COVID-19, Derecho, Derecho Constitucional, Derechos fundamentales, Derechos fundamentales, libertades públicas y su protección

Ejercicio y protección de los derechos fundamentales en tiempos de COVID-19. Introducción

Desde que se decretaron los primeros estados de alarma en todos los países por la crisis que se avecinaba por la pandemia del COVID-19, los ciudadanos en los países democráticos han visto cómo sus derechos han sido limitados o incluso suspendidos sin fundamento alguno. Un caso que nunca debería darse en ningún Estado democrático.

En primer lugar, cabe señalar que “la dignidad de la persona fue la piedra angular a la hora de sentar las bases del nuevo constitucionalismo moderno, puesto que, a raíz de la Segunda Guerra Mundial las nuevas Constituciones incluyeron en sus textos referencias a la dignidad como fue el caso de la Constitución Federal alemana del año 1949 y, en la actualidad, concretamente desde mediados del siglo XX, nadie discute que la mayor parte de los ordenamientos jurídicos la reconocen en sus Constituciones como centro y fin del Derecho  haciendo que sea un valor y un principio fundamental del Estado democrático y de Derecho.

Vulneración de derechos durante la pandemia

En esta situación de pandemia por la que estamos pasando a raíz del COVID-19, la dignidad de la persona humana ha sido vulnerada en incontables ocasiones. Si todos los seres humanos son libres e iguales en derechos y su dignidad está reconocida y consagrada como un derecho humano, ¿cómo es posible que se hayan adoptado medidas que atentaron completamente contra ella?

En muchos Estados, en concreto, España e Italia, se ocultó información y, lo más grave, se consintió que personas con más de 55 o 60 años muriesen por no poder optar a un respirador, el cual, en la mayoría de los casos, se reservaba para personas más jóvenes, situación que, además de atentar contra la dignidad, atenta contra otros derechos humanos como son la vida y la salud, por ejemplo.

Es cierto que en situaciones de emergencia o de crisis como puede ser una pandemia, el propio derecho internacional e incluso el derecho interno de los Estados permiten la limitación o restricción de ciertos derechos fundamentales.

Derechos humanos en tiempos de COVID. Mascarilla con el mapa del mundo impresa.

No obstante, ello no puede ser desproporcionado o arbitrario, por lo que debe hacerse cumpliendo una base legal y determinados principios, como, por ejemplo, la proporcionalidad, necesidad y no discriminación, pero nunca, bajo ningún concepto, puede violar la dignidad de la persona, algo que, lamentablemente, ha sucedido, de ahí que se pueda hablar de una violación del derecho humano a la dignidad en relación con otros derechos fundamentales”.

Parece que, en principio puede haber cierta contradicción entre el estado de alarma y la protección y el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero todo ordenamiento jurídico constitucional que se precie de ser democrático no puede permitirse limitar o suspender derechos fundamentales así como así. En este artículo se va a proceder a analizar más en profundidad todo esto.

En segundo lugar, se ha de indicar que “las circunstancias excepcionales que estamos viviendo en la actualidad como consecuencia de la crisis sanitaria a la que se enfrenta el mundo entero han traído consigo la restricción de varios derechos de especial protección constitucional. Pero, ¿tienen amparo legal todas esas reducciones de derechos?

Probablemente, nadie se esperaba mientras hacía balance de su 2019 el pasado 31 de diciembre que durante los primeros meses del año nuevo fuéramos a vivir una situación sin precedentes en la historia de la humanidad. Tampoco pensaría nadie el día 9 de marzo, cuando comenzaron a oírse rumores de que iban a empezar a restringir la movilidad dentro del territorio nacional, que finalmente fueran a ser ciertos. Pero, realmente, la situación que ha generado el COVID-19 y las consecuencias de la misma están siendo y serán en el futuro devastadoras desde una perspectiva global, ya que afectan a diversos ámbitos de la vida cotidiana, entre los que se encuentra también el Derecho.

Durante los últimos días hemos visto restringidos nuestros derechos y libertades constitucionales hasta niveles que jamás hubiéramos imaginado en pleno siglo XXI. El ejemplo más significativo de esto último es que llevamos más de un mes con la prohibición de salir de nuestras casas, salvo por razones justificadas y enumeradas en los Reales Decretos que ha ido publicando el Gobierno de España. No obstante, la restricción de la libertad está justificada por razones obvias, y más aún desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo que estábamos ante una pandemia mundial, que quiere decir, según la definición facilitada en la propia página de la OMS, que hay una “propagación mundial de una nueva enfermedad”.

