Abogacía, Derecho, Derecho penal, Derecho procesal penal, despachos de abogados, Tribunales

La doctrina Parot. ¿Porqué el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suspendión su ejecución? Introducción

Es un tema que tuvo bastante repercusión mediática hace ya varios años, pero que, por su importancia, se quería publicar varios artículos en este blog sobre el tema.

En primer lugar, se ha de señalar que “la doctrina Parot es una norma jurídica española que cambió la forma de calcular el tiempo que un criminal tiene que permanecer en prisión. La reducción de los años de cárcel (por buena conducta, por trabajos realizados, etc) se lleva a cabo de forma individual sobre cada uno de los delitos por los que el reo ha sido condenado. En la práctica esto supone que el presidiario cumplirá una condena más larga.

Parot se empieza a aplicar en 2006, Hasta entonces la redención de la pena de cárcel se aplicaba sobre el total de la pena máxima que un condenado por el Código Penal de 1973 podía pasar en prisión.

Por ejemplo, un preso condenado a 120 años de prisión por cuatro crímenes (30 años por delito), sólo cumplía el máximo de 30. Era como si todas las condenas se refundieran en una única de 30 años. Así, a partir de esa cifra, se aplicaba la redención de penas (un día menos en la cárcel por cada dos de trabajo en ella).

Cómo funciona

Supón el caso de un condenado a 3 penas de prisión: una de 30 años, otra de 15 y una tercera de 10. En total se enfrentaría a una condena de 55 años de cárcel (30+15+10), de los que sólo cumpliría 30, que era el máximo que permitía el Código Penal de 1973. Si tenía buena conducta o realizaba trabajos en la cárcel este criminal podía reducir su condena total.

Así se computaría esta reducción, con y sin la doctrina Parot:

-Con la doctrina Parot. La reducción de los años de cárcel se aplica sobre cada una de las condenas. Así, primero se toma la condena más larga (30) y sobre esa se aplica la redención de penas. Si redime, por ejemplo, 10 años, al cumplir 20 en prisión, le empezaría a contar su segunda condena en gravedad (la de 15 años) y sobre esa se le volvería a aplicar las redenciones que procedieran. Y así con todas las condenas hasta llegar al máximo de 30 que podía pasar en la cárcel por el Código del 73.

-Sin la Doctrina Parot. La reducción de los años de cárcel se llevaba a cabo sobre la pena máxima que podía cumplir en prisión. Imagina ese mismo preso condenado a 55 años (30+15+10). Antes de Parot, sobre los 30 años que como máximo que podía pasar en prisión, se le aplicaba la redención de penas. De este modo, con los mismos 10 años de redención del ejemplo anterior, el preso habría salido en libertad tras pasar 20 años en la cárcel.

Por qué se llama Parot

Esta norma jurídica lleva el nombre de un terrorista de ETA: Henri Parot. El criminal presentó un recurso al Tribunal Supremo de España ante la negativa de la Audiencia Nacional a convertir en una sola sus 26 condenas. El Supremo lo rechazó el 28 de febrero de 2006, y sentó las bases de la doctrina:

“De modo que extinguida una pena, con las redenciones y beneficios que le puedan ser aplicables, comenzará el cumplimiento de la siguiente, y ello por el orden sucesivo de su respectiva gravedad […] Si el penado ingresó en prisión en 1990, finalizará el ‘máximum’ de cumplimiento en el año 2020”. (Ver sentencia completa).

Esta decisión creó jurisprudencia, es decir, se convirtió en Ley. A partir de ese momento se empieza a aplicar la doctrina Parot a todos aquellos presos condenados con el Código del 73 y con condenas largas (superiores a 30 años). A Henri Parot le habían sido imputados 82 asesinatos, que le supusieron 26 sentencias condenatorias con las que sumó casi 4.800 años de prisión”.

En segundo lugar, y complementando en parte lo anterior, se ha de señalar que “la doctrina Parot intentó acabar con una situación injusta en el cómputo de los beneficios penitenciarios. Antes de la doctrina Parot las redenciones ordinarias y extraordinarias previstas en el Código Penal de 1973 se aplicaban sobre una única condena de 30 años de prisión, que era el máximo de cumplimiento efectivo previsto en aquella legislación. Esta situación motivaba que terroristas condenados a penas milenarias y con decenas de asesinatos a sus espaldas quedaran libres tras haber cumplido menos de 20 años de cárcel por hacer yoga, manualidades o estudiar en la cárcel.

