Derecho, Sistema electoral

El régimen electoral en España. La comparativa con otros países.

El sistema electoral en España lleva bastantes años dando que hablar, sobre todo por la forma en que, una vez celebradas las elecciones, se lleva a cabo la elección de los miembros de cada partido político que van a formar parte del correspondiente órgano para el que se han celebrado elecciones. Hay que destacar aquí que la principal normativa a tener en cuenta está constituida por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general.

En primer lugar, cabe señalar, a raíz de un informe del Consejo de Estado del año 2009, que “la condición que opera como límite, la de la compatibilidad con la Constitución de las distintas propuestas de modificación del régimen electoral general, excluye a priori todas aquellas que no puedan ser acogidas sin reformar el texto constitucional. Es cierto que, en sentido estricto, no se pueden considerar incompatibles con la Constitución las propuestas que propugnan reformarla de acuerdo con el procedimiento establecido, especialmente cuando se trata de leves reformas que no implican cambio sustancial alguno en el marco constitucional del régimen electoral general. Pese a ello, el Consejo de Estado ha considerado que, al establecer la condición de la compatibilidad de las propuestas con la Constitución, el Gobierno hacía referencia sólo al texto actual de ésta.

Problemas más complejos plantea la determinación de la segunda condición a la que debe ajustarse el Informe: la condición teleológica. No se trata en este caso de un límite que obligue a dejar fuera de consideración las propuestas o sugerencias que impliquen la necesidad de reformar la Constitución, sino del criterio que el Consejo de Estado ha de utilizar para seleccionar, dentro de las que cumplen esa condición, las que han de ser objeto de análisis y valoración y de la perspectiva desde la que ha de llevar a cabo su tarea. Una perspectiva que, como se acaba de indicar, viene determinada por la idoneidad de tales propuestas y sugerencias para alcanzar dos finalidades distintas. De una parte, la de facilitar “el ejercicio del derecho de sufragio” o la “participación ciudadana”; de la otra, la de incrementar “la calidad democrática del sistema político” o “el rendimiento de las instituciones”. Aunque las expresiones utilizadas podrían llevar a diferenciar cada uno de los cuatro enunciados, no cree el Consejo de Estado forzar su sentido al agruparlos dos a dos, en la forma que se expone.

En un sistema democrático como es el nuestro, la mayor o menor facilidad con la que los ciudadanos pueden ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes depende como es obvio de las normas de organización y procedimiento previstas para la elección de éstos. El análisis y valoración de esas normas desde este punto de vista cae dentro del ámbito de la técnica jurídica y no suscita por ello problemas que no sean los habituales en el ejercicio de la función consultiva. Difícilmente puede extenderse ésta, por el contrario, a la determinación de cuál sea el grado mayor o menor de la calidad democrática del sistema político, pues esa calidad tiene como condición necesaria la libertad, igualdad y universalidad del sufragio. Cumplida esta condición, el juicio que se haga sobre la calidad democrática del sistema depende del concepto de democracia utilizado y como es bien sabido la democracia no es concebida del mismo modo en las diversas doctrinas políticas presentes en nuestra vida pública y que en líneas generales se corresponden con las que tienen presencia en el resto de los países democráticos. El juicio sobre la calidad democrática del sistema político, el nuestro o el imperante en cualquiera de las democracias del mundo, no es el mismo si se hace desde el punto de vista del liberalismo, que si se emite desde el republicanismo o el comunitarismo.
A fin de atenerse a los términos en los que se formula la consulta sin incurrir en valoraciones políticas ajenas a su competencia, el Consejo de Estado ha partido por ello de la idea de que todas las propuestas de reforma electoral formuladas por las distintas fuerzas políticas tienen como finalidad propia la de incrementar la calidad política del sistema y que no esa finalidad sino la idoneidad de los medios propuestos para alcanzarla es la que ha de ser objeto de análisis y valoración.

