Derecho general

Sociedad educada en valores y que exige derechos. Pero ¿qué pasa con los deberes y obligaciones que exigen tanto la Constitución como las leyes?

En España, al contrario que en otros países democráticos, gran parte de la sociedad se ha acostumbrado de mala manera a hablar de que tiene derechos, pero también hay que recordar que nuestro ordenamiento jurídico, y especialmente nuestro texto constitucional, prevé una serie de deberes y obligaciones para los ciudadanos y los poderes públicos.

En primer lugar, cabe señalar que “la noción de deber constitucional es sumamente controvertida. Desde luego, se trata de una noción considerablemente minusvalorada en comparación con la de derecho constitucional. Así puede observarse cuando, a nivel comparado, se confronta el escaso número de investigaciones relativas a la primera, con el elevadísimo número de investigaciones relativas a la segunda. La misma situación se replica en el derecho nacional, en el que la mayoría de las investigaciones en el ámbito del derecho constitucional se centra en los derechos y solo un reducido de artículos se dedica al estudio de los deberes. También esta situación se presenta a nivel de manuales y tratados de derecho constitucional, en los que el tratamiento de los derechos constitucionales es considerablemente más profundo y extenso que el de los deberes constitucionales.

Hay una sencilla explicación para este fenómeno: mientras que los derechos constitucionales parecen fortalecer la posición de los particulares frente al poder estatal, los deberes .constitucionales parecen debilitarla. Históricamente, ello no siempre ha sido así. Al contrario, por muchos siglos los deberes constituyeron la base del orden social, sin que se les percibiera como intrínsecamente opresivos o abusivos. Solo una vez que el peso de esos deberes -fueran imperiales, clericales, feudales, monárquicos o estatales- sí se tornó opresivo y abusivo, comenzó a gestarse un cambio de paradigma. Bajo esta perspectiva, los derechos fundamentales pueden entenderse como el resultado de una lucha histórica contra aquellas opresiones y abusos. Es así como actualmente se afirma que los deberes son potencialmente peligrosos, que son contrarios a la dignidad humana o que desempeñan roles repugnantes.

Mas, que a nivel teórico exista cierto recelo frente a la figura de los deberes constitucionales no significa que estos no tengan cabida en el constitucionalismo contemporáneo. De hecho, no es raro encontrar en la mayoría de los textos iusfundamentales de esta época una que otra referencia a los deberes y responsabilidades de cada cual. Y aunque ellas son considerablemente más escasas que las normas sobre derechos fundamentales y su valor normativo puede ser variable, su existencia no puede ser negada. Pero quizás lo más destacable es que, fuera de cualquier referencia textual a los deberes, una serie de figuras y doctrinas constitucionales de gran aceptación en el ámbito académico y jurisprudencial introducen consideraciones relativas a los deberes.

Corresponde entonces dilucidar qué se quiere decir cuando se habla de deberes constitucionales. Entre otras cuestiones, esto implica determinar cuáles son los rasgos distintivos de estas figuras, cuáles son las nomenclaturas en uso para hacer referencia a ellas y quiénes son los destinatarios de las normas sobre deberes constitucionales. Para estos efectos, en los apartados que siguen se examinarán las distintas posturas que en doctrina existen respecto de estos puntos. Mediante este proceder no solo se pretende poner de relieve la heterogeneidad de planteamientos que existen en torno a la idea de deber constitucional, sino, por sobre todo, establecer la concepción del mismo que se adotará en el resto de este trabajo”.

Siguiendo con este punto, cabe señalar, en cuanto a las acepciones de deber constitucional, que, “en un sentido amplio, los deberes constitucionales pueden ser entendidos como “todas las conductas o actuaciones que la Constitución impone o dirige formalmente a los individuos o a los ciudadanos”. De acuerdo con esta caracterización –a la cual se adhiere en esta investigación– , el rasgo distintivo de los deberes constitucionales es tener como fuente el texto constitucional y estar formalmente dirigidos a los particulares. En consecuencia, quedarían comprendidos dentro de esta concepción amplia tanto aquellos deberes que la constitución prevé expresamente, como aquellos que pueden derivarse de aceptar la doctrina de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, los que resultan como reflejo de competencias de los órganos estatales o de la tradicional tesis de la correlatividad entre derechos y deberes.

Para otras concepciones ni siquiera es esencial el origen constitucional de estas figuras, bastando únicamente con que estas tengan un carácter público y que sean impuestas por la autoridad estatal a los particulares. Así, los deberes constitucionales han sido definidos como “aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal”. Por lo que respecta a su fuente, se ha dicho que los deberes constitucionales “pueden tener previsión en normas constitucionales e infraconstitucionales”. Incluso hay quienes extienden esta noción a vinculaciones jurídicas dirigidas a la autoridad estatal: “El adjetivo ‘constitucionales’ junto al sustantivo ‘deberes’ indica […] comportamientos que el ordenamiento considera como jurídicamente y/o políticamente apreciables. Estos se dirigen a los sujetos privados (particular o grupos) o a públicos”.

