Abogacía, Administración de Justicia, COVID-19, Derecho, Derecho general, despachos de abogados, Pandemias

Asistencia letrada en tiempos de coronavirus. Introducción.

En primer lugar, se ha de señalar que, “al reconocer el derecho de defensa, el artículo 24.2 de la Constitución Española garantiza que cada una de las partes en el proceso tenga la posibilidad de formular los argumentos de sus pretensiones y rebatir los planteados por la parte contraria. Incluido en el derecho de defensa, e inseparable de él, se consagra el derecho a la asistencia letrada.

El derecho fundamental a la asistencia letrada impone la exigencia de asegurar y favorecer la efectiva designación de abogado, incluso de oficio en los supuestos previstos por las leyes, y su asesoramiento durante todo el proceso. Este derecho fundamental tiene una relevancia máxima en el proceso penal, y especialmente cuando un sujeto resulta detenido.

En concreto, según su configuración en el proceso penal, art. 520 Ley de Enjuiciamiento Criminal, la asistencia letrada al detenido incluye, entre otros, los siguientes extremos: solicitar que se informe al detenido de sus derechos y se le realice, en su caso, reconocimiento médico; la intervención del abogado en las diligencias de declaración, de reconocimiento y de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido; y la posibilidad de entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que preste declaración ante la policía, el fiscal o la autoridad judicial.

¿Se puede ejercer la asistencia letrada utilizando medios telemáticos?

Vistas las actuales circunstancias, debido a la pandemia de la COVID-19, me planteo varias cuestiones: ¿Permiten nuestras normas procesales la utilización de medios telemáticos para la asistencia letrada a los detenidos? ¿Se garantiza suficientemente el derecho a la asistencia letrada en el proceso penal si utilizamos estos medios? 

La Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 229) señala que las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se pueden realizar a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes. 

Por su parte, el artículo 520.2 c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) ha previsto la asistencia letrada al detenido mediante comunicación telefónica o por videoconferencia, aunque la asistencia por esta vía ha de venir justificada por la lejanía geográfica entre detenido y abogado.

El empleo, por ejemplo, de la videoconferencia, en los juicios y en la actividad de los órganos de instrucción se ha normalizado desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, en relación a declaraciones de víctimas, testigos y peritos. 

Pero el Tribunal Supremo se ha mostrado contrario a que se pueda utilizar para la declaración de los acusados durante el juicio oral, entendiendo que deben intervenir activamente en el ejercicio de su propio derecho de defensa. Ha considerado igualmente la necesidad de garantizar constante comunicación directa con el Letrado que, de otro modo, podría ver seriamente limitadas sus funciones de asesoramiento y asistencia. 

En esta línea se sitúa el artículo 19 del Real Decreto Ley de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados) y que, permitiendo la celebración de un gran número de actos procesales mediante recursos telemáticos, exige la necesaria presencia física del acusado – y, entiendo, que del Letrado- en los juicios por delito grave. 

¿Qué sucede durante la vigencia del estado de alarma? ¿Y después?

Es clara la intención del legislador de mantener la presencia personal del acusado y su letrado en los juicios, pero como consecuencia de la vigencia del estado de alarma por la crisis del coronavirus están implantándose iniciativas que favorecen la asistencia telepresencial a los detenidos, sin estar justificada por la lejanía geográfica – como está previsto en la LECRIM-, sino como fórmula de contención de los contagios: distintos colegios de abogados lo han promovido, así como algunas comisiones de seguimiento de la COVID-19 de los Tribunales Superiores de Justicia (caso de Madrid). 

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía ha reclamado tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Justicia que se faciliten los mecanismos para que la asistencia a detenidos pueda realizarse por vía telefónica o videoconferencia durante la vigencia del estado de alarma. Los mecanismos de comunicación que tienen a su disposición los profesionales serían suficientes para que su labor en relación a los detenidos pueda realizarse adecuadamente, toda vez que se garantiza la comunicación directa y privada, manteniéndose la interacción entre ellos de forma confidencial desde el momento inicial de la investigación.

Tanto las dependencias policiales como los juzgados y tribunales son lugares de frecuente trasiego: reducir al máximo la presencia y permanencia de personas en ellos para practicar diligencias que pueden realizarse telemáticamente contribuiría a proteger a todos los sujetos, profesionales o no, que intervienen en el proceso. 

En el escenario actual y futuro, la garantía del derecho fundamental a la asistencia letrada ha de ser compatible con el derecho de los profesionales a la protección de su salud, reduciendo al máximo su exposición al contagio en aquellos casos en que existen medios alternativos para cumplir con sus obligaciones. 

Por otra parte, la plena adaptación de los recursos policiales y judiciales a las comunicación telemática permitirá una mejor y más ágil práctica de muchas diligencias, sin merma alguna de las garantías procesales”.

En segundo lugar, se ha de señalar que, “al reconocer el derecho de defensa, el artículo 24.2 de la Constitución Española garantiza que cada una de las partes en el proceso tenga la posibilidad de formular los argumentos de sus pretensiones y rebatir los planteados por la parte contraria. Incluido en el derecho de defensa, e inseparable de él, se consagra el derecho a la asistencia letrada.

El derecho fundamental a la asistencia letrada impone la exigencia de asegurar y favorecer la efectiva designación de abogado, incluso de oficio en los supuestos previstos por las leyes, y su asesoramiento durante todo el proceso. Este derecho fundamental tiene una relevancia máxima en el proceso penal, y especialmente cuando un sujeto resulta detenido.

En concreto, según su configuración en el proceso penal, art. 520 Ley de Enjuiciamiento Criminal, la asistencia letrada al detenido incluye, entre otros, los siguientes extremos: solicitar que se informe al detenido de sus derechos y se le realice, en su caso, reconocimiento médico; la intervención del abogado en las diligencias de declaración, de reconocimiento y de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido; y la posibilidad de entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que preste declaración ante la policía, el fiscal o la autoridad judicial.

¿Se puede ejercer la asistencia letrada utilizando medios telemáticos?