El Informe se extiende por eso a todas las propuestas de reforma electoral formuladas por los distintos partidos dentro del período antes indicado y que se mueven dentro del ámbito legislativo, sin extenderse al constitucional.

El examen de esas propuestas, compiladas en el Anexo I, evidencia que el grado de aceptación del régimen electoral vigente es muy alto en todas las fuerzas políticas. Ninguna de ellas propone reformas que afecten a sus elementos fundamentales, sino sólo cambios que, aunque de indudable importancia, no alteran sustancialmente dicho régimen. Pese a las diferencias de matiz y formulación, todas ellas convergen además en seis grandes cuestiones:

  • ampliación del derecho de sufragio de los extranjeros residentes en España;
  • perfeccionamiento del sistema para el ejercicio del derecho de sufragio por parte de los españoles residentes en el extranjero;
  • incremento de la proporcionalidad del sistema seguido para las elecciones a las Cortes Generales y ampliación de las opciones ofrecidas a los electores;
  • creación de circunscripciones de ámbito subestatal para las elecciones al Parlamento Europeo;
  • modificaciones diversas en el sistema de las elecciones locales y en particular del sistema de elección de alcaldes; y
  • corrección de algunos defectos percibidos en las normas que regulan la confección del censo electoral y las campañas electorales, a fin de prevenir posibles fraudes o situaciones de desigualdad entre los partidos participantes; utilización de nuevas tecnologías.

Para determinar cuáles son las propuestas o sugerencias de reforma del régimen electoral general que han hecho nuestros constitucionalistas y, más en general, todos los estudiosos, el Consejo de Estado ha podido contar con la valiosa ayuda del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que la ha prestado de diversas formas y muy en particular mediante la organización, en colaboración con el propio Consejo, de unas Jornadas celebradas el pasado mes de octubre en las que estuvieron presentes los más destacados especialistas. Aparte de ello, esa información se ha buscado también, como es lógico, a través del estudio de los textos más significativos de la doctrina e incluso del contacto directo que los miembros del Consejo, Letrados y Consejeros, que han participado en la elaboración de este Informe, han tenido con sus autores. Dentro del abundante material, se han seleccionado, como objeto de estudio, aquellos trabajos que enjuician desde el punto de vista académico las propuestas de reforma formuladas por las fuerzas políticas, o sugieren otras de sentido muy análogo”.

Se ha de añadir aquí que “la proporcionalidad del sistema es lo que se pone en tela de juicio cuando nos cuestionamos la ley electoral. Getty Images

¿Cómo es la ley actual de España?

El Congreso se compone de 350 diputados que representan a 52 circunscripciones o provincias. Según la LOREG, Ceuta y Melilla disponen de un diputado cada una, mientras que el resto de circunscripciones tienen asignados dos diputados como mínimo y el resto se reparten según la población empadronada.

Tal y como está hoy en día la ley electoral, el voto de todas las personas que acuden a las urnas no vale lo mismo en todas las circunscripciones y eso se traduce en que el número de escaños depende de otros factores, como por ejemplo la diferencia de población, no hay el mismo número de votantes en Teruel que en Madrid.

Mapa de las 52 circunscripciones que hay en España. Tony RotondaWikimedia Commons

¿Cuál es el sistema de elección?

En España se utiliza la llamada ley D’Hondt, un sistema de cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D’Hondt. Este es el sistema utilizado también en muchos otros países como Chile, Colombia, Paraguay, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Polonia, Turquía, Finlandia, Irlanda, Israel y Japón.

¿Cómo funciona la ley D’Hondt?

Según este sistema, en cada circunscripción se excluye antes que nada a las candidaturas que no hayan obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos. El resto de las candidaturas, se ordenan de mayor a menor, en una columna, según el número de votos obtenidos. Luego se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura entre 1, 2, 3, etc, según el número de escaños correspondientes a cada circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, atendiendo a un orden decreciente.

