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¿Está justificada la desobediencia civil en un Estado democrático?

Como introducción a este artículo, se ha de señalar que es una pregunta difícil de responder, especialmente por el contexto en que se produce, normalmente en situaciones en que las leyes aprobadas por los representantes de los ciudadanos, o las situaciones provocadas por esas leyes o por los actos de los Parlamentos democráticos producen vulneración de derechos básicos en que se funda la democracia.

En primer lugar, se ha de decir que “definir la democracia es una reflexión filosófica en sí misma por cuanto su definición varía según sean interpelados su forma de soberanía, sus regímenes electorales o más ampliamente sus contenidos culturales o sociales, sus exigencias teóricas o sus esperanzas altruistas. “Toda elocuencia humana en todas las asambleas de todos los pueblos y en todos los tiempos puede resumirse en esto: la disputa del derecho contra la ley”, escribe Hugo, planteando una definición de democracia, a saber la disputa entre lo legal y lo legítimo, lo que no dejar de tener eco en la formulación de Claude Léfort, la “legitimidad de un debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo”, estos interrogantes, por otra parte, constituyen la reflexión nodal de la desobediencia civil: “la desobediencia civil puede ser definida como un acto público, no violento, decidido de manera consciente, pero político, contrario a la ley y llevado a cabo, normalmente, para producir un cambio en la ley o bien en la política del gobierno. Actuando así, el acto interpela el sentido de la justicia de la mayoría de la comunidad y se declara que, según una opinión reflexionada con madurez, los principios de cooperación social entre dos seres legales no son respetados en la actualidad”. ¿Quiere esto decir, además, que la desobediencia civil constituye el cuestionamiento arquitectónico de la democracia? Sí, en la medida en que obedecer las leyes que el pueblo mismo se ha dado equivale a desobedecer aquellas que juzga incompatibles con su soberanía. Por que la apuesta de la desobediencia civil no es desobedecer por desobedecer sino hacerlo con el único objetivo de mejorar el gobierno (“pero para hablar de ello desde una perspectiva práctica y ciudadana, al contrario de aquellos que se dicen anarquistas, yo no pido, de entrada, “nada de gobierno”, sino, desde el comienzo, un mejor gobierno. Que cada uno haga conocer el tipo de gobierno que ganará su respeto y esto será el primer paso para obtenerlo”) dicho de otra manera, se trata siempre de someter a la reflexión de la conciencia ciudadana la condición bien fundamentada de lo legal. Únicamente el Estado sufre en reconocer esta parte de iniciativa y conciencia ciudadana. Ya en 1835 Tocqueville identificaba este disfuncionamiento de la “centralización” estatal de esta manera: “Ocurre a veces, que la centralización intenta, en su desesperación, llamar a los ciudadanos en su socorro; pero les dice: “Obraréis como yo quiera en tanto que yo quiera y precisamente en el sentido que yo quiera, vosotros os haréis cargo de los detalles sin aspirar a dirigir el conjunto, trabajaréis en las tinieblas y juzgaréis más tarde mi obra por sus resultados”. Y concluye Tocqueville: “No es bajo semejantes condiciones que se obtiene el concurso de la voluntad humana. ¿Por qué? Porque el Hombre está hecho de tal modo que prefiere permanecer inmóvil que marchar sin independencia hacia un objetivo que ignora”.

En otras palabras, la desobediencia civil no es un acto de insubordinación desorganizado, sin finalidad precisa, sino antes al contrario la reivindicación de una conciencia esclarecida, de una ciudadanía crítica[6] preparada para razonar con el legislador.