¿En qué consistía esta interpretación?

La doctrina fue establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y refrendada luego por el Tribunal Constitucional. Consiste en la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas (y no sobre una sola de 30 años) empezando por la más grave, y así sucesivamente. De esta forma, se garantizaba que el etarra estaría en prisión esos 30 años. La filosofía de la doctrina es que no salga igual de rentable cometer un asesinato que veinte, que es lo que venía sucediendo hasta su implantación.

¿Por qué la tumbó Estrasburgo?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se pronunció de forma explícita sobre la doctrina ni hizo crítica alguna a la política penitenciaria española, sino que se limitó a resolver el recurso presentado por Inés del Río. Resuelve, por tanto, únicamente su caso. Lo que sucede es que los argumentos que estableció Estrasburgo fueron extensibles a todos los presos que se encontraban en una situación similar a la de esta terrorista, es decir, a los que la doctrina se aplicó de forma retroactiva. El tribunal aseguró que España vulneró dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos: el 5.1., que hace referencia a la libertad y seguridad; y el 7 (nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción ni podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida).

¿A cuántos presos afectó?

63 terroristas lograron salir de prisión gracias a la anulación de la «doctrina Parot» Junto a ellos abandonaron la cárcel una quincena de delincuentes comunes con más de dos condenas, entre quienes se encontraban los violadores del portal, del ascensor y del estilete, o el asesino de las niñas de Alcàsser, Miguel Ricart”.

En segundo lugar, se ha de señalar que “see afirma que la desautorización por el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre (en adelante TEDH) de la “doctrina Parot” elaborada por el TSespañol trae causa de la aplicación del CP de 1973 a todos aquellas personas pertenecientes a ETAque, cualquiera fuera el momento en que se les juzgó, hubo de aplicárseles este texto legal por ser el vigente en la fecha de los hechos enjuiciados, y su normativa sobre la acumulación jurídica de las penas y la redención de penas por el trabajo. Pero datar el origen no equivale a conocerlo. Para ello, conviene acudir a la génesis histórica de las instituciones involucradas en estas decisiones. En puridad, el germen hay que buscarlo en nuestros Códigos penales históricos, y guarda relación con el tratamiento del concurso real como técnica para atemperar los rigores de las condenas con penas que requieran un cumplimiento sucesivo, estableciendo limitacionesa la acumulación material mediante la llamada “acumulación jurídica””.

En tercer lugar, se ha de señalar que la anulación de esta Doctrina viene del hecho de anulación de la condena de la etarra Inés del Río por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este punto, se ha destacar que este fafllo “anula de forma definitiva la aplicación de la “doctrina Parot”, llamada así por el etarra Henri Parot, que fue condenado por 82 asesinatos. Esta jurisprudencia obligaba a descontar los beneficios penitenciarios de cada una de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.

Inés del Río fue condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, pero, en el momento de su condena, el plazo de cumplimiento efectivo en España era de 30 años, por lo que el cálculo es completamente diferente si se aplica la doctrina o no. En caso de ser excluida debe salir en libertad.

Por unanimidad, los 17 magistrados de la sala consideraron que España vulneró el artículo 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y el artículo 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si el gobierno español de Mariano Rajoy acata el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 61 miembros de la ETA y una decena de presos con graves delitos podrían ser liberados en los próximos meses.

Desde el año de 2006, la doctrina se ha aplicado a más de 60 reclusos, en su mayoría terroristas de ETA con múltiples condenas, además de algunos asesinos y violadores. El Constitucional admitió a trámite 58 recursos de presos etarras contra la aplicación de la doctrina Parot, a los que se suman otros cuatro de presos comunes. Si el Constitucional decidiera estimar estos recursos, algunos saldrían de prisión de inmediato, y en otros casos se reducirían las condenas, afirma el noticiero elpaís.

Víctimas de ETA rechazan sentencia

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de la banda armada independentista ETA expresó hoy su “daño, dolor, sufrimiento, miedo y vergüenza” al conocer el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, aseguró a través de su cuenta en Twitter que “no hay suficientes palabras” para expresar lo que sienten las víctimas por una decisión, subrayó, “a favor de terroristas, violadores, criminales y asesinos”.

