, mientras que si el centro de escolarización de sus hijos es público, el derecho se ejerce una vez que el educando está en él escolarizado. Sólo los centros públicos tienen obligación de asegurar el pluralismo interno. 

La libertad de enseñanza presenta la naturaleza propia de los derechos de libertad y está conectada, como ha recordado el Tribunal Constitucional (STC 5/1981), con otros derechos reconocidos en los artículos 16, 35 y 38 de la Constitución. La libertad de enseñanza supone la libertad de creación de centros docentes que también reconoce la Constitución (artículo 27.6) y esta última entraña la imposición del ideario (STC 5/1981 y STC 77/1985, de 27 de junio). La neutralidad no puede exigirse sino a los centros públicos puesto que el ideario equivale a tomar partido, al expresar ciertas convicciones ideológicas o religiosas que a través de él se pretenden inculcar al educando. Esta libertad de crear centros con ideario propio tiene el límite expreso (artículo 27.6) en el respeto a los principios constitucionales, expresión en apariencia más estricta que la empleada en el apartado 2 del artículo 27, pero con la que debe conectarse. 

Otros dos límites de la libertad de creación de centros con ideario propio son: la ciencia misma con la que el ideario no puede entrar en conflicto puesto que frente a una enseñanza científicamente falsa habría que oponer el derecho a la educación de los educandos a recibir una enseñanza científicamente solvente. También opera como límite el ejercicio de la libertad de cátedra con el que debe cohonestarse el derecho a imponer un ideario (SSTC 5/1981 y 77/1985), de tal suerte que el profesor del centro privado no está obligado a adherirse al ideario del centro ni menos convertirse en propagandista sino que debe sólo respetarlo.

La Constitución impone el mandato a los poderes públicos de ayudar a los centros docentes “que reúnan los requisitos que la ley establezca” (artículo 27.9). Este precepto constitucionaliza el régimen de conciertos incorporando a los colegios que lo deseen al sistema público. No impone, desde luego, la concertación y los centros privados pueden o no acogerse a la ayuda pública. El resultado ha sido el de un sistema de enseñanza compuesto de centros públicos y de innumerables colegios privados concertados, es decir, financiados con dinero público. El ejercicio de la libertad de creación de centros docentes ha contribuido, de esta manera, a la prestación del servicio público educativo. Pero este estado de cosas no sido producto de un inexistente derecho a la subvención, derecho que no aprecia el Tribunal Constitucional (STC 86/1985, de 10 de julio), si no de la extensión decidida por el poder público de la financiación estatal y autonómica de centros privados que cumplían los requisitos legales y se sometían a las servidumbres impuestas por la ley. 

Tanto respecto de la libertad de enseñanza como en relación con el derecho a la educación juegan las finalidades previstas en el artículo 27.2 CE: pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Ni hay un derecho a recibir enseñanzas contrarias a estas finalidades ni la libertad de impartirlas. Para asegurar el cumplimiento de esta prescripción constitucional y de toda la legalidad educativa, los poderes públicos están facultados (artículo 27.8 CE) para inspeccionar y homologar el sistema educativo. La homologación de los títulos obtenidos por los alumnos no es resultado del ejercicio de la facultad estatal sino producto del derecho a la educación. En efecto, puede afirmarse, en línea con la jurisprudencia del TEDH (caso Régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica, ya citado) que, derivado del derecho proclamado, existe el de que lo estudiado, conforme a la legalidad, tenga validez oficial. 

Además de las limitaciones derivadas de los apartados 2 y 8 del artículo 27 CE, los centros públicos y los privados concertados están obligados a organizarse conforme a lo previsto legalmente que, en todo caso, deberá dar cumplimiento al mandato de participación de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de los centros, tal y como prevé el artículo 27.7 CE. Esta participación enlaza con el artículo 9.2 CE, pero no es un derecho propiamente educativo aunque module su ejercicio. 

En relación con la libertad de enseñanza hay que destacar tres pronunciamientos jurisprudenciales recientes y de gran relevancia:

– Por un lado, la STC 38/2007, en la que se reconoce a las confesiones religiosas el derecho a determinar la idoneidad de los profesores de religión y del credo objeto de enseñanza en los centros públicos.