Imaginemos una provincia, la llamaremos Rosilandia en mi honor, que tiene 4 diputados, por ejemplo, y a la que se han presentado 3 partidos (A, B y C), con los siguientes votos: A 92 000, B 70 000 y C 34 000.

Los votos serían, el resultado de dividir esa cifra en 1, 2, 3 y 4, el número de escaños correspondientes a esa circunscripción:

Formación A 92 000, 46 000, 30 666, 23 000
Formación B 70 000, 35 000, 23 333, 17 500
Formación C 34 000, 17 000, 11 333, 8 500

Los escaños se asignan por orden, según los cocientes, de mayor a menor, así que el primer diputado lo consigue el partido A (92.000), el segundo es para el B (70.000), el tercero es de nuevo para el A (46.000), el cuarto del B (35.000). Mientras, el partido C se ha quedado fuera por muy poco. This content is imported from Giphy. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site. https://giphy.com/embed/inhU8PZJeGY5G

¿A quién beneficia y por qué?

Beneficia a los partidos grandes, y perjudica a los pequeños. Aunque la Constitución habla de “representación proporcional”, en realidad es de lo más desproporcionado: ni se ajustan los escaños a los votos, ni se defiende el orden que los votantes otorgan a los partidos, ocurriendo en ocasiones que una formación con menos votos logra obtener más escaños. Muchos no lo consideran un sistema proporcional, sino mayoritario, un sistema que no busca la proporcionalidad sino favorecer la gobernabilidad de los partidos más poderosos.

Es un sistema que no busca la proporcionalidad, sino la gobernabilidad de los partidos más poderosos

En los distritos en los que se eligen muchos escaños, el resultado es más proporcional. En las circunscripciones en las que se eligen 3, 4 o 5 escaños, no es así. En España lo que tenemos no es un sistema electoral, sino 52, uno por cada provincia, ya que, en cada una de ellas, se eligen de 1 a 5 diputados. La ciencia política suele estimar que estos últimos tienen efectos “mayoritarios”. Además, el hecho de que se dé a cada provincia un mínimo de dos diputados (uno en el caso de Ceuta y Melilla) hace que las menos pobladas estén sobrerrepresentadas, lo que tampoco ayuda, en opinión de los expertos, a mantener la proporcionalidad. Pero tampoco es tan malo, quiero decir, está bien que las circunscripciones menos pobladas estén representadas, si no, quedaría todo definido en la voluntad de las dos provincias con mayor población, Madrid y Barcelona.

Cojamos la provincia de nuestro ejemplo anterior, Rosilandia, con sus 4 escaños: nuestro sistema distorsiona además la voluntad de voto de los ciudadanos, que prefieren votar una cosa, pero votan otra (voto útil) para evitar que el partido que menos les gusta saque más escaños. Yo, Rosa, habitante de Rosilandia, quiero votar a C, pero es difícil que gane un escaño. Como A me horroriza y tolero más o menos a B, en lugar de votar al C de mi corazón, elijo la papeleta de B aunque con ello esté sacrificando a la formación que prefiero. Eso no es sino una distorsión, no he votado lo que he querido, sino lo que me parece menos malo, porque el sistema castiga a las formaciones más pequeñas y las priva de representatividad. En un sistema totalmente proporcional, votaría al partido que quiero, el C, porque hay más posibilidad de que esté representado. O sea, que en un sistema proporcional, hay menos probabilidades de que el ciudadano se sienta tentado a recurrir al “voto útil”.

¿Qué hay en otros países?

Está por un lado, el sistema de la Mayoría Relativa utilizado sobre todo en países países angloparlantes, como Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero también en Belice, y en países asiáticos y africanos.