También la Fundación Víctimas del Terrorismo expresó su rechazo a la sentencia. “Lamentamos que la balanza del TEDH se haya inclinado más hacia la impunidad de los terroristas que a hacer justicia a las víctimas”, dijo su presidenta, Marimar Blanco, hermana del concejal de la localidad de Ermua, asesinado por ETA en 1997″.

En cuarto lugar, y teniendo en cuenta un poco todo lo expuesto, cabe señalar que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se pronunció de forma explícita sobre la doctrina ni hizo crítica alguna a la política penitenciaria española, sino que se limitó a resolver el recurso presentado por Inés del Río. Resuelve, por tanto, únicamente su caso. Lo que sucede es que los argumentos que estableció Estrasburgo fueron extensibles a todos los presos que se encontraban en una situación similar a la de esta terrorista, es decir, a los que la doctrina se aplicó de forma retroactiva. El tribunal aseguró que España vulneró dos artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos: el 5.1., que hace referencia a la libertad y seguridad; y el 7 (nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción ni podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida).

¿A cuántos presos afectó?

63 terroristas lograron salir de prisión gracias a la anulación de la «doctrina Parot» Junto a ellos abandonaron la cárcel una quincena de delincuentes comunes con más de dos condenas, entre quienes se encontraban los violadores del portal, del ascensor y del estilete, o el asesino de las niñas de Alcàsser, Miguel Ricart.

Reincidentes

Los peores vaticinios no han tenido que esperar mucho tiempo para verse cumplidos. Félix Vidal Anido, «el violador del estilete», volvió a prisión por intentar agredir a una mujer. Solo habían pasado cuatro meses de su excarcelación.

Pablo García Ribado, conocido como «el violador del portal», fue detenido también en Guadalajara por abusos sexuales. Había sido excarcelado también unos meses antes. Actualmente ofrecía sus servicios con una identidad falsa como fisioterapeuta a domicilio en las localidades guadalajareñas de Torija y Trijueque.

La tercera detención de un reincidente beneficiado fue la de Antonio García Carbonell, arrestado en Sabadell (Barcelona), en enero de 2015, por su presunta vinculación con el crimen de una mujer de 75 años en Cabanes (Girona) en febrero de 2014. Había cumplido 18 de los 270 años de cárcel que había acumulado por diferentes condenas, muchas de ellas por agresión sexual.

Hoy ha sido detenido «el violador del ascensor», puesto en libertad en 2013, tras agredir a cuatro mujeres cerca del hospital La Paz de Madrid. Pedro Luis Gallego fue condenado a más de 273 años de prisión y sólo cumplió 22. Con la doctrina Parot, hubiera salido de prisión en 2022.

Hasta el propio ministro del Interior entonces Jorge Fernández Díaz llegó a admitir que no se podía garantizar “al cien por cien” que los violadores excarcelados no reincidieran y que legalmente no se podía aplicar la libertad vigilada a estos criminales, aunque dijo que las fuerzas de seguridad estarían “atentas””.

La verdad es que no se tuvo en cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es muy difícil asegurar la reinserción del delincuente, sobre todo por el hecho de que, para poder reinsertarse, se requiere voluntar del requerido, cosa que en los miembros de ETA no se cumple.

También se ha de recordar en este punto que el Derecho Penal impuesto en la Unión Europea sobre reeducación del delincuente en muchos delitos es muy difícil y costoso, principalmente por la naturaleza del delito y la propia inacción del delincuente para reinsertarse.

En quinto lugar, y como sería normal en cualquier país democrático, al menos en los medianamente democráticos, cabe señalar que se produjeron reacciones a esta sentencia del TEDH, ya que “hay que tener en cuenta que aunque la interpretación que entendía el límite de la pena de los treinta años como una pena nueva y autónoma a la que debían referirse los beneficios penitenciarios era una práctica imperante desde hacía tiempo, con anterioridad a la Sentencia 197/2006, que estableció la «doctrina Parot», sólo una sentencia del Tribunal Supremo, la de 8 de marzo de 1994, de la que fue ponente el magistrado José Manuel Martínez Pereda, sostuvo tal interpretación, declarando que “la pena señalada en el art. 70.2 del Código penal, el límite de treinta años en este caso, opera ya como una pena nueva, resultante y autónoma y a ella deben referirse los beneficios otorgados por la ley, como son la libertad condicional y la redención de penas”.