Vistas las actuales circunstancias, debido a la pandemia de la COVID-19, me planteo varias cuestiones: ¿Permiten nuestras normas procesales la utilización de medios telemáticos para la asistencia letrada a los detenidos? ¿Se garantiza suficientemente el derecho a la asistencia letrada en el proceso penal si utilizamos estos medios?

La Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 229) señala que las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se pueden realizar a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes.

Por su parte, el artículo 520.2 c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) ha previsto la asistencia letrada al detenido mediante comunicación telefónica o por videoconferencia, aunque la asistencia por esta vía ha de venir justificada por la lejanía geográfica entre detenido y abogado.

El empleo, por ejemplo, de la videoconferencia, en los juicios y en la actividad de los órganos de instrucción se ha normalizado desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, en relación a declaraciones de víctimas, testigos y peritos.

Pero el Tribunal Supremo se ha mostrado contrario a que se pueda utilizar para la declaración de los acusados durante el juicio oral, entendiendo que deben intervenir activamente en el ejercicio de su propio derecho de defensa. Ha considerado igualmente la necesidad de garantizar constante comunicación directa con el Letrado que, de otro modo, podría ver seriamente limitadas sus funciones de asesoramiento y asistencia.

En esta línea se sitúa el artículo 19 del Real Decreto Ley de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados) y que, permitiendo la celebración de un gran número de actos procesales mediante recursos telemáticos, exige la necesaria presencia física del acusado – y, entiendo, que del Letrado- en los juicios por delito grave.

¿Qué sucede durante la vigencia del estado de alarma? ¿Y después?

Es clara la intención del legislador de mantener la presencia personal del acusado y su letrado en los juicios, pero como consecuencia de la vigencia del estado de alarma por la crisis del coronavirus están implantándose iniciativas que favorecen la asistencia telepresencial a los detenidos, sin estar justificada por la lejanía geográfica – como está previsto en la LECRIM-, sino como fórmula de contención de los contagios: distintos colegios de abogados lo han promovido, así como algunas comisiones de seguimiento de la COVID-19 de los Tribunales Superiores de Justicia (caso de Madrid).

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía ha reclamado tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Justicia que se faciliten los mecanismos para que la asistencia a detenidos pueda realizarse por vía telefónica o videoconferencia durante la vigencia del estado de alarma. Los mecanismos de comunicación que tienen a su disposición los profesionales serían suficientes para que su labor en relación a los detenidos pueda realizarse adecuadamente, toda vez que se garantiza la comunicación directa y privada, manteniéndose la interacción entre ellos de forma confidencial desde el momento inicial de la investigación.

Tanto las dependencias policiales como los juzgados y tribunales son lugares de frecuente trasiego: reducir al máximo la presencia y permanencia de personas en ellos para practicar diligencias que pueden realizarse telemáticamente contribuiría a proteger a todos los sujetos, profesionales o no, que intervienen en el proceso.

En el escenario actual y futuro, la garantía del derecho fundamental a la asistencia letrada ha de ser compatible con el derecho de los profesionales a la protección de su salud, reduciendo al máximo su exposición al contagio en aquellos casos en que existen medios alternativos para cumplir con sus obligaciones”.

En segundo lugar, cabe destacar que, ante la imposición de la asistencia telemática a los detenidos durante el estado de alarma, y durante todo el tiempo que permanezca la pandemia en nuestras vidas, “el Estado de Derecho debe seguir funcionando, también en circunstancias excepcionales.

En su engranaje, los abogados desempeñamos un papel crucial, haciendo posible el sagrado ejercicio del derecho de defensa, que en modo alguno puede quedar suspendido o amputado.

Precisamente por ello, y como  primer responsable institucional de la Abogacía madrileña, me he visto obligado, nos hemos visto obligados, corporativamente, a responder a la dramática crisis del COVID-19 desde tres criterios fundamentales.

En primer lugar, desde el sentido de la urgencia.

En segundo término, desde la eficacia.

En tercera instancia, desde la presión y, al mismo tiempo, la lealtad para con las instituciones locales, autonómicas y nacionales.

Sólo así percibimos que podremos ayudar, que podremos salir de este tan adverso atolladero, como gremio, juntos y alineados.

COMITÉ DE CRISIS 

A través de un Comité de Crisis que delibera y toma decisiones sin reservas y sin tregua, y que se reúne cada 24 horas, el Colegio de Abogados de Madrid no ha parado de tramitar solicitudes y aprobar medidas para la mejor salvaguarda de los derechos y los intereses de 77.000 compañeros y compañeras.

Requerimos al CGPJ la dispensa del uso de togas y a todas las autoridades pertinentes para que facilitaran a cada letrado medios de protección individual.

Estamos prestando soporte, en estos compases aciagos, a los letrados y letradas a través de las dependencias colegiales abiertas: las oficinas de enlace de Plaza de Castilla, Albarracín y Móstoles, y la central de Serrano 11, previa cita.

El equipo directivo del Colegio, su Junta de Gobierno y personalmente y a diario su Decano, están manteniendo interlocución permanente con todas las autoridades judiciales y policiales para la mejora de las circunstancias del ejercicio profesional.

Estamos sistematizando el conjunto de la información recibida y comunicándola en tiempo real a través de todas las plataformas de las que disponemos: página web, redes sociales y un mailing ordenado para dar toda la difusión posible, entre otras, a las resoluciones dictadas por Juzgados y Tribunales.

No bajaremos ni un instante la guardia. Mantenemos a un equipo permanente de Defensa de la Abogacía para la atención telefónica de cuantas dudas y consultas se vienen planteando.

COMUNICACIONES ABIERTAS 

Está abierta plenamente la comunicación con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, la Audiencia Nacional, el Juzgado Decano de Madrid, la Delegación del Gobierno, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el Presidente de la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial, con el fin de interesar la práctica de actos judiciales y la asistencia a personas detenidas de forma telefónica o mediante videoconferencia.

La casuística a la que nos enfrentamos, en muchos de sus parámetros, resulta inédita, y no es fácil de gestionar.