En este sistema el candidato ganador es simplemente la persona que obtiene más votos, sin necesidad de llegar a la mayoría absoluta. Esto implicaría que un candidato podría ganar unas elecciones con solo un voto, siempre que los otros partidos no hubiesen obtenido ninguno. Los escaños son proporcionales al número de votos. Por eso es tan probable que se formen dos grandes partidos, y que los ciudadanos acaben apoyando únicamente al candidato de uno u otro partido. En este sistema no suelen tener cabida las formaciones minoritarias, y lo peor, puede gobernar un candidato con muy pocos votos de diferencia con el siguiente.

Elecciones en Liberia

Liberia es uno de los países con el sistema de doble ronda. Getty Images

En otros países, está el Sistema de Doble Ronda, en el que se llevan a cabo dos votaciones, con una o dos semanas de diferencia. Se utiliza en Francia y en aquellos países que fueron sus colonias, como Togo, Mali y en otros lugares como Liberia o Rumanía. Este sistema permite a los votantes tener más de una oportunidad para elegir a sus representantes o cambiar de opinión en la segunda vuelta, una vez que se conocen cuáles van a ser los partidos con suficiente representación. Como contrapartida, no todos los candidatos están presentes en la segunda ronda, por lo que se corre un alto riesgo de abstención, que a su vez se traduce en poca legitimidad y poca representatividad. Además es más caro, algo muy importante en los países con pocos recursos.

La Segunda Vuelta Instantánea, también conocida como sistema de Voto Preferencial o Voto Alternativo es un sistema electoral que sirve para elegir a un único ganador por mayoría absoluta de entre más de dos posibles candidatos. Se trata de un sistema de votación preferencial, en el cual el votante debe indicar con un ‘1’ cuál es su candidato favorito, con un ‘2’ el segundo candidato que prefiere y así sucesivamente. Se utiliza en Australia, República Dominicana y Papúa Nueva Guinea, y también para elegir alcalde en Londres, en Wellington y en muchas ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Oakland y Portland.

¿Qué partidos quieren cambiar la ley electoral?

En España las formaciones que quieren cambiar esta ley son los partidos de reciente formación como Ciudadanos y Podemos, o los muy minoritarios. Los que no, pues los que están o han estado recientemente en el poder, como el PP o PSOE, que solo contemplan mínimos cambios a la forma de llevar a cabo los comicios. En resumidas cuentas, quieren la reforma electoral las formaciones a las que la ley D’Hondt perjudica, y que se mantenga el sistema actual, aquellos partidos a los que favorece la ley. Eso da qué pensar, le hace a uno cuestionarse si de verdad nuestros políticos lo que desean es el bien común de todos los ciudadanos o solamente el suyo personal, o peor aún, el bien de su partido, el ganar a toda costa, el satisfacer su ansia de poder. El querer cambiar la ley no solo se da en España, sino que la misma cuestión surge en todos los países demócratas del mundo.

¿Por qué otra ley más justa se podría cambiar?
No existe un sistema perfecto. En mi opinión, y no es precisamente la de una experta, para mejorar nuestro sistema electoral habría que ir hacia un modelo más similar al francés, de doble ronda, que me parece el menos distorsionado, aunque ya hemos visto, y Francia a menudo nos lo ha mostrado, el alto grado de abstención que se da en este sistema. Ahora bien, no nos engañamos si pensamos que una reforma de la ley electoral cambiaría sustancialmente aspectos políticos de nuestra vida diaria. Las reformas que más se necesitan son las relativas a la distribución territorial, a la democracia interna de los partidos y a la información que maneja el electorado, y eso no se consigue solo cambiando el sistema electoral”.

Por lo que respecta a la normativa electoral de la Unión Europea, al llevarse a cabo las elecciones a la Unión Europea en cada país, rige la legislación elelctoral de cada país.