Efectivamente, si el contrato social es tácito, entonces todos los ciudadanos, participando a través de la vía de esta disputa entre lo legítimo y lo legal, vivifica lo tácito del contrato y les ofrece la posibilidad de co-construir el mencionado contrato previamente aceptado desde el nacimiento. La desobediencia civil recuerda, de este modo, otra verdad estructural de la democracia, a saber, su carácter inacabado y la necesidad permanente de su profundización. Amartya Sen, por su parte, evoca la noción de “incompletud de la justicia” para testimoniar la necesidad de interrogarse sin cesar sobre el hiato entre los principios y las prácticas democráticas, entre el derecho formal y el derecho real. Desde el momento en que considera la aventura del hiato cerrada, el Estado de Derecho se marchita y desde ese momento se contradice haciendo permanentes las desigualdades. Si la democracia está inacabada, es porque percibe constantemente la ausencia que la funda y permanece del lado de su carácter incompleto. La democracia no es, según Sen, un proceso mecánico de agregación de opiniones individuales, sino un proceso de deliberación al cual cada uno está llamado a aportar su contribución activa. En este sentido, el autor no defiende una concepción puntual de la democracia donde una decisión tomada por mayoría sería suficiente para dilucidar los problemas de una vez por todas. Al contrario, su visión va de la mano con una construcción permanente de la sociedad, de sus expectativas y valores. Es necesario entrar en la era de la capacidad constructiva de la democracia real. El valor y la calidad de las normas sociales dependen menos de la calidad de su contenido que de ser el resultado de un ejercicio claramente deliberativo de opinión. La democracia debe ser intrínseca, instrumental y constructiva.

El estado no debe, por ello, buscar imponer su versión específica de lo que debe ser hecho en materia de acción pública, si no reconocer y pedir el sentido de la justicia de los actores locales. La justicia, en democracia, se construye a varias manos. Es la obra tanto del colectivo como de lo progresivo. La justicia se construye con el número y el tiempo, no se postula a priori.

Así, lejos de ser un factor de parálisis en la acción pública, el reconocimiento de la pluralidad de diferentes concepciones posibles de la justicia aparece como la condición misma de la aceptabilidad de la decisión pública. Para Jürgen Habermas, la desobediencia civil puede ser una manera de participar en la elaboración de la razón pública en la medida en que “la desobediencia civil incluye actos ilegales, generalmente protagonizados por sus actores colectivos, definidos tanto por su carácter público y simbólico como por el hecho de estar basados en principios, actos que implican, en primer lugar, medios de protesta no violentos y que apelan a la capacidad de razonar y al sentido de la  justicia del pueblo”.

La razón pública es una fabricación directamente relacionada con la deliberación pública, lo que muestra que se trata tanto de consenso como de disenso. En tanto que forma privilegiada del conflicto político la figura de la desobediencia civil “garantiza (…) la continuidad con esta convicción de la Teoría Crítica según la cual la realización hegeliana de la razón debe ser comprendida como “un proceso de aprendizaje conflictual en el cual un conocimiento universalizable emerge en el curso de la resolución de problemas aportando mejoras, en este caso contra la resistencia de los grupos dominantes”. Tanto en Jürgen Habermas como en Axel Honneth, la herencia hegeliana se inscribe aquí en el conflicto al corazón mismo de la teoría moral y política: “Frente a patologías sociales resultado de una incapacidad de las sociedades para expresar adecuadamente el potencial racional ya inherente en sus instituciones y sus prácticas, le despliegue de la razón resulta una praxis común que engendra soluciones indisolublemente ligadas a conflictos que hacen posible un aprendizaje”. En este sentido, la desobediencia civil se define como un gesto de apropiación democrático, e incluso de empowerment (empoderamiento) del ciudadano.

Obedecer en democracia supone “consentir” la ley, y este consentimiento es indisociable para el ciudadano de un compromiso político, que reenvía al ejercicio del voto o de manera más permanente, al de la participación democrática por la via de los diferentes dispositivos de consulta y codecisión. Desobedecer civilmente significa entonces, que las condiciones de obtención del consentimiento informado del ciudadano no han sido respetados del modo y manera en que el Estado de Derecho lo requiere.