En este contexto y desde que el pasado 14 de marzo se declaró el estado de alarma en virtud del artículo 116 de la Constitución (en adelante, “CE”), las lagunas legales no han hecho más que multiplicarse y han dado paso a la incertidumbre. Para evitar esto último, varios despachos de abogados y organismos como la Agencia Española de Protección de Datos han hecho públicas guías y recomendaciones para empresas y ciudadanos en general.

A pesar de todo, uno de los principales problemas, que ya existía a raíz de la globalización y la digitalización de contenidos y que se ha agudizado más fruto de la pandemia, es que todas aquellas personas que tienen acceso a Internet -que, según datos de AIMC de 2020, en España es casi un 85% de la población- tienen a su disposición inmensas cantidades de información. El acceso a todos esos datos provoca la necesidad de que todos los consumidores de contenido hagan un trabajo incesante de verificación con el fin de contrastar lo que es real y lo que no, para lograr así construir una realidad lo más objetiva posible y evitar la propagación de bulos, que es otra de las grandes preocupaciones en los tiempos que corren.

En relación con esto último y con el fin de evitar la difusión de información falsa por redes sociales, algunas de ellas han tomado medidas al respecto. Por un lado, WhatsApp ha limitado las cadenas de reenvíos, prohibiendo que sus usuarios reenvíen a más de un contacto mensajes que han sido previamente reenviados en multitud de ocasiones. Por su parte, Facebook ha comunicado también que alertará a los usuarios que compartan o interactúen con noticias falsas que estén relacionadas con el coronavirus. Asimismo, el propio Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo público en una comparecencia el fin de semana del 11 de abril que el Gobierno estaba monitorizando las redes sociales con el fin de encontrar mensajes que, no siendo necesariamente ilegales,  podrían resultar peligrosos o formar parte de campañas de desinformación.

Todas estas medidas, cuyo principal objetivo parece ser lícito o, al menos, estar justificado para garantizar el derecho a recibir y comunicar información veraz, colisionan de forma patente con el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de redes sociales. Estos dos derechos están consagrados en el artículo 20 CE, es decir, se ubican en la Sección 1ª del Capítulo 2º de la CE, en la que se recogen los derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen una especial protección constitucional basada en el artículo 53.2 CE.  Sin embargo, hoy en día, tanto la doctrina, como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han señalado que “ningún derecho, ni aún los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como ilimitados(STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7º). En este mismo sentido se pronuncia el TC en otras sentencias, como la STC 58/2018, de 4 de junio, FJ 6º. Además, la lógica doctrinal indica que los límites a los derechos fundamentales nacen precisamente por su colisión con otros intereses jurídicos igualmente fundamentales. 

A pesar de que el derecho a la libertad de expresión tenga límites como derecho fundamental, lo cierto es que las medidas adoptadas, en concreto, por la red social WhatsApp y por el Gobierno en esta materia, pueden resultar desproporcionadas en relación con el fin que persiguen. Cada persona debería ser libre de compartir en sus redes sociales lo que considere, siempre que no cometa ningún ilícito penal o no atente contra derechos fundamentales de otras personas. Por tanto, con el fin de garantizar la libertad de expresión de los usuarios de redes sociales, y para evitar la creación de bulos, lo ideal, más que controlar y limitar lo que los internautas pueden compartir en sus redes, sería dar rienda suelta a esa libertad, pero concienciándolos de que es importante que hagan un análisis previo y comprueben que la información que reciben es verídica antes de compartirla con sus contactos.

Para que esta propuesta idílica pueda prosperar y se proteja la libertad de expresión de los ciudadanos, es necesario que se preserve también el derecho fundamental instaurado en la letra d) del apartado 1º del artículo 20 CE, es decir, el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Esto es así porque, si los profesionales de la comunicación no tienen libertad para realizar su trabajo, los ciudadanos no estarán recibiendo información totalmente veraz, no podrán contrastarla en varios medios y tampoco podrán hacer uso de su derecho a la libertad de expresión con la garantía de estar bien informados. Es decir, si se hiciera lo que se plantea en una de las preguntas que se incluye en una encuesta del CIS realizada la semana del 16 de abril de restringir la información sobre la pandemia a “fuentes oficiales” y, por tanto, limitar la libertad total de información sobre el virus, se estaría acotando el derecho a la información de tal forma que podría resultar peligroso y antidemocrático, ya que los ciudadanos no tendrían forma de contrastar la información que reciben.