2. Posteriormente, la reforma operada en el Código penal por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, modificó el art. 78 de este Código, plasmando legislativamente la nueva orientación jurisprudencial («doctrina Parot»), de manera que en adelante los beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado y cómputo de tiempo para la libertad condicional, en supuestos de gravedad (cuando a consecuencia de las limitaciones del art. 76.1 la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas), deben referirse “a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias”.

Pero lo que se hizo en la Sentencia del Tribunal Supremo que estableció la «doctrina Parot» no fue aplicar retroactivamente este precepto penal modificado, lo que habría supuesto, ciertamente, una vulneración del art. 25.1 de la Constitución, sino que lo que se hizo fue aplicar los preceptos del Código penal de 1973 vigentes al momento de la comisión de los hechos por quien fue condenado, si bien con arreglo a una nueva interpretación sobre el cómputo de las redenciones de penas por el trabajo, solidamente explicada en la Sentencia, que excluía la eventual vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley.

En otro caso resuelto por la Sentencia núm. 1078/2012, de 31 de enero de 2013, en el que nuevamente se aplicó la «doctrina Parot», el Tribunal Supremo dejó claro que al aplicar esta doctrina no estaba aplicando retroactivamente el nuevo art. 78.1 CP introducido en la reforma de la Ley Orgánica 7/2003, que prevé la posibilidad de acordar que los beneficios, permisos, clasificación en tercer grado y cómputo del tiempo para la libertad condicional se refiera a la totalidad de las penas impuestas, “sino la normativa vigente en el momento de comisión de los hechos por los que el recurrente fue condenado (arts. 70.2 y 100 CP 1973), si bien con una nueva interpretación de la misma que, ciertamente, viene a coincidir con el criterio de cómputo consagrado expresamente en el art. 78 CP, pero que el Tribunal Supremo ha considerado era posible a la vista del tenor literal de los arts. 70.2 y 100 CP 1973 y 988 LECrim.”, concluyendo que la queja del recurrente carecía de base fáctica, “pues la prohibición de retroactividad de la ley penal desfavorable tiene como presupuesto fáctico la aplicación retroactiva de una norma penal a hechos cometidos previamente a su entrada en vigor,… supuesto que no se da en el caso analizado”.

Ciertamente, como lo señala esta última Sentencia del Tribunal Supremo, de la que fue ponente el Magistrado D. Antonio del Moral, los cambios de criterio jurisprudencial y su conformidad con la Constitución pueden ser cuestionados desde otras perspectivas, concretamente el de la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE), pero el cambio de criterio sobre la forma de cómputo de las redenciones de penas por el trabajo en penas acumuladas fue razonadamente justificado, por lo que no puede apreciarse “ni voluntarismo selectivo, ni apartamiento inmotivado de criterio aplicativo consolidado y mantenido hasta entonces”.

II Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: Sentencia 39/2012

La cuestión llegó al Tribunal Constitucional, que vino a avalar la doctrina fijada por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, destacando la Sentencia 39/2012, que otorgó el amparo, pero por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad, en su vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 24.1 de la Constitución), toda vez que en el caso concreto la Audiencia Nacional había fijado en una resolución firme, luego inmodificable, el criterio del cómputo de las redenciones sobre el límite máximo de los treinta años. En esta Sentencia, el Tribunal Constitucional dejó claro que los cambios de criterio jurisprudencial y su conformidad con la Constitución debían ser analizados, principalmente, desde la perspectiva del principio de igualdad en la aplicación de la ley, reconocido en el art. 14 de la Constitución, y que no es función suya la interpretación de la legalidad ordinaria y, en particular, no le corresponde pronunciarse directamente sobre cómo interpretar y aplicar el art. 70 en relación con el art. 100 del Código penal de 1973, que es el que estaba referido al beneficio de la redención de penas por el trabajo, y sobre cuál ha de ser el límite de cumplimiento y el modo de computar las redenciones, pues se trata de decisiones de ejecución de lo juzgado, que corresponden en exclusiva a los órganos judiciales (art. 117 de la Constitución).

La mencionada Sentencia 39/2012 rechazó que nos encontráramos, como lo entendía el recurrente e incluso el propio Ministerio Fiscal, en el ámbito propio del derecho fundamental a la legalidad penal del art. 25.1, afirmando que de lo que se trataba era de la “ejecución de una pena privativa de libertad, cuestionándose el cómputo de la redención de penas por el trabajo, sin que de la interpretación sometida a nuestro enjuiciamiento se derive ni el cumplimiento de una pena mayor que la prevista en los tipos penales aplicados, ni la superación del máximo de cumplimiento legalmente previsto”.