Durante mucho tiempo se ha creído que consentir en democracia podía asimilarse a un silencio. En efecto, desde Montesquieu, se ha planteado la naturaleza asimétrica de la soberanía del pueblo: desde el comienzo, la soberanía del pueblo se escinde entre “dirigir”, es decir la soberanía indirecta de la representación y “controlar”, es decir la soberanía popular, en el sentido en el que ella vigila y sanciona mediante el ejercicio del voto, o impide mediante el uso de la manifestación, la huelga u otra forma de protesta social. Pierre Rosanvallon define esta última como la soberanía negativa del pueblo. En este contexto, el no-consentir es un ruido (manifestación, impedimentos múltiples) mientras que consentir sigue siendo un silencio. Pero, en un ámbito más contemporáneo, de reivindicación de la autonomización del ciudadano, de ejercicio más continuado (menos intermitente) de la soberanía y de la democracia, consentir necesita ser considerado como un hecho más formalmente explícito”.

En segundo lugar, se ha de decir que,”durante siglos, la filosofía política ha presupuesto que cuando un gobierno es legítimo los ciudadanos tienen el deber general de obedecer sus normas y contribuir al sostenimiento de sus instituciones (John Rawls, por ejemplo, lo llama el “deber natural de justicia”). Y ha habido un consenso bastante generalizado entre los académicos de que para que un gobierno sea legítimo, éste debe ser cuanto menos democrático (es decir, que una dictadura no puede ser nunca legítima). Frente a estados democráticos mínimamente justos no cabe ningún derecho a la revolución. El derecho de rebelión o resistencia del que han hablado todos los pensadores, desde Aristóteles y Cicerón, hasta Rawls y Habermas, pasando por Isidoro de Sevilla, Tomás de Aquino, Maquiavelo, Hobbes, Locke y Rousseau, sólo es válido frente a las tiranías. Vamos, que si uno vive en Corea del Norte, o en China, o en la España de Franco, está justificado el uso de la violencia para derrocar al gobierno e instaurar una democracia –aunque incluso en esos casos habría que ver en concreto qué tipo de violencia se quiere ejercer, y cuáles son las alternativas. Pero si uno vive en Noruega, en Canadá o en Alemania –presupongo que los tres son países claramente democráticos– el uso de la fuerza o la violencia contra el gobierno no está en principio justificado. Más bien al contrario. Se presupone, siempre con carácter general, que los ciudadanos deben respetar el sistema, obedecer sus normas e incluso contribuir al sostenimiento de sus instituciones.  

La revolución estadounidense, a pesar de los valores y principios que la motivaron, y de todos los derechos y garantías que permitió conquistar, no trajo con ella la justicia –completa–, ni la felicidad para los habitantes de ese país

Este es el esquema general que, como digo, ha sido muy ampliamente aceptado por filósofos y teóricos políticos liberales y republicanos de los últimos 200 años. Sin embargo, hay tres razones por las que es necesario introducir algunos matices, y por las que el derecho de resistencia no debería ser descartado tan rápidamente, incluso en los países más democráticos del mundo. 

En primer lugar, tanto el carácter democrático como la propia legitimidad de nuestros sistemas políticos es gradual. Algunos países son más democráticos y legítimos que otros. Algunos no son democráticos en absoluto –como Corea del Norte o Siria. Pero ni el más democrático de los países del planeta –¿Noruega? ¿Islandia?– es perfectamente legítimo. Todas nuestras democracias son imperfectas. Ninguna alcanza un grado absoluto de transparencia, igualdad política, representatividad de las instituciones, rendición de cuentas, deliberación pública de calidad, respeto por los derechos y libertades fundamentales, respeto por el pluralismo, y el resto de condiciones que definen una democracia. Ergo, todas, incluso la más avanzada de las democracias, son susceptibles de mejora en cuanto a la legitimidad del sistema. Y sus ciudadanos deben disponer de las herramientas necesarias para provocar las mejoras de reforma institucional que estimen necesarias. Al fin y al cabo, no hay democracia si los ciudadanos no disponen de suficientes mecanismos de control último sobre las decisiones del gobierno, y esto incluye la posibilidad de disputar o poner en jaque las decisiones tomadas por los poderes públicos. Esto es lo que algunos republicanos como Philip Pettit, nada susceptibles de ser tomados por radicales revolucionarios, han denominado la “democracia contestataria”, la democracia que permite a sus ciudadanos criticar, protestar, disputar y contestar –en el sentido anglosajón– a las decisiones del gobierno.