En la línea de lo anterior cabe traer a colación lo que varios medios de comunicación desvelaron a principios de abril: que las preguntas que se realizaban desde la proclamación del estado de alarma en las ruedas de prensa al Gobierno estaban siendo sometidas a un control previo a través del cual, el Secretario de Estado de Comunicación, además de filtrar preguntas, evitaba que los periodistas hicieran repreguntas. Como efecto de esto se vio entorpecida la labor de los profesionales de la información, tan esencial siempre y en especial en circunstancias como las que estamos viviendo. Esto es así porque, como bien publicó el diario El Mundo en un Editorial el pasado 4 de abril, “el derecho a la información es uno de los derechos fundamentales de los españoles como consagra la Constitución. Los medios de comunicación no somos los titulares de ese bien tan preciado, sino los vehículos necesarios para que los ciudadanos puedan acceder a información veraz y formarse su propio criterio”. Por tanto, si los periodistas no pueden hacer libremente su trabajo de recopilar datos suficientes para poder construir discursos informativos veraces, los ciudadanos serán incapaces de acceder a información fidedigna y, en consecuencia, se estaría vulnerando el artículo 20.2 CE, que establece que el ejercicio de los derechos numerados en el apartado 1º del mismo, entre los que se encuentran el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información, “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”, como aparentemente se estaba haciendo hasta que el Gobierno rectificó tras las denuncias de las asociaciones de prensa. 

En definitiva, aunque las situaciones desesperadas como la actual crisis sanitaria, requieran medidas desesperadas, nadie debería olvidar cuáles son los derechos fundamentales que asisten, en virtud de la Constitución, a todos los ciudadanos españoles. Por tanto, a pesar de que haya libertades inconcebibles de momento y hasta que la situación sanitaria mejore, como es el caso de la libertad de circulación por todo el territorio nacional, europeo o internacional, hay otras libertades y derechos que, además de ser fundamentales, son muy necesarios en momentos como los que estamos viviendo hoy en día. Este último es el caso de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, que no deberían estar sometidos a limitaciones especiales en los tiempos que corren, en los que parece que son de lo poco que nos queda“.

De este segundo inciso, cabe destacar que, por tanto, la declaración de estados excepcionales como el de alarma (el utilizado por todos los países democráticos desde el inicio de la pandemia) no puede implicar la suspensión de los derechos fundamentales, pues eso haría tambalear a las bases del Estado democrático de Derecho, o, incluso, llevarlo a la extinción.

En tercer lugar, también se ha de añadir aquí que “la Constitución española de 1978, al ser una constitución de segunda generación, reconoce un catálogo bastante exhaustivo de derechos y libertades. Todo el Título I está dedicado al reconocimiento y a la protección de “derechos (y deberes) fundamentales”, pero en su último artículo también reconoce la posibilidad de que, en casos muy extraordinarios, algunos derechos fundamentales podrán ser suspendidos de forma colectiva a toda la población.

El estado de alarma ha incidido en todos los aspectos de la vida diaria de la ciudadanía española

Estos casos excepcionales son los estados de alarma, de excepción y de sitio, regulados en el artículo 116 de la Constitución y mediante una ley orgánica. En el caso del estado de alarma, la ley establece que debe ser decretado por el Gobierno y por un plazo máximo de quince días, que no podrá ampliarse sin la autorización del Congreso, como se ha visto durante las múltiples prórrogas negociadas con la oposición para mantener vigente el estado de alarma durante los meses más críticos de la pandemia. Los estados de excepción y de sitio también implican al Gobierno y al Congreso, pero con dinámicas diferentes: el Gobierno necesita la aprobación previa del Congreso en el caso del estado de excepción, mientras que el estado de sitio solo puede declararlo el Congreso, a petición del Gobierno.

Derecho a la manifestación

El derecho a la manifestación es uno de los derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución Española, concretamente en el artículo 21, y se desarrolla en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que regula el derecho de reunión y diferencia las “reuniones” de las manifestaciones, así como las reglas y los límites que deben seguirse para poder ejercer este derecho.