La anterior doctrina del Tribunal Constitucional ha sido reiterada en los casos que se le han ido planteando a partir de aquella Sentencia 39/2012. Se trata de las siguientes Sentencias de 2012: 39 a 69, 108, 113, 114, 128, 152, 157, 165, 167, 174, 179, 186, 199 y 217. De estas 44 Sentencias, 13 han inadmitido el recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa, al no haberse interpuesto el recurso de casación por infracción de ley previsto en el art. 988 LECrim. contra el auto que había aprobado el licenciamiento definitivo o por haberse simultaneado el recurso de amparo con un incidente de nulidad de actuaciones, 27 denegaron el amparo solicitado, y 4 lo otorgaron, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a la libertad, en su vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, en el sentido antes mencionado en relación al caso resuelto en la Sentencia 39/2013. Y en 2013, hasta la fecha, han recaído dos Sentencias en esta materia, la 28/2013 y la 54/2013, ambas con inadmisión del recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial previa.

En definitiva, el Tribunal Constitucional ha venido distinguiendo tres supuestos: aquellos en que no se había agotado la vía jurisdiccional previa, por no haberse intentado una nulidad o el recurso de casación, denegando o inadmitiendo el amparo, aquellos en los que ha desestimado la pretensión, denegando el amparo, en base a lo señalado en la Sentencia 39/2013, y aquellos en los que estima el recurso de amparo en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, en relación con el derecho a la libertad. Pero, en todo caso, ha venido respaldando la constitucionalidad de la interpretación llevada a cabo en la STS 197/2006.

III Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de julio de 2012

1. La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 10 de julio de 2012, concretamente de su Sección Tercera, integrada por 5 Magistrados, entre ellos el español D. Luis López Guerra, declaró que la aplicación de la «doctrina Parot» a una etarra, que había sido condenada a casi 4.000 años de prisión por la comisión de numerosos asesinatos consumados y otros en grado de tentativa, suponía la vulneración del principio de irretroactividad de las penas, previsto en el art. 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) (Roma, 1950), que reconoce el principio de legalidad penal («no hay pena sin ley»), y el derecho a la libertad personal, previsto en el art. 5 del mismo Convenio. En esencia, el TEDH entendió que, como existía una jurisprudencia favorable al cómputo de las redenciones de penas por el trabajo sobre el máximo de cumplimiento de la pena, fijado en 30 años, el nuevo criterio favorable a la aplicación de aquellas redenciones de penas sobre cada una de las condenas impuestas, no sobre el máximo – lo que supone en la práctica el cumplimiento de la pena máxima en los casos en los que se aplica esta doctrina -, implicaba la vulneración de los arts. 5 y 7 CEDH.

Dicha Sentencia, pues, se apartaba de lo que venía sosteniendo hasta entonces el TEDH, en el sentido de que las cuestiones relativas a la ejecución de la pena impuesta, no a la pena misma, no afectan al derecho a la legalidad penal consagrado en el art. 7 de la CEDH, en la medida que no impliquen una ejecución de la pena más grave que la prevista en la ley, aunque sí puedan afectar al derecho a la libertad. Así, el TEDH ha afirmado la vulneración del derecho a la libertad del art. 5 CEDH en un caso en el que se pudo verificar el cumplimiento de una pena privativa de libertad más extensa de la que debería haberle sido impuesta al afectado de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable y teniendo en cuenta los beneficios a los que el sujeto tenía derecho, situación que no es la que está a la base de los casos en los que se viene aplicando la «doctrina Parot».

2. La Sentencia del TEDH fue recurrida por la Abogacía General del Estado ante la Gran Sala del TEDH, integrada por un total de 17 jueces, de diferentes nacionalidades, entre ellos el español D. Luis López Guerra, como representante del país afectado por la demanda, que ya formó parte de la sección que dictó la sentencia favorable a la demanda, algo que, ciertamente, puede ofrecer algunos reparos, por más que la cuestión a debatir sea estrictamente jurídica.