En este aspecto, se debe de añadir que “el artículo 22, apartado 2, del TFUE dispone que «todo ciudadano de la Unión queresida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser electory elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el queresida». Las modalidades de ejercicio de este derecho se adoptaron con arregloa la Directiva 93/109/CE del Consejo, modificada en último lugar por la Directiva2013/1/UE del Consejo, cuyo artículo 6 establece que «todo ciudadano de la Uniónque resida en un Estado miembro sin tener su nacionalidad y que, por resoluciónjudicial o administrativa de carácter individual, siempre que esta sea recurrible antelos tribunales, haya sido privado del derecho de sufragio pasivo en virtud, bien de lalegislación del Estado miembro de residencia, bien de la del Estado miembro de origen,quedará privado del ejercicio de ese derecho en el Estado miembro de residencia enlas elecciones al Parlamento Europeo».

2.Sistema electoral

En virtud del Acta Electoral de 1976 modificada, las elecciones europeas debenbasarse en un sistema de votación de listas o de voto único transferible, de tipoproporcional. Los Estados miembros pueden permitir la votación de listas con voto depreferencia.

Además del umbral mínimo voluntario para la atribución de escaños, que no puedeser superior al 5 % de los votos válidos emitidos a escala nacional, las últimasmodificaciones del Acta Electoral de 1976, adoptadas por la Decisión (UE, Euratom)2018/994 del Consejo, de 13 de julio de 2018, establecen un umbral mínimo obligatorioentre el 2 % y el 5 % en las circunscripciones que cuenten con más de 35 escaños(incluidos los Estados miembros de circunscripción única). Los Estados miembros hande adoptar las medidas necesarias para cumplir esta obligación a más tardar para laselecciones al Parlamento Europeo de 2024.

De conformidad con esta Decisión, los Estados miembros también pueden tomar lasdisposiciones necesarias para que se puedan ejercer el voto anticipado, el voto porcorreo y el voto electrónico y por internet. Cuando lo hagan, deben garantizar en particular la fiabilidad de los resultados, el carácter secreto del voto y la protección delos datos personales.

3.Incompatibilidades.

De conformidad con el artículo 7 del Acta de 1976 (en su versión modificada por laDecisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo), la calidad de diputado al ParlamentoEuropeo es incompatible con la de miembro del Gobierno de un Estado miembro;miembro de la Comisión; juez, abogado general o secretario del Tribunal de Justicia dela Unión Europea; miembro del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y SocialEuropeo, de comités u otros organismos creados en virtud de los Tratados para laadministración de fondos de la Unión o el desempeño de modo permanente y directo deuna función de gestión administrativa, y de miembro del Consejo de Administración, delComité de Dirección o del personal del Banco Europeo de Inversiones, así como conla condición de funcionario o agente en activo de las instituciones de la Unión o de losorganismos especializados vinculados a las mismas. Existen otras incompatibilidadespara los miembros del Comité Europeo de las Regiones (añadida en 1997), para losmiembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, para el defensor del puebloeuropeo y, sobre todo, para los parlamentarios nacionales (añadida en 2002).

MODALIDADES SUJETAS A LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Además de estas normas comunes, las modalidades electorales se rigen pordisposiciones nacionales que pueden variar considerablemente; por consiguiente, elsistema electoral puede considerarse un sistema electoral polimórfico.

A.Sistema electoral y umbrales

Todos los Estados miembros deben aplicar un sistema basado en la representaciónproporcional. Además del umbral voluntario para la atribución de escaños, que nopuede ser superior al 5 % a escala nacional, la Decisión (UE, Euratom) 2018/994del Consejo establece un umbral mínimo obligatorio de entre el 2 % y el 5 % enlas circunscripciones que cuenten con más de 35 escaños (incluidos los Estadosmiembros de circunscripción única). Este requisito deberá cumplirse a más tardar paralas elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

En la actualidad, aplican un umbral los siguientes Estados miembros: Bélgica,Croacia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checay Rumanía (5 %); Austria, Italia y Suecia (4 %); Grecia (3 %); y Chipre (1,8 %). Losdemás Estados miembros no aplican ningún umbral. Alemania ha intentado hacerlo,pero en dos decisiones de 2011 y 2014 el Tribunal Constitucional alemán declaró quelos umbrales existentes para las elecciones europeas (que eran inicialmente del 5 %y más adelante del 3 %) eran inconstitucionales.