El Colegio está amparando a los compañeros cuando se está produciendo cualquier conflicto, no justificado, entre la protección de la salud y requerimientos que reciben de las autoridades judiciales o policiales para la realización de cualquier actividad que implica presencia física.

Así lo seguirá haciendo.

Nuestra mirada está puesta con especial énfasis en quienes ya se anticipa que peor lo pasarán.

FUNDACIÓN CORTINA 

De ahí que hayamos acordado que la Fundación Cortina, esencial en su función de canalizar las prestaciones asistenciales en el seno de la Corporación, en la medida de sus posibilidades económicas, atienda aquellas solicitudes de ayuda debidamente justificadas de los colegiados y colegiadas que, como consecuencia del mazazo del coronavirus, puedan verse en una situación de necesidad.

La Junta de Gobierno estudia ya posibles fórmulas para incrementar los fondos de la Fundación, ampliando así la protección de las personas más afectadas, independientemente del tiempo que llevan de ejercicio profesional.

En paralelo, y como medida adicional de refuerzo, valoramos poner ‘Espacio Abogacía’, el «coworking» del ICAM, a disposición de manera gratuita de aquellos compañeros que atraviesen especiales dificultades.

Hemos trabajado y trabajamos, en fin, para mantener, como hemos hecho hasta ahora, los servicios de guardia enteramente operativos, evitando así que se limiten o laminen derechos fundamentales, como la tutela judicial efectiva o la asistencia letrada a detenidos; y lo hicimos desde el minuto uno de ésta tan adversa contingencia.

Es encomiable la tarea que están llevando a cabo quienes, desde el Turno de Oficio, no están parando para asegurar el derecho de cada ciudadano de acceso a la Justicia: cuentan con todo nuestro aliento y respaldo.

Es en momentos de crisis cuando se demuestra el verdadero compromiso de las personas, con las organizaciones y con la sociedad.

Es ahí cuando se descubre la genuina fuerza, al medirse frente a un obstáculo mayúsculo.

La Abogacía institucional no va a escatimar ni un solo gramo de su energía ni de sus capacidades en la lucha diaria para que el Estado de Derecho, en la decisiva porción que nos corresponde, mantenga su vigor y prevalezca”.

En tercer lugar, se ha de señalar que “mientras que los despachos de abogados especializados en temas laborales y mercantiles están hasta arriba por la tramitación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), otros letrados tanto penalistas como civilistas se han encontrado con un brutal parón de actividad. Unos y otros mantienen los despachos cerrados, que han sustituido por el teletrabajo y las reuniones por videoconferencia. En la provincia hay más de 4.500 letrados colegiados, según el censo del Consejo de la Abogacía, y se estima que el 80% no va a tener actividad alguna.

Los jueces han suspendido todos los procedimientos que no son urgentes y casi lo único que se despacha son los detenidos durante las guardias. Este parón judicial, sin embargo, no afecta a los despachos donde se está tramitando documentación de los ERTES ante la administración laboral.

Thank you for watching

En la última estadística facilitada por la Generalitat, en la provincia de Alicante se han presentado de momento un total de 12.454 expedientes que afectarán a 61.892 trabajadores. «Hay días en que esto es un no parar. Casi desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche», asegura José Alberto Ferrer, letrado del bufete Ferrer-Pallás que cuenta en el despacho, entre otros servicios, con una consultoría fiscal-contable y laboral. «Estos procesos requieren mucha documentación, que va desde justificar los motivos de fuerza mayor para presentar el ERTE, a las fichas de cada uno de los trabajadores afectados», explica. A todo esto, la declaración trimestral de impuestos tampoco se ha suspendido y en estos bufetes es habitual recibir también en estas fechas la documentación del cliente para hacer la declaración correspondiente.

Entre los profesionales se comenta que uno de los puntos donde mayor número de ERTE se están tramitando es en los despachos de Benidorm, ante el masivo cierre de establecimientos hoteleros como consecuencia del brutal descenso de la actividad, debido al confinamiento decretado en el estado de alarma. En el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ya se están anunciando futuros cursos de formación relativos a ERTE. Mientras que en los juzgados de lo Mercantil y de lo Social, los pleitos derivados de estos expedientes de regulación de empleo están entre los asuntos que están considerados urgentes y que sí se atenderán dentro del parón judicial.

En penal, solo lo urgente

Aunque desde el Gobierno se asegura que los índices de delincuencia se desplomaron más de un 50% durante la primera semana del estado de alarma, lo cierto es que en la provincia de Alicante pasaron a disposición judicial la nada desdeñable cifra de 179 personas, que requirieron asistencia letrada ante el juzgado. A pesar de ello, veteranos penalistas de la provincia reconocen que el volumen de casos se ha desplomado. «El Derecho regula la vida de las personas. Si la vida se para, el Derecho también se para», asegura a este diario el letrado de Benidorm Francisco González.

Para la inmensa mayoría de los letrados es tiempo de quedarse en casa trabajando en causas pendientes. «Tampoco podemos presentar escritos porque hay una advertencia expresa del Consejo General del Poder Judicial de que solo se pueden presentar escritos procesales por actuaciones judiciales urgentes», con la advertencia expresa de que incumplir estas limitaciones supone un incumplimiento del estado de alarma. El parón se suple cerrando la sede física del despacho pero llevándose el trabajo a casa. «Si ven que estás, algunos clientes intentan presentarse allí», admite algún letrado. Estos penalistas tienen que preparar macrocausas complicadas que tenían que haberse celebrado en los próximos meses, pero sobre las que ahora se cierne la sombra de la suspensión. about:blank

Las asistencias en las guardias y las causas con preso son las únicas actividades que se les permite a los penalistas. Las visitas a clientes en prisiones están paralizadas por las restricciones de acceso que se han impuesto en los centros penitenciarios, precisamente para tratar de impedir que el virus pueda entrar en ellos. Los letrados también piden medidas, como el poder asistir por vía telemática sus clientes. En el partido judicial de Benidorm, hay iniciativas como la que ha trasladado al colegio el letrado Salvador Moll para que los compañeros puedan sustituir dentro del turno de oficio a aquellos que formen parte de grupos de riesgo como mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con problemas respiratorios.