– Por otro lado, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, de 12 Dic. 2008, rec. 570/2005, que reconoce el derecho de los padres a poder elegir la lengua de escolarización de sus hijos, en la medida en que deben ser consultados sobre cuál es su lengua habitual.

– Por último, vinculada directamente con las libertades del artículo 16 de la Constitución, el tema de la objeción de conciencia ha adquirido cierta relevancia en los últimos tiempos generando una gran cantidad de pronunciamientos judiciales relativos a la posibilidad o no de objetar a la asignatura del educación para la ciudadanía prevista en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El Tribunal Supremo, por su parte ha tenido ya ocasión de unificar esta doctrina en la Sentencia de la Sala Tercera de 11 de febrero de 2009 (rec. 905/2008), en la que afirma que no existe un derecho constitucional general a la objeción de conciencia, ni siquiera como proyección del artículo 16 de la Constitución, porque éste encuentra su límite en la Ley. A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo opone a la objeción de conciencia el artículo 9.1 de la Constitución y afirma que lo contrario supondría hacer depender las normas de su conformidad a cada conciencia individual. Sólo la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar se reconoce en la Constitución, de forma que, cualquier otro reconocimiento dependerá de la estricta voluntad del legislador.

Más allá del contenido estrictamente constitucional del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, parece conveniente dejar apuntados, aunque sea brevemente, los puntos fundamentales que definen el régimen jurídico de la educación es España conforme a la regulación prevista en la LOE. Ésta, después de establecer los principios y fines de la educación, establece con carácter general los tipos de enseñanza existentes, distinguiendo hasta nueve categorías: enseñanza infantil (hasta los seis años), enseñanza básica, que es obligatoria (de seis a catorce años), la enseñanza secundaria obligatoria (hasta los dieciséis años), el bachillerato, la formación profesional, y las enseñanzas artística, de idiomas, deportiva y de personas adultas). Además, la LOE regula en materia de profesorado, centros docentes y su gobierno, inspección, homologación y recursos económicos del sistema educativo”.

Este contenido del artículo 27 de la Constitución se ha visto vulnerado al haber previsto la nueva norma educativa la prioridad de la enseñanza pública (la cual hay que destacar que ha reducido mucho su prestigio anterior por la transferencia de la competencia a las Comunidades Autónomas y por no existir en todos los sitios el mismo nivel de exigencia, además de no buscar la excelencia académica, pues en los últimos tiempos lo que los políticos buscan es que los jóvenes salgan cada vez menos formados, y poder así moverlos a su antojo).

También se ha de añadir que “entre los principales cambios que introduce la ley Celaá, está la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo.

En este sentido, la nueva ley elimina la “demanda social” para abrir nuevos centros concertados o aumentar plazas. Estos colegios no podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Del mismo modo, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su sexo.

Respecto al castellano, deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente. Asimismo, los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto.

En cuanto a la religión, la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas; y en Primaria y Secundaria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.

Otro de los puntos más polémicos ha sido el de la educación especial: en 10 años, los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de educación especial para alumnos que requieren atención muy especializada”.

Esto también supone otro punto en contra de la ley, no dejar enseñar en castellano, así como quitar la libertaed de enseñanza, o incluso vulnerar el derecho a crear centros docentes por los particulares.

En este punto, no hay que olvidar que “no ofrece dudas que la Constitución ha reconocido el derecho a la educación a todas las personas, como se dispone en el párrafo primero del artículo 27 (“todos”), lo que permite concluir que ese derecho corresponde a todos los españoles, sin ningún tipo de limitación, incluso a los españoles que se encuentren residiendo en el extranjero, como se dispone en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobado por Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que exige la creación de centros que hagan efectivo ese derecho en los Países de residencia de los emigrantes o la celebración de convenios para facilitar dicha enseñanza en tales Países.

Son también titulares del derecho los extranjeros residentes en España, porque el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 enero 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que los extranjeros menores de 18 años tienen el derecho y el deber a la educación, en las mismas condiciones que los españoles, con acceso al sistema de becas y ayudas, debiendo tenerse en cuenta en la prestación del servicio la reinserción social y el respeto a su cultura”.

