COVID-19, Derecho, Derecho Civil, Derecho procesal, Pandemias

La cláusula rebus sic stantibus en tiempos de coronavirus. Parte I

En primer lugar, se ha de decir que “se trata de un mecanismo de restablecimiento del equilibrio de las prestaciones. Se produce cuando, por circunstancias sobrevenidas y totalmente fuera del poder de actuación de las partes, a una de ellas le resulta absolutamente imposible o gravoso el cumplimiento de la obligación. También se la conoce como la teoría de la alteración de la base del negocio.No está regulada esta cláusula en precepto alguno, sino que es una construcción doctrinal que tradicionalmente la jurisprudencia ha admitido, con mucha cautela, en ciertos casos, y sobre las siguientes bases:

  • 1. Que la cláusula rebus sic stantibus no está legalmente reconocida.
  • 2. Que, sin embargo, dada su elaboración doctrinal y los principios de equidad a que puede servir, existe una posibilidad de que sea elaborada y admitida por los Tribunales.
  • 3. Que es una cláusula peligrosa y, en su caso, debe admitirse cautelosamente.
  • 4. Que su admisión requiere como premisas fundamentales:
    • a. Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.
    • b. Una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derrumben el contrato por aniquilación del equilibrio de las prestaciones.
    • c. Que todo ello acontezca por la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles.
  • 5. Que la cláusula no tiene efectos rescisorios, resolutorios o extintivos del contrato, sino únicamente efectos modificativos del mismo, encaminados a compensar el desequilibrio de las prestaciones.

También tiene declarado la jurisprudencia que la cláusula es únicamente aplicable a los contratos a largo plazo o de tracto sucesivo y de ejecución diferida y que sólo opera en los casos de una alteración extraordinaria o una desproporción, fuera de todo cálculo, entre las pretensiones de las partes contratantes, que verdaderamente derrumban el contrato como consecuencia de la sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles.

Finalmente, los Tribunales han rechazado la aplicación de la cláusula cuando se ha hecho una abstracta e imprecisa alegación de ella”.

Dicho de otra manera, ” es la regla que permite al deudor exonerarse o aminorar el impacto negativo de un riesgo contractual no asignado en el momento de formalizar el contrato, que se materializa mediante la ocurrencia de circunstancias extraordinarias y no previsibles, las cuales no son imputables a ninguna de las partes.

Estas circunstancias extraordinarias, que rompen gravemente el equilibrio de las prestaciones recíprocas, no pueden caracterizarse como caso fortuito exoneratorio al no producir la imposibilidad de cumplimiento de la obligación de que se trata. El ámbito de aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» se circunscribe a aquellos casos en los que el deudor no puede hacer valer ninguna otra fórmula exoneratoria.

El deudor, invocando la aplicación de dicha cláusula, pretende una modificación de los términos del contrato, o incluso su resolución, sobre la base de que se han producido una serie de acontecimientos no previsibles que hacen excesivamente oneroso el cumplimiento de sus obligaciones, produciéndose una clara
desproporción respecto las obligaciones de la otra parte”.

En segundo lugar, y para comenzar a centrar el tema, se ha de señalar que, “debido a la crisis sanitaria producida por el coronavirus, muchos son los afectados por los ERTES, cierres de negocios, etc. Se han tomado medidas laborales, fiscales, económicas para paliar los efectos de esta crisis.

Llegados a este punto, a través de este artículo analizaremos la denominada cláusula Rebus sic stantibus, que tan “de moda” estuvo en la anterior crisis económica del año 2007 y siguientes.

¿Qué significado tiene esta cláusula y por qué hacemos mención a ella en los contratos de arrendamiento?

Rebus sic stantibus significa “estando así las cosas” y ha sido analizada por el Supremo en sentencias tan importantes como la STS Nº 333/2014,  Sala de lo Civil, Rec 2250/2012 de 30 de junio de 2014STS Nº 5/2019, Sala de lo Civil, Rec 1364/2016 de 09 de enero de 2019 o la STS Nº 455/2019, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Rec 3157/2016 de 18 de julio de 2019.

Hacemos mención a ella porque muchas personas se han visto forzadas a cerrar sus negocios, a otras se les ha aplicado un ERTE…y ven que sus ingresos caen de forma sustancial y no pueden hacer frente al pago de alquileres. Estos arrendatarios podrán hacer uso de esta cláusula Rebus sic stantibus, para solicitar una modificación de sus contratos a los arrendadores.