De acuerdo con la legislación vigente, los organizadores de una manifestación deben comunicar previamente los datos de los convocantes, el lugar, la fecha, la hora, la duración prevista, el objeto de la reunión, las medidas de seguridad, el itinerario o el recorrido (si se trata de una manifestación) a la autoridad competente, “que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Cabe destacar que esta limitación de la prohibición de las manifestaciones se mantiene inalterada en el estado de alarma, mientras que los estados de excepción y de sitio permiten suspender, de forma generalizada, los derechos fundamentales que se indican en el artículo 55.2 de la Constitución.

Debate jurídico

Durante el estado de alarma, distintos grupos acudieron a los tribunales para denunciar lo que consideraban una violación de su derecho a la manifestación después de que se les denegara el permiso para manifestarse alegando, en todos los casos, la emergencia sanitaria y la vigencia del estado de alarma. Las respuestas de los tribunales han sido dispares y contradictorias entre ellas, lo cual ha suscitado un importante debate doctrinal al respecto. Incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con una doctrina completamente novedosa.

Las autoridades competentes denegaron la autorización para manifestarse alegando la protección de la salud pública, entendida como una faceta dentro de la categoría más amplia de “orden público”, en el caso de una marcha de coches en Vigo con motivo del 1 de mayo. El juez dio la razón a la autoridad, considerando que la tutela de la salud pública “ha de tener preferencia sobre el derecho de reunión y manifestación”.

Las autoridades competentes denegaron la autorización para manifestarse alegando la protección de la salud pública

En cambio, en casos similares ocurridos en Aragón y en Navarra, sus respectivos tribunales superiores de Justicia anularon las decisiones administrativas y permitieron la realización de las dos manifestaciones. El primer caso era prácticamente idéntico al de Galicia; una manifestación en coches particulares, con un ocupante por vehículo, con motivo del Día de los Trabajadores. En el segundo caso, la manifestación consistía en un acto estático protagonizado por seis personas en Pamplona, también en ocasión del Día de los Trabajadores. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra concluyó que, “con las medidas de seguridad e higiene establecidas, durante el estado de alarma no se puede suprimir el derecho fundamental de manifestación”. Este caso es particularmente interesante porque el mismo tribunal no autorizó marchas de coches como la prohibida en Galicia o la aprobada en Aragón, con argumentos similares a los del Tribunal gallego.

El caso de Vigo fue, precisamente, el que llegó al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo que este Tribunal respondió validando la priorización de la tutela de la salud y la vida frente al derecho de reunión y manifestación. En este sentido, añadió que, pese a que la modalidad de manifestación planteada por los organizadores preveía la distancia social exigida por las autoridades para prevenir los contagios, podría suponer un problema para la circulación de ambulancias o vehículos de urgencias médicas.

El Tribunal Constitucional validó  la priorización de la tutela de la salud y la vida frente al derecho de reunión y manifestación

Esta disparidad de opiniones en el Poder Judicial ofrece interesantes elementos de reflexión sobre el alcance de las limitaciones a los derechos fundamentales que permite el estado de alarma. Asimismo, esta disparidad en opiniones, que podría considerarse esquizofrénica, puede atribuirse a que el ordenamiento jurídico español contempla la independencia del Poder Judicial en su vertiente interna, y a ello se suma la imposibilidad de que la justicia de Aragón, cuya resolución difiere tanto de la gallega y de la navarra y, sobre todo, del auto del Tribunal Constitucional, conociera el contenido de las demás resoluciones, por el hecho de tratarse de decisiones tomadas y publicadas en los mismos días.

Sin embargo, en mi opinión, cabría hallar formas y modalidades de ejercicio del derecho de manifestación compatibles con la eliminación de los riesgos para la salud pública. Las diferentes delegaciones del Gobierno, así como el Tribunal gallego y el Constitucional, habrían podido dar una lectura de la declaración del estado de alarma más favorable a una limitación del derecho de manifestación que no conllevara la total prohibición de su ejercicio“.

Como primera conclusión, se puede afirmar que, con carácter general, los derechos fundamentales no se pueden limitar o suspender, pero sí que existen ciertos tipos de derechos fundamentales, como el de manifestación, los cuales, por sus características (como el de necesidad de una multitud de personas para poder ejercerse, al ser derechos colectivos) no pueden llevarse a cabo en situaciones delicadas como la actual.

Por tanto, en este primer bloque, cabe concluir diciendo que el ejercicio de los derechos fundamentales no puede ser suspendido ni limitado en ninguno de los estados excepcionales previstos en el artículo 116 de la Constitución salvo razón expresa que haga pensar que esa suspensión o limitación esté justificada.

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