En segundo lugar, incluso las democracias más legítimas producen injusticias. A veces, terribles injusticias. Basta con preguntarles a los ciudadanos que viven en dichas democracias, como a Greta Thunberg. Noruega, Islandia y Suecia son, según el Democracy Index, las tres democracias más avanzadas del mundo y países mucho más justos que España. Pero el trato que dispensan a los inmigrantes, o la relativa pasividad de sus gobiernos con respecto a la emergencia climática, o la situación de sus sistemas penales y penitenciarios, por poner algunos ejemplos, aunque sean mucho mejores que los nuestros, siguen siendo inaceptables. Que la legitimidad es distinta de la justicia es algo que la filosofía política contemporánea, desde Habermas y Rawls, hasta Dworkin, Raz y Pettit, ha establecido claramente y de forma casi unánime. Un sistema es legítimo si quien toma las decisiones políticas tiene el derecho a hacerlo, el derecho a gobernar, y lo hace en la forma debida. El sistema es justo, en cambio, si y sólo si las decisiones que se toman son correctas desde el punto de vista sustantivo -desde una teoría de la justicia determinada. Así que un sistema puede ser considerablemente legítimo, como Estados Unidos, la primera democracia moderna del mundo, y aún así vivir con una brutal e intolerable injusticia social. Y un sistema puede ser muy legítimo, como Suecia, y no hacer todo lo necesario para terminar con la injusticia. Ya he dicho antes que nuestro mundo es una mierda. Vivimos rodeados de injusticias muy difíciles de soportar. Por eso los ciudadanos de una democracia legítima requieren, por un lado, de defensas o protección frente a los potenciales abusos del poder político o de otros ciudadanos y, por el otro, de herramientas para impulsar la crítica y la resistencia frente a tales injusticias, y mecanismos de reforma del sistema.

En tercer lugar, la democracia requiere conceptualmente el respeto al pluralismo, al disenso, incluso a la disidencia. Hasta en la democracia más legítima y justa del mundo hay que escuchar al que disiente, al crítico, a la minoría que rechaza el consenso mayoritario. Aunque la mayoría esté convencida de tener razón en sus posiciones, debe escuchar y debatir con máximo respeto con las minorías disidentes. Así que, existan o no déficits de legitimidad e injusticias, no viviremos en una auténtica democracia a menos que los ciudadanos dispongan de un robusto sistema de derechos de protesta y resistencia. De hecho, si no existieran, ya no sería una democracia. Y por ende no sería un sistema político legítimo. Auto-colapsaría.

Así que sí: los sistemas políticos democráticos que son medianamente legítimos generan un cierto deber general de obediencia, respeto y apoyo por parte de la ciudadanía. Pero a la vez esa misma ciudadanía debe disponer de un sistema de defensas, derechos y libertades de resistencia, que son centrales en cualquier democracia avanzada, e incluyen el derecho general de crítica y protesta, el derecho a la huelga, el derecho de manifestación, en algunos casos el derecho a la objeción de conciencia, e incluso a la huelga de hambre y a la desobediencia civil –aunque éste último no se trate de un derecho técnica y genuinamente jurídico”.