Petición de ayudas

Desde el ICALI se procedió esta semana a aplazar el cobro del segundo trimestre a los colegiados, mientras que la Mutualidad de la Abogacía también ha suspendido estos pagos. Pero aún así, para algunos profesionales se trata de medidas que son insuficientes. Estefanía Bolzan es una abogada alicantina portavoz de un movimiento que reúne a letrados de toda España para reivindicar que los mutualistas sean equiparados a los autónomos porque el programa de ayudas del Gobierno les ha dejado fuera.

«Muchos asocian a los abogados como profesionales de un alto nivel adquisitivo, pero lo cierto es que el 80% somos personas que vivimos al día. Tenemos nuestras hipotecas, el alquiler, familias que mantener, y pocos vamos a poder aguantar sin ingresos durante meses», explica a este diario Bolzan. La letrada recuerda que la paralización judicial afecta hasta al pago de las costas procesales. Ante la incertidumbre, están promoviendo presentar ante el Senado una petición para que ellos y otros colectivos que han recurrido a las mutuas tengan las mismas ayudas que los autónomos.

Pleitos hipotecarios

Poco antes de la declaración del estado de alarma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abría la puerta a que los jueces españoles pudieran anular el índice hipotecario IRPH. Ante esta resolución, abogados que trabajan en asuntos de pleitos hipotecarios ya estaban preparando pleitos para reclamar la nulidad de la cláusula hipotecaria. Incluso estos procedimientos han quedado paralizados con motivo de la alerta y ni siquiera se pueden presentar demandas porque no están considerados urgentes”.

En cuanto a esto último, cabe señalar, respecto a la celebración de vistas, que, aunque sigue habiendo muchos juicios celebrados por vía telemática, desde la salida del primer estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020, sí que se han permitido la celebración de ciertos juicios presenciales pero sin asistencia de más personas que las partes con sus representantes y testigos.

En cuarto lugar, también se ha de señalar lo siguiente:

1. Identificación de la persona

Sobre la acreditación de la identidad de las personas que intervengan de forma no presencial, hay que tener en cuenta que el art.229.3,2º LOPJ –EDL 1985/8754– permite al Letrado de la Administración de Justicia que tal acreditación se realice mediante la previa remisión o la exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo; a estos efectos resultará muy relevante la postura de las partes, especialmente si no ponen reparo alguno a la identidad de la persona que comparece de forma no presencial.

2. Documentación del acto

La documentación se ha de realizar en la forma a la que se refieren los art.146 y 147 LEC –EDL 2000/77463-. En este sentido. El art.146.1 LEC dispone que «las actuaciones procesales que no consistan en escritos y documentos se documentarán por medio de actas y diligencias. Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, el Letrado de la Administración de Justicia garantizará la autenticidad de lo grabado o reproducido».

En la práctica se procederá a su grabación utilizando el sistema de reproducción audiovisual, siempre que los sistemas informáticos usados en la comunicación fueran compatibles; y será necesario unir a los autos el DVD con la grabación, considerando que se trata de un documento que cumple las garantías de integridad y autenticidad a las que se refieren los art.230.2 LOPJ –EDL 1985/8754– y 146.2 LEC –EDL 2000/77463-, contando con la fe pública del Letrado de la Administración de Justicia. Todo ello sin perjuicio de otras formas de documentación que se realicen en aquellos órganos judiciales en los que esté implantado el expediente judicial electrónico.

3. Aportación de documentos

También resulta recomendable, para evitar interrupciones y suspensiones, que en los juicios a celebrar de manera telemática en los que se tenga intención de presentar prueba documental, ésta se facilite con antelación al juzgado o tribunal mediante un sistema de «nube privada» o similar (2), y que se cuente con un programa similar para facilitar los traslados a las partes. Asimismo resulta conveniente que los documentos se presenten adecuadamente ordenados y paginados, de tal forma que sea fácil su utilización en juicio y su referencia a los mismos durante las intervenciones; a tal efecto puede resultar útil, entre otras cosas, el uso de índices hipervinculados. Esta idea se recoge en el apartado 30 de la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020) que añade que «el volumen de documentos que se tenga previsto presentar es un factor de complejidad para valorar la oportunidad de la celebración de los juicios y vistas de manera telemática».

4. Disponibilidad de medios técnicos

En primer lugar, se ha contar con un sistema o aplicación de videoconferencia o similar adecuado; que en todo caso ha de ser suministrado por la Administración prestacional quien se responsabilizará, por tanto, de la adopción de todas las medidas técnicas de ciberseguridad y destinadas a garantizar la confidencialidad e integridad de la comunicación telemática de la imagen y el sonido.

En segundo lugar, quien intervenga de manera no presencial ha de contar con medios técnicos adecuados para el acceso telemático: un dispositivo electrónico de conexión (smartphones, tables, ordenadores) con suficiente potencia; adecuada velocidad de acceso a la red; y garantía de suministro de electricidad/baterías del dispositivo utilizados.

Para evitar interrupciones y suspensiones de las actuaciones judiciales, resulta recomendable que, con tiempo suficiente, se realicen las comprobaciones técnicas necesarias en relación con el funcionamiento del sistema y de los dispositivos utilizados para la conexión. Con esta finalidad, la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020) aconseja que «…con tiempo suficiente se compruebe la efectiva posibilidad técnica de llevar a cabo los actos procesales correspondientes, verificando el funcionamiento de los equipos de todos los intervinientes y la calidad de la conexión» (apartado 29). Sería conveniente que la aplicación suministrada por la Administración prestacional habilitara una sala de espera virtual en la que la persona permanezca conectada, al menos 15 minutos antes del inicio del acto, y hasta el comienzo efectivo del mismo (3). También resulta adecuado que una persona que vaya a participar telemáticamente en un acto comunique con prontitud al órgano judicial si prevé alguna dificultad en dicha participación, de tal forma que pueda encontrarse una solución de manera conjunta.