En esencia, en el recurso del Gobierno español se alegaba que la Sección Tercera del TEDH se había apartado de su doctrina anterior sobre la distinción entre penas y forma de ejecución de la misma, defendiendo que la irretroactividad del art. 7 CEDH sólo era de aplicación a la definición de los delitos y la determinación de las penas, nunca a la forma de ejecución, citando en su apoyo, entre otras, la Sentencia de la Gran Sala de febrero de 2008 recaída en el caso Kafkaris, que rechazó la vulneración del art. 7 CEDH por la aplicación retroactiva de una reforma penitenciaria llevada a cabo en Chipre que impedía la redención de penas por el trabajo de los condenados a pena de prisión perpetua.

El recurso fue admitido a trámite en octubre de 2012, celebrándose una vista de apelación el 20 de marzo de 2013, en la que el abogado del Estado Isaac Salama defendió ante la Gran Sala la «doctrina Parot», haciendo hincapié en que no es igual cometer un asesinato que múltiples asesinatos, como en el caso de la demandante, condenada a casi cuatro mil años de reclusión en ocho procesos distintos por veinticuatro asesinatos y más de cien intentos de asesinato, demandante que no recurrió en su día el auto de la Audiencia Nacional que fijó con exactitud la fecha de su libertad, en 2017, una resolución, pues, que es firme.

IV Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de octubre de 2013

Después de siete meses de deliberación, la Gran Sala ha fallado en contra de la «doctrina Parot», afirmando que es contraria al CEDH.

A falta de conocer con más detalle del dictamen de la Gran Sala, la razón del fallo adoptado parece estar en que el cálculo de los beneficios penitenciarios llevado a cabo por el Pleno del Tribunal Supremo al establecer esta doctrina, y confirmado en varias ocasiones, como se vio, por el propio Tribunal Constitucional, implica una revisión retroactiva de las penas impuestas a penados ya condenados.

En consecuencia, aunque la situación no está expresamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico, parece razonable que la decisión recurrida sea declarada finalmente nula por el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución de la pena, la Audiencia Nacional, que habrá de ordenar la excarcelación, con arreglo al criterio mantenido por el TEDH, pues el art. 10.2 CE es claro cuando afirma que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, entre los que se encuentra el CEDH.

El proyectado código procesal penal cubre por fin la laguna de la ausencia de regulación legal de estos casos en los que el TEDH ha declarado la vulneración de alguno de los derechos reconocidos en la CEDH, incluyendo el supuesto entre aquellos que son susceptibles de recurso de revisión; concretamente en el art. 623 e), según el cual se podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes “cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiese declarado la violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, siempre que dicha vulneración haya sido relevante o determinante de la condena”, siendo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el órgano competente para su conocimiento (art. 624).

Naturalmente, todos aquellos presos que consideren que puede afectarles el criterio sostenido por el TEDH podrán recurrir ante los órganos jurisdiccionales responsables de la ejecución de la pena que vienen cumpliendo, interesando la aplicación de la nueva doctrina de aquel Tribunal, hayan recurrido o no antes la aplicación «doctrina Parot».

Y como lógica consecuencia de la interpretación llevada a cabo por el TEDH, el Tribunal Constitucional español tendrá que asumir esa nueva doctrina y aplicarla a los recursos de amparo planteados por los afectados por la «doctrina Parot» pendientes aún de resolución.

V «Doctrina Parot»: ¿vulneración constitucional?. Principio de legalidad, principio de igualdad en la aplicación de la ley y derecho a la libertad

Una de las principales características del Derecho penal moderno, en contraste con lo que aconteció durante muchos años en tiempos de la Monarquía Absoluta, es que sólo las leyes, no la voluntad del Juez, pueden crear los delitos y sus penas. Su contenido ha ido enriqueciéndose, entendiéndose hoy que el principio de legalidad tiene un contenido plural, que puede sintetizarse en cuatro normas, cuatro prohibiciones, que representan, pues, formas típicas de vulneración, motivo de caracterización por la teoría: la prohibición de fundar la represión penal de una conducta en normas distintas a las contenidas en una ley formal (lex scripta); la prohibición de aplicar la ley penal a supuestos no previstos por ella, es decir, la llamada prohibición de aplicación analógica de la ley penal (lex stricta); la prohibición de aplicación retroactiva y la creación de normas penales retroactivas que fundamenten o agraven la responsabilidad penal (lex previa); y la prohibición de crear leyes penales con contenido indeterminado (lex certa) o cláusulas generales, última de las exigencias incorporada al principio de legalidad.