En tercer lugar, se ha de señalar que “la desobediencia civil tiene una función persuasiva (Garzón Valdés), propagandística (Singer), simbólica (Habermas) mediante la cual una minoría intenta convencer a una mayoría para que cambie de postura, por ello apela a principios éticos o a principios superiores al ordenamiento legal positivo (Habermas, Dworkin,). Precisamente por aceptar la legitimidad del gobierno para dar leyes -aunque consideren que esa ley es injusta- los desobedientes están dispuestos a aceptar el castigo, como señal de respeto hacia el ordenamiento jurídico, aspecto que muestra la peculiaridad de estas acciones (Passerin d’Entreves, Falcon y Tella). Martin Luther King en «Letter from Birmingham City Hall» escribe «…un individuo que viola la ley que su conciencia le dice que es injusta y voluntariamente acepta la pena quedándose en la cárcel, para despertar en la comunidad la conciencia de la injusticia, está expresando, en realidad, un enorme respeto por la ley». Gandhi señala también que «hay que estar dispuesto a sufrir alegremente la prisión». En esta misma línea Thoreau, tal vez el primer tratadista de la “desobediencia civil”, afirma: «Bajo un gobierno que injustamente encarcela a alguien, el lugar que debe ocupar el justo es también la prisión».

Tolerar la “desobediencia civil”, escribe Rawls, conocido filósofo del derecho, es propio de democracias avanzadas, “que estás muy cerca de la justicia”. Sostiene que “la desobediencia civil (lo mismo que la objeción de conciencia) es uno de los recursos estabilizadores del sistema constitucional, aunque sea por definición, un recurso ilegal (…) ayuda a mantener y reforzar las instituciones justas”. ¡Qué afirmación tan extraña! ¿Por qué una infracción de la ley va a estabilizar la democracia?  La respuesta me parece luminosa: porque una de las características de las democracias -en general de lo que denomino “pensar a la europea- es la humildad y el sentido autocrítico. Este es el tema que me interesa resaltar. La experiencia histórica nos indica que con demasiada frecuencia se han cometido atropellos legales contra la justicia, que han sido corregidos gracias a que hubo buenas gentes que se rebelaron contra el poder y contra las leyes injustas. Por ello, Dworkin advierte que hay que ser cuidadoso al juzgar la desobediencia civil, porque “tal vez estemos juzgando a nuestros mejores ciudadanos”. Von Wright también señala que todo progreso legal ha nacido de una disidencia. Y aún me siguen emocionando los textos de Rudolf von Ihering que leí en mi juventud, en los que hablaba de “la lucha por el derecho”. En esta reunión de testimonios en que he convertido el artículo, recordaré también la opinión de Virginia Held: “Probablemente la desobediencia civil sea la forma como muchos ciudadanos en las próximas décadas traten de hacer valer sus juicios morales en las decisiones publicas”.

Pienso que la esencia del problema es que se enfrentan tres derechos legítimos, y que la solución está en como hacerlos compatibles

Por eso, las democracias no consideran sin más un delito esas infracciones de la ley, sino que se comprometen a analizar sus pretensiones de legitimidad jurídica, antes de sentenciar aplicando el sentido literal de la norma. Sin este intento de legitimación no hay “desobediencia civil” en sentido estricto, sino protesta, insumisión, o insubordinación. Los desobedientes suele apelar a derechos naturales, a los Principios generales del Derecho (Rodriguez Paniagua) o a otros derechos positivizados. Estévez Araujo (La Constitución como Proceso y la Desobediencia Civil, 1994) opina que la desobediencia civil se puede ver amparada en el ejercicio de tres derechos fundamentales: la libertad de conciencia (desde un punto de vista moral, se combate una ley injusta), la libertad de expresión (al realizar una acción de denuncia) y la participación política (con su acción, se busca mejorar la Ley).

Tras el examen de las pretensiones jurídicas, es necesario entrar a valorar la legitimidad o no legitimidad de la desobediencia civil. Incluso si la justificación no fuera suficiente, algunos tratadistas opinan que se debe castigar con mesura, siempre que en el modo de realización de la desobediencia no se hubieran producido daños severos a algún bien jurídico. Piensan que debería considerarse como un exceso en la aplicación de un derecho (el de libertad de opinión o de expresión, por ejemplo), y que tratarlo con excesiva dureza disuadiría a otras personas de ejercerlo.