Esta cláusula solo puede ser invocada en circunstancias extraordinarias, que no se hayan podido prever, como es el caso del estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020, o el decretado el pasado 25 de octubre de 2020. 

El Tribunal Supremo fijó doctrina sobre la misma en la STS Nº 333/2014,  Sala de lo Civil, Rec 2250/2012 de 30 de junio de 2014, y estableció lo siguiente para poder ser aplicada según las circunstancias, destacando los siguientes elementos:

  • Acontecimiento sobrevenido, fortuito, rigidez en su imprevisibilidad, que comporte una alteración de la razón o causa económica del contrato.
  • Crisis económica y excesiva onerosidad.

“(…) conviene destacar que la aplicación de la cláusula rebus no se realiza en atención a la perspectiva de la posible liberación del deudor, desde el estricto plano de la posibilidad o no de realización de la prestación tras el acontecimiento sobrevenido, cuestión que por su alcance requiere la naturaleza fortuita del mismo y la rigidez de su imprevisibilidad sino que le basta con que dicho acontecimiento o cambio de las circunstancias, más allá de la posibilidad de realización de la prestación, comporte una alteración de la razón o causa económica que informó el equilibrio prestacional del contrato que determina una injustificada mayor onerosidad para una de las partes. De esta forma, la imprevisibilidad de esta alteración no queda informada por el carácter fortuito de la misma, sino por un juicio de tipicidad contractual derivado de la base del negocio y especialmente del marco establecido respecto a la distribución del riesgo natural del contrato, con lo que la imprevisibilidad, fuera de su tipicidad en el caso fortuito, queda reconducida al contraste o resultado de ese juicio de tipicidad, esto es, que dicho acontecimiento o cambio no resultara ‘previsible’ en la configuración del aleas pactado o derivado del contrato. De ahí, que la nota de imprevisibilidad no deba apreciarse respecto de una abstracta posibilidad de la producción de la alteración o circunstancia determinante del cambio, considerada en sí misma, sino en el contexto económico y negocial en el que incide.

(…)

7. Cambio de circunstancias: crisis económica y excesiva onerosidad.

Ello se traduce, a diferencia de la doctrina jurisprudencial anterior, en la estimación, como hecho notorio, de que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido. No obstante, reconocida su relevancia como hecho impulsor del cambio o mutación del contexto económico, la aplicación de la cláusula rebus no se produce de forma generalizada ni de un modo automático pues como señalan ambas Sentencias, y aquí se ha reiterado, resulta necesario examinar que el cambio operado comporte una significación jurídica digna de atención en los casos planteados, esto es, que la crisis económica constituya en estos casos un presupuesto previo, justificativo del cambio operado no significa que no deba entrarse a valorar su incidencia real en la relación contractual de que se trate; de ahí, que ambas Sentencias destaquen que la crisis económica, como hecho ciertamente notorio, no pueda constituir por ella sola el fundamento de aplicación de la cláusula rebus máxime, como resulta de los supuestos de hecho de las Sentencias citadas, cuando confundiéndose la tipicidad contractual de la figura se pretende su aplicación por la vía errónea de la imposibilidad sobrevenida de la prestación (1182 a 1184 del Código Civil).

En relación a la excesiva onerosidad hay que señalar que su incidencia debe ser relevante o significativa respecto de la base económica que informó inicialmente el contrato celebrado. Este hecho se produce cuando la excesiva onerosidad operada por dicho cambio resulte determinante tanto para la frustración de la finalidad económica del contrato (viabilidad del mismo), como cuando representa una alteración significativa o ruptura de la relación de equivalencia de las contraprestaciones (conmutatividad del contrato). En este caso, las hipótesis son básicamente dos; que la excesiva onerosidad refleje un substancial incremento del coste de la prestación, o bien, en sentido contrario, que la excesiva onerosidad represente una disminución o envilecimiento del valor de la contraprestación recibida. En este contexto, y dentro de la fundamentación objetiva y de tipicidad contractual señalada, pueden extraerse las siguientes consideraciones de carácter general:

A). La base económica del contrato, como parámetro de la relevancia del cambio, esto es, de la excesiva onerosidad, permite que en el tratamiento de la relación de equivalencia sea tenida en cuenta la actividad económica o de explotación de la sociedad o empresario que deba realizar la prestación comprometida.

B). Desde esta perspectiva parece razonable apreciar la excesiva onerosidad en el incremento de los costes de preparación y ejecución de la prestación en aquellos supuestos en donde la actividad económica o de explotación, por el cambio operado de las circunstancias, lleve a un resultado reiterado de pérdidas (imposibilidad económica) o a la completa desaparición de cualquier margen de beneficio (falta del carácter retributivo de la prestación).