Por último, decir que “

lo peor no es proponer una ley de educación a sólo un año y medio del final del mandato, sino los cambios que se pretenden hacer, que se pueden consultar en el documento “Propuestas para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación”. En nuestra opinión todos ellos van directamente contra la mejora de la enseñanza, contra la cultura del esfuerzo y contra la continuidad de la unidad de nuestro país.

Si bien la ley actual, la LOMCE del PP, conserva la estructura de la ley anterior, que era la LOE del PSOE, y se limita a modificar los artículos sobre aquellos aspectos que, según el PP, no funcionaban bien, el anteproyecto de Isabel Celaá básicamente consiste en la retirada de todas esas modificaciones y en agravar más los enormes errores de la LOE, en el sentido de poder contentar a los partidos secesionistas. 

En orden de mayor a menor perjuicio para nuestro sistema educativo, los cambios anunciados son: la retirada de las evaluaciones finales en Primaria y en ESO, la supresión de los itinerarios en 4º de ESO, el aumento de competencias de los equipos docentes para poder aprobar a los alumnos que quieran, pese a que tengan malos resultados académicos, permitir aprobar el Bachillerato con una asignatura suspendida y permitir que sean las Comunidades Autónomas y no el Ministerio las que decidan si se puede o no utilizar el castellano en la enseñanza. Aunque menos importante, también cabe citar su intención de que la nota de la Religión no cuente para hacer la media y no restablecer el requisito de que los libros de texto han de contar con la autorización previa por parte del Ministerio de Educación.

La ministra Celaá propone que las calificaciones de los alumnos de Primaria y los títulos de ESO y de Bachillerato los sigan dando los centros educativos, sin que intervengan ni la Consejería de Educación Autonómica, ni tampoco el Ministerio de Educación, es decir sin que se lleguen a estrenar las evaluaciones finales externas con valor académico (reválidas) dependientes del Ministerio, establecidas en la LOMCE. Se trata de un error gravísimo en una situación como la actual, en la que se multiplican las denuncias de adoctrinamiento político partidista en las escuelas debido a que algunos gobiernos autonómicos las están utilizando como las canteras de sus futuros votantes; en un momento en el que en varias Comunidades Autónomas se excluye el castellano o español como lengua de comunicación entre profesores y alumnos, por lo que los alumnos castellanohablantes tienen más dificultades de aprendizaje y todos los alumnos alcanzan un nivel de castellano o español muy inferior al que podrían alcanzar, lo cual es un grave perjuicio en su formación dado que se trata de una lengua que hablan 570 millones de personas; en una situación en que los resultados académicos de nuestros alumnos en las pruebas internacionales, como son las pruebas PISA, están muy por debajo de lo esperable en función de nuestro PIB; y porque al no existir ningún control externo por parte del Ministerio, los centros se ven obligados a aprobar a bastantes alumnos que no han llegado a los mínimos establecidos, para evitar que se vayan a otros centros todavía más permisivos, dado que si no lo hicieran, en unos pocos años deberían cerrar por falta de alumnos.

Todos estos problemas se evitarían si se realizaran las evaluaciones finales de ESO de la LOMCE, ya que con ellas el Ministerio podría detectar si se está adoctrinando políticamente a los alumnos, si la realidad histórica y la estructura del Estado que se les está enseñando es la contemplada en la Constitución, si el nivel de castellano o español alcanzado es el establecido, y si las calificaciones en todas las demás materias reflejan realmente los conocimientos alcanzados por los alumnos. Por otro lado, el hecho de tener que superar una prueba externa sería el gran estímulo que actualmente necesitan muchos alumnos para esforzarse más y así adquirir hábitos de trabajo. Sin estas reválidas estamos poniendo en peligro nuestro futuro como país, ya que con una natalidad tan baja si, además, nuestros jóvenes tienen pocos conocimientos y poca capacidad de esfuerzo, difícilmente vamos a ser un país competitivo.