Podría suceder también que se considerasen legítimas las reclamaciones, con lo que nos podríamos encontrar en un conflicto de derechos, que exigiría una ponderación, para señalar cuál debe ser la prioridad entre ellos. (Sáez Cabrera). El tema del enfrentamiento de derechos legítimos y de la necesidad de ponderación entre ellos me parece esencial para comprender la genealogía de la ética y del derecho.  Es un tema de especial relevancia en el conflicto catalán. El análisis de la desobediencia civil refuerza mi interés por la vía canadiense para resolverlo. Pienso que la esencia del problema es que se enfrentan tres derechos legítimos, y que la solución está en como hacerlos compatibles. Lo primero que hay que hacer es escuchar los argumentos de todas las partes implicadas, y sería deseable que lo hiciéramos sin necesidad de apelar a la “desobediencia civil”. Amenazar con ella para oponerse a una sentencia que no se conoce, supone blindar una posición previa. Pero para evitar esos derrapes políticos y jurídicos, deberíamos todos admitir la necesidad de argumentar en política, actividad benefactora cada v”ez mas desprestigiada. Por eso, una vez mas recordaré la afirmación de Karl Popper: “Es preciso que combatan los argumentos, para que no tengan que combatir las personas”.

Se puede destacar de lo dicho hasta aquí que la desobediencia civil puede ejercitarse en sociedades democráticas, siempre que se lleve a cabo de manera no violenta, y respetando siempre los derechos del resto de ciudadanos.

En cuarto lugar, se ha de añadir que “desobediencia civil es “un acto público, consciente y político, contrario a la ley, no violento, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”. Los tratadistas suelen considerar que no tiene como finalidad un cambio radical del sistema sino la solución de una injusticia. Se somete, pues, al marco legal. Es posible que el rasgo más característico sea la no violencia. Al menos, así lo entendieron algunos de sus grandes defensores: Thoreau, Gandhi, Luther King, por ejemplo. Un teólogo jurista de la categoría de Francisco Suárez no solo justificaba la desobediencia, sino que la imponía como un deber: “Una vez que se constata la injusticia de una ley, por ninguna razón es lícito obedecerla, ni siquiera para evitar cualquier mal o escándalo” (‘De legibus’, IX,18). Antígona, el personaje de la tragedia de Sófocles, desgarrada entre la ley de la ciudad y su conciencia, es un ejemplo clásico de las contradicciones que pueden plantearse.

Democracias liberales

La desobediencia civil es un fenómeno social que, como dice John Rawls, uno de los más respetados filósofos del derecho, se da en sociedades cercanas a la justicia, como son las democracias liberales. La protagoniza un grupo social que no pretende negar la legitimidad del sistema constitucional, que acepta su idea de justicia y sus procedimientos para elaborar leyes o gobernarse, pero que intenta corregir algunas injusticias que considera insoportables. Es, fundamentalmente, un sistema de protesta de una minoría sobre una ley de mayorías o sobre una decisión del Gobierno que juzga discriminadora e injusta, pero sin pretender atacar los fundamentos del sistema democrático ni negar la legitimidad del Gobierno para ordenarla.

La desobediencia civil solo impone la necesidad de que la sociedad democrática escuche las reclamaciones y juzgue si son justificadas o no.

Como ejemplo del primer caso, podemos mencionar la desobediencia civil para luchar contra la discriminación racial en EEUU. Como ejemplo del segundo, la desobediencia civil contra la participación en la guerra del Vietnam. Pero advierta el lector, para comprender la complejidad del asunto, que ni los miembros del movimiento pro derechos civiles ni los que se manifestaban contra la guerra estaban en contra de la democracia, del sistema parlamentario o del modo de gobierno de Estados Unidos. Solo pretendían cambiar una ley y una decisión gubernamental.

Algunos autores, como Joseph Raz, han negado que se pueda justificar la desobediencia civil en un Estado democrático, ya que este tiene fórmulas aceptadas para reformar las leyes, y utilizar otros medios supone romper el consenso constitucional. En cambio, Hannah Arendt propuso que se reconocieran legalmente los grupos de desobediencia civil de una manera similar a como se ha hecho con los ‘lobbies’, los grupos de presión institucionalizados. De una manera parecida, el cauteloso John Rawls considera que “la desobediencia civil [(lo mismo que la objeción de conciencia) es uno de los recursos estabilizadores del sistema constitucional, aunque sea, por definición, un recurso ilegal”.