Pues bien, en ninguna de las prohibiciones que derivan del principio de legalidad incurre la «doctrina Parot», pues con su aplicación no se impone una pena que no estuviera prevista previamente en una ley, ni se aplica retroactivamente una ley, o su interpretación, desfavorable al reo. La aplicación de la «doctrina Parot» implica, lisa y llanamente, una nueva interpretación del Tribunal Supremo (Pleno) sobre la forma de calcular, en adelante, el beneficio de la redención de penas por el trabajo del art. 100 del Código penal de 1973, a quien corresponde la tarea constitucional de determinar el contenido último de la ley (art. 123 de la Constitución), sólidamente fundada, una nueva forma, pues, sobre cómo contabilizar el beneficio de las reducciones de pena por el trabajo, a partir de la Sentencia 197/2006, que debía efectuarse a partir de entonces sobre cada una de las penas impuestas, individualmente, no sobre la pena máxima, y ello con arreglo a lo dispuesto en el art. 70.2 del Código penal de 1973, aplicable en el caso concreto, hoy art. 75, que dice que las penas se ejecutarán sucesivamente, siempre con el límite máximo entonces vigente de los 30 años.

Una cosa, pues, es la aplicación del límite máximo de cumplimiento de la pena privativa de libertad, que en ningún caso se ha negado, pues una pena superior, sin duda, sí que vulneraría el principio de legalidad, y otra diferente cómo deba calcularse dicho límite, algo sobre lo que se pronunció con argumentos plausibles y muy razonables el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en aquella Sentencia que estableció la «doctrina Parot», acabando así con la excesiva generosidad que suponía la práctica imperante hasta entonces, que ni vulnera el principio de legalidad (art. 25.1), pues no se aplica retroactivamente ninguna norma penal desfavorable, ni su interpretación, algo que queda claro según el criterio que viene aplicando el Tribunal Constitucional, con estimación del recurso de amparo en varios casos, en el sentido de que una vez que al sujeto se le ha hecho ya la liquidación de la condena y se le ha puesto fecha para su excarcelación en resolución firme, ésta es inmodificable, habiendo otorgado el amparo cuando aquélla se modificó, ni el principio de igualdad en la aplicación de la ley (art. 14), al estar razonado el cambio de orientación jurisprudencial, ni el derecho a la libertad, consagrado en el art. 17.1 de la Constitución, cuando señala que nadie puede ser privado de su libertad, sino “en los casos y en la forma prevista en la ley”, pues aunque es cierto que este derecho fundamental puede ser vulnerado como consecuencia de la forma de ejecución de la condena en relación con el cómputo del tiempo en prisión, por ejemplo en el caso de inaplicación de las disposiciones relativas a la refundición (art. 76 del Código penal), que supondría una prolongación indebida de la privación de libertad, al permitir aquéllas disposiciones que se inaplican una reducción del máximo de cumplimiento de la pena de prisión, lo cierto es que en los casos en los que se aplica la «doctrina Parot» en modo alguno se ha dejado de aplicar norma alguna que pudiera tener aquel efecto ni, por supuesto, se priva a nadie de libertad fuera de los casos previstos en la ley penal.

Con toda razón, la mencionada STS núm. 1078/2012, de 3 de enero de 2013, rechazaba la vulneración del derecho a la libertad, rechazando esta posibilidad “si se ha llegado antes a la conclusión de que tal privación de libertad se ajusta a parámetros legales”, es decir, esta vulneración no tiene autonomía frente a las anteriores, como la del principio de legalidad y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, de manera que “si se concluye que la privación de libertad se acomoda a lo establecido por la ley y que por tanto es legítima, se está respetando el art. 17 CE, que se refiere a las privaciones de libertad fuera de los casos previstos por las leyes”, es decir, “si la interpretación del art. 70 es errónea, estaremos ante una privación de libertad indebida por derivación”, “pero si es correcta no puede hablarse de violación del derecho a la libertad ni de infracción del art. 17 CE”.

La noticia, pues, del fallo en contra del recurso del Gobierno español, difícil de asimilar jurídicamente, pero que habrá que acatar, es una mala noticia para España y, en particular, para la defensa de la sociedad en su conjunto y de los derechos humanos en el marco de un Estado democrático de Derecho”.

Se continuará en más artículos sobre el tema.

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