Otra de las cosas que quiere hacer la ministra Celaá es impedir que en 4º de ESO hayan dos itinerarios, como establece la LOMCE, uno dirigido hacia la FP y otro dirigido hacia el Bachillerato, dos itinerarios en los que se prepararía a los alumnos para dos tipos diferentes de evaluaciones finales de ESO. Esta estructura es indispensable porque a cada alumno solo se le ha de pedir que aprenda aquello que puede aprender y que le conviene para sus estudios posteriores. Mantener juntos en la misma aula, aprendiendo las mismas cosas, a todos los alumnos hasta los 16 años, o hasta los 18 años en el caso de los alumnos que repiten curso, es perjudicar tanto a los que quieren cursar un Bachillerato como a los que quieren hacer una FP. A los primeros porque se avanza poco en las materias teóricas y a los segundo porque no se les está enseñando las materias prácticas y aplicadas que quieren aprender. El resultado es que los niveles se han de rebajar para que todos puedan aprobar, lo cual comporta que los alumnos no se esfuercen y, en consecuencia, que pierdan gran parte del tiempo de formación que la sociedad les brinda, que para muchos de ellos es el único tiempo de formación gratuita que van a tener en su vida.

Otro de los graves errores de la señora Celaá es rebajar los niveles de exigencia, estableciendo que los equipos docentes o juntas de evaluación de cada centro puedan dar el título de la ESO y el título de Bachillerato aunque los alumnos tengan asignaturas suspendidas. Se trata de un enorme disparate, porque lo primero que van a hacer muchos alumnos es elegir qué asignatura les cuesta más o piensan que no van a necesitar, y la van a abandonar desde el primer día de clase, sabiendo que la ley se lo permite. Mal lo van a pasar los profesores que tengan muchos de estos alumnos en sus clases. Puede que estos alumnos no vayan a clase o que, si se les obliga a ir al aula, acaben siendo alumnos conflictivos. Además, como al profesorado no le gusta dejar a un alumno sin titular por una sola asignatura, salvo que la nota sea muy baja, van a haber muchos alumnos con el título de ESO y el título de Bachillerato con dos materias suspendidas. Esto es todo menos fomentar el hábito de trabajo y la capacidad de esfuerzo de nuestros jóvenes.

Otro de los grandes errores de la ley Celaá es delegar totalmente en las Comunidades Autónomas el uso o no del castellano o español como lengua vehicular. Al haber eliminado que el castellano se debe utilizar en una proporción razonable, en el futuro ya no cabrá el recurso por parte de los padres de iniciar un contencioso administrativo contra el colegio por haber excluido totalmente el castellano, ni el juez podrá emitir una sentencia contra el colegio indicando que se ha de impartir en castellano como mínimo un 25% de las horas lectivas, lo que equivale a la asignatura de lengua castellana y dos asignaturas más. El Consejo Escolar de Estado, un órgano que emite informes no vinculantes, ya ha pedido que se fije una proporción mínima del uso de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles. La ministra Celaá ha comentado que como el Estado se reserva el 55% en el reparto de las materias, con eso se asegura el aprendizaje oral y escrito del castellano en todo el territorio nacional. Esto no es verdad, porque si no hay unas pruebas externas dependientes del Ministerio que constate si los alumnos han alcanzado el nivel mínimo de castellano al que han de llegar al final de la ESO, cada Comunidad continuará haciendo lo que le dé la gana, como pasa ahora. Por otro lado, si el uso corriente de la lengua común disminuye mucho, se pone en peligro la continuidad de la actual España como un solo país, por falta de vínculos entre los ciudadanos. Es evidente que la ministra Celaá está dispuesta a colaborar en esa disminución del uso del castellano, porque ya lo hizo cuando estuvo al frente de la cartera de Educación en el País Vasco

Finalmente decir que otro de los errores del anteproyecto de ley promovido por Celaá es degradar la asignatura de Religión, al proponer que su nota no se tenga en cuenta para el cálculo de la nota final, ni para la petición de becas. En un país en que es imposible entender el arte sin unos mínimos conocimientos de religión y en un mundo en que es difícil entender los conflictos internacionales sin conocer las religiones, lo que se debería hacer es establecer que todos los alumnos deben tener un mínimo de cultura religiosa mediante unas asignaturas específicas cuya nota contara como las demás asignaturas. Esperemos que todos estos disparates no salgan adelante”.2

Como conclusión, decir que se trata de una ley profundamente politizada dirigida a crear “burros” entre los alumnos para poder así manejarlos a su antojo, apoyando que vayan pasando de curso auqnee no lo merezcan.

FUENTES:


 
    

2 comentarios en “La Ley Celáa. Análisis jurídico”

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