Derecho, Derecho general, Estado de Derecho, publicidad, Televisión pública

¿Debería volver a ponerse publicidad en RTVE? ¿Por qué se quitó?

Quienes tienen ya cierta memoria y vivieron el mometo de la desaparición de la publicidad de la televisión pública, recordarán que antes en Televisión Española la publicidad formaba parte esencial de la televisión pública en España, pero que los poderes públicos decidieron quitar, en detrimento del bolsillo del contribuyente para mantener la televisión pública.

En primer lugar, cabe recordar que esto ocurría en el año 2009, y hay que añadir aquí que, “una vez debatido el nuevo modelo financiero de RTVE en el Consejo de Ministros, el anteproyecto será examinado por el Consejo de Estado y por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para, posteriormente, ser trasladado al Parlamento. La nueva ley “afianzará el modelo de una radiotelevisión pública mayoritaria, sostenible e independiente” que “clarificará el panorama audiovisual”, según ha declarado Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

El fin de la publicidad viene acompañado de un nuevo modelo de financiación en RTVE. Para compensar la pérdida de ingresos publicitarios (478 millones previstos para este año, más de la mitad del presupuesto del grupo estatal), las televisiones privadas se apretarán en cinturón y destinarán a la pública el 3% de sus ingresos brutos anuales. En total, se calcula que inyectarán en las arcas de RTVE 140 millones de euros.

También las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, entre otras) estarán obligadas a financiar RTVE. Será a través de una nueva tasa equivalente al 0,9% de sus ingresos. Por este concepto, la televisión pública ingresará unos 290 millones de euros.

La tercera vía de financiación procederá de la tasa que todos los operadores (desde las radios a las telefónicas) pagan por la utilización del espacio radioléctrico. Esta partida equivale a 240 millones de euros. Para completar su presupuesto (que rondará los 1.200 millones), el Estado aportará a RTVE 550 millones.

Este modelo financiero ha sido recibido de forma desigual por los sectores implicados. Las televisiones privadas lo aceptan a regañadientes. Por un lado, critican que se les añada una nueva tasa (ya tienen que invertir el 5% de sus ingresos en cine y hacer frente al pago a las entidades de gestión, con una cuota similar). Pero por otro lado, han recibido el compromiso del Gobierno para que en ese 5% computen también las series de televisión. Además, las privadas se beneficiarán de los anuncios que libere TVE y se comerán una buena parte del pastel publicitario que acapara la pública.

Más furibunda ha sido la reacción de las operadoras de telecomunicaciones, que consideran “injusto” financiar un sector que, alegan, tiene poco en común con su actividad. Las telefónicas han anunciado que cargarán la cuota del 0,9% a los usuarios y detallarán esta partida en la factura telefónica. A través de Redtel, organismo que agrupa a los principales operadores, éstos aseguran que ya soportan impuestos exclusivos que suman 568 millones de euros al año. “Es injusto y difícilmente explicable que los operadores de telecomunicaciones tengan, además, que financiar un modelo determinado de televisión que opera en otro mercado distinto, como es el audiovisual”.

Frente a estas protestas, De la Vega ha asegurado que es una medida evaluada que está en los márgenes de la Constitución y del derecho europeo. “Parece razonable que si van a obtener beneficios” por la desaparición de la publicidad, “puedan contribuir a la financiación del servicio público”.

La vicepresidenta también ha asegurado que respeta la postura de las compañías de telecomunicaciones pero ha recordado que algunas de ellas ya pagan una tasa similar en otros países europeos, como por ejemplo en Francia: “No se entiende por qué no lo pueden pagar en España””.

Por tanto, se puede ver cómo la intención de este hecho era supeditar el coste de la televisión pública al pago de impuestos por los consumidores y usuarios. Craso error, por supuesto.

En segundo lugar, también cabe señalar que “las limitaciones se extienden al cine más comercial, al norteamericano, así que ambas cadenas se centrarán en las producciones españolas y europeas, tanto de series como de películas, tal y como se recoge en la Ley de Financiación de la Corporación RTVE.

En cuanto a las grandes producciones internacionales, TVE no podrá emitir más de 52 películas de estreno –primera emisión en televisión tras su pase por salas– al año en horario de máxima audiencia.

Una de las consecuencias de estas nuevas reglas para TVE será el paso de “Versión española” a TVE 1 y para 2010 se incrementará la inversión en proyectos audiovisuales españoles un 20 por ciento más que en 2009, que también es un mandato de la citada ley.