Contradicciones

Esta paradoja es la que me interesa considerar. ¿Cómo es posible que la estabilidad de un sistema legal exija la aceptación de una ilegalidad? El contradictorio fenómeno no es nuevo en derecho. La huelga es un claro precedente. Georges Ripert, el gran civilista francés, subrayó las contradicciones jurídicas de la huelga. Comentando la Constitución francesa de 1946, que reconoce el derecho de huelga advirtiendo, sin embargo, de que deberá ejercerse dentro de las leyes, Ripert considera que una ley que regule la huelga es contradictoria, porque esta es fundamentalmente un acto de protesta, un ejercicio de fuerza cuando los procedimientos legales fallan.

Una huelga tiene que dañar los intereses de alguien para ser eficaz, y a veces los intereses de quienes no participan en el conflicto. Por ejemplo, una de transportes públicos perjudica al ciudadano inocente. “Es absurdo pretender reglamentar legalmente una manifestación de desobediencia”, escribe Ripert. También la ley de objeción de conciencia contiene elementos contradictorios, porque admite la posibilidad legal de no cumplir la ley. Esas paradojas producirían un ataque de nervios al gran Kant, que pensaba que el no cumplimiento de las leyes era peor que la injusticia porque llevaba a la anarquía. ¿Por qué las admitimos?

El origen de estas paradojas es doble. En primer lugar, la disidencia es una de las fuerzas creadoras del derecho, y no es bueno suprimirla. En segundo lugar, las democracias no son sistemas perfectos y resulta conveniente ‘tolerar’ sistemas de protesta que, como la experiencia histórica demuestra, han sido eficaces para la consecución de la justicia. Ambas afirmaciones merecen ser analizadas.

La desobediencia civil forma parte de unos comportamientos que infringen el derecho vigente en una nación, por diferentes motivos”.

En quinto lugar, también se ha de añadir que “el hecho de recurrir a estrategias de movilización ciudadana, vinculadas a la historia de la resistencia no violenta, a acciones propias de la tradición de la DC (hay manuales muy conocidos que reúnen varios cientos de acciones de estrategia no violenta de desobediencia[11]) no constituye necesariamente DC, sino que en muchas ocasiones es otra cosa: insurrección, rebeldía o incluso revolución; eso sí, no violentas. Así sucede, a mi juicio, con la invocación de la DC que hacen en Catalunya una parte de los movimientos secesionistas de carácter inequívocamente pacífico: creo que, en el mejor de los casos, son manifestaciones de resistencia no violenta, pero no DC.

Desde luego, eso me parece evidente cuando se recurre a la violencia, como ha denunciado la Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, que  considera que los cortes en las carreteras y de servicios públicos de las últimas semanas en Catalunya como protesta por la sentencia a los líderes del ‘procés’ no están amparadas bajo el derecho fundamental de manifestación y, a fortiori, no pueden sr consideradas DC. En una nota publicada el 16 de noviembre, la Junta de la Sección muestra su “estupefacción” ante lo que considera “una aceptación generalizada por parte de medios de comunicación e instituciones públicas de que los cortes de carretera y de otros servicios públicos” constituyan “un ejercicio adecuado del derecho fundamental de manifestación”, ya que el art. 21 de la Constitución “exige que las manifestaciones sean pacíficas y se comuniquen previamente a las autoridades”. Asimismo, apuntan que el incumplimiento de la ley “deslegitima las manifestaciones y transforma a sus participantes en auténticos vulneradores de los derechos fundamentales del resto de ciudadanos a quienes causan graves perjuicios” a terceros, y reclaman la aplicación de la L.O. 4/2015 de Seguridad Ciudadana para que haya responsabilidades penales, “cosa que incomprensiblemente no se ha producido”.