C). En ambos casos, por mor de la tipicidad contractual de la figura, el resultado negativo debe desprenderse de la relación económica que se derive del contrato en cuestión, sin que quepa su configuración respecto de otros parámetros más amplios de valoración económica: balance general o de cierre de cada ejercicio de la empresa, relación de grupos empresariales, actividades económicas diversas, etc”.

Esta misma doctrina establecida en esta sentencia, fue y está siendo aplicada por nuestro Alto Tribunal en sentencias como:

STS Nº 5/2019, Sala de lo Civil, Rec 1364/2016 de 09 de enero de 2019 

STS Nº 455/2019, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Rec 3157/2016 de 18 de julio de 2019.

Por lo tanto, a la hora de solicitar una modificación del contrato de arrendamiento para conseguir una moratoria o reducción en el pago del alquiler, debemos tener muy en cuenta lo dispuesto por el T. Supremo en la STS 455/2019:

“(…) según la doctrina jurisprudencial de la ‘rebus sic stantibus’, la alteración de las circunstancias que puede provocar la modificación o, en último término, la resolución de un contrato, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la finalidad del contrato. Y por supuesto, es preciso que tales circunstancias sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para los contratantes ( sentencia del pleno 820/2012, de 17 de enero de 2013 ). Es condición necesaria para la aplicación de la regla ‘rebus’ la imprevisibilidad del cambio de circunstancias. Si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción del riesgo (recientemente sentencia 5/2019, de 9 de enero ). No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato ( sentencias 333/2014, de 30 de junio , 64/2015, de 24 de febrero , y 477/2017, de 20 de julio , entre otras).

En segundo lugar, por lo que se refiere a la revisión de la interpretación de los contratos en el recurso de casación, resumiendo la doctrina de la sala, recuerda la sentencia 502/2018, de 19 de septiembre , con cita de la 615/2013, de 4 de abril :

‘Como hemos insistido en otras ocasiones, por ejemplo en la sentencia 66/2011, de 14 de febrero , la interpretación de los contratos corresponde al tribunal de instancia y no puede ser revisada en casación en tanto no se demuestre su carácter arbitrario o irrazonable o la infracción de uno de los preceptos que debe ser tenido en cuenta en la interpretación de los contratos ( SSTS de 17 de noviembre de 2006, RC n.º 3510/1997 , 27 de septiembre de 2007, RC n.º 3520/2000 , 30 de marzo de 2007, RC n.º 474/2000 ). A este mismo criterio se ajusta la calificación contractual y la determinación del fin jurídico que se pretende en el contrato ( SSTS de 23 de junio de 2003 y 21 de julio de 2006 , 9 de mayo de 2007, RC n.º 2097/2000 ). De este modo podría prosperar en el recurso de casación una alegación de disconformidad con la interpretación o calificación realizada por el tribunal de instancia cuando esta exégesis contradice abiertamente el espíritu o la letra del texto interpretado'”.

En el año 2020, destacamos la sentencia del TS Nº 156/2020, de 6 de marzo, que viene a establecer que esta cláusula no resulta de aplicación a los contratos de corta duración. 

En esta sentencia, el Supremo analiza la Nº 455/2019, pero entiende lo siguiente, respecto a los contratos de corta duración:

“El cambio de estas características que, bajo las premisas que establece la jurisprudencia, podría generar un supuesto de aplicación de la regla de la rebus sic stantibus es más probable que se dé en un contrato de larga duración, ordinariamente de tracto sucesivo. Pero no en un supuesto, como el presente, de contrato de corta duración, en el que difícilmente puede acaecer algo extraordinario que afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de ese contrato””.

En tercer lugar, se ha de señalar que “la cláusula rebus sic stantibus es una construcción fundamentalmente doctrinal y jurisprudencial, lo que hace que haya sido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la que haya ido decantando los requisitos que necesariamente deben concurrir para su aplicación. Así, la citada Sala ha ido estableciendo el criterio de que sólo podrán ser objeto de reequilibrio por aplicación de la cláusula rebus sic stantibus los contratos que, participando de las características que hemos mencionado anteriormente, cumplan los requisitos de “alteración de las circunstancias entre el momento de la perfección del contrato y el de consumación, desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes, que ha de haberse producido por un riesgo imprevisible y la subsidiaridad por no caber otro remedio” (Sentencia TS 243/2012). Veamos estos requisitos con más detenimiento.