B.División en circunscripciones electorales

En las elecciones europeas, la mayoría de los Estados miembros funcionan comocircunscripciones únicas. Sin embargo, cuatro Estados miembros (Bélgica, Irlanda,Italia y Polonia) han dividido su territorio nacional en varias circunscripcionesregionales.

C.Derecho de sufragio activo
La mayoría de edad a efectos electorales es de dieciocho años en todos los Estadosmiembros salvo en Austria y Malta, donde es de dieciséis años, y en Grecia, dondees de diecisiete.
El voto es obligatorio en cinco Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia yLuxemburgo): esta obligación se aplica tanto a los nacionales como a los ciudadanosde la Unión no nacionales inscritos.
1.Voto de los no nacionales en su país de acogida
Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacionaltiene derecho a votar en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembroen el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado(artículo 22 del TFUE). Sin embargo, el concepto de residencia difiere todavía deun Estado miembro a otro. Algunos países (Alemania, Eslovenia, Estonia, Francia,Polonia y Rumanía) exigen que los votantes tengan su domicilio o su residenciahabitual en el territorio electoral; otros (Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Grecia, Irlanda,Luxemburgo y Suecia), que se resida en el país de forma habitual, y los hay querequieren la inscripción en el censo de población (Bélgica y la República Checa). Paratener derecho a votar en Chipre y Luxemburgo, los ciudadanos de la Unión tambiéndeben cumplir el requisito de haber residido un período mínimo en el país. En todoslos Estados miembros, los ciudadanos de otros países de la Unión deben inscribirseen el censo electoral antes de la jornada electoral. Los plazos de inscripción varían deun Estado miembro a otro.
2.Voto de los nacionales no residentes en su país de origen
Casi todos los Estados miembros ofrecen la posibilidad de votar en las eleccioneseuropeas desde el extranjero. Algunos Estados miembros piden a los votantesque se registren ante sus autoridades electorales nacionales para tener derecho avotar desde el extranjero por correo postal o en su embajada/consulado. En otrosEstados miembros, las votaciones por correo pueden celebrarse en las embajadas oconsulados. En algunos Estados miembros, el derecho a votar en el extranjero solose concede a los ciudadanos que viven en otro Estado miembro de la Unión (porejemplo, Bulgaria e Italia). Asimismo, la mayoría de los Estados miembros disponen demecanismos especiales para los diplomáticos y el personal militar que se encuentrande servicio en el extranjero.
El hecho de que ciertos no nacionales puedan votar en su país de acogida y quetambién puedan hacerlo como nacionales en su país de origen puede conllevarabusos, en particular el doble voto, que es una infracción penal en algunos Estadosmiembros. A este respecto, las recientes modificaciones del Acta electoral de 1976,adoptadas mediante la Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo, exigen a losEstados miembros que garanticen que el doble voto en las elecciones al ParlamentoEuropeo esté penalizado con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
D.Derecho de sufragio pasivo
El derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo en cualquierotro Estado miembro de residencia también constituye una aplicación del principio de
Fichas técnicas sobre la Unión Europea – 20205
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
no discriminación entre nacionales y no nacionales, así como un corolario del derechode libre circulación y residencia en la Unión. Toda persona que sea ciudadana de laUnión y que no haya adquirido la nacionalidad del Estado miembro de residencia, peroque cumpla las condiciones a las que la legislación de este último supedite el derechode sufragio pasivo de sus nacionales, puede ejercer su derecho de sufragio pasivo enel Estado miembro de residencia en las elecciones al Parlamento Europeo, siempreque no esté desposeída de esos derechos (artículo 3 de la Directiva 93/109/CE delConsejo).
Aparte de la exigencia de ciudadanía de un Estado miembro, requisito común a todoslos Estados miembros, las condiciones para ejercer el derecho de sufragio pasivovarían en función del país. Nadie puede ser candidato en más de un Estado miembroen las mismas elecciones (artículo 4 de la Directiva 93/109/CE del Consejo). La edadmínima para presentarse como candidato a las elecciones es de dieciocho años enla mayoría de los Estados miembros, salvo en Bélgica, Bulgaria, la República Checa,Chipre, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia (veintiuno), Rumanía(veintitrés) y Grecia e Italia (veinticinco).
E.Modalidades de candidatura
En algunos Estados miembros, solo los partidos políticos y las organizaciones políticaspueden presentar candidaturas. En otros Estados miembros, basta con recoger unadeterminada cantidad de firmas o agrupar a cierto número de electores para poderpresentar una candidatura; y, en algunos casos, también se exige el depósito de unafianza.

La Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, por la quese fija la composición del Parlamento Europeo establece de qué manera se han deasignar los escaños previstos en el artículo 14, apartado 2, del TUE aplicando elprincipio de «proporcionalidad decreciente» (1.3.3).

F.Fecha de las elecciones

De conformidad con los artículos 10 y 11 del Acta Electoral de 1976 modificada, laselecciones al Parlamento Europeo deben tener lugar dentro de un mismo periodo,empezando el jueves por la mañana y terminando el primer domingo siguiente; cadaEstado miembro ha de fijar las fechas y horas. En 1976, el Consejo, por unanimidady previa consulta al Parlamento Europeo, fijó el período electoral para las primeraselecciones de 1979. Las elecciones posteriores a las de 1979 se celebraron en elperíodo correspondiente del último año del período quinquenal a que hace referenciael artículo 5 del Acta Electoral (1.3.1).

Por lo que respecta a las elecciones de 2014, el Consejo, mediante su Decisión de 14de junio de 2013, modificó las fechas, fijadas inicialmente en junio, estableciendo elperiodo comprendido entre los días 22 y 25 de mayo, para evitar así la coincidencia conlas vacaciones de Pentecostés y de conformidad con la siguiente disposición recogidaen el artículo 11: «Si resultare imposible celebrar las elecciones […] durante dichoperíodo, el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, fijará, almenos un año antes del final del período quinquenal contemplado en el artículo 5, otroperíodo electoral que podrá ser anterior en dos meses como máximo o posterior enun mes como máximo, al período que resulte de la aplicación del párrafo precedente».

Las elecciones posteriores se han de celebrar en el período correspondiente delúltimo año del período quinquenal (artículo 11 del Acta de 1976). Por consiguiente, laselecciones de 2019 se celebraron entre el 23 y el 26 de mayo.

G.Libertad del elector en lo relativo al orden de los candidatos en las listas

En la mayoría de los Estados miembros, los votantes pueden emitir votospreferenciales para alterar el orden de los nombres de una lista. No obstante, enseis Estados miembros (Alemania, España, Francia, Hungría, Portugal y Rumanía) laslistas son cerradas (sin voto preferencial). En Irlanda y Malta, los votantes enumerana los candidatos por orden de preferencia (voto único transferible).

H.Atribución de los escaños que resulten vacantes en el curso de una legislatura

En varios Estados miembros, los escaños que resultan vacantes se atribuyen a losprimeros candidatos no elegidos de la misma lista (en su caso, tras un ajuste parareflejar los votos conseguidos por los candidatos). En otros Estados miembros, losescaños vacantes se asignan a los suplentes y, si no los hay, el orden de los candidatosen las listas es el criterio decisivo. En algunos Estados miembros, los diputados alParlamento Europeo tienen derecho a volver al Parlamento Europeo cuando el motivode su marcha deja de existir”.

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