El director de TVE, Javier Pons, anunció este mismo mes de diciembre que en La 2 habrá cerca de 250 horas anuales más dedicadas a la emisión de cine español. Mientras la primera se centrará más en series de ficción de producción española y programas más comerciales, La 2 incidirá más en cine de ficción, documental, animación o películas para televisión (TV movies) de producción tanto española como europea.

A partir del 1 de enero volverán a la primera cadena de TVE series ya conocidas como “Águila roja”, el éxito de la pasada temporada, o nuevas como “Gran reserva” o una serie dedicada a la reina Isabel la Católica.

Pero será en La 2 donde se notarán más los cambios de la nueva etapa, una etapa que Javier Pons definió con el slogan “mas cultura, más acceso ciudadano y más producción propia”. Cada semana, La 2 emitirá cuatro películas y documentales hablados en español, más uno de producción independiente, siempre en horario de máxima audiencia.

De lunes a viernes, en esta cadena nacerá un nuevo contenedor de dos horas, un espacio informativo de nombre “En La 2”, presentado por Mara Torres, que incluye los programa culturales “Miradas 2”, “Zoom tendencias” y “Cámara abierta 2.0″”.

En tercer lugar, cabe señalar que todo no terminó ahí, sino que vinieron algunas multas posteriores desde la Justicia Europea por considerar que España vulneraba la prohibición. En este sentido, cabe señalar que “con la reciente entrada en vigor del Reglamento de la Comunicación Comercial Televisiva (1) , las consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 24-11-2011,  en la que se condena a España por incumplimiento de la Directiva de Televisión sin Fronteras (2) , pueden ser demoledoras en la aplicación del nuevo texto regulador de la publicidad por televisión.

I.- La cuestión debatida.-

La Comisión Europea dejó clara su postura fijando en la acusación que los medios de comunicación españoles retransmiten publicidad superando ampliamente los márgenes mínimos establecidos por la legislación europea. Extremo que fue confirmado por el TJUE en la citada Sentencia. Los Magistrados de la Sala Primera expusieron con criterio razonado que la cuota de retransmisión permitida en España supera en un 50% lo permitido por la mencionada directiva.

En concreto es inquietante cómo el Tribunal detalla que las cadenas de televisión españolas dedicaron hasta 17 minutos por hora de publicidad, aseverando que tal duración rebasó en un 50 % el límite máximo de 12 minutos por hora de reloj establecido en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 89/552 CEE.

Por un lado, la defensa del Reino de España (al que se le unió el Reino Unido) basada en el mantenimiento de los intereses de los operadores de televisión. Así, se invocaron: (i) sus necesidades de financiación; (ii) su derecho a la libertad de empresa; y (iii) el respeto a su independencia editorial.  

Y todo ello para defender la tesis de una interpretación de la Directiva en la que los espacios publicitarios (o de anuncios) quedaran clasificados en dos modalidades: (i) “anuncios publicitarios”, que abarcarían exclusivamente los de carácter publicitario; y (ii) “otras formas de publicidad” (3) referente a anuncios vinculados con los programas propios o actividades del propio operador de televisión (4) . Esta división tenía por objeto desligar del ámbito de aplicación de la Directiva a (a) los publirreportajes, (b) los anuncios de telepromoción, (c) los anuncios publicitarios de patrocinio, y (d)  los microespacios publicitarios. De este modo la duración de su emisión estaría sujeta a límites horarios y diarios diferentes. Por eso, se llamaba la atención en ubicar estas tipologías publicitarias en el bloque “otras formas de publicidad”.

Para oponerse a esa teoría se encontraba la postura de la Comisión Europea, que basó la mayoría de sus argumentos en la especial protección que precisan los intereses de los consumidores como telespectadores que son ante la publicidad excesiva.

II.- La clave: la interpretación de las directivas.-El

El organismo europeo alegó que España y el Reino Unido, en la trasposición de la normativa y en la posterior aplicación de la misma, persiguen una interpretación individual y unilateral de los preceptos, contraria a la finalidad de la misma normativa comunitaria. De ahí que el Tribunal entendiera que no cabe división alguna de la emisión de anuncios a efectos del cómputo del porcentaje de publicidad permitida.

Y es que a la luz de la Directiva 89/552 CEE (5) cualquier tipo de publicidad televisiva emitida entre programas o durante los intermedios constituye un «anuncio publicitario».