  1. Alteración extraordinaria de las circunstancias. Debemos entender por ello el acaecimiento de un cambio radical de la base fáctica del contrato, de modo que las circunstancias de hecho en las que se perfeccionó el mismo se ven sustituidas por otras que difieren sustancialmente de aquéllas, de tal manera que, de haber conocido las partes las nuevas circunstancias emergidas, no habrían perfeccionado el vínculo contractual en los términos en los que efectivamente lo hicieron.
  2. Desproporción exorbitante entre las prestaciones. Es necesario que la alteración extraordinaria de las circunstancias que constituyen la base del negocio jurídico-contractual acarree una ruptura total de los términos de reciprocidad y equivalencia entre las prestaciones en los que el contrato se perfeccionó, de modo que esta equivalencia quede reducida a su mínima expresión, dando lugar a un desequilibrio entre las obligaciones asumidas por cada parte en la medida en que, mientras una de ellas sigue obligada a cumplir con sus obligaciones en los términos inicialmente previstos, la otra, o bien queda total o parcialmente liberada del cumplimiento de sus obligaciones, o bien ve cómo el valor de su prestación se reduce de un modo radical.
  3. Superveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles. La causa emergente de la desproporción deberá ser calificada como imprevisible cuando resulte que ninguna de las dos partes podía razonablemente tenerla en cuenta en el momento de perfeccionarse el contrato, desplegando para ello la diligencia exigible. Para que esta causa sea tenida por imprevisible será necesario, en todo caso, que sus efectos no resulten imputables a la parte perjudicada por la desproporción contractual, esto es, que obedezca a una circunstancia sobre cuya causación no tuvo la parte perjudicada control alguno, y que no puede corregir con los medios a su alcance.
  4. Carencia de otro medio de reequilibrio. La cláusula rebus sic stantibus sólo se aplicará en defecto de otro remedio o de la existencia de pacto expreso de las partes, de manera que cuando éstas, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, hayan determinado un modo específico para corregir las desigualdades sobrevenidas entre sus recíprocas prestaciones, o hayan renunciado de modo expreso a este reequilibrio, no podrán someterse al mandato de esta cláusula.

En definitiva, la imprevisibilidad es la clave para determinar hasta donde alcanza el riesgo normal de un contrato y, en consecuencia, determinar si procede o no la aplicación de la claúsula rebus sic stantibus, tal y como ha defendido recientemente el Tribunal Supremo en su sentencia 5/2019 de 9 de enero de 2019.

Debemos precisar que existen resoluciones del Tribunal Supremo que rechazan la aplicación de esta cláusula de forma generalizada en supuestos de crisis económica. La modificación de las obligaciones solo puede aplicarse si la crisis cambia las circunstancias que dieron lugar al contrato de manera contundente y cuando la misma es la consecuencia de un evento extraordinario e imprevisible, lo que obliga a que se deba analizar cada caso de forma individual.

No obstante, no cabe duda que, en el caso del coronavirus, nos encontramos ante una pandemia declarada como tal por la OMS, que, sí constituye una situación imprevisible o inevitable que no puede asociarse a un riesgo que sea inherente a los contratos, por lo que es previsible que este hecho pueda permitir la revisión de las circunstancias de cada relación contractual. De hecho, en la sentencia nº 333/2014 de la sección civil del Tribunal Supremo de 30-06-2014, se pueden extraer una serie de reglas que se podrían aplicar a esta situación de pandemia de coronavirus, ya que: es una circunstancia ajena a lo pactado; en la que no existe ninguna culpa del que se encuentra afectado por ella; es sobrevenida e inesperada; no se podía prever; tiene graves y relevantes efectos, y afecta a la posibilidad de cumplimiento de los contratos.

Ante esta situación, las empresas afectadas deberían llevar a cabo las actuaciones para obtener la prueba necesaria que les permita argumentar su posición de la manera más consistente posible, ya que, como hemos indicado, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus también exige la acreditación de que este hecho ha generado un desequilibrio en las obligaciones de ambas partes. A modo de ejemplo, documentar todas las incidencias que estén sufriendo a causa de esta pandemia, con la finalidad de acreditar las pérdidas que se están soportando a consecuencia del cierre temporal de negocios, que conlleva la reducción de la plantilla de trabajadores a través de expedientes de regulación de empleo o reducción de la jornada laboral, y la dificultad para asumir el pago de alquiler mensual de los locales de negocio”.