Los requisitos técnicos que resultan aconsejables, así como aquellos otros que son necesarios en los términos del art.230 LOPJ –EDL 1985/8754-, se contienen en el Anexo I de la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020).

5. Lugar desde el que se realiza la conexión telemática

El lugar desde el que se realice la asistencia telemática ha de reunir una serie de características para garantizar su adecuación: ha de tratarse de un lugar tranquilo, con buena iluminación, evitando distracciones y perturbaciones de ruido, utilizando un ángulo de cámara y un fondo apropiados; y procediendo al apagado del micrófono cuando no se está hablando (4).

6. Prohibición de grabación del juicio

Las personas que intervengan en el acto judicial o que asistan al mismo, tanto si es presencialmente en la sede judicial como si lo hacen telemáticamente, han de tener prohibida la grabación del acto, sin perjuicio de la grabación realizada para su documentación oficial (5). Así se deduce de las obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento de datos personales para minimizar el riesgo, tal y como se ha examinado anteriormente.

Desde esta perspectiva, lo más adecuado resultaría la implementación de medidas técnicas que impidan la grabación. En este sentido, la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas», elaborada por CGPJ (25 de mayo de 2020), establece lo siguiente: «la confidencialidad se asegura mediante los requerimientos técnicos de los medios que se utilicen. Los programas y dispositivos que se emplean deberán impedir que puedan realizarse grabaciones de los actos diferentes de las que corresponda para su documentación oficial. También deberán permitir, en la medida de lo posible, el rastreo o trazabilidad de grabaciones diferentes a la autorizada para dejar constancia de la autenticidad e integridad de los actos» (apartado 36).

7. Instrucciones sobre la celebración del acto

Como recoge la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ-mayo de 2020) «previo al inicio del acto o en el mismo momento del inicio, se considera aconsejable que el juez o presidente del tribunal imparta a las partes e intervinientes las instrucciones relativas al desarrollo de la sesión, con mención especial a la necesidad de desenvolverse con el respeto que exige el carácter institucional del acto».(primer inciso del apartado 32).

III. Cooperación judicial internacional

El uso de la videoconferencia está muy extendido en la cooperación judicial internacional para testigos, peritos, víctimas e inculpados que se encuentran en el extranjero. La Comisión Rogatoria Internacional o solicitud de asistencia judicial mutua deberá fundamentarse en un instrumento internacional aplicable. Por ello, el apartado 44 de la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» recuerda que «para la intervención telemática de personas que se encuentren fuera de España, es aconsejable recabar el auxilio judicial internacional».

1. Unión Europea

En relación con testigos, peritos o investigados/encausados que se encuentran en otro Estado miembro de la UE, la Dir 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014 –EDL 2014/60572-, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, contempla la posibilidad de práctica mediante videoconferencia (art.24) o incluso por conferencia telefónica (art.25). Esta Directiva fue transpuesta en el ordenamiento interno español por la L 3/2018, de 11 junio –EDL 2018/92374-, se añadió un Título X a la L 23/2014, de 20 noviembre –EDL 2014/195252– En este sentido, el art.197 L 23/14 –EDL 2014/195252– se refiere a emisión de la orden para que la declaración del investigado o encausado o de un testigo o perito se realice «por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual»; y el art.216 de dicha Ley regula la ejecución en España de una orden europea de investigación para una comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual.

La videoconferencia se contempla como medio para la declaración de la víctima residente en el extranjero, según dispone el art.17.1.b) de la Dir 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 –EDL 2012/234536-, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Este precepto establece que las Autoridades del Estado miembro «deberán recurrir en la medida de lo posible, cuando se deba oír a las víctimas residentes en el extranjero, a las disposiciones sobre videoconferencia y conferencia telefónica previstas en el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000». Hoy esta última referencia debería entenderse realizada a la Orden Europea de Investigación, regulada por la Dir 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014 –EDL 2014/60572-.

2. Iberoamérica

Cuando la autoridad judicial estime necesario examinar a una persona en el marco de un proceso judicial, en calidad de parte, testigo o perito, o en diligencias preliminares de investigación, y ésta se encontrare en otro Estado de Iberoamérica, podrá solicitar su declaración por videoconferencia con fundamento en el Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, hecho en Mar del Plata el 3-12-10 (BOE 13-8-14) –EDL 2010/402435-.

3. Otros ámbitos territoriales

También existen disposiciones que contemplan la videoconferencia en diferentes convenios internacionales ratificados por España. A título de ejemplo, cabe destacar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15-11-00, cuyo art.18.18 –EDL 2000/102475– establece lo siguiente: «Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido».

IV. Principio de colaboración

La facilitación de la asistencia telemática a actos judiciales depende en gran medida de la colaboración de todas las entidades y organismos implicados, quienes deberían desarrollar protocolos de coordinación que realicen una adaptación a las específicas circunstancias del colectivo afectado y/o del territorio. En este sentido la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ) establece que «es conveniente que, en los distintos territorios y dentro de las pautas establecidas en la presente guía, las Salas de Gobierno establezcan los protocolos correspondientes con las Administraciones prestacionales, fiscalías y corporaciones profesionales afectadas para la adaptar su aplicación a las peculiaridades que puedan concurrir en el territorio» (apartado 57) atribuyendo a la Comisión Permanente del CGPJ las funciones de control de legalidad (apartado 58) y seguimiento de estos Protocolos (apartado 58).

V. Deliberaciones telemáticas y otras actuaciones internas de los órganos judiciales

1. Régimen jurídico

En esta categoría se incluyen las deliberaciones de los órganos colegiados, pero también todas aquellas actividades de los órganos judiciales en las que no participan ciudadanos ni operadores jurídicos: reuniones de los órganos de gobierno, juntas de jueces, plenos no jurisdiccionales, comunicaciones que jueces y magistrados hayan de sostener con LAJs y funcionarios y actuaciones de contenido similar (6).

