Derecho, Derecho penal, Derecho policial, Derecho procesal penal

¿Existe el hurto famélico del que hablan en los medios de comunicación? ¿O lo equivocan con el estado de necesidad como eximente de responsabilidad criminal?

En muchas ocasiones de óye en los medios de comunicación sobre los hurtos famélicos o hurtos llevados a cabo por determinadas personas para comer. Pero cabe preguntarse si realmente existe este “delito” en el Código penal español.

Si analizamos el Código penal español, la única figura parecida a este supuesto delito es el estdo de necesidad.

Dicho esto, cabe señalar, en primer lugar, que “el estado de necesidad podemos definirlo como aquella situación en la que alguien, para evitar un mal propio o ajeno, provoca un daño igual o menor al que evita. Sin entrar en más terminología jurídica, que nos llevaría a diferenciar, por ejemplo, el estado de necesidad justificante y el exculpante, procederé a detallar cómo han reaccionado nuestros órganos jurisdiccionales del orden penal a estos hurtos calificados de famélicos o por necesidad.

Para dejar claro cuándo los tribunales estiman el estado de necesidad y cuándo no, expondré brevemente el fallo de dos sentencias que deciden lo contrario y además introduciré una sentencia del Supremo que expresa el criterio general en este tipo de casos.

Bien, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sentencia del día 21 de enero de 1986 explica que concurre “hurto necesario, miserable o famélico en aquellos casos en los que se toman los bienes ajenos, sin la voluntad de su dueño, para subvenir a las más primarias y perentorias necesidades humanas, tales como alimentación, vestido, habitación y asistencia médico-farmacéutica”. Además, incluye aquellos casos en los que, aun sin hallarse en conflicto «la vida o la propia supervivencia con la propiedad o bienes ajenos, pero sí, por lo menos, entran en pugna los sufrimientos que el hambre, la desnudez, la intemperie o la enfermedad desatendida deparan al ser humano, con el respeto a la propiedad de los bienes ajenos.» Por último, exige el TS que «se actúe a instancias o impulsos del estado de precariedad, penuria o indigencia» y que no se trate de mera estrechez económica; que se pruebe que se han agotado todos los recursos que, en la esfera personal, profesional y familiar, podía utilizar. Queda bastante claro el criterio del TS para determinar cuándo estamos ante un caso que encaja en el hurto famélico.

Una vez descubierto cuándo concurre el estado de necesidad en estos casos de hurto, vamos a por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que estimó dicha eximente. Se trata del caso que introduje al comienzo de esta entrada. Dos mujeres ecuatorianas que hurtan 9 Kg de arroz en un supermercado y son condenadas por el mismo juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid, por tratarse de una falta, a un mes de multa cada una con una cuota diaria de 1,20 euros. Ante dicha Resolución se interpuso recurso de apelación, pasando el caso a la AP de Madrid, que absuelve a las acusadas. Y las absuelve porque aprecia la concurrencia del estado de necesidad al presentar ambas una situación totalmente precaria y siendo el arroz un alimento de primera necesidad en España y aún más para los ciudadanos ecuatorianos, que lo utilizan como base de su alimentación diaria.

¿Y cuándo puede desestimar un tribunal el estado de necesidad en estos casos? Un buen ejemplo es la sentencia dictada por la AP de Cudad Real el año pasado (Sentencia nº66/2014 de 29 de mayo). En esta ocasión el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ciudad Real absolvió a D. Victorio, quien había hurtado una lata de mejillones valorada en 2,99 euros en un supermercado, de una falta de hurto. El ministerio fiscal presentó recurso de apelación ante la AP de Ciudad Real y ésta no apreció la concurrencia de los requisitos que llevan al hurto de alimentos a considerarse hurto por necesidad. El tribunal que conocía en apelación este suceso argumentó que la doctrina del hurto famélico es hoy día difícil de aplicar debido a «los mecanismos públicos y privados de protección social» y porque está basada en un estado de necesidad que obliga a cometer el hurto, y no en el escaso valor de lo sustraído o su destino. Además, justificó su sentencia condenatoria exponiendo que el demandado no había acreditado su situación de necesidad. De esta manera D.Victorio fue condenado por una falta de hurto a la pena de multa de un mes a razón de 4 euros diarios, suponiendo un total de 120 euros a abonar en 15 días desde el correspondiente requerimiento”.