En cuarto lugar, también se ha de señalar que “es principio general el mandato del artículo 1.091 del Código Civil que dispone que  “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Esto se encuentra ratificado en lo dispuesto en el artículo 1.258 que establece que “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obliga no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, el uso y a la ley”. Asimismo, el artículo 1.256 dispone que “La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de uno de los contratantes”.

Frente a este postulado básico y esencial del pacta sunt servanda, pueden acontecer circunstancias no solo excepcionales, sino muy extraordinarias que puedan afectar de tal manera a desaparición de la base objetiva del negocio, y que lleven, por anulación de esa base o por una alteración tan radical e imprevisible, a que se abra paso, por razones de fundada equidad y de objetividad -que no son incompatibles sino convergentes-, a la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus.

Esta puede conllevar, según los casos, a una resolución del contrato o a una modulación del cumplimiento de las obligaciones asumidas lo cual requiere una ponderación muy razonada en cada supuesto concreto no sólo de las circunstancias sino también de los efectos en cada caso, pero sin que ello pueda dar lugar necesariamente a que se este colocando por encima la excepción de la cláusula mencionada como con cierta ligereza se esta haciendo en algunas apuntes apresurados. No es este ni el propósito de este breve trabajo, por razones de espacio, ni tampoco la intención del autor sino ir apuntando reflexiones de fondo que permitan hacer un juicio más global por el lector que sabrá sacar por si mismo, unas conclusiones lógicas.

Hay unas ideas claves de la figura jurídica que analizamos que deben quedar ya enunciadas y remarcadas como son: desaparición de la base objetiva del negocio, origen en circunstancias sobrevenidas, carácter imprevisible y muy extraordinarias de las mismas y su consideración de que el contrato se convierte en muy desmesuradamente oneroso o incluso inasumible.

Como antes apuntábamos, el pacta sunt servanda, es un principio claramente fundamental (aunque no absoluto en todos los casos) en nuestro sistema jurídico sea de Derecho Civil, Mercantil, Derecho de Tratados internacionales, etc, de modo tal que, como decimos, en el ámbito contractual exclusivamente en supuestos muy extraordinarios y, además, con una prueba muy concluyente podría dejarse sin efecto la obligatoriedad de lo firmado y resolverse el contrato o modificarse y respondiendo ello al principio de, lógica y de Justicia.

En otro caso, se estaría dejando en manos de una de las partes asumir o no su obligatoriedad y el cumplimiento de sus compromisos contractuales. Y esto, aplicado a las relaciones jurídicas en general, haría romper la función del Derecho como garantía y el principio de seguridad jurídica y, en definitiva, la quiebra del Derecho como elemento de ordenación de la convivencia.

Y ahora que se alude al principio de seguridad jurídica, puede apuntarse que si bien este es, como decimos la regla o principio general a defender, de modo que la base de que lo estipulado ha de cumplirse; también, aunque a algunos pudieran considerarlo una cierta blasfemia jurídica, este principio, de proclamación constitucional (artículo 9), incluso pudiera ser elemento para que desde el principio de Justicia y objetividad antes apuntados y de equilibrio jurídico de las prestaciones recíprocas, pudiera servir base para una interpretación no dogmática sino al contrario: más conforme a Derecho, pues no puede hablarse de seguridad jurídica cuando se ha producido una inusitada, extraordinaria e injusta inseguridad a nivel jurídico contractual”.

Por tanto, como conclusión a esta primera parte, se puede afirmar que, ante la excepcionalidad de la situación que se vive como consecuencia de la pandemia, esta cláusula contractual se ha de interpretar de manera diferente.

FUENTES:

3 comentarios en “La cláusula rebus sic stantibus en tiempos de coronavirus. Parte I”

  1. Buenas tardes. Una persona que tiene un bar, cuyo local lo tiene alquilado, durante el cierre decretado por la Junta quiso aplicar el “rebus sic stantibus”. Envió burofax y sin llegar a acuerdo con el dueño decidió por su cuenta no abonar la renta mensual.
    Entiendo que mientras un juzgado o tribunal no dicte sentencia el inquilino debe abonar su renta puntualmente.
    De hecho el dueño del local ingresó su IVA religiosamente como si le hubiera pagado.
    Me gustaría saber su opinión.

    Me gusta

    1. En principio sí, pero también habrá que estar a lo aprobado tanto por el Congreso de los Diputados desde el comienzo de la pandemia como por la respectiva comunidad autónoma. Es lo malo que tiene haber concedido potestad legislativa a las Comunidades Autónomas, además de tantísimas competencias.

      Le gusta a 1 persona

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s