Lo relevante radica en utilizar medios técnicos en los que está garantizada la seguridad y confidencialidad en su utilización. La «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» (CGPJ) afirma que «la confidencialidad y reserva se asegura mediante los requerimientos técnicos de los medios que se utilicen. También mediante el comportamiento de los magistrados que participen en las comunicaciones, que procurarán asegurarse de que las llevan a cabo en entornos adecuados para evitar el quebrantamiento de la reserva. Ello implica realizar las comunicaciones en estancias no compartidas con otras personas, utilizar los equipos y programas que se les proporcionen por la Administración prestacional y abstenerse de llevar a cabo ningún tipo de grabación de las sesiones diferente de la que lleve a cabo quien tenga competencia para ello y en los estrictos supuestos previstos en las leyes procesales» (apartado 34).

2. Covid-19

En relación con las deliberaciones de los tribunales, el art.19.3 RDL –EDL 2020/10060– establece que «…tendrán lugar en régimen de presencia telemática cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello»; de tal manera que se garantice la seguridad y confidencialidad en su utilización. En este sentido, La «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas» considera que «…mientras sea necesario mantener comportamientos de distanciamiento social, cabría considerar preferente la celebración telemática. Asimismo, e incluso una vez que se haya superado la situación que impone la necesidad de distanciamiento social, la celebración telemática cabría considerarla la forma aconsejable de llevar a cabo tales actos siempre que haya una situación de imposibilidad, dificultad o inconveniencia constatable de acudir a la sede física del órgano judicial y, en todo caso, siempre sería preferible a la opción de su aplazamiento o suspensión» (apartado 18).

VI. Principio de publicidad y Covid-1

1. Principio de publicidad en el proceso penal

La publicidad puede entenderse como el acceso de una colectividad humana indeterminada tanto a la existencia de una actuación judicial como a su desarrollo y contenido. Al posibilitar el control por la sociedad de las actuaciones del Poder Judicial, constituye no solamente una garantía de la independencia y la imparcialidad de la justicia, sino también una salvaguarda de los derechos de las partes del proceso.

La publicidad procesal está inmediatamente ligada a situaciones jurídicas subjetivas de los ciudadanos que tienen la condición de derechos fundamentales: el derecho a un proceso público (art.24.2 CE –EDL 1978/3879-) y el derecho a recibir libremente información sobre las actuaciones de las entidades públicas (acceso a la información).

En la Constitución española se recoge en dos preceptos diferentes: en primer lugar, en el art.120 –EDL 1978/3879-; y, por otra parte, el principio de publicidad de las actuaciones judiciales constituye también una manifestación del derecho a un proceso público y con todas las garantías del art.24 –EDL 1978/3879-. De esta manera, las facultades de restricción de la publicidad que las leyes procesales atribuyen a los jueces han de ser interpretadas de forma que se deje a salvo su vigencia (7).

En el proceso penal, con carácter general puede afirmarse que el principio de publicidad resulta plenamente aplicable a la fase plenaria o de juicio oral, sin perjuicio de las restricciones excepcionales que se recogen en la LECr. En cambio, no resulta de aplicación a la fase de instrucción, sin perjuicio del pleno respeto al derecho de defensa de las partes (derecho a intervenir en las actuaciones judiciales); recordemos que el art.301,1º LECr. –EDL 1882/1– establece que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley». Como principio general, las actuaciones judiciales serán públicas (art.120.1 CE –EDL 1978/3879-, art.232.1 LOPJ –EDL 1985/8754-, 138.1 LEC –EDL 2000/77463-, 680 LECr. –EDL 1882/1-), aunque se contemplan las excepciones siguientes:

Las limitaciones que prevean las leyes de procedimiento (art.232.1 LOPJ –EDL 1985/8754-), es decir, aquellas que son reguladas expresamente por una norma con rango de ley.

Y aquellas limitaciones excepcionales que, aunque no estén expresamente previstas por una ley procesal, son acordadas por el Juez de forma motivada (art.232.3 LOPJ –EDL 1985/8754-).

2. Publicidad de un acto celebrado telemáticamente

Como puede observarse, el juez puede restringir la publicidad en caso de que concurra una causa justificada. Sin embargo, en un acto sometido al principio de publicidad celebrado telemáticamente, no es posible su restricción por el solo hecho de la asistencia telemática; sin perjuicio de que puedan concurrir otras razones que justifiquen una restricción, como puede ocurrir para la protección de la salud en la situación excepcional ligada al Covid-19. En todo caso, la publicidad se ha de garantizar adoptando medidas tecnológicas necesarias: circuito cerrado; asistencia vía web en streaming, para lo cual pueden utilizarse las sedes judiciales electrónicas.

En este sentido, la «Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas», elaborada por CGPJ (25 de mayo de 2020) considera que «…la forma más idónea de asegurar este principio es mediante la asistencia del público a la sala de vistas del órgano que celebre el acto u otra dependencia judicial diferenciada donde pueda observarlo en circuito cerrado, procurando adoptar las medidas necesarias para evitar grabaciones clandestinas de lo que se aprecie en los monitores…» (apartado 40). Y añade que «de no ser posible la asistencia de público en la sede del órgano que celebre el acto o en otra sede judicial desde el que pueda ser seguido, en la sede electrónica correspondiente se ubicará un “tablón de anuncios virtual” en el que constará la información indicada en el art. 232.2 LOPJ –EDL 1985/8754– relativa a la fecha y hora de celebración, tipo de actuación y número de procedimiento. En tales casos, el programa que se utilice para la sesión telemática deberá permitir el acceso de terceros mediante clave o invitación, que se facilitará una vez que la persona interesada se acredite, física o virtualmente, ante el juzgado o tribunal. Estas personas serán informadas de la prohibición de obtener copias de la sesión o de realizar grabaciones con dispositivos externos de la pantalla en la que visualicen la sesión telemática, y el programa informático correspondiente incorporará, hasta donde sea técnicamente posible, las medidas para impedir la grabación por los usuarios invitados o que puedan compartir video, audio o cualquier otro tipo de archivo. Cuando la asistencia de público pueda producirse de manera telemática, se considera aconsejable informar a las partes del hecho de si efectivamente existe público asistiendo a la sesión» (apartado 41).