Dicho de otro modo, se trata de “un estado de peligro actual para los intereses legítimos que solo puede ser conjurado mediante la lesión de intereses legítimos de otro. Necesidad que ha de estar presidida por los principios de “necesidad, proporcionalidad o idoneidad y subsidiariedad”.

El llamado “hurto o robo famélico”, se produce cuando el autor del hecho punible actúa impulsado por un estado de necesidad, pues el CP le exime de responsabilidad criminal en su art. 20.5, siempre que el mal causado no sea mayor del que se trata evitar (proporcionalidad), que el sujeto que obre en ese estado de necesidad no haya provocado intencionadamente tal situación, y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

En ampliación de los requisitos jurídicos antes dichos y refiriéndose a las situaciones de estrechez económica la jurisprudencia viene exigiendo “no sólo acreditar cumplidamente la situación de necesidad sino justificar que se ha acudido a las instituciones de protección social y que no existe otro modo menos lesivo para hacer frente a una situación de necesidad angustiosa” (AP de Madrid, Sección 1ª, Sentencia 440/2015 de 5 Nov. 2015, Rec. 1237/2015).

Que no se trate de mera estrechez económica, más o menos agobiante; que se prevé que se han agotado todos los recursos que la esfera personal, profesional y familiar podido utilizar (AP de Madrid, Sección 2ª, Sentencia 466/2015 de 27 May. 2015, Rec. 615/2015)

Con ese mismo argumento, no agotar todas las vías o medidas sociales previstas, rechaza también la AP de Madrid (Sección 23ª, Sentencia 697/2015 de 20 Oct. 2015, Rec. 1489/2015) la apreciación de la eximente en un supuesto ocupación de inmueble y de defraudación de fluido eléctrico  por una familia con cuatro hijos que no tienen dónde vivir y que aportan un informe de los Servicios Sociales, que intervienen porque no tienen ingresos para poder sobrevivir”.

En segundo lugar, cabe destacar que, como ya se ha destacado al principio del presente artículo, “la figura del hurto famélico no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, si bien su apreciación como causa de justificación podría encontrarse en el estado de necesidad de que habla el art. 20.5º del actual Código Penal; aunque exista delito no hay delincuente ha dicho algún autor en defensa de esta tesis. En puridad, dicha figura jurídica ahonda sus raíces en los más antiguos Derechos orientales y en el Derecho germánico, alcanzando una importancia notable en el Derecho Canónico de la Edad Media, hasta el punto de que los teólogos de esa época crearon la doctrina de que el hurto de alimentos por un hambriento o de vestidos por quien no tenía con qué cubrirse no era pecado si se ejecutaba en extrema necesidad, siendo impunes tales conductas. Y, para fundamentar sus argumentos sobre la impunidad del hurto famélico, algunos teólogos se basaron incluso en un hecho bíblico, tomado del Evangelio de san Mateo (cap. 12) y de san Lucas (cap. 6), según el cual un sábado Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo y como tenían hambre comenzaron a coger espigas y a comerlas, siendo censurados por los fariseos, a los que el Maestro replicó que no debían condenar a inocentes. Otros tratadistas, siguiendo a santo Tomás, se ocuparon de defender la conducta del pobre que, en situación de inanición, se apodera de una cosa ajena, al estar ejerciendo un justo derecho, dada la obligación que tienen los ricos de socorrer a los pobres. Por otro lado, algunos miembros de la Escuela del Derecho Natural del siglo XVII alegaron la teoría de la vuelta a la comunidad de bienes, al considerar que en casos de extrema necesidad existe el derecho de servirse de las cosas ajenas como si fueran aún comunes, antes de haberse procedido a un reparto entre los particulares, posición que no era del todo nueva, pues ciertos jesuitas como Francisco Suárez ya habían afirmado la autonomía de la ley natural. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, el iusnaturalismo mantiene que la legitimidad de las leyes del derecho positivo, o sea, el conjunto de leyes vigentes en un Estado, depende del Derecho natural. Desde este punto de vista, el que una ley haya sido promulgada por la autoridad competente cumpliendo los requisitos formales exigibles no es suficiente para que sea legítima. Y una consecuencia que suele extraerse de la posición iusnaturalista es que sería legítimo resistirse a la autoridad cuando intenta imponer el cumplimiento de una ley que no es compatible con la ley natural. El atractivo del iusnaturalismo es que de ese modo se justifica la resistencia a la autoridad abusiva del Estado; pero el problema es que, planteadas así las cosas, se mezcla la legitimidad moral de una ley con la legalidad de ésta”.

En tercer lugar,

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