Me parece igualmente criticable la tesis sostenida bajo el oxímoron que denominan “desobediencia institucional” y en el que parece empeñado el President Torra. Sorprende la insistencia en esa contradicción flagrante que consiste en que un Gobierno impugne la obediencia a la ley sobre la que se basa su propia legitimidad, de origen y de ejercicio. Es decir, un Gobierno, como el Govern de la Generalitat de Catalunya, cuya legitimidad de origen se basa indiscutiblemente en el refrendo democrático, libre y por cierto abrumador en Catalunya a la Constitución de 1978 que a su vez permitió recuperó las instituciones del Estatut de Catalunya, espolee a los ciudadanos a desobedecerla de facto, a ignorarla unilateralmente (“apreteu”, según la consigna del President de la Generalitat a los CDR, en la que ahora insiste el Vicepresident Aragonés cuando en recientes declaraciones -el pasado 13 de noviembre, animaba a la ciudadanía a «no aflojar» en sus movilizaciones contra la sentencia del «procés» porque es «importante que haya una ciudadanía movilizada para que el Gobierno se mueva»).

Ante todo, parece que eso supone impugnar justo aquello que hizo posible ese autogobierno, al institucionalizar la devolución a Catalunya de las instituciones políticas de la Generalitat. A mi juicio, pierde así toda razón para exigir a su vez obediencia a los propios mandatos, a sus leyes. Porque al estimular la desobediencia institucional, lo que viene a decir es “¿desobediencia? Sí; pero a lo que yo diga”. Simplemente, ese mensaje no es que sea irresponsable, es que no es serio. Por eso, la mal denominada <desobediencia institucional> carece de sentido, porque lleva el signo de la arbitrariedad, justo lo contrario a la razón de ser misma del Estado de Derecho. Que un Gobierno practique la desobediencia institucional significa que se sitúa por encima del respeto al principio del imperio de la ley que hoy es imperio de la Constitución. Y deja al descubierto sus vergüenzas: al tiempo que estimula a desobedecer lo que encuentra contrario a sus designios, deja claro que no desobedece a cuanto le beneficie. Pero, en ese caso, ¿cuál es la razón por la que los ciudadanos no pueden optar por el mismo camino, es decir, obedecer los mandatos de ese gobierno cuando consideren que les beneficie y desobedecer en todo lo demás?”

Como conclusión, se ha de añadir que la desobediencia civil ha de respetar los valores mínimos de democracia y los de la sociedad en que se produce, porque, de lo contrario, se estaría destruyendo parte de esa forma de ser y de gobierno en las que se fomentan los derechos y libertades que tanto ha costado obtener.

FUENTES:

  1. Algunos aspectos teóricos de la desobediencia civil: Análisis sobre su consagración en la Constitución venezolana. SCIELO: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682003000200004
  2. Sobre los límites de la desobediencia civil. Versión extendida del artículo publicado en Ideas, El País, 17.11.2019. LUCASFRA BLOG: https://lucasfra.blogs.uv.es/2019/11/19/sobre-los-limites-de-la-desobediencia-civil-version-extendida-del-articulo-publicado-en-idea-el-pais-17-11-2019/
  3. Formas antiguas y nuevas de la desobediencia civil. FUNDACIÓN ESPACIO PÚBLICO: https://espacio-publico.com/category/nos-queda-la-palabra/desobedecer-en-democracia
  4. Democracia, protesta, desobediencia (I) CTXT: https://ctxt.es/es/20190807/Firmas/27689/Jose-Luis-Marti-democracia-protesta-desobediencia.htm
  5. Democracia y desobediencia civil. EL CONFIDENCIAL: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2019-03-05/democracia-desobediencia-civil_1860346/
  6. Las razones de la desobediencia civil en las sociedades democráticas. SCIELO: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632009000100003
  7. Desobediencia civil y la poderosa humildad de la democracia. BIOGRAFÍA DE LA HUMANIDAD: https://biografiadelahumanidad.com/blog/desobediencia-civil/

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