3. Publicidad en la situación ligada al Covid-19

1. Protección de la salud

En la situación de pandemia, el art.20 RDL 16/2020 –EDL 2020/10060– establece que «con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, el órgano judicial ordenará, en atención a las características de las salas de vistas, el acceso del público a todas las actuaciones orales». En este precepto está implícita la idea de restringir la asistencia, cuya decisión pone en manos del Juez o Presidente de sala que dirige el acto. En estos casos resultaría difícil defender la eliminación de la publicidad, sino que habrá que actuar en torno a limitaciones de aforo y a utilización de elementos tecnológicos que permitan la asistencia de público.

¿Qué criterios pueden tener en cuenta los jueces? Para responder a esta pregunta podemos acudir a la «Guía de Buenas Prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales» (CGPJ) que contempla que, con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, el juez o tribunal limitará el acceso del público a todas las actuaciones orales en atención a las características de las salas de vistas. Las Salas de Gobierno, en coordinación con las Administraciones prestacionales, establecerán criterios generales en materia de aforo en salas de vistas en atención a las características de las sedes judiciales en los distintos territorios. Y la Presidencia de la Audiencia Provincial establecerá las indicaciones para realizar las actuaciones en materia de preselección de jurados en estancias cuyo aforo permita observar la distancia de seguridad entre los actores y comparecientes del proceso (grave dificultad para juicios con jurado: no celebración); todo ello con especial atención a personas especialmente vulnerables para el Covid-19. En todo caso, el Acuerdo del CGPJ 11 de mayo de 2020 (Criterios generales para la reanudación de la actividad judicial) afirma «el principio de publicidad de las actuaciones procesales, abierto el acto y declarada la audiencia pública, debe quedar garantizado en los mismos términos que cuando las actuaciones procesales se realizan en régimen presencial en la Sala de vistas».

2. Medios de comunicación

En la relación con los medios de comunicación, resulta relevante el Protocolo de Comunicación de la Justicia (27 de septiembre de 2018) adaptado a las consecuencias de la pandemia por Coronavirus Covid-19 (12 de mayo 2020) (8). Este Protocolo establece que, mientras se mantengan las medidas de prevención adoptadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus COVID-19, las Oficinas de Comunicación del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia se guiarán por los siguientes criterios para garantizar el principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales:

En las salas de vistas en que vaya a celebrarse un acto procesal en audiencia pública, y una vez fijado el aforo máximo por la Sala de Gobierno, se establecerá una reserva expresa de plazas destinadas a los medios de comunicación. Esa reserva será del 50 por ciento cuando el aforo máximo de público sea igual o inferior a diez personas, pudiendo reducirse ese porcentaje a partir de esa cifra.

En caso de que la demanda de plazas por parte de los medios de comunicación supere el número de las reservadas, la asignación de estas se realizará por la Oficina de Comunicación siguiendo criterios de servicio público y audiencia. Para ello, se advertirá con antelación a los medios del número de plazas disponibles y se les solicitará que manifiesten su interés por asistir a la vista, comunicándoles a continuación si disponen o no de plaza en la sala. La lista de medios que accederán a la sala será pública y solo se asignará una plaza por medio. En caso de no cubrirse todas las plazas reservadas, se comunicará al juez o tribunal el número de sitios disponibles para que puedan ser destinados al público general.

En aquellos actos procesales en los que se acuerde la toma de imágenes por parte de los medios de comunicación, esta se realizará siempre en régimen de ‘pool’, garantizando el acceso de al menos un/a fotógrafo/a y un/a cámara de televisión, pudiendo establecerse un turno rotatorio entre los medios por días o semanas, en caso de ser necesario.

En aquellas sedes judiciales en las que exista una sala de prensa en la que se reciba la señal institucional de los actos procesales, los medios de comunicación asistirán a los mismos preferentemente desde esta dependencia, siempre que la misma cumpla los requisitos ambientales (ventilación) y de espacio adecuados. La Oficina de Comunicación determinará en este caso el aforo máximo, debiendo mantenerse la distancia interpersonal de dos metros y siguiendo los criterios ya expuestos para la asignación de plazas.

Los representantes de los medios de comunicación que asistan a una actuación procesal deberán acudir a la sede judicial provistos de los medios de protección personal necesarios (mascarilla, guantes, etc.). En caso contrario se denegará su acceso”.

Por lo que puede verse, la situación de la pandemia ha complicado bastante la celebración de juicios.

En quinto lugar, y en cuanto al incumplimiento de medidas, se ha de señalar que “el incumplimiento de las medidas adoptadas por el gobierno conllevará una sanción que, conforme al artículo 20 de dicho Real Decreto, deberá será dictada con arreglo a las leyes. Todas las sanciones tienen que dictarse conforme a estrictos criterios de legalidad y no se puede caer en ningún tipo de abuso, desproporción o arbitrariedad.

Las sanciones pueden ser tanto penales como administrativas.

En el ámbito penal, no existe un delito específico que se encuentre regulado acerca del incumplimiento de las medidas adoptadas en estado de alarma, sin embargo, dicho incumplimiento podría denotar una gravedad tal que pudiera considerarse como un delito de resistencia o desobediencia, previsto en el artículo 556 del Código Penal. Dicho artículo señala que los que, sin estar comprendidos en el artículo 550 –delitos de atentado-, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, en ejercicio de sus funciones, se le impondrá la pena de 3 meses de prisión a 1 año o multa de 6 a 18 meses.

Hay que señalar que el simple hecho de salir de casa y transitar por las calles, si no es por alguna de las causas previstas en el artículo 7 del Real Decreto, constituye una actividad de desobediencia a la autoridad que, por sí misma, ya constituye una actividad ilegal.

Si dicha desobediencia se viera acompañada de una negativa a identificarse ante la autoridad policial junto a agravantes como huir, incluso resistirse de manera violenta, ocasionaría la comisión de un delito de desobediencia o resistencia grave o muy grave a la autoridad.

¿Qué puedo hacer si acabo detenido por un delito de desobediencia a la autoridad?