Por ello,  no es posible que los estados realicen una interpretación propia del supuesto de hecho de la norma, a no ser que expresamente una directiva contemple esa opción. Algo que la Sentencia explica de forma sagaz.
En la resolución se resalta que la labor de interpretación ha de ser referenciada necesariamente al Derecho de la Unión Europea. Y el Derecho de la Unión Europea se configura sobre la base de una interpretación autónoma y uniforme común a todos los países miembros de la Unión teniendo expresamente en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (caso Interedil) (6) , sin incluir interpretaciones nacionales.

Y este caso concreto, declara la Sentencia que el contexto y el objetivo al que se refiere la normativa de servicios de comunicación audiovisual (Directiva 89/552 CEE) se asocia a la protección de los telespectadores frente a la publicidad excesiva, lo que constituye un aspecto esencial de su finalidad. Así es cómo se ha pronunciado el TJUE en supuestos similares (caso Österreichischer Rundfunk) (7) . De ahí que también estén sujetos a las limitaciones temporales publicitarias (a) los publirreportajes, (b) los anuncios de telepromoción, (c) los anuncios publicitarios de patrocinio, y (d)  los microespacios publicitarios.

III.- Consecuencias en el sector de la Sentencia. El nuevo Reglamento de Comunicación Comercial Televisiva.

Aunque a primera vista podrían parecer escasas, dado que la Directiva incumplida fue derogada en 2010 por la Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, de servicios de comunicación audiovisual. Lo cierto es que de la decisión tomada el paso mes de noviembre por el tribunal se derivan consecuencias importantes para todos los medios de comunicación que operan en España, tanto a nivel nacional o estatal como autonómico o local.

A partir de éste momento mantener publicidad por encima de los márgenes establecidos en la legislación comunitaria puede ser objeto de inicio de expediente sancionador por las administraciones competentes (Estado y CCAA). Por consiguiente, las televisiones han de respetar los criterios que acaba de confirmar el TJUE, y controlar que la emisión publicidad, incluidos los propios anuncios de la cadena, no supere los máximos establecidos por la legislación. Es decir, no ser superior al 15% del tiempo de emisión de la programación diaria, o al 20% del tiempo de transmisión dedicado a espacios publicitarios dentro de un período determinado de una hora.

La Sentencia invalida la legislación de transposición de la directiva 89/552 CEE, y obliga a la modificación de la normativa reguladora del sector en España, tanto a nivel estatal como autonómico (8) .  Lo que da lugar a que las autoridades audiovisuales se muestren ahora más activas que nunca en su labor de adaptarse al nuevo escenario.

Pero lo más relevante es cómo afecta la Sentencia al nuevo Reglamento de Comunicación Comercial Televisiva que entró en vigor el pasado 7 de enero de 2012. Algo verdaderamente preocupante ya que la Sentencia (24 noviembre) de dicta 10 días después de la adopción del reglamento (14 noviembre). Lo que hace que el texto normativo no incorpore los criterios de duración establecidos en la Sentencia adecuadamente. A modo de ejemplos citar los (i) lo establecido en el artículo 9.1 cuando se dice que “se considerará que la telepromoción tiene una duración claramente superior a la un mensaje publicitario, siempre que supere los 45 segundos; (ii) La falta de limitación de la remisión de las telepromociones; y (iii) la ausencia de regulación de los publirreportajes que incluso han quedado sin definir en la LGCA.

III.- Conclusión

Tras conocer el contenido de la Sentencia del TJUE, podemos decir que el nuevo Reglamento de Comunicación Comercial Televisiva queda tocado en su nacimiento, dado que sus ausencias, aparentemente poco insignes, pueden comprometer la correcta imposición de sanciones ante el incumplimiento de las cadenas televisivas.

Desde este modo, el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de publicidad televisiva quedará mermado de no efectuarse un ajuste acorde al pronunciamiento de la Sentencia de 24 de noviembre de 2011″.

Un marrón, por lo que se puede ver.

En tercer lugar, cabe destacar, a raíz de lo expuesto, que está claro que quitar la publicidad de la televisión pública fue un gran error, no sólo porque su coste haya sido repercutido a los contribuyentes, sino por el hecho de que ésto implica mayor gasto público a nivel general.

Como conclusión, se debería volver a plantear, e incluso instalar, la publicidad en TVE.

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