A la inversa, en sentido estricto, los deberes constitucionales serían aquellos que satisfacen dos condiciones básicas: “la de ser deberes por así decir autónomos, no simple consecuencia directa de derechos o institutos que la Constitución garantiza, o de potestades que atribuye, y la de pesar por igual sobre todos los ciudadanos (o todos los sometidos al poder del Estado), no solo sobre quienes se encuentran en determinada relación con otros”. Por consiguiente, tres figuras quedarían excluidas de esta noción de deber constitucional: (i) los deberes que la constitución impone a ciertos sujetos en razón de una situación jurídica determinada; (ii) los derivados de preceptos atributivos de competencias; y (iii) los que pudieran surgir de los límites intrínsecos de los propios derechos, que sean necesarias para armonizar los derechos de los particulares o que existan como el simple correlato de derechos ajenos”.

En segundo lugar, cabe decir que “la simple mención de los derechos humanos «en» la sociedad
democrática insinúa inmediatamente que los derechos humanos podrían no estar «en» la
sociedad democrática sino en otro tipo cualquiera de sociedad e, inversamente, que una
sociedad democrática podría ser un lugar en el que no hubiese derechos humanos; es decir:
el título mismo parece dar a entender que hay una relación contingente entre los derechos
humanos y la sociedad democrática.

La idea de los derechos humanos «en» la sociedad democrática parece también insinuar, en una segunda instancia, algún modo peculiar de estar aquellos en ésta; es decir, parece dar a entender que los derechos humanos están en la sociedad democrática de un forma distinta a cómo estarían en otra sociedad y, como consecuencia, que una sociedad democrática con derechos humanos es un tipo particular de sociedad democrática distinta a una sociedad democrática en la que no estuviesen los derechos humanos. En resumen, el título mismo sugiere la posibilidad de cuatro mundos distintos: el de una sociedad-no-democrática en la que no están los derechos humanos, el
de una sociedad-no-democrática en la que están los derechos humanos, el de una sociedad democrática en la que no están los derechos humanos y el de una sociedad-democrática en
la que están los derechos humanos.

Si la relación entre derechos humanos y democracia efectivamente fuese una relación contingente entonces los cuatro mundos serían posibles. Si, por el contrario, la sociedad democrática fuese una condición necesaria para la presencia de los derechos humanos entonces el mundo número dos no sería posible. Del mismo modo pero inversamente, si los derechos humanos fuesen una condición necesaria para la presencia de la sociedad democrática entonces el mundo número tres no sería posible. Naturalmente, si ambas condiciones fuesen al mismo tiempo requeridas entonces no serían posibles ni el mundo número dos ni el mundo número tres y los mundos posibles serían exclusivamente el número uno (una sociedad no democrática sin derechos humanos) y el número cuatro (una sociedad democrática con derechos humanos). Esta última parece ser la hipótesis que nos resulta más familiar y la que aquí voy a tratar, en primer lugar, de demostrar.

Sir Isaiah BERLIN sostuvo que la relación entre la libertad negativa –a la que Benjamín CONSTANT había llamado «libertad de los modernos»– y la libertad positiva –a la que el ilustrado francés había llamado «libertad de los antiguos»– era meramente contingente. Algo parecido, con parecidos argumentos y parecidos ejemplos pero proyectado expresamente sobre la relación entre la democracia y los derechos, ha sostenido recientemente entre nosotros Alfonso RUIZ MIGUEL. Sostiene, en efecto, RUIZ MIGUEL, que el principio democrático y el principio liberal son tan diferentes que «llevados a sus extremos, al menos en la teoría, podrían realizarse independientemente» lo que ocurriría –explica– en un sistema democrático que suprimiera todos los derechos salvo los de participación y, paralelamente, en un sistema no democrático que garantizase todos los derechos menos los de participación (RUIZ MIGUEL, Alfonso, 2004, p. 65). Sendas hipótesis me parece que no responden a ningún ejemplo real y, lo que es más grave, me parece que no resultan sostenibles ni siquiera en la teoría, esto es: que son conceptualmente erróneas.

Respecto a la primera posibilidad sostenida por RUIZ MIGUEL –un sistema democrático sin derechos, que se corresponde con el mundo tres de nuestro cuadro– la hipótesis es la de una colectividad que democráticamente suprime todos los derechos salvo los de participación. Es una hipótesis que no sólo resulta poco plausible desde un punto de vista empírico sino que es claramente insostenible desde un punto de vista conceptual. Una situación en la que los miembros de un determinado colectivo no tienen igualdad de oportunidades ni derecho a un mismo trato legal, carecen de seguridad jurídica pudiendo por ello ser arbitrariamente detenidos y carecen de libertad de expresión, reunión y asociación sería, en todo caso, una sociedad en la que la participación de todos sus miembros en las decisiones colectivas sería imposible por defi nición ya que la supresión de todos los demás derechos salvo el de participación implicaría, en la medida en que fuera efectiva, que algunos o muchos no podrían participar por falta de capacidad, por falta de libertad o por falta de ambas; implicaría también que los que pudiesen participar sólo pudiesen hacerlo de forma parcial y limitada, algo así como participar en el juego con las manos atadas. Por
muy distintas y contrapuestas razones la idea de una democracia sin derechos ha inspirado dos paradigmas durante el siglo XX: el de las llamadas «democracias populares» y el de las llamadas «democracias orgánicas». Ambas han demostrado concluyentemente que sin derechos no hay democracia. Esto signifi ca que el mundo tres de nuestro esquema no es un mundo posible.

Respecto a la segunda posibilidad –un sistema no democrático con derechos, que se correspondería con el mundo dos de nuestro cuadro– cabe decir que si asumimos que los derechos humanos son ciertas posiciones normativas cuyo disfrute es condición necesaria para que una persona se desarrolle como agente moral y si asumimos que la moralidad (esa condición peculiar de las personas) sólo aparece cuando suponemos la libertad de la voluntad (como nos enseñó KANT), entonces aparece como conclusión inmediata que la autonomía es uno de los derechos, si no el más importante de todos ellos, y a fortiori que sólo un sistema democrático es un sistema compatible con la autonomía de las personas y, por tanto, con los derechos humanos. Habrá sin duda otros sistemas de organización política en que algún o algunos derechos estén satisfechos pero, si no es una democracia, no estará satisfecha la autonomía que es uno de los derechos, si no el más importante, de todos ellos.

La democracia resulta ser, por tanto, una condición necesaria, aunque no sufi ciente, para la satisfacción de los derechos humanos como conjunto y, por ello, el mundo dos tampoco es un mundo posible. Si la relación entre los derechos y la democracia es una relación necesaria y biunívoca entonces solo son posibles los mundos uno y dos: o bien no hay ni democracia ni derechos (mundo uno) o bien hay democracia y hay derechos (mundo cuatro)”.

Por tanto, cabe afirmar que no existe una democracia (o una sociedad democrática, si se prefiere) si no se otorga a los ciudadanos de esa sociedad una serie de derechos que les permita desarrollarse plenamente como personas.

En tercer lugar, se ha de señalar que, “en una democracia, la condición de ciudadano implica participación, sentido cívico y paciencia, es decir, tanto derechos como responsabilidades. Para que una democracia tenga éxito, los ciudadanos deben ser activos, no pasivos, porque saben que los responsables del éxito o el fracaso del gobierno son ellos mismos y nadie más.

Sin duda es cierto que los individuos ejercen derechos básicos, como la libertad de expresión, de reunión o de credo, pero en otro sentido, los derechos, como los individuos, no funcionan en forma aislada. Los derechos se ejercen en el marco de una sociedad, lo cual explica por qué los derechos y las responsabilidades están tan íntimamente relacionadas.

Un gobierno democrático, que es elegido por sus ciudadanos y rinde cuentas a éstos, protege los derechos individuales de manera que los miembros de esa democracia puedan asumir sus obligaciones y responsabilidades cívicas, y esto fortalece a la sociedad en su conjunto.

Todos los ciudadanos se deben enterar, por lo menos, de los problemas críticos que confronta su sociedad, aunque sólo sea para estar en condiciones de votar inteligentemente. Algunas obligaciones, como pertenecer a un jurado en juicios civiles o penales, o cumplir con el servicio militar, pueden ser impuestas por la ley, pero la mayoría de ellas son voluntarias.

La esencia de la acción democrática es la participación pacífica, activa y libre de los ciudadanos en la vida pública de su comunidad y su nación. El cumplimiento de esta responsabilidad puede requerir la participación activa en organizaciones o la búsqueda de objetivos específicos de la comunidad; y sobre todo, el cumplimiento de la democracia implica cierta actitud, la voluntad de creer que aun las personas que son diferentes de nosotros tienen los mismos derechos”.

En cuarto lugar, por lo que vemos, muchos autores de artículos sobre democracia ven sólo derechos, o sólo se habla de derechos, pero el problema es que para garantizar esos derechos, hace falta exigir a los ciudadanos una serie de deberes para poder garantizar una convivencia plenamente democrática. Este servidor intentará profundizar más en el tema y escribir un segundo o incluso un tercer artículo sobre este tema.

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