  • Mantener la calma, la educación y la colaboración con los agentes de autoridad. Son momentos difíciles para todos. En caso de detención será el justiciable llevado a la comisaría de distrito oportuna.
  • Una vez detenido, la Policía realizará la lectura de derechos y motivos de la detención. En este caso, preguntará al detenido si tiene un abogado de confianza o particular para que sea designado. En caso de no tener un abogado particular, los agentes llamarán al Colegio de Abogados para designar uno de oficio.
  • El detenido podría llamar a un familiar para que este designe a un abogado particular.
  • La Policía preguntará al detenido si desea ser asistido por los abogados y en caso que así sea, uno de nuestros letrados se personará en comisaría, de ser necesario, para realizar las gestiones oportunas.
  • Por último, tras la lectura de los derechos recogidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se procederá con la puesta a disposición judicial.

Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten.

¿Qué derechos tengo si me detienen?

  1. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
  2. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
  3. Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
  4. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
  5. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
  6. Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
  7. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
  8. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
  9. Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
  10. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

¿Qué puede ocurrir si los hechos no tienen relevancia penal?

Si los hechos no revisten la gravedad suficiente para ser considerados un delito, sino una simple desobediencia o resistencia leve, serán considerados infracciones graves a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección a la Seguridad Ciudadana, la comúnmente denominada Ley Mordaza, vigente al día de hoy.

Dichas conductas pueden materializarse en la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, acarreando multas de entre 601 y 30.000 euros, constituyendo así sanciones que incluso podrían ser mucho más graves que las multas impuestas en la vía penal.

¿Cómo puedo recurrir las sanciones de la Ley de Seguridad Ciudadana durante el Coronavirus?

Las sanciones por incumplir las medidas impuestas ante la crisis del coronavirus, como pueden ser el salir de casa sin justificación y ante el requerimiento de identificación por parte la policía negarnos; o salir a pasear al perro acompañado, e incluso transportarse en vehículo privado más de dos personas, son infracciones consideradas graves, cuya tramitación se lleva ante los órganos contencioso-administrativos.

Una vez que el agente de la policía nos requiera cierta conducta y no la cumplamos, o nos resistiésemos a ella, el mismo recogerá nuestros datos de identificación y procederá a iniciar el procedimiento administrativo contra nosotros por infracción grave de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en relación con la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, y el Real Decreto de 14 de marzo de 2020 por el que se declara el Estado de Alarma.

Debido a que se trata de sanciones administrativas, se pueden presentar alegaciones ante la autoridad que impuso dicha multa en el plazo de 15 días desde que se te notifica la sanción. Durante este periodo debes pagar la multa. Si las alegaciones son denegadas, se podría presentar posteriormente un recurso ante la misma autoridad. Si dicho recurso también es denegado, podríamos recurrir la multa judicialmente en un procedimiento contencioso-administrativo, en el cual, de otorgar la razón al recurrente, le devolverían el dinero de la multa.

¿Y si no pago la multa?

Si bien, la Ley señala que una sanción prescribe a los 2 años contados desde el día siguiente al que tuviera firmeza administrativa mediante resolución firme la sanción, no recomendamos en ningún caso dejar de pagar la misma, ya que, generalmente, en caso de impago se realizan recargos de apremio que suelen agravar sustancialmente el monto de la multa”.

Por lo que respecta a la posible comisión de un delito, cabe señalar que el más común ha sido el de desobediencia a la autoridad, porque por el hecho de estar en la calle no se podía sancionar a la gente, sino que sólo podrá ser sancionado por este delito.

FUENTES:

  1. La Abogacía exige que la asistencia letrada al detenido se realice a través de medios telemáticos. ECONOMIST&IURIS: https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/la-abogacia-exige-que-la-asistencia-letrada-al-detenido-se-realice-a-traves-de-medios-telematicos/
  2. Manuel Colorado, coordinador del servicio de asistencia al detenido: “El coronavirus es para el letrado de guardia un nuevo riesgo al que se ve expuesto”. CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/10-preguntas-a/manuel-colorado-coordinador-del-servicio-de-asistencia-al-detenido-el-coronavirus-es-para-el-letrado-de-guardia-un-nuevo-riesgo-al-que-se-ve-expuesto/
  3. COVID-19 y el derecho a la asistencia letrada. THE CONVERSATION: https://theconversation.com/covid-19-y-el-derecho-a-la-asistencia-letrada-137918
  4. Covid 19 y proceso penal: asistencia telemática a actos judiciales y principio de publicidad (1ª parte). LEFEBVRE EL DERECHO: https://elderecho.com/covid-19-y-proceso-penal-asistencia-telematica-a-actos-judiciales-y-principio-de-publicidad-1a-parte
  5. El coronavirus ha dado lugar a una crisis que no se detiene en las fronteras y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. La justicia europea no es una excepción a este respecto. EUROPEAN JUSTICE: https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_covid19_on_the_justice_field-37147-es.do
  6. La Abogacía ante la crisis del COVID-19. CONFILEGAL: https://confilegal.com/20200320-la-abogacia-ante-la-crisis-del-covid-19/
  7. Abogados frente a la crisis del coronavirus. DIARIO INFORMACIÓN: https://www.informacion.es/sucesos/2020/03/30/abogados-frente-crisis-coronavirus-4748877.html
  8. Guía de facilitación de acceso a las medidas. GOBIERNO DE ESPAÑA: https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/desahucios/home.htm
  9. ¿Cómo actuar en caso de detención o sanción grave durante el Coronavirus? OSPINA ABOGADOS: https://ospina.es/detencion-recurrirse-las-sanciones-estado-de-alarma-coronavirus/
  10. Covid 19 y proceso penal: asistencia telemática a actos judiciales y principio de publicidad (2ª parte). LEFEBVRE EL DERECHO: https://elderecho.com/covid-19-y-proceso-penal-asistencia-telematica-a-actos-judiciales-y-principio-de-publicidad-2a-parte

1 comentario en “Asistencia letrada en tiempos de coronavirus. Introducción.”

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