COVID-19, Derecho, Derecho general, Derechos fundamentales, Derechos fundamentales, libertades públicas y su protección, Estados de alarma, excepción y sitio, Pandemias, Suspensión de derechos fundamentales

Confinamiento de los españoles ¿frente a la libertad de movimientos de los extranjeros?

En las últimas semanas e incluso meses hemos visto cómo la gestión del Gobierno de España sigue siendo pésima, y, además, sigue riéndose de todos los ciudadanos, los cuales ven limitados (o incluso suspendidos) sus derechos fundamentales y libertades públicas.

Y es que, en primer lugar, cabe señalar que “está permitida la entrada en España desde todos los países europeos y pertenecientes al espacio Schengen, sin obligación de guardar cuarentena. Sin embargo hasta el 15 de abril se han restablecido los controles en la frontera terrestre con Portugal. Desde el 23 de noviembre de 2020, está en vigor la obligación de presentar un test molecular PCR negativo (no se admiten test rápidos) efectuado en las 72 horas anteriores a la entrada – por vía aérea o marítima – en el país: esta obligación se aplica a los pasajeros procedentes de todos los países de la UE y de casi todos los países que no forman parte de la UE. Con respecto a Italia, la obligación se refiere a los pasajeros procedentes de cualquier región, a excepción de quien procede directamente de Sicilia y Cerdeña. Antes de entrar en el país también es necesario cumplimentar un “formulario de salud pública”. Para más detalles, véase el párrafo “Principales medidas españolas”. Están permitidos los desplazamientos entre provincias y regiones (Comunidades Autónomas) en el interior del país, a excepción de las áreas donde están en vigor confinamientos localizados y, con carácter general en todo el país, en el periodo del 26 de marzo al 9 de abril. Específicas medidas restrictivas están en vigor en las localidades con una alta tasa de COVID-19. Para obtener más detalles, véase el párrafo “Situación en España”.

• Por lo que se refiere a Italia, están permitidos los desplazamientos desde y hacia los países Schengen (exceptuando desde Austria), Principado de Andorra, Principado de Mónaco, República de San Marino y Ciudad del Vaticano, sin obligación de guardar cuarentena, sino con la obligación, para quienes entren en territorio nacional tras haber permanecido o transitado en España y en otros países de la UE en los 14 días anteriores, de someterse a un test molecular o de antígenos en las 48 horas previas a su entrada (presentando el resultado negativo). Para quienes no presenten el test está previsto el aislamiento fiduciario. Quedan en vigor además algunas excepciones a la obligación del test y el aislamiento fiduciario. En el territorio nacional están en vigor medidas diferenciadas por cada Región, estructuradas en función de cuatro franjas de riesgo (blanca, amarilla, naranja, roja). Más allá del color de las Regiones, hasta el 27 de marzo de 2021 está prohibido todo desplazamiento entre Regiones o Provincias autónomas distintas, exceptuando por razones justificadas. Para todos los detalles, consulte el párrafo “Situación en Italia”.

•  Por lo que se refiere a las conexiones aéreas, las principales compañías han vuelto a operar entre Italia y España ya desde los meses de junio y julio de 2020. Sin embargo, los vuelos están todavía sujetos a frecuentes cambios o cancelaciones. Se recomienda consultar siempre la compañía aérea para recibir confirmación de la operatividad y puntualidad del vuelo.

• Por lo que se refiere a las conexiones marítimas, se señala que la compañía Grimaldi Lines está operando de forma regular en la ruta Barcelona-Porto Torres-Civitavecchia. Por el contrario, la compañía Grandi Navi Veloci ha dejado de operar, de momento, en la ruta Barcelona-Génova. Para confirmaciones detalladas sobre las modalidades de embarque y reservas, se ruega consultar las páginas web respectivas.

• Las conexiones terrestres están activas regularmente: también en este caso se aconseja contactar con los proveedores de tales servicios, como RenfeRenfe-SNCF y Alsa. A quien eligiera viajar por carretera, se aconseja visitar las páginas web del Consulado italiano en Barcelona y de la Embajada italiana en París con relación a las posibles restricciones impuestas allí.

PRINCIPALES MEDIDAS ESPAÑOLAS

• Con la medida del 29 de enero de 2021, que se modificó de manera parcial el 15 de marzo, se han restablecido los controles en la frontera terrestre con Portugal hasta el 5 de abril de 2021 inclusive. En virtud de dicha medida, está permitida la entrada en España desde Portugal, por vía terrestre, sólo a: residentes en España; residentes en otros Países UE de camino hacia su domicilio; trabajadores; quienes acrediten causas de fuerza mayor o de necesidad; personal diplomático. Para más info véase la medida y su última actualización.

• Con la orden del 11 de noviembre de 2020 y parcialmente modificada el 10 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud de España ha dispuesto que los pasajeros procedentes de áreas de riesgo tienen que presentar un certificado que demuestre haberse sometido a una prueba PCR (molecular) o TMA (Transcription Mediated Amplification, también de tipo molecular) con resultado negativo al COVID-19, en las 72 horas anteriores a la entrada en el territorio nacional por vía aérea o marítima. No se admiten test rápidos. La obligación se refiere a los pasajeros procedentes de todos los países europeos, a excepción de aquellos procedentes de algunas regiones específicas, y la mayoría de los países extraeuropeos. Con respecto a Italia, la obligación se refiere a los pasajeros procedentes de cualquier región, a excepción de quien procede directamente de Sicilia y Cerdeña. Para los países extraeuropeos, la obligación del test se refiere a los pasajeros procedentes de cualquier Estado a excepción de aquellos que proceden de Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China, Hong Kong y Macao. Para más info, véase este listado en vigor del 15 al 25 de marzo de 2021. No están previstas excepciones a la obligación de test molecular, salvo para la tripulación de transportes marítimos, para los pasajeros en tránsito y los menores de 6 años. Los certificados de negatividad deberán aportarse en lengua española, inglesa, francesa o alemana; los de otras lenguas deben ir acompañadas por una traducción oficial al español. Para más información, véase la orden, su actualización y esta página del Ministerio de Salud.

• Además de la obligación de realizar un test molecular, la orden del 11 de noviembre de 2020 ha confirmado que cualquier pasajero que llegue a España del extranjero, tanto por vía aérea como por vía marítima, tiene que someterse a un control sanitario antes de su entrada en el país. En especifico se trata de: control de la temperatura del cuerpo, control de los documentos, control visual sobre el estado del pasajero. Respecto al control documental, los pasajeros que llegan desde el extranjero (también desde otros países de la UE), tendrán que rellenar, antes del viaje, un “formulario de control salud pública” a través de la página web Spain Travel Health o de la app Spain Travel Health-SPTH, obteniendo un código QR que deberán presentar (en el dispositivo móvil o impreso), a su llegada en España. Los pasajeros que llegan por vía marítima, pueden presentar el formulario solo en su versión impresa, disponible en el apéndice de la disposición o en esta página del Ministerio de Salud.

• En consideración de los riesgos relacionados con la llamada “variante británica del coronavirus”, el Gobierno español ha limitado hasta el 30 de marzo de 2021 las conexiones con el Reino Unido: en particular, hasta esa fecha se pueden realizar solamente vuelos y conexiones marítimas que transporten personas con nacionalidad española o andorrana o residentes en España o Andorra. Para más información, véase la medida y su última actualización. De la misma manera, desde el 22 de diciembre de 2020 y sin de momento una fecha límite, se ha limitado el acceso al territorio español desde Gibraltar: en particular, la entrada por la frontera terrestre está permitida ahora sólo a: a) Ciudadanos españoles; b) Ciudadanos extranjeros con residencia legal en España; c) Trabajadores transfronterizos; d) Personas con residencia legal en el territorio de Gibraltar, cualquiera que sea su nacionalidad (con condición de reciprocidad), e) personas que acrediten causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad. Para más información, véase la medida y su actualización.

• Hasta el 30 de marzo de 2021 están limitados los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica. En virtud de dicha medida, los vuelos procedentes de cualquier aeropuerto brasileño y sudafricano y con destino a cualquier aeropuerto español, con o sin escalas intermedias, podrán efectuarse sólo en caso de que transporten exclusivamente a ciudadanos españoles o andorranos, personas residentes en España o Andorra o pasajeros en tránsito internacional hacia un país no Schengen, con escala inferior a 24 horas durante las cuales no estará permitido abandonar las zonas de tránsito. Para más info véase la medida y su última actualización. Hasta el 22 de marzo, quien proceda de los países mencionados está sometido también a la obligación de cuarentena. , medida que se aplica también a los pasajeros precedentes de Perú, Colombia, Botsuana, Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue.

• El 25 de octubre de 2020 el gobierno español decretó un nuevo “estado de alarma” en el país, confirmado por el Parlamento hasta el 9 de mayo de 2021. La medida permite a las Comunidades Autónomas adoptar medidas restrictivas a la movilidad dentro y fuera de las Regiones y entre Municipios o distritos concretos, siguiendo los criterios establecidos por el Consejo Interregional de Salud Pública. Para conocer los detalles de las medidas actualmente en vigor, consulte los sitios web institucionales de cada una de las Comunidades Autónomas.

• En el Real Decreto que ha declarado el “estado de alarma” se ha dispuesto la posibilidad por parte de las Comunidades Autónomas de limitar la circulación de las personas en las horas nocturnas. Si esta medida es confirmada por las Regiones, durante dicha franja horaria, las personas pueden circular por calles o espacios públicos únicamente para el cumplimiento de las siguientes actividades: a) compra de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; b) visitas a centros, servicios y estructuras sanitarias; c) visitas a centros de asistencia veterinaria por motivos de emergencia; d) cumplimiento de las obligaciones laborales, profesionales y comerciales, institucionales o legales; e) regreso al lugar de residencia habitual tras haber desarrollado algunas de las actividades previstas entre las excepciones; f) asistencia y cuidado de mayores, menores, personas dependientes, personas minusválidas o personas particularmente vulnerables; g) por causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad; h) cualquier otra actividad de naturaleza análoga, debidamente justificada; i) repostaje de carburante en las estaciones de servicio o surtidores de gasolina, cuando resulte necesario para las actividades previstas en los párrafos anteriores.

Los viajes no imprescindibles desde países terceros están limitados hasta el 31 de marzo de 2021según las reglas ya establecidas a mediados de julio de 2020 y modificadas sólo en parte. En particular, los ciudadanos procedentes de países terceros (es decir no de la Unión Europea o de países asociados Schengen) pueden acceder a España sólo si se trata de: a) residentes habituales en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, Vaticano o San Marino que se dirijan a ese país, acreditándolo documentalmente; b) titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen que se dirijan a ese país; c) profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral; d) personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo; e) personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones; f) estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros de la UE o Estados asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado y seguro médico, siempre que se dirijan al país donde cursan sus estudios, y que la entrada se produzca durante el curso académico o los 15 días previos; g) trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España: estas circunstancias se deberán justificar documentalmente; h) personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados; i) personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad; j) residentes en Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China, regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, siempre que procedan directamente de ellos, hayan transitado exclusivamente por otros países incluidos en la lista o hayan realizado únicamente tránsitos internacionales en aeropuertos situados en países que no constan en la lista. También permanecen cerradas de forma temporal sin excepciones las fronteras de Ceuta y Melilla.

•  Las reglas de referencia a nivel nacional (a partir del uso obligatorio de las mascarillas en los medios de transportes públicos, autobuses, trenes, aviones y naves, además de todos los espacios públicos) están recogidas en el Real Decreto Ley 21/2020 del 9 de junio de 2020. Para cada una de las Comunidades Autónomas véanse las medidas específicas, incluso más restrictivas, adoptadas en cada una de ellas“. 

En segundo lugar, y recordando también que seguimos en España en estado de alarma, se ha de señalar, en relación con este estado excepcional del artículo 116 de la Constitución, que “la posible afectación a los derechos fundamentales y libertades públicas de los estados de alarma, excepción y sitio se recoge en el artículo 55 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), cuyo apartado primero indica que «Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.»

La libertad de circulación se recoge en el artículo 19 (LA LEY 2500/1978), por lo que a la vista del artículo 55 (LA LEY 2500/1978) es evidente que puede ser suspendida cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, pero nunca para el estado de alarma.

Ahora bien, si es claro que no puede suspenderse, ¿podría al menos limitarse? Ello nos lleva necesariamente al análisis de la cuestión de los límites de los derechos fundamentales.

Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como todos los derechos subjetivos, no son ilimitados, pudiendo diferenciarse, fundamentalmente, dos clases de límites, los explícitos y los implícitos. Límites explícitos son aquellos impuestos expresamente por el Ordenamiento Jurídico, ya sea en la propia Constitución o en las normas reguladoras del derecho en cuestión. A modo de ejemplo, entre los primeros nos encontramos el límite general del ejercicio de los derechos por las demás personas del artículo 10.1 (LA LEY 2500/1978), o los límites concretamente previstos para algunos derechos, como el orden público como límite de la libertad ideológica, religiosa y de culto (artículo 16.1 (LA LEY 2500/1978)), el delito flagrante como límite a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 (LA LEY 2500/1978)), o la función social como límite al derecho de propiedad privada (art. 33.2 (LA LEY 2500/1978)).

Desde este punto de vista, la libertad de circulación no aparece expresamente delimitada en la Constitución, que señala en su artículo 19 (LA LEY 2500/1978)que «los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional». Lógicamente, ello no quiere decir que nos encontremos ante un derecho absoluto, puesto que, junto a los límites expresos, el Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia de límites implícitos, impuestos por la propia lógica del ejercicio de derechos y del ordenamiento. Así, en la célebre STC 11/1981, de 8 de abril (LA LEY 6328-JF/0000), el TC indicó que «tampoco puede aceptarse la tesis del recurso de que los derechos reconocidos o consagrados por la Constitución sólo pueden quedar acotados en virtud de límites de la propia Constitución o por la necesaria acomodación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igualmente por la Norma Fundamental(…) La Constitución establece por sí misma los límites de los derechos fundamentales en algunas ocasiones. En otras ocasiones el límite del derecho deriva de la Constitución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto que ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos» (doctrina reiterada en múltiples ocasiones: así, en la STC 2/1982, de 29 de enero (LA LEY 16/1982), 91/1983, de 7 de noviembre (LA LEY 8261-JF/0000)…)

Como se recapitula en la STC 110/2006, de 3 de abril (LA LEY 36237/2006), «al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que las limitaciones que se establezcan no pueden ser absolutas, ni obstruir el derecho fundamental más allá de lo razonable, pues la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre él. De ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos.»

Asimismo, los límites que se establezcan los derechos fundamentales han de respetar en todo caso su contenido esencial, tal y como se deduce de la garantía establecida en el artículo 53.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978). Y lógicamente, tratándose de derechos fundamentales, quedan sujetos al principio de reserva de ley —orgánica, art. 81 CE (LA LEY 2500/1978)—, consagrado en dicho precepto. Asimismo, ha de tenerse presente la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, interpretando restrictivamente sus límites que, en todo caso, deben resultar proporcionales de cara a obtener el fin que persiguen.

Como se indicó en la STC 49/1999 (LA LEY 4215/1999), «por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas, ora incida directamente en su desarrollo (art. 81.1 CE (LA LEY 2500/1978)), o limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE (LA LEY 2500/1978)), precisa una habilitación legal. Esa reserva de ley a que, con carácter general, somete la Constitución Española la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en su Título I, desempeña una doble función, a saber: de una parte, asegura que los derechos que la Constitución atribuye a los ciudadanos no se vean afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes; y, de otra, en un ordenamiento jurídico como el nuestro, en el que los Jueces y Magistrados se hallan sometidos únicamente al imperio de la Ley y no existe, en puridad, la vinculación al precedente (SSTC 8/1981 (LA LEY 6271-JF/0000), 34/1995 (LA LEY 13034/1995), 47/1995 (LA LEY 13047/1995), y 96/1996 (LA LEY 7807/1996)), constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por eso, en lo que a nuestro ordenamiento se refiere, hemos caracterizado la seguridad jurídica como una suma de legalidad y certeza del Derecho (STC 27/1981 (LA LEY 216/1981), FJ 10)».

En el caso de la libertad de circulación, ejemplos de estas injerencias lo constituyen la pena de prisión o las órdenes de alejamiento (previstas en Ley Orgánica, el Código Penal), o las justificadas en razones de seguridad ciudadana (así el art. 17.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LA LEY 4997/2015), permite a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento»).

Teniendo en cuenta la naturaleza no ilimitada de los derechos fundamentales antes analizada, no hay duda de que las situaciones de hecho que justifican la declaración del estado de alarma («a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo; d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad»; artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LA LEY 1157/1981), en adelante LOEAES) son suficientemente justificativas de limitaciones a la libertad de circulación, puesto que tienen por objeto preservar otros bienes constitucionalmente protegibles, como la seguridad y la salud pública”.

Por tanto, se puede ver una limitación de los derechos de los ciudadanos nacionales sin ninguna base legal por parrte del Gobierno legal, y dejando moverse a sus anchas a los ciudadanos extranjeros, sin exigirles encima, teniendo en cuenta la situación pandémica en la que estamos, además de la facilidad de transmisión del virus y de la existencia de casos asintomáticos, de libre circulación de pasajeros extranjeros.

En tercer lugar, cabe señalar también que “la paciencia y los kilómetros se agotan cuando vemos a franceses bebiendo en Malasaña bajo la ventana del resignado que no puede ir a su casa, allende las lindes. Ya pagarán la factura de un rebrote los irresponsables jóvenes españoles. Se agota también toda paciencia al contemplar a alemanes arreglando sus jardincitos soleados mientras otros siguen pagando el IBI de una casa de pueblo cuyo tejado quizá sea un colador tras el paso de la amiga Filomena. Eso sin contar con el miedo a que los okupas, representados oficialmente por este Gobierno, decidan que el parque de segundas residencias es intolerable y lo conviertan una exposición de entrada libre para adquirir vivienda digna a patadas, un derecho inalienable superior a cualquier otro.

No tengo nada contra franceses, alemanes, ingleses o italianos —de bien— que vienen a disfrutar de un país maravilloso como el nuestro en el que pueden hacer de todo, incluso comer o cenar muy bien, a buen precio y a cualquier hora. De hecho me encantaría que volvieran —los de bien— a llenar hoteles, bares, teatros, museos y calles. Pero ahora es un agravio y, sobre todo, un peligro. Y, dentro de España, también es completamente absurdo e inútil el cierre por comunidades, unas extensas y poco pobladas y otras pequeñas y repletas.

Porque claro, las fronteras de verdad, los aeropuertos, auténticas ferias de variantes del virus, importan menos para detener la pandemia y son competencia de unos señores que ya se han lavado las manos hace mucho tiempo y que andan atareados en rescatar aerolíneas estratégicas, tan estratégicas que parecen hechas para la revolución bolivariana. Menudo avión el de Plus Ultra. Ni el Dragon Rapide. Es todo lo que saben de tráfico aéreo.

Tendremos que abocarnos al transfuguismo geográfico o, por seguir la moda, al “patrón fluido”: hoy me siento aragonés y puedo viajar aunque resida en Jerez pero mañana lo mismo mi corazón comparte el latido del Teleno y me voy a León sin que las autoridades puedan discutir mis impulsos. Además, ya ha dicho el doctor Simón, que sigue siendo director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que las mascarillas sólo deberían llevarlas los contagiados… pero que como no se sabe quiénes son y además ya las venden en el súper… pues casi mejor que nos las pongamos todos. Y luego se ríe y le ríen los que no han sufrido alguna desgracia.

Trabajar contra la pandemia es luchar sin descanso para evitar contagios, sufrimiento y muerte gestionando la vacuna con todos los medios al alcance y, además, ser capaz de paralizar lo menos posible un país. No se ve ni el intento. El Gobierno español ha ido sumando desastres organizativos, mentiras y ocultaciones desde el primer muerto. Está todo documentado, nos hemos hartado de ver vídeos en los que se recomendaba lo contrario a lo que era recomendable pero, como todo lo esconden, no aparecemos en el lugar que nos correspondería en las listas: en los últimos de lo mejor y en los primeros de lo peor. Con cien mil muertos y bastantes más familias rotas por la enfermedad o la ruina.

Pero nos quedamos en casa, a veces a metros del sitio prohibido, viendo beber y regar a franceses y alemanes, porque a César Sánchez le preocupa más echar al PP de Madrid, y luego de donde pueda. Está convencido de que gobernará, eterno, sobre las provincias de la Pax Augusta aunque no haya latín, ni comercio, ni Derecho, ni ya apenas ciudadanía“.  

Está claro que el Gobierno de España lleva a cabo sus acciones y funciones en tiranía, al vulnerar los derechos de sus nacionales, y además incumple las recomendaciones de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales para llevar a cabo una mejor gestión de la pandemia.

Pero lo peor de todo es que los ciudadanos españoles sigamos permitiendo esta tiranía, llevando a cabo acciones descabelladas en cuanto nos dejan un poco de libertad y nos dan fuentes de apertura cuando la situación mejora en cada una de las olas de coronavirus que llevamos sufriendo desde marzo de 2020, e incluso no cumpliendo las recomendaciones de higiene que se recomienda desde organismos internacionales. HAY QUE ACTUAR, PERO CON CABEZA, y hemos de frenar a este Gobierno dictatorial en la toma de medidas tan restrictivas y que van en contra de los intereses de